LAS ACCIONES CONTRA FAMILIARES:
ANÁLISIS DE UN PROBLEMA CLARO Y UNA
JURISPRUDENCIA CONFUNDIDA
Demetrio Fernández Quiñones
I. Introducción
Han transcurrido ya cuarenta años desde que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Guerra c. Ortiz, se planteó por primera vez el tópico, en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, de la litigación entre parientes. Desde entonces, la norma inicial ha variado considerablemente o, por lo menos, la actitud del Tribunal ha sido un tanto zigzagueante. Ello acarrea, desde luego, una gran incertidumbre; no sólo para quienes viven de la prestación de sus servicios profesionales en el campo del derecho, sino para cada uno de los miembros de nuestra comunidad político-social, quienes, a fin de cuentas, para conocer sus derechos, tienen que pagar la factura que reciben de sus abogados. Me propongo, a continuación, examinar el desarrollo jurisprudencial del tema y hacer ciertas reflexiones que, a mi juicio, pueden ayudar a comprenderlo con mayor exactitud, aunque, como veremos, los pronunciamientos jurisprudenciales prácticamente prohíben la exactitud y la predicción, por el jurista, de los fallos futuros.
II. La Factura Judicial de Nuestro Derecho de Daños
Comparto el criterio de que la sentencia más sabia del Juez Presidente Hughes fue, quizás, aquella en que afirmó: “Vivimos bajo una Constitución; mas la Constitución es lo que lo jueces dicen que es.”Es así no sólo en la hermenéutica constitucional; esa es una realidad que caracteriza a cada una de las normas jurídicas del ordenamiento. Si alguna disposición es buena para ejemplificar lo dicho, esa es, precisamente, el Artículo 1802 de nuestro Código Civil. La aquilatación del daño, el contenido del concepto “culpa o negligencia”, la apreciación de la existencia de causa eficiente o legal, es decir, el significado del Articulo 1802, depende continuamente del acto volitivo, más o menos acertado, constituido por el pronunciamiento judicial.
Queda así planteado, en primer término, la categoría del pronunciamiento judicial y, por supuesto, la interrogante de si son adecuadas o no las herramientas que los jueces utilizan para construir sus pronunciamientos. Rubio Llorente, aunque refiriéndose exclusivamente a la norma constitucional, pero con palabras que constituyen también -como las del Juez Presidente Hughes-afirmaciones extrapolables a cualquier norma jurídica, lo plantea así:
[L]a incorporación al texto constitucional de preceptos sustantivos (incorporación inexcusable en nuestro tiempo) ha de ser compatible con el pluralismo político, pues el legislador no es un ejecutor de la Constitución, sino un poder que actúa libremente en el marco de ésta y está libre actuación requiere en muchos casos (aunque no, claro, en todos) que el enunciado de esos preceptos constitucionales permita un ancho haz de interpretaciones diversas No de interpretacio-nes ‘jurídicas’, sino de interpretaciones políticas, es decir, de diversas maneras de entender el texto constitucional cuyos enunciados han de construirse, por tanto, con conceptos de valor de un alto grado de abstracción. Al mismo tiempo, sin embargo, la sujeción del legislador a la Constitución y la judicialización de tal sujeción tienen como consecuencia, de una parte, que esa libertad, por amplia que se la quiera, haya de tener límites y, de la otra, que esos límites no sean otros que los establecidos por el juez a partir de la interpretación ‘jurídica’ de los preceptos constitucionales. Todo conflicto constitucional es pura y simplemente el enfrentamiento de dos interpretaciones, la del legislador y la del juez. Aquélla tiene la inmensa autoridad de la representación popular; ésta no puede recabar para sí otra que la que procede del Derecho, es decir, y esto es lo decisivo, de un determinado método de interpretar los preceptos jurídicos, especialmente los preceptos constitucionales, cuya estructura necesaria, sin embargo, se presta mal a la interpretación con las herramientas habituales del jurista.
Lo importante del planteamiento del Magistrado del Tribunal Constitucional de España es, justamente, el reconocimiento de la insuficiencia -formal y material- de la ciencia jurídica para dar respuestas a todas las preguntas que las realidades fácticas pueden formularle al texto, más o menos preciso, de la ley.
En el asunto específico que ahora estudiamos, el derecho es, per se, insuficiente. Se requiere, en consecuencia, que los operadores jurídicos, y especialmente la jurisdicción -recuérdese que el término jurisdicción significa, etimológicamente, “decir o declarar el derecho”- tengan en cuenta no solo el resultado abstracto que las herramientas puramente jurídicas pueden construir, sino que deben ingredir las nociones o realidades sociológicas -siempre que se trate de la familia hay necesariamente que acudir a la sociología- que deben penetrar y condicionar la exégesis de la norma jurídica.
Pisamos, por consiguiente, un terreno muy propicio para apreciar las vías que conectan el derecho con la sociología. Tan intima es la relación entre ambas disciplinas que nuestro Eugenio María de Hostos -cuyo sesquicentenario hemos celebrado durante el año pasado- confundió sus particularidades y percibió al primero como una de las ramas de la segunda, en cuanto el derecho “corresponde -afirma el ilustre mayagüezano- directamente a aquel orden de conocimientos que tiene por objeto a la sociedad, y que, con el nombre de Ciencia social o Sociología, constituye una ciencia abstracta.”
Es preciso indicar que, ni la relación entre el uno y la otra puede llegar al extremo de confundir ambas disciplinas, ni la sociología es, en modo alguno, una ciencia abstracta. Pero hay también que hacer justicia a Hostos y reconocerle que pudo detectar que no es posible ser abogado o jurista sin contar con las herramientas necesarias para efectuar las consideraciones sociológicas pertinentes.
Elías Díaz, con una percepción más adecuada, nos alecciona, con mayor acierto, sobre la relación entre derecho y sociología y, más concretamente, nos indica la importancia de la sociología jurídica. Nos dice, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, lo siguiente:
Define en esta perspectiva Adam Podgorecki a la Sociología jurídica ‘como la ciencia que descubre, formula y verifica las relaciones de interdependencia entre el derecho y los demás factores de la vida social y, más precisamente, como la ciencia que explica el modo en que los factores demográficos, religiosos, económicos y políticos influyen sobre los cambios del Derecho y, viceversa, el modo en que el Derecho influye sobre el cambio de esos factores’. La Sociología jurídica es, en efecto, estudio de la interrelación entre Derecho y Sociedad, analizando las reciprocas y mutuas influencias entre ambos. […]
Se trata, pues, de investigar sobre los factores sociales que dan cuenta de la génesis y transformación del Derecho (señalando, entre ellos, el factor o los factores predominantes de esa influencia) y, a su vez, de poner de manifiesto el tipo de sociedad que de hecho se va configurando desde una determinada legalidad, lo cual implica la consideración del Derecho como factor de cambio social.
El Tribunal Supremo de Puerto no ha cenado la puerta a esta tendencia doctrinal Precisamente en Molina c. Dávila, uno de los casos que más adelante examinaremos con cierta amplitud, expresó lo siguiente: «Algunas reglas jurisprudenciales son creadas por conside-raciones de política pública. Pero si las circunstancias que produjeron su adopción varían, los tribunales deben formular las nuevas reglas que sean necesarias para que el derecho adelante al mismo ritmo que el cambio que experimenta la comunidad. Es decir, que las condiciones cambiantes de nuestra época, que es caracterizada por su gran dinamismo, requieren la actitud alerta de los tribunales para mantener el mismo paso con el resto de los organismos y funcionarios gubernamentales y los sectores activos de la sociedad».
Es necesario, por tanto, examinar la realidad sociológica de la familia puertorriqueña, para poder examinar posteriormente los elementos que ha considerado y que deberá considerar el Tribunal Supremo de Puerto cuando tenga que dirimir controversias que estén directa o indirectamente relacionadas con la litigación, por daños y perjuicios causados en una relación extracontractual, entre familiares.
II. La Familia Puertorriqueña: Acercamiento Sociológico
La sociología es todavía una ciencia nueva. El término que la significa se utilizó por primera en el año 1839, en el Tratado de filosofía positiva del francés Augusto Comte. No es hasta iniciado el presente siglo que se publica, en suelo americano, precisamente por Eugenio María de Hostos, el primer tratado sobre la materia.
Desde sus inicios, la sociología de la familia consideró que esta institución tenía tres funciones básicas: (i) la biológica o reproductiva; (ii) la económica, en cuanto la familia era un centro de producción para satisfacer las necesidades de cada uno de sus miembros; y (iii) la sociológica, puesto que en ese núcleo se verificaba casi totalmente el proceso de socialización, mediante el cual los miembros de cada familia iban introyectando y haciendo suyos los patrones de comportamiento exigidos por la sociedad en general.
Según fueron apareciendo y desarrollándose otras instituciones sociales, aquellas funciones fueron perdiendo importancia dentro del seno familiar. Las nuevas concepciones de la sexualidad dejaron a un lado la percepción del matrimonio, núcleo de la familia, como un “remedio de la concupiscencia”, para utilizar la expresión del antiguo Código de Derecho Canónico. La economía extra doméstica desplazó a la familia como un centro de producción y la ha convertido, indiscutiblemente, en una institución de consumo. Así mismo, el proceso de socialización se da mayormente, y quizás con mayor eficacia, en la escuela, en la Iglesia y en los grupos secundarios, aunque es innegable que una parte importantísima del proceso de socialización debe completarse en el hogar.
Ello no implica que la familia sea una institución que esté presta a desaparecer. En la actualidad, y en el futuro, la familia seguirá existiendo, puesto que desempeña y desempeñará siempre una función insustituible. Me refiero a la función psicológica. Es decir, la familia satisface la necesidad que tienen los individuos de pertenecer a un grupo primario al que puedan describir con el adjetivo “mi”; de instalarse en una sede en la cual se refugie del anonimato de la calle y de su taller de trabajo; de tener cerca a otros individuos que conozcan sus defectos y sus virtudes y donde pueda desarrollar su capacidad para dar y recibir afecto.
Esa función psicológica de la familia no admite que el intercambio que en ella se verifica esté gobernado, en todos sus extremos, por las mismas pautas y los mismos criterios que rigen la relación entre extraños. Así, parecería sensato concluir, preliminarmente, que a la legalidad que configura el ordenamiento le está vedado propiciar o consentir todo tipo de litigación entre familiares.
Sin embargo, la importancia suma de la función psicológica que desempeña la familia como institución social no puede llegar al extremo de ignorar la realidad amarga de ciertas familias nuestras.
No es necesario que les aburra con estadísticas para que ustedes acepten que la dinámica entre los miembros de muchas de nuestras familias alcanza, tristemente, el estadio de lo patológico.
El maltrato de menores es uno de nuestros graves problemas. Las agencias gubernamentales encargadas de conjurar el fenómeno han tenido que lanzarse a una campaña abierta y, muy probablemente, con pocas esperanzas. El maltrato tiene dos vertientes, la afectación de la integridad física y la insanidad mental. Ello obedece, por supuesto, a que muchas de las personas que optan por la paternidad no están preparadas ni psicológicas ni intelectualmente para educar a sus hijos. No tienen el alma templada para comprender las necesidades psicomotoras y de alimentación vigilada y puntual que tienen sus criaturas. La incomprensión concluye en la golpiza incontrolada, en el aislamiento atiborrado de peligros, en la humillación pública, en un desafecto cuyas consecuencias, aunque se desconocen con exactitud, si sabemos que no pueden ser muy halagüeñas.
Los continuos rompimientos del vinculo matrimonial, en edades en que los niños no han configurado todavía su personalidad esencial, les conduce abruptamente a la convivencia en un nuevo grupo familiar donde habrá una persona, o más de una, que para ellos son, simplemente, extraños. Su desarrollo no se da, pues, en el ámbito de intimidad que es preciso.
El rompimiento del núcleo familiar, se convierte, en muchos casos, en una litigación pública interminable. Nuestras salas de relaciones de familia están afrontando, diariamente, la irresponsabilidad paterna que, por diversas razones, niega el alimento a sus hijos. No es muy sana una sociedad en la que los padres, para cumplir sus obligaciones alimentarias, tienen que ser encarcelados. El recurso del embargo de salario, aunque es una salida menos onerosa, no es tampoco un índice de sanidad ni de integridad personal.
Las relaciones incestuosas constituyen otro de nuestros graves males sociales. Evidencia este fenómeno que el grupo familiar está presidido, en un número alarmante de casos, por individuos en los que ha fracasado el control social y, en consecuencia, la desviación individual causa daños verdaderamente irreparables.
La comodidad que algunos padres egoístas reclaman produce despreocupación y desentendimiento de las decisiones de sus hijos adolescentes. Así no sólo se explica, aunque no sea la causa única, entre otros males, el abuso en el uso de las drogas, sino el fenómeno de la sexualidad muy temprana, cuyo único fin es la sexualidad misma, que es un síntoma innegable del hedonismo de nuestro tiempo. Esta inclinación individualista por la gratificación inmediata es, por supuesto, una manifestación del egocentrismo, que implica, necesariamente, el debilitamiento de los intereses sociales y de la deformación de la conciencia colectiva.
Debe consignarse, además, que si bien es cierto que la vida moderna aumenta, en proporción al progreso sin fin, tanto la probabilidad como la dimensión del daño, la indemnización de éste es sólo un aspecto de la litigación entre parientes. Entre éstos se da también, como he dicho, la litigación por el pan, por el vestido, por los cuidados médicos y las oportunidades educativas. Entre parientes es, la mayoría de las veces, la litigación que surge de la inconformidad por la partición extrajudicial de un determinado caudal hereditario. Tampoco es totalmente inexistente la litigación, entre parientes, por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.
No hay que decir más para que todos tengamos que reconocer que el derecho de daños que, por razón de su hechura judicial, es probablemente la más modernista de las áreas del derecho, no puede cegarse ante nuestra realidad social.
Veamos, pues, cómo la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha ido, aunque sin un norte claro, abriendo o cerrando los ojos a dicha realidad.
IV. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico
Guerra c. Ortiz es, en nuestra jurisdicción, el primer caso en que el Tribunal Supremo se ve obligado a contestar si está legitimado un hijo menor no emancipado para incoar una acción contra su padre, por razón de los daños que éste le causó al incurrir en conducta negligente. Para resolver la controversia el Tribunal examina la doctrina jurisprudencial española y de varias jurisdicciones de la “Common Law” y, en ambas tradiciones jurídicas, encuentra fundamentos análogos para pautar que, en el caso ante su consideración, el demandante carece de legitimación para litigar.
El Tribunal expresa así el más importante fundamento de la decisión en el caso de Guerra:
Reconocer la existencia de una causa de acción en estos casos seria abrir una brecha peligrosa en la unidad de la familia, [constituida] bajo el régimen de la patria potestad [. . .] no sólo para beneficio de los hijos sino también, como comenta Manresa, para beneficio del estado, ya que interesa ‘…sumamente al buen orden y a la prosperidad social, que esté fuertemente [constituida] la autoridad paterna para que reine en la familia una firme y constante disciplina, de la que salgan después ciudadanos educados en el respeto de las leyes y a los magistrados de su país.’
Otro factor, más rebuscado y, por consiguiente, menos fuerte y convincente, es el que arranca del contenido del Artículo 155 del Código Civil, que haría surgir, según el Tribunal, una “situación anormal -por no conceptuarla de inmoral- de que el padre vendría a ser el administrador y usufructuario de lo que, por actuación puramente negligente, obtuviera el hijo.”
Más recientemente, en Rodríguez Mejías c. ELA., nuestro Tribunal Supremo resolvió que en la locución “titulo lucrativo” del Articulo 155 no están incluidas las sumas recibidas por los menores como resarcimiento de los daños físicos o morales que hayan sufrido y, en consecuencia, que los padres no pueden usufructuar el producto de tales sumas. Es decir desapareció el peligro que percibió entonces.
En Guerra c. Ortiz se llega al mismo resultado de la decisión en Hewlett v. George, que es el primer caso en torno a la materia resuelto en los Estados Unidos. Nuestro Tribunal Supremo no quiso ser atrevido en la primera oportunidad y calcó el razonamiento y la fundamentación de los tribunales norteamericanos. La postura corresponde a la visión sociológica que percibe a la familia como entidad de unidad perfecta y que ésta no debe, en momento alguno, sufrir las fisuras que pudiera causar la litigación entre sus miembros.
Cinco años después, en Fournier c. Fournier, ya el Tribunal comienza a transformar su percepción inicial y afirma:
[. . .] Al darle [en el caso de Guerra] acogida a esa doctrina, lo hicimos acertadamente, porque habiendo unidad familiar que proteger y relaciones paterno-filiales que conservar, permitir que la acción tuviera éxito, hubiera sido contrario a y en detrimento y menoscabo de la política pública [que favorece la unidad de la familia y la tranquilidad y disciplina en el hogar]. No [fue] ciertamente nuestra intención enunciarla como norma absoluta, para concederle inmunidad a los padres contra acciones de los hijos basadas en culpa o negligencia, por la sola circunstancia del nexo natural que les une, sin estar justificada la inmunidad por consideraciones de orden público. El principio que [prohíbe] tales acciones no es, se ha dicho, ‘producto de la inhabilidad inherente del hijo para demandar al padre, estando más bien basada en el interés que tiene la sociedad en preservar la armonía de las relaciones domésticas’.
En Fournier la hija demandante reclamó indemnización por los daños sufridos por la muerte, causada por el padre demandado, de su señora madre. Al ocurrir la muerte, los padres de la demandante estaban divorciados y ésta vivía bajo el cuidado y la custodia de la madre. De ahí que el Tribunal concluyera que en este caso no “había algo efectivo que conservar, mediante la aplicación de la doctrina [pautada en el caso de Guerra, algo cuya destrucción debía evitarse, no solamente en bien del hijo, si en provecho del orden social."
Debe resaltarse el modo en que el Tribunal expresa su nueva postura:
Estamos plenamente convencidos de que incurriríamos en grave error si [aplicáramos la doctrina sentada en Guerra] al caso de autos. Entre el problema resuelto [allí] y el que se nos llama a decidir en el presente litigio, existe honda diferencia, que es perfectamente obvia. No tiene aquí justificación alguna la contención de que al reconocerle a la hija el derecho a recobrar indemnización de su padre, que le privó de la compañía, ayuda y cuidados de la madre, sería contrario a la política pública, puesto que la unidad de la familia, y las relaciones paterno-filiales han desaparecido, y como cuestión de realidad, no existían desde mucho antes de morir la madre, que estaba divorciada del padre, estando limitadas las relaciones de éste con la hija, que vivía con aquélla, bajo su custodia y potestad, a pasarle una pensión alimenticia para el logro de la cual, entre paréntesis, [fue] necesaria la intervención judicial.
Posiblemente el hecho de la muerte de la madre de la hija demandante haya estremecido a los miembros del Tribunal Pero sus pronunciamientos son claros y hay que analizarlos detenidamente.
En primer lugar el “conyugicidio” puede darse lo mismo entre parejas matrimoniadas que divorciadas. Ese hecho particular del caso de Fournier, que pudiera repetirse en otros casos, no puede, por consiguiente, ser definitivo para medir la unidad familiar y la relación más o menos estrecha de los padres con sus hijos.
Hay que reconocer, en segundo lugar, que en nuestra sociedad actual hay muchas más personas divorciadas que las que había en 1955. Este hecho ha implicado unos ajustes en la relación de los ex-cónyuges y los hijos que éstos procrearon durante su matrimonio; circunstancia fuertemente matizada por los pronunciamientos jurisprudenciales que han proporcionado al derecho de los padres a visitar a sus hijos una amplitud entonces insospechada.
En consecuencia con el rompimiento del vínculo matrimonial ya no termina, como se concebía antiguamente, la relación paterna filial. De ahí que se necesiten nuevos criterios para medir la nueva relación que se da entre los padres y los hijos que no conviven bajo un mismo techo. Es posible, incluso, que aquellos padres que han tenido que ser llevados ante la jurisdicción para que cumplan con su obligación de alimentar a sus hijos, que es uno de los criterios utilizados en el caso de Fournier, mantengan una relación afectiva adecuada e intensa. A contrario sensu, el cumplimiento puntual de la obligación de alimentar no es, por si sola, un indicador de una relación paterno-filial estrecha en cuanto al afecto y en cuanto a lo que puede implicar, en la crianza, la presencia del padre que esté privado de la custodia de su hijo.
En una palabra: el precedente establecido en Fournier muy poco puede ayudarnos en la comprensión adecuada del fenómeno que pretende gobernar. El juzgador, hoy día, tiene que analizar, con certeza suma y ponderación cuidadosa, cada uno de los aspectos del caso ante su consideración.
La postura del Tribunal, en Drahus c. Nationwide Mutual Insurance Co., permite inferir, sin equivocación posible, que la única preocupación de ese cuerpo judicial, en cuanto al tema que nos ocupa, es el efecto patrimonial de la sentencia. Es decir, según nuestro Tribunal Supremo, la “unidad familiar” sólo está en peligro cuando se produce una redistribución del patrimonio familiar Por eso cuando es una aseguradora quien, en una acción directa, se ve obligada a pagar la sentencia, esa “unidad familiar” se mantiene incólume, sin defecto:
Cuando los daños están cubiertos -apunta el Tribunal contractualmente por un asegurador que a todas luces no está comprendido en el ámbito afectivo de la familia, la acción no genera la animosidad ni las relaciones tirantes entre padre e hijo que caracterizan la confrontación adversativa, ni se empobrecerá el capital de la familia. De hecho se fortalecerán la unidad y el bienestar familiar porque se logra la reparación económica del infortunio que a todos aflige. El viejo fantasma del desquiciamiento de la armonía doméstica cede el sitio a la relativa satisfacción que fluye del resarcimiento pecuniario.
En consecuencia, cuando hay un asegurador que pague, en el término “confrontación adversativa” no está incluida, según el Tribunal, la participación del hijo en los demás aspectos del proceso judicial; es decir, nada importa la declaración del hijo contra su padre ni la del padre contra su hijo; no es significativo que padre e hijo se sienten en banquillos distintos y representados por distintos abogados; no cuenta que, en el descubrimiento y la presentación de la prueba, se ventilen detalles íntimos de la vida familiar. Lo único que interesa es que del bolsillo del padre no salga un solo “peso”. Así sólo quedará restringido el uso -puesto que estarán bajo la custodia y administración del secretario del Tribunal- de los “pesos” de las compañías de seguros.
El criterio monetario de la decisión en Drahus se confirma, quizás inadvertidamente, en Ramos c. Caparra Dairy. En la primera ocasión en que el Tribunal Supremo adjudica una de las controversias de este pleito, se determina la comisión de negligencia en unos hechos que “solo Dios”, según lo expresa el mismo Tribunal, sabe cómo ocurrieron. Pero esta no es la única anomalía que aparece en la configuración sustantiva y procesal del pleito. En su segunda parte, en su “secuela”, para utilizar el mismo léxico del Tribunal, se permite la adjudicación de un pleito de nivelación que nunca fue incoado o, si se quiere, la consideración de una reconvención que nunca se presentó. Veámoslo.
El Tribunal determinó que la muerte de un menor se debió a la negligencia combinada de la demandada, en un 70%, y de la- madre del niño, quien era también parte codemandante, en un 30%. Los daños estimados por el Tribunal fueron los siguientes:
la madre del menor: $75,000.00
el padre del menor: $50,000.00
el hermano del menor: $10,000.00
la hermana del menor: $ 5,000.00
La Caparra Dairy pagó íntegramente la parte de la sentencia que correspondía a los demás codemandante y procedió a descontar, de la cantidad de $75,000.00 que debía pagar a la madre, la suma que correspondía pagar a aquélla, es decir, el 30% de lo pagado por la Caparra Dairy. El Tribunal legitima este procedimiento a base de la aplicación de la figura de la “compensación” en su modalidad judicial. Sin embargo, la sanción positiva de este procedimiento implica el reconocimiento indirecto o colateral de la litigación entre familiares. Pero ello no importa, porque a fin de cuentas, la madre codemandante no tuvo que desembolsar nada; al contrario, experimentó -utilizo nuevamente una expresión del Tribunal- “la relativa satisfacción que fluye [de un] resarcimiento pecuniario” ascendente a $34,171.04. Los demás codemandante quedaron obviamente “fortalecidos” -parafraseo al Tribunal- en su “unidad y [en] el bienestar familiar porque se [logró] la reparación económica [ascendente a $90,000.00] del infortunio que a todos [afligía]“.
Molina c. Dávila, es una opinión que no resiste análisis. Lo único que más o menos podemos inferir de la parte final de la opinión concurrente y disidente del Juez Rebollo López es que se trata de una reafirmación de la norma pautada en Ramos Acosta c. Caparra Dairy. Parecería que ni dicho magistrado, ni el Juez Negrón García, autor de la opinión en la segunda parte del caso de Ramos Acosta y quien concurre ahora con el Juez Rebollo López, ya no están de acuerdo con su postura original:
Si se resuelve -apunta el Juez Rebollo- que la joven Molina Caro incurrió en un 50% de negligencia comparada tendríamos —bajo la posición asumida por la Mayoría— que la menor tendría derecho, en primera instancia, a recibir la mitad de los $40,000.00, esto es, la cantidad de $20,000.00 y la madre la suma integra de $10,000.00. Hay que recordar, sin embargo, que la parte demandada tiene el ‘derecho de nivelación’. Ramos Acosta c. Caparra Dairy. Ello significa que dicha parte tendría el derecho a recobrar de la menor el 50% de lo pagado a la madre, por lo que la menor recibiría la suma neta de $15,000.00.
Ello de momento, repetimos, parece bien. Pero, ¿y [qué] si se determinara que la menor fue responsable en un 90%?
El resultado, al amparo de la decisión de la Mayoría, sería un absurdo. Si aplicamos la norma de Torres Pérez [... I a esta situación la menor tendría derecho a recibir, de primera instancia, la suma de $4,000.00 (el 10% de $40,000.00); la madre continuaría recibiendo sus $10,000.00. Pero al 'nivelar', la parte demandada tendría derecho a recobrar de la menor el 90% de los $10,000 pagados a [la madre de ésta], esto es, la suma de $9,000.00. El resultado final sería que la menor -perjudicada directa- quedaría debiéndole a la parte demandada la suma de $5,000.00. No creemos que esa situación ni sea la más correcta ni la más justa.
Esta conclusión es correcta, según mi criterio. El único defecto que presenta es que parte de una premisa mayor falsa. La posible responsabilidad de la menor frente a su señora madre, en cuanto puede resultar deudora de ésta, no dependerá, a fin de cuentas, de la determinación de que la negligencia sea imputable, sino del derecho a nivelación que se reconoce en Ramos Acosta c. Caparra.
Lo único que se me ocurre pensar es que tanto el Juez Rebollo como el Juez Negrón García piensan que el ámbito de aplicabilidad del caso de Ramos Acosta es aquel en que el cocausante del daño tiene que desembolsar una suma suficiente como para pagar íntegramente, por razón de la solidaridad, la suma correspondiente a los codemandante que no son cocausantes y, además, que sobre alguna cantidad razonable para indemnizar al codemandante y cocausante que padeció directamente la acción negligente o culposa del demandado. Ello no quiere decir que el pleno del Tribunal tenga una postura distinta; ocurre, simplemente, que los jueces disidentes no pudieron convencer a los jueces que componen la mayoría de que Molina c. Dávila presentaba los hechos necesarios para un nuevo pronunciamiento jurisprudencial.
La contradicción -tanto la del Tribunal como la de los jueces disidentes- es sólo aparente. Su percepción, especialmente la de quienes presentan el disenso, es que la aplicación automática de la decisión en Ramos Acosta puede producir resultados descabellados. Tal percepción es, en mi criterio, correcta y juiciosa. No es racional que cuando una persona se une a otra en una acción para demandar conjuntamente a un tercero que causó daño a uno de los codemandante, luego resulte deudora de aquél que se unió a ella para reclamar la indemnización por el tercero. Es decir, es impensable, -utilizo la configuración fáctica del caso de Molina c. Dávila- que el resultado de una acción en la que une madre se una a su hija para demandar a un tercero que atropelló a ésta resulte en la declaración judicial de que la hija es deudora de su madre o, lo que es peor, del demandado que pague totalmente la sentencia en virtud del carácter solidario de la sentencia.
Muchas serán la justificaciones y muchas de ellas, por supuesto, constituirán silogismos falsos, si el legislador no auxilia al Tribunal. Es preciso, por tanto, que se revise la redacción del Artículo 1802 de nuestro Código Civil para que en los casos en que opere la figura de la negligencia comparada, el demandado sólo se vea precisado a indemnizar, a todos los codemandante entre quienes exista algún tipo de relación afectiva o consanguínea, en la porción correspondiente a su grado de negligencia. Así se eliminaría, en estos casos, la figura de la llamada “compensación judicial” adoptada en el caso de Ramos Acosta.
No hay duda de que a los jueces les repugnan los resultados injustos. Pero saben, al mismo tiempo, que sus decisiones deben tener, por lo menos, una apariencia de racionalidad. Por eso históricamente se produjeron doctrinas —la de la “última oportunidad expedita”, por ejemplo— que proporcionaron un resultado más justo que el propuesto por la antigua norma de la negligen-cia contribuyente. Pero la necesidad de razonamientos poco convincentes y casi interminables desapareció cuando el legislador adoptó la norma, justa y sabia, de la negligencia comparada. Es-toy convencido de que nuestro Tribunal Supremo espera que el legislador le libere, nuevamente, de una encrucijada tan fatigosa.
V. Conclusión
En conclusión, el Tribunal vive y padece, en el tema que nos ocupa, un dilema que le agobia demasiado. Sabe que es necesario abandonar tanto su doctrina primitiva como la más reciente; pero sólo está dispuesto a reconocer su nueva postura a través del artificio y no de un reconocimiento realista.
El jurista tiene que estar confundido. Muy poco es lo que puede analizar cuando las actuaciones del Tribunal están más dirigidas a resolver casos que a orientar la profesión y a pautar e] derecho en un modo inteligible y con las justificaciones exigidas por la altura de nuestro tiempo. El factor económico no puede ser determinante. En los casos en que ambas partes del litigio están unidas por un nexo consanguíneo, y esto va más allá de la mera responsabilidad civil extracontractual, son muchos los elementos que el Tribunal debe considerar para, al mismo tiempo que resuelve el caso particular, sentar doctrina cuya racionalidad la haga comprensible y aceptable. Ya me he referido a algunos de ellos, pero ciertamente no a todos. Esta alocución mía es sólo el planteamiento del tema. Queda mucho por desarrollar.
Desde luego, la doctrina del Tribunal no depende exclusivamente de los recursos humanos que lo integran. Los abogados postulantes tienen también mucho que decir, si es que han cumplido su deber de haber leído y pensado; si sus convencimientos responden al estudio bien realizado y no al intento de justificar lo injustificable, los miembros del foro son el auxilio más rico con que pueda contar el Tribunal. Ello requiere, por su parte, abandonar la actitud recalcitrante de pensar que el abogado tiene todas las respuestas. Hay que buscar en el psicólogo la orientación psicológica; hay que acudir al sociólogo cuando quieran encontrarse los fundamentos sociológicos de una perspectiva; en una sola frase: hay que salir del derecho para retornar a él con un contenido más rico y más realista.
Los tribunales también esperan mucho de las facultades de derecho. Estas deben proporcionarle la información más completa y la critica mejor pensada. Muchos de nuestros jueces deciden incorrectamente no porque les agrade el equívoco sino porque no han encontrado, en muchas ocasiones, una fuente generosa.
Los tribunales necesitan, además, todo cuanto esta Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación pueda aportar en la depuración de las imprecisiones y el soslayamiento de las posturas atécnicas mediante propuestas de legislación que redunden en actos legislativos que merezcan el aplauso de todos.
En una palabra: los tribunales necesitan la aportación de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad jurídica. En el desempeño de esa responsabilidad estamos obligados a obrar como familia en la que no hay lugar para el litigio.
——————————————————————————————————
CONTESTACIÓN AL DISCURSO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ Fernando Agrait
Debo comenzar con una aclaración importante. En la relación maestro-estudiante hay básicamente dos modelos. El primero es aquel donde el maestro deslumbra al estudiante y el estudiante admira al maestro más, en la etapa en donde el estudiante conoce menos de la materia objeto de estudio. El segundo modelo es aquel en donde el estudiante crece en su respeto y admiración al maestro mientras más conoce y penetra en la materia objeto de estudio. Mi profesor de Daños y Perjuicios fue Demetrio Fernández, llevo enseñando esta materia 19 años y mi relación con el profesor Fernández es del segundo modelo.
La ponencia del doctor Fernández, nos dice con relación a las acciones de Daños y Perjuicios intra-familiares en Puerto Rico, un poco lo que nos dice Camilo José Cela en su novela Cristo as. Arizona: “[...] el tiempo no estaba confundido pero si revuelto y esto hace que la gente ande por la vida tropezando”.
Usando como punto de apoyo las acciones intra-familiares el ponente nos llama la atención a un problema central de nuestros tribunales. Me refiero a la ausencia de una visión o marco conceptual amplio dentro del cual se pueda ubicar decisiones individuales y encontrar, por tanto, relaciones, consistencias, continuidad y explicación para diferencias. Me temo que en este sentido el señalamiento aplica no sólo a tribunales sino a toda la estructura pública en nuestro país.
Después de todo —esta idea también está presente en el discurso del profesor Fernández— el afán de nuestro Tribunal de más alta jerarquía por muchos años de resolver caso a caso, haciendo “justicia” individualmente, puede generar, como de hecho genera la gran “injusticia” colectiva de falta de estabilidad, falta de predicibilidad, falta de certeza en el esquema jurídico y un peligroso depender caso a caso del juicio individual del juez de turno —por bueno que sea ese juicio.
Otro elemento importante —también apuntado por el nuevo académico— es que nuestros Tribunales no han logrado armonizar sus posiciones en los distintos casos. Me refiero a que aún se mantienen dicotomías como procesal-sustantivo cuando en realidad dicha dicotomía carece de validez. Tanto lo llamado procesal como lo Ramada sustantivo lo que hace —o no hace— es proteger, promover e incentivar valores e intereses que la sociedad, conscientemente o no, ha identificado como digno de protección.
El análisis de las demandas de daños intra-familiares no puede hacerse aislado de la solidaridad de cocausantes, ni del derecho de nivelación, no de la demanda contra tercero en la acepción de la Regla 12.1 (2). Esto último es particularmente importante pues contrario a la jurisdicción norteamericana en donde la demanda contra tercero es una invitación que el demandado hace al demandante para que enmiende su demanda e incluya al tercero en el caso de Dumont c. Inmobiliaria Estado Inc., el Tribunal Supremo, sin discutirlo específicamente, da por sentado que esta clase de demanda contra tercero automáticamente pone al tercero demandado en controversia directa con el demandante original.
La decisión que el Tribunal Supremo tome sobre las demandas intra-familiares, visto desde la perspectiva del ponente sobre el caso Ramos c. Caparra Dairy Inc. dependerá en última instancia de cuánta vigencia le va a reconocer al derecho del perjudicado para reclamarle daños a quien no es parte de la familia. Es así, pues no cabe duda que ese extraño que causa parte del daño vaya a buscar nivelar contra el miembro de la familia cocausante. Por tanto, permitir o no esta acción del extraño contra el familiar, no es sino el viejo juicio en todo caso de daño, esto es, quién va a cargar finalmente con el costo resultante. No debemos perder de vista que todo el andamiaje de Daños y Perjuicios no es sino un sistema de distribución de riesgos y costos.
El ponente plantea correctamente que el Tribunal hace énfasis desmedido en el elemento económico como factor decisivo para permitir o no la demanda intra-familiar. Las complicaciones de litigación intra-familiar trascienden lo económico como muy bien señala el doctor Fernández. Ahora, no debemos olvidar que los problemas no económicos que surgen en esa litigación intrafamiliar están presentes constantemente. Están presentes en todo pleito contra los padres por responsabilidad bajo el Artículo 1803, así como un pleito contra la sociedad legal por daños causados por uno de los cónyuges y aún en pleitos privativos por el daño causado por un cónyuge. Esto no ha impedido que se tolere este tipo de caso sin limitación alguna.
En la parte inicial de la ponencia, el doctor Fernández hace importantes señalamientos sobre lo que podemos llamar sociología del derecho de familia, en particular sobre los desarrollos más recientes en la dinámica familiar en nuestro país. Comparto los planteamientos y creo que el Tribunal no incorpora a su análisis este elemento que podemos llamar como el ponente “socio-lógico”. El Tribunal debe enmarcar cualquier desarrollo sobre pleitos intra-familiares en la realidad cambiante, rápida, que se da en nuestra sociedad con relación a la familia y el reconocimiento que tanto de jure —según las enmiendas al Código Civil en 1976, entre otras— como de facto, se ha dado una liberación económico-social procesal de la mujer dentro del matrimonio, y el efecto de ello en las relaciones jurídicas internas. Si esos cambios al Código se hicieron —independiente de los méritos sustantivos— con el debido cuidado conceptual al carácter unitario del Código es tema para otro día.
En su correcta perspectiva el tema seleccionado por el ponente es sólo la punta del témpano de un tema mucho más escabroso. Me refiero a cuánto podamos permitir y cuán efectivo es el sistema de tribunales para intervenir en relaciones intra-familiares, que no sean fácilmente convertibles a relaciones económicas socializables por vía de seguros.
Permítanme traer en este momento dos ideas que me parecen centrales al tema a la luz de este último señalamiento. Primero, MacLean y Mills en un reciente artículo titulado “Amor y Justicia” señalan que en el ámbito familiar prevalece el valor amor y fuera de la familia se prioritiza el valor justicia. Sealant:
“What we care about most, our ultimate values, have to do with family, friends, religion, and the like. But because of our historical circumstances, the pursuit of any of these values can and has led to tyranny, intolerance, and exploitation, and so our interactions, even in the domestic sphere, ought at least to conform to the demand of justice and respect, even if we may wish that they not be motivated by these concerns. She seeks love when we marry and found families, not increasingly complex ways in which we can learn to treat each other justly. We want justice to be the foundation, not the focus, of family like.
But in loving relationships people not only find intimacy, they also discover new ways to step on each other’s toes, violate each other’s dignity, and show a lack of respect. Not only love and justice, but people too are often blind. They are, for a variety of reasons, blind to the hurts they cause. When our partners show us how we hurt them or acted selfishly, they are calling for justice as well as love. If justice is not the focus of loving relationships, it must still be a continuing concern: like freedom, it requires eternal vigilance.”
Segundo, a manera de mera mención, no debe excluirse la posibilidad de que la litigación intra-familiar sea un mecanismo legitimo, para que un miembro de la familia que se siente que participa en una relación no equitativa —por que ha sufrido daño no compensado— lo utilice de forma que logre generar una relación más balanceada, de mayor equidad conforme al Equity-Theory que se ha desarrollado en el campo de la sicología. Con todos sus costos, esa litigación puede ser más eficiente al generar un nivel de equidad superior, en vez de retener al perjudicado en una relación no equitativa que produce ansiedad —tanto en el perjudicado, manifestada como coraje, como en el causante del daño manifestada como sentido de culpa.
Comparto con el doctor Fernández su preocupación y el deseo porque se genere un diálogo fructífero en nuestro ámbito con relación a los problemas jurídicos del país. Sueño con que podamos juntos hacer una aportación a la calidad del diálogo y discurso público en nuestro país. Vamos a ocupar un espacio de altura y calidad que permita que el espacio de debate público no esté ocupado totalmente como ahora lo está, con un discurso político superficial, repetitivo, gastado, antiguo, improductivo.
Muchas gracias
————————————————————————————————–
FEDERALISM AND THE SCAB OF COLONIALISM Carmen Consuelo Cerezo
For Rosanna Teresa and Francisco Javier
Introduction
It has been said that men need history, that it helps them have an idea of who they are. And, I would add of who they are not. Thus, it is to history that I must first turn in narrating the reality, which nurtures this article. It does not pretend to be a scholarly work for it is too bound to life to boast of intellectual sophistication. It is bound to a life of solitude and a grief wrought by apathy and incomprehension. A source of much of this emptiness is, strangely enough, found in the books of law under the rubric of federalism. What does one’s solitude and grief or the apathy of others have to do with it? Where lays the enigma? They lie in the fact that in the name of misunderstood or misapplied versions of federalism this Island has become a breeding ground for strife, confusion and conflict. That translated into human terms, means solitude and frustration for many.
Federalism is a historical fact, a fundamental constitutional arrangement, a bright star in American constitutional law. To this island community, however, it is an alien concept. Neither the old nor the new versions of American federalism apply to Puerto Rico for all of them assume, as in federal systems everywhere, the existence of diverse political units which, enjoying the guarantees of representation and participation in the larger, more complex political processes, unite to form one political entity where the ultimate source of authority lies. The social, political and economic conditions of Puerto Rico since its first encounters with the United States in 1898 clearly show that Puerto Rico has never been a participant of American federalism.
The underlying message of this article has been sent out by others before me: a better account has to be taken of the facts surrounding the Puerto Rican reality. The misconceived notion of a sovereignty-oriented federalism, which is advocated and manipulated by some, lends itself to the perpetuation of the unequal treatment accorded to the island. Puerto Rico is neither sovereign nor federalist. Some act and speak as if it were. That does not change its reality. We cannot hide any longer behind the grandiose phrases which are used to describe Puerto Rico— federal relations such as “unparalleled relationship, unique, sui generis, a new dimension in American federalism”—for every time that we pass on to a new generation the unresolved burdens inherent in our present relationship with the United States the possibility of making the social, political and moral decisions that have to be made becomes more and more remote.
In the first part of this article we shall trace the history of federal-State relations to follow the growth of the changing concept of American federalism from colonial times to the recent version of a process-oriented federalism The second part will deal with some of the problems of a people whose county is still an unincorporated Territory of the United States and who should by now be tired of the rhetoric of sovereignty and the imagery of federalism.
I
A. American Federalism: The Birth of a Nation
There are many theories and different versions of federalism. The American conception of federalism is no exception. It has been characterized in different ways by different people during
the various stages of its growth. American legal decisions and scholars have talked, for example, about dual federalism, “Our Federalism,” a state sovereignty approach to federalism, cooperative federalism, horizontal federalism, interstitial federalism, a process-oriented federalism; “separate spheres” federalism, an interactive federalism, and a new federalism.
No one could reasonably argue that American federalism in 1988 is the same as it was in 1787. As each generation of Americans has faced new problems, changing views of federalism necessarily arose; accommodations and adaptations had to be made. These various characterizations, however, simply reflect different visions of the same political and social reality, for American federalism, like every other concept of federalism, relies on certain fundamental principles that are determinative of the federalist manifestation. One of the central strands is the idea that power is shared, that federalism is a means of sharing and a means of organizing power. Some federal states may be stronger than others but the sharing may and the division of power, though the degree to which power is shared may differ, is the common thread that runs through the fabric of all societies organized under federalist principles. Professor William Anderson has said: “If I were asked to point out the common features that characterize federal systems, I would mention the constitutional division of the powers and functions of government between two autonomous and constitutionally recognized levels of government, the central and the regional.” This, to borrow a phrase from Professor Livingston, is what essentially lends societies their “federal quality.”
Among the salient attributes or elements of federalism, in addition to the division and the diffusion of power among the national and local units, is the representation of the governed in the general government. Through the selection of representatives and the subsequent representation of their interests in the national government, the constituent polities participate in the composition and in the functioning of the larger polity. Federal systems must guarantee the representation of the constituent polities, in this case States, in the national legislature. In stating the purpose of the Senate, Madison said:
In order to judge the form to be given to this institution, it will be proper to take a view of the ends to be served by it. These were first to protect the people against their rules: secondly to protect (the people) against the transient impressions into which they themselves might be led. A people deliberating in a temperate moment, and with the experience of other nations before them, on the plan of govt. most likely to secure their happiness, would first be aware, that those charged with the public happiness, might betray their trust. An obvious precaution against. This danger wd. be to divide the trust between different bodies of men, who might watch and check each other. In this they wd. be governed by the same prudence which has prevailed in organizing the subordinate departments of govt. where all business liable to abuses is made to pass thro’ separate hands, the one being a check on the other.
On the subject of representation, Governor Huntingdon, addressing the Convention of the State of Connecticut, stated: The state governments, I think, will not be endangered by the powers vested by this Constitution in the general government. While I have attended in Congress, I have observed that the members were quite as strenuous advocates for the rights of their respective states, as for those of the Union.
Hamilton reasoned that the balance between the national and state governments formed a double security for the people. During the 1788 debates in the Convention of the State of New York, he made the following argument:
After all, sir, we must submit to this idea, that the true principle of a republic is, that the people should choose whom they please to govern them. Representation is imperfect in proportion as the current of popular favor is checked. This great source of free government, popular election, should be perfectly pure, and the most unbounded liberty allowed. Where this principle is adhered to; where, in the organization of the government, the legislative, executive and judicial branches are rendered distinct; where, again, the legislature is divided into separate houses and the operations of each are controlled by various checks and balances, and, above, all, by the vigilante and weight of the state governments,—to talk of tyranny, and the subversion of our liberties, is to speak the language of enthusiasm. This balance between the national and state governments ought to be dwelt on with peculiar attention, as it is of the utmost importance. It forms a double security. If one encroaches on their rights, they will find a powerful protection in the other.
Professor Wechsler points out in his article on the political safeguards of federalism, a precursor to the Court’s theory of federalism in Garcia v. San Antonio Transit Authority:
The continuous existence of the states as governmental entities and their strategic role in the selection of the Congress and the President are so immutable a feature of the system that their importance tends to be ignored. Of the Framers’ mechanisms, however, they have had and have today the larger influence upon the working balance of our federalism. The actual extent of central intervention in the governance of our affairs is determined far less by the formal power distribution than by the sheer existence of the states and their political power to influence the action of the national authority.
Closely tied to the element of representation is that of the involvement of the citizens and the communication, which is, or ought to be, maintained between the national government and the people. MacMahon points out that the “essential ingredient in federations (as distinguished from looser forms of union) is that their central organs are to some extent directly in contact with individuals, both to draw authority from them through elections and also for the purpose of exacting taxes and compliance with regulations.” This contact with the citizenry also gives the people a degree of control in the national governmental system. The people know themselves to be the source of the government’s legitimacy. The force of the people of each constituent polity is added and is bound to that of the people of every other constituent polity in fulfilling the desire to unite independent, diverse communities into one single polity.
The element of the “equality of the constituent states, absolute, as to legal status” is also basic to federalism. Finally, we must mention another essential of federalism, which is significant in the discussion of our subject matter: permanence. The relationship between the component and the larger complex is necessarily predicated on permanence. It is neither a transient relation nor a relation that can easily be extinguished by internal forces. Chief Justice Chase stated it well when he referred to “an indestructible Union composed of indestructible States.”
All of these features are an integral part of the many facets of federalism advocated in the United States, which range from the “original constitutional conception of federalism” addressed by Professor Kurland to such atomized versions as “Justice Rehnquist’s federalism.”
The characteristics I have mentioned are generally not discussed at any length in scholarly works on federalism because they are simply the given premises of their inquiry. It is, of course, taken for granted that sharing of power, division and diffusion of power, representation, equality, citizen participation in the national political processes, and permanence are part of the federalist formula, more specifically, of the American brand of federalism. It would seem naive to even question this. The need, or better stated, our need for stacking the building blocks of the pyramid will become obvious in our later discussion. Now, however, it is important to consider, if briefly, the struggle for the meaning of American federalism, which for the most part has turned on the preference of, state over national rights, or vice versa, until the most recent formulation which ties American federalism to the nation’s political processes. We pro- pose that this development will support the position taken in this article that American federalism, in its historical dimension and in its present manifestation, is not only irrelevant to the Puerto Rican society but also alien to it.
B. Visions of Federalism
As stated earlier, federalism in the American experience has been characterized in different ways, depending on the advocate’s personal preferences in tilting the balance in favor of the states or of the nation. In this struggle between the votaries of states’ rights, on one hand, and the proponents of a vigorous national government, on the other, lies also the struggle for the meaning of federalism. Holmes said that it was enough for the Founders “to realize or to hope that they had created an organism; it has taken a century and has cost their successors much sweat and blood to prove that they created a nation.” The sweat and blood that went into building that nation is sometimes ignored by those who embark upon hair-splitting theories and sub-theories of federalism essentially based on the idea of state sovereignty. The struggle, as Professor Field acknowledges, is in some ways a political one. It has been a tortuous road, the one leading from a sovereignty-controlled view of federalism to the functional vision of federalism, which was adopted by the Court in Garcia y. San Antonio Metropolitan Transit Authority, 469 V.S. 528 (1985). We shall look at several of the many costumes that federalism has worn and cast aside. The scenario for the display of the costumes has largely been, of course, the judicial arena, if only because of the pre-eminence of the American judiciary as expositors of the concept.
The two most prominent theories of federalism have been dual federalism and cooperative federalism. Although the Supreme Court for many years relied on the theory of dual federalism in adjudicating issues of state/federal relations, it slowly moved away from that conception, passing through several stages. Before National League of Cities v. Usery, the modern Court interfered little with national political power thus leaving national political authority largely unrestrained. In this 1976 opinion, however, it revived the idea of placing restraints on the exercise of national power on the states only to abandon it nine years later, in Garcia v. San Antonio Metropolitan Transit Auth., for deference to the national political processes as protectors of the states’ interests.
Under the theory of dual federalism, the states were regarded as “integral units, equal with and antagonistic to the federal government, while also retaining their own impregnable spheres of authority.” This image of two antagonistic and inherently equal sovereigns diminished with the passage of time and due to the aggrandizement and consolidation of national power, and the states came to be regarded instead as semi-sovereign bodies in contrast to the larger political community—or nation—which came to be viewed as the sovereign. But the idea, derived from debates during the ratifying conventions, that the state and the national governments were distinct and separate, that each was instituted with different powers and for different purposes, placated those who feared that the autonomy, even the life, of the states was placed in jeopardy by the birth of the new national government. So, even the Federalists, who favored a strong and powerful national government, engaged at times in the sovereignty rhetoric to allay the fear of their opponents, or perhaps also, to sink their roots in patriotic turf.
Corwin laments the demise of dual federalism in his famous article “The Passing of Dual Federalism” where he refers to the shift in the federal system towards consolidation of national power. There he traces the development of American federalism stating that its “first achievement was to enable the American people to secure the benefits of national union without imperiling republican institutions” while, in contrast, “…by the constitutional revolution which went by the name of the ‘New Deal’,” federalism was overwhelmed in the objectives of economic reality and peace, thus making it uncertain whether the states could “be saved for any useful purpose, and thereby saved as the vital cells that they have been heretofore of democratic sentiment, impulse and action.” According to Corwin, certain state powers are an independent limitation on national power and the police power of the states has come to embrace the idea that “certain subject-matters were also segregated to the States and hence could not be reached by any valid exercise of national power.”
The competitive theory of federalism, where the two sovereigns are rivals watching over the other as potential transgressors, became “moribund in consequence of the emergence of the cooperative conception.” The cooperative theory, in contrast to the dual concept, relies on the idea of collaboration between the national government and the states. Morton Grodzins, a theorist of the cooperative model of federalism, states in his book The American System: In the modern period the competition between theories of dual and cooperative federalism is no longer the issue. A cooperative pattern began to emerge before the Constitution itself, grew during the Federalist era, and continued side by side with the dual pattern in the long period between 1800 and 1913. After 1913, and especially after 1935, it became supreme. The cooperative idea cultivated new programs and added new dimensions.
In Grodzins’ view, the cooperative idea of federalism represents a system of sharing, “a governmental system of shared responsibilities” which will inevitably create tensions and trigger public debate, something which he considers are “the system’s energy reflecting lifeblood.” He understands that state and national governmental functions are “not neatly parceled out among the many governments,” but sharted functions, the most obvious of these being the federal grant programs, which he describes as “an admirable device to utilize the best resources of the national and state governments.” Underlying the idea of the blending of governments espoused by Grodzins, best described by him as the idea of the marble cake of government, is the belief that the sharing of functions serves to diffuse and disperse power. Cooperative federalism is thus a means for dividing the functions and powers of government. Referring to Grodzins’ idea of mingling of functions and blending of powers, Professor Leach wrote that this view, the Constitution visualized a single mechanism of government in the United States, with many centers of power, which among them were to perform all the functions required of government by the American people” and that “[s]hared functions, without regard to neat allocations of responsibility, is thus the core of American governmental operation and of the theory of federalism as well.”
Judge Wisdom calls cooperative federalism “the polite term for that expansion of national authority when there was an overlapping of national and state authority, some increase in state authority, and considerable bypassing of state legislatures and centralized state authorities in program rendering federal aid to cities and local governments.” Professor Redish, for his part, refers to “the euphemistic nature of the ‘cooperative’ label,” arguing that its proponents disregard “the significant conflict and tensions that have arisen over the years between state and federal systems.” Redish also rejects the dual federalism theory as no longer representing “a valid analysis of American federalism, if indeed it ever did.” Redish, instead, places the “interactive” label to his choice of federalism theory to contrast it to the dual model. He claims it is “[t]he true alternative to the rigid, parallel function theory of dual federalism… more neutral than cooperative” because it “recognizes the inevitable intertwining of the state and federal systems as they both go about the business of governing.” He views the interaction of the respective sovereigns to be combative at times yet at other times their actions will be supplementary to one another. Translating this to the area of judicial federalism, he submits that in the judicial context the combative and cooperative elements of interactive federalism are clearly evident for sometimes “the interaction of state court with federal law will undermine an overriding federal legislative scheme, while in others cooperative interaction will be required to facilitate
attainment of federal policies.” The message of his article is that recognition of the same principles of interaction that underlie his model or perception of American federalism as a political theory should dictate that the Supreme Court exercise a more expansive role in reviewing state court decisions than even the practice adopted in Michigan y. Long, that is, by reviewing state decisions grounded exclusively on state law if the state decision substantially relies on federal law or incorporates federal law by reference.
There are many more perceptions of federalism, also geared to the notion of sovereignty that are advocated by leading commentators. Raoul Berger, for example, writes that the anti-Federalist attachment to State sovereignty “was deeply rooted in human nature and the colonial experience, and had a rational basis.” He speaks of the “inviolable” spheres of state govern-ments which coexist beside a limited federal sphere and says that it was the Founders’ design that “[w]ithin each sphere… the respective governments were to enjoy exclusive jurisdiction.” A dual or two-sovereignty federalism requires, in his view, careful tracing to draw the boundaries between the two spheres, arguing that “[w]e may not wash our hands of the task of tracing the boundary if only because Madison assured the Ratifiers that the federal jurisdiction extends to certain objects only, and leaves to the States a residuary and inviolable sovereignty over all other subjects.” He makes repeated reference to the Framers’ utterances on devotion to self-government and their solicitude for local, internal affairs of the states in performing his task of boundary tracing: functions undoubtedly local as distinguished from transactions that cross state lines.
This theme of jurisdictional line drawing was further developed, from a wholly different perspective, by Professor Althouse in an article in which she urges that the “[s]tates are not inviolable spheres of sovereignty,” that judicial doctrines of federal jurisdiction will operate “to adjust—to redraw—the boundary that circumscribes the states’ independent functioning.” The states’ boundaries are mutable, though separate, and the state must find the ways to form its own sphere. She adopts Justice Powell’s doctrine in Pennhurst, which “awards separateness only to the state that earns it.” Althouse’s proposal is a vision of federalism based on a separate spheres theory, which holds that the national interests are best served when the states function effectively. However, the states have to win or earn their separate spheres by, for example, offering genuine alternatives to the enforcement of federal law. It is a functional approach to federalism derived from Justice Black’s formulation in Younger that there is a federal interest in effectively functioning states. The author, like Justice Black in Younger, disclaims any belief in blind deference to States’ Rights, noting that “federalism is not, fundamentally, about displays of respect” and that “[a]n unbroken flow of politesse would reflect the states’ rights belief disavowed in Younger.” Thus, there is a need to promote an independent functioning in the states which, in turn, will warrant deference to them but “[i]t is not that the states deserve autonomy simply because they are states, but rather that it is appropriate to leave the states alone, to accord them a `separate sphere’ because the `National Government will fare best’ that way.” The states must build for themselves their separate spheres and “the state that fails to function effectively should suffer federal interference.” This functional analysis of federalism contemplates federal interference when the state falls behind and fails to apply or misapplies federal law yet it advocates restraint when the state is trying to find in its own law alternative solutions to the problems addressed by federal law.
The year 1976 was a good one for the advocates of state sovereignty in the struggle over federal-state relations. That was the year in which the Court decided National League of Cities Usery, overruling Maryland v. Wirtz, which had upheld the constitutionality of the amendments to the Federal Labor Standards Act (FLSA) that extended minimum wage and maximum hour regulation to a group of public employees. National League of Cities held that Congress may not exercise its power to regulate commerce “so as to force directly upon the states its choices as to how essential decisions regarding the conduct of integral governmental functions are to be made.” The Court went on to state that “such assertions of power, if unchecked, would indeed, as Mr. Justice Douglas cautioned in his dissent in Wirtz, allow ‘the National Government [to] devour the essentials of state sovereignty,’ and would therefore transgress the bounds of the authority granted Congress under the Commerce Clause.” Since 1937 and before the National League of Cities decision in 1976, there had been “no judicially enforceable limits on congressional power which derived from considerations of federalism,” and “[t]he role protections for the states were political.” National League of Cities, however, “reintroduced state sovereignty as a functioning legal limitation on the federal legislative power.” The situation in National League of Cities had to do with the 1974 amendments to the FLSA which extended the act’s minimum and maximum hour provisions to almost all State and municipal employees. Delivering the opinion of the Court, Justice Rehnquist wrote:
It is one thing to recognize the authority of Congress to enact laws regulating individual business necessarily subject to the dual sovereignty of the government of the Nation and of the State in which they reside. It is quite another to uphold a similar exercise of congressional authority directed, not to private citizens, but to the States as States. We have repeatedly recognized that there are attributes of sovereignty attaching to every state government which may not be impaired by Congress not because Congress may lack an affirmative grant of legislative authority to reach the matter, but because the Constitution prohibits it from exercising the authority in that manner.
He then went on to state that the question to be resolved was whether the state determinations involved, in that case the determination by the state of the wages which would be paid to its public employees, are “functions essential to separate and independent existence.”
Justice Brennan wrote a vigorous dissenting opinion in National League of Cities which referred to the majority opinion as “today’s mischievous decision” and warned that his brethren did not successfully obscure the “patent usurpation of the role reserved for the political process by their purported discovery in the Constitution of a restraint derived from sovereignty of the States on Congress’ exercise of the commerce power” and further arguing that “there is no restraint based on state sovereignty requiring or permitting judicial enforcement anywhere expressed in the Constitution.” He referred to the “longstanding constitutional jurisprudence” rejected in National League of Cities which relied on “the heretofore unchallenged principle that Congress ‘can, if it chooses, entirely displace the States to the full extent of the far-reaching Commerce Clause’ “ and that said principle “sometimes invalidates state laws regulating subject matter of national importance.” “In either case”, he urged, “the ouster of state laws obviously curtails or prohibits the State? prerogatives to make policy choices respecting subjects clearly of greater significance to the ‘State qua State’ than the minimum wage paid to state employees,” a result dictated by the Supremacy Clause under “the federal system of government embodied in the Constitution.” He denounced as alarming “the startling restructuring of our federal system” by the majority. He attacked the Court’s notion of state sovereignty as “an abstraction without substance” and challenged as clearly misplaced their reliance on Chief Justice Stone’s concurring opinion in New York v. United States, 326 V.S.572, 586 (1946), in support of the doctrine of state sovereignty in National League of Cities, noting that the Chief Justice did not address the question of a state-sovereignty restraint upon the exercise by Congress of the commerce power, “but rather the principle of implied immunity of the States and Federal Government from taxation by each other.” He characterized the use of the doctrine of state immunity from federal taxation as an awkward extension of that doctrine which was “conclusively distinguished by Mr. Justice Stone in California, as an immunity that is ‘narrowly limited’ because the ‘people of all the states have created the national government and are represented in Congress.’” Justice Brennan’s dissent was grounded on the idea that the States’ influence in the national political process is the safeguard to their sovereignty, a reality which was discarded by the Court although it “frequently remand[s] powerless individuals to the political process.”
Expanding on Justice Brennan’s charge that the Court’s state sovereignty doctrine in National League of Cities is an “abstraction without substance,” Professor Michelman reasons that “a state’s sovereignty, as conceived in National League of Cities, can consist neither in a notion of the state as the object of political loyalty and legitimate arbiter, nor in a notion of the state as the embodiment of political choice about the basic `structuring’ of roles and functions in civil society.” This, he believes, is confirmed by the fact that National League of Cities entitles municipalities to the protective mantle of state sovereignty, although municipalities had been denied immunity from suit in federal court and no reason is given for protecting them also from the exercise of congressional commerce power. For Michelman, what is sovereign about municipalities is not their legislative position or significance, but the ‘states’ customary reliance on them to provide for the interest of citizens in receiving certain important social services. Thus he concludes that the Court’s notion of sovereignty in National League of Cities is a functional one which regards “the state’s service role as crucial to its constitutional place‟ and that the Court in National League of Cities was using sovereignty “to stand for nothing more nor less than the state’s role of providing for the interests of its citizens in receiving important social services. This notion of sovereignty reflects a specialized meaning of the concept as opposed to the common meaning of states’ rights. It has no political content and expresses no greater deference to the state governmental activity of a political nature than to private activity unless it falls into the various categories of functions labeled by the Court in National League of Cities as integral, typical, traditional, or essential.
Whatever the meaning ascribed by scholars to the doctrine of state sovereignty in National League of Cities and whether or not that notion of sovereignty was an abstraction without substance, as charged by Justice Brennan in his dissent, these are concerns of the past for the sovereignty approach to federalism was abandoned for a process-oriented federalism invoked nine years later in Garcia. The judicial function envisaged in National League of Cities, which contemplated enforcing restraints upon Congress’ power to control the states’ relationship to the nation, was instead substituted in Garcia for a subordinate, more passive role, which recognizes that the protection of the states against congressional overreaching is essentially found in the national political process. Respect for the outcome of the national political processes requires that there be future judicial intervention in federalism-related disputes only when there are defects or failures in the political process at a national level, which endanger the interests of the states. A process failure is thus required for the courts to intervene. Wechsler advocated this passive role of the judiciary as far back as 1954 when he said that it is Congress and not the Supreme Court “that on the whole is vested with the ultimate authority of managing our federalism.” Both Professor Wechsler and Dean Choper were precursors of the idea adopted in Garcia that state-federal tensions be resolved politically, without judicial intervention. In his article on political safeguards, Wechsler had argued thirty years before Garcia that the Court should focus its function of review to the areas of protection of the rights of individuals against the government for here “the political processes cannot be relied upon to introduce their own correctives.” Dean Choper, while recognizing that the Court “has generally left decisions on federalism to the national political branches,” referred to “the turnabout… accomplished in the Usery decision” decided the year before and warned that “[f]or the Court to continue to review such federalism cases . . . would sap the Court’s strength to act on behalf of individual rights.”
This view that the Court’s legitimate judicial role in federalism-related disputes must be a limited one is consonant with Wechsler’s own concept of a working federalism where the states are instrumental in the selection and the composition of the national government. He refers to the states as the prime determinants of federalism and as “the strategic yardsticks for the measurement of interest and opinion, the special centers of political activity, the separate geographical determinants of national as well as local politics.” And it is these prime units’ fundamental role in the selection and composition of the national government that guards against encroachment by the center and contains its authority. The political safeguards upon which Wechsler essentially relies on to strike the balance needed in federal-state relations are the composition of Congress and the nominating process of the President, Choper also views the Congress and the President as especially sensitive to state concerns and vigilant over the impact of federal actions on their interests due to the substantial influence exercised by states and state leaders. His Federalism Proposal advocates that the federal judiciary should not intervene in disputes of federalism concerning the allocation of power of the national government vis-a-vis the states, for whether federal actions violate states’ rights is an issue best left to the political branches for resolution. Referring to Wechsler’s statement in the sense that the national authority is not inherently expansionist but must rally wide state support before significantly intrusive measures will be adopted, he observed the following:
This conclusion and its underlying rationale have singular pertinence to the view, contained in the Federalism Proposal, that the Supreme Court should not adjudicate constitutional questions of national power versus states’ rights. Cases that allege an excessive act by the central government are presented to the Court only after the act has attained the broad consensus that is required to overcome the inertia and the various negative features of our national lawmaking process. Legislation affecting states’ rights must also clear the imposing hurdle of active congressional concern for state sovereignty, a solicitude …that cannot be attributed to the threat of judicial invalidation. For, except in a few notable instances, the Court’s definitions of national powers have afforded the political branches exceedingly broad discretion in this area. In contrast to the undemocratic aspect of malapportionment, which permits minorities to impose laws on the majority, national legislation affecting states’ rights must have the widespread support of those affected. Under these conditions, the need for judicial review is at its lowest ebb.
This was the proposal to which Garcia responded in 1985. And so “the ever whirling wheels of American federalism,” to use Judge Wisdom’s vivid phrase, turned back to the old reliance on the political processes to protect the states against intrusion by the central organs. In doing so, the Court accepted the more passive role which Choper and Wechsler suggested, bowing to the Congress as the chief umpire in the questions of state-national relations, at least as far as the exercise of power under the Commerce Clause was concerned That acceptance can only be described as enthusiastic given the Court’s complaint that the self-imposed task which originated in National League of Cities of distinguishing between traditional versus non-traditional governmental functions for purposes of determining state immunity from federal regulation had become impossible to perform.
Garcia has been described by Field as “shorthand for deference to political processes of decision-making.” To the disappointment of those who, like Kaden, had hailed “the renewed interest in protecting the states’ independent status” shown in National League of Cities, the Court went back to its old habit of rejecting “challenges to the exercise of federal legislative power under the spending, commerce and war clauses of the Constitution when those challenges were based upon an asserted interest in state autonomy.” Garcia was a move away from the sovereignty-based jurisprudence of federalism. Stating that “[d]ue respect for the reach of congressional power within the federal system mandates that we do so,” it overruled National League of Cities and held that the minimum wage and overtime requirements of the Federal Labor Standard Act applied to employees of a public mass transit authority. Adhering to the views of Choper and Wechsler, the Court concluded that a priori definitions and conceptions of state sovereignty offered no guidance when measuring congressional power under the Commerce Clause and relied, instead on “the built-in restraints that our system provides through state participation in federal governmental action.” Revisiting the colonial scenario and drawing upon the words of Madison, the Court made a point of referring to the curtailment of state sovereignty, stating that the States retain their measure of sovereign authority “only to the extent that the Constitution has not divested them of their original powers and transferred those powers to the Federal Government.” Specifically citing Choper and Wechsler in support of the recurring theme that the national political process is capable of safeguarding the interests of the states and should be deferred to, it said:
Apart from the limitation on federal authority inherent in the delegated nature of Congress’ Article I powers, the principal means chosen by the Framers to ensure the role of the States in the federal system lies in the structure of the Federal Government itself. It is no novelty to observe that the composition of the Federal Government was designed in large part to protect the States from overreaching by Congress. The Framers thus gave the States a role in the selection both of the Executive and the Legislative Branches of the Federal Government. The States were vested with indirect influence over the House of Representatives and the Presidency by their control of electoral qualifications and their role in presidential elections. V.S.Const., Art. I, Section 2, and Article II, Section 1. They were given more direct influence in the Senate, where each State received equal representation and each Senator was to be selected by the legislature of his State. Art. I, Section 3. The significance attached to the States equal representation in the Senate is underscored by the prohibition of any constitutional amendment divesting a State of equal representation without the State’s consent. Art. V.
Although the majority recognizes that changes have occurred in the structure of the federal government since 1789, including the substitution of popular election of Senators by the adoption of the Seventeenth Amendment, nonetheless, it reiterated its conviction that “the fundamental limitation that the constitutional scheme imposes on the Commerce Clause to protect the `States as States’ is one of process rather than one of result” and that “[a]ny substantive restraint on the exercise of the Commerce Clause powers must find its justification in the procedural nature of this basic limitation, and it must be tailored to compensate for possible failings in the national political process rather than to dictate a `sacred province of state autonomy.’ “
La Pierre, another source of authority invoked in Garcia, had also taken up the matter of the effectiveness of the political safeguards of federalism in a 1982 article previously cited where he refers to the political accountability of Congress. Quoting Pennock, he defines political accountability as the “answerability” of representatives to the represented. He identifies the political checks on congressional power and probes how they create political accountability and protect the interests of the states as political communicities. There is, for example, a political check in the requirement to provide financial resources to enforce national policies since the burden, which is placed upon the voters who must provide these financial resources, makes Congress answerable to them. Another political check on Congress, according to La Pierre, is the application of national policies to private activities. Referring specifically to the application of the Federal Labor Standards Act to public employers and denouncing the Court’s intervention in Nacional League of Cities, he illustrated the effectiveness of this particular type of political check:
If the wage and hour provisions of the FLSA are applied to state and local governments in their capacities as employers, there is an additional effect on the states: the costs of providing public goods and services are increased. Nonetheless, the same political checks operate and Congress is politically accountable because the regulations also apply to private employers, and state interests are vicariously protected by the impact of the FLSA on private employers. Since national intrusion on the states is limited by the application of the FLSA standards to both private and public employers, judicial protection for the States in NLC was not warranted.
And, in further elaborating his theory of political accountability as a means of preserving states’ interests, he strikes the same chord as the Garcia decision that judicial interference will require a failure of the political process at the national level.
Thus, political checks and political accountability, and not simply the representation of state interests in Congress by representatives elected from the states, are the political safeguards of federalism; they justify deference to the national political process and protect the states’ role as political communities in the federal system. When political checks make Congress politically accountable, intrusion on the independence of state political decision-making is permissible; that is, the political safeguards are sufficient. Conversely, when Congress is not politically accountable, courts should protect state interests in political decision-making.
The critics of Garcia have attacked the adequacy of the modern political process in the nation asserting that in the real world these are insufficient. Others have denounced Garcia as allowing and encouraging the imperialistic expansionism of the Federal Government over the States. In a way, it is ironic to end our discussion of American federalism on this note. For if there is such a fear, despite the existence of the States as diverse political communities which are an integral and respected part of the second larger political community—the nation—and despite their full participation in the selection and composition of the federal government, what can be expected of those who have stood by the wayside for almost a century?
II
Puerto Rico: The Colonial Malaise
Who-what, then, is Puerto Rico? Has it ever been a part of the balance in intergovernmental relations that Hamilton spoke about? Does it play any role in the national political process to which the Garcia Court deferred the protection of the states against congressional encroachment? Where does it fit in the political structure of an American federalism? I could give the “yes/no” answers that usually sprout in any inquiry of Puerto Rican-federal affairs. The answers are “mixed,” they say, or, “they depend on the circumstances.” Yet, when we trace the basic ideas underpinning the growth, the process, the constitutional scheme, the political arrangement, if you will, known as federalism, an honest mind can only conclude that federalism is a myth in Puerto Rico. It is not honest to speak of modern Puerto Rico as a new dimension in federalism while at the same time the very existence of that new reality has to be conditioned to obtaining such essentials of a federalist society as the participation in the process of federal legislation. You can go through reams of papers on scholarly constitutional analysis of Puerto Rican-federal relations and all will leave you with the bitter taste of its anomalous situation, called by some its “unique” situation.
Federal-state relations have generated in the United States a jurisprudence of federalism. Puerto Rican-federal relations have, in turn, created a jurisprudence of colonialism, with all the mixed signals, the evasiveness, the blooming rhetoric and “the juggling of words”that must be put in when in the dawn of a new century you still have judges dealing with the problems of a colony while at the same time making believe they are not. It is pitiful. And, it is painful.
The jurisprudence of the Insular Cases “blessed the colonial experiment” in Puerto Rico by adopting the doctrine of territorial incorporation which held that the territories acquired by the United States as a result of the Spanish American War of 1898 could belong to the United States without being a part of the United States and that, therefore, “the Island of Puerto Rico is a territory appurtenant and belonging to the United States, but not a part of the United States within the revenue clauses of the Constitution.” Justice White expanded on this convenient piece of nonsense and ambivalence which called for different treatment of the inhabitants of the territories which had been annexed on the ground that they were foreign “to our habits, traditions and modes of life,” possessions made up of “alien races, differing from us in religion, customs, laws, methods of taxation and mode of thoughts.” In his concurrence in Downes, he observed that: «The result of what has been said is that whilst in an international sense Puerto Rico was not a foreign country, since it was subject to the sovereignty of and was owned by the United States, it was foreign to the United States in a domestic sense because the island had not been incorporated into the United States but was merely appurtenant thereto as a possession…»
And so, the fancy of an intellectual, Professor Abbott L. Lowell of Harvard University, who had advocated that very same theory in a law review article two years before the Insular Cases were decided, became the nightmare and the stigma of an entire population. The double standards were born right there: “belongs, but not a part, foreign and yet domestic, American, yet alien.” The effect of these ambiguities is clearly depicted in Raymond Carr’s book on Puerto Rico and its troubled relationship, past and present, with the United States. Quoting from a 1901 article of a local newspaper, he writes: «The economic advantage of permanent union with the United States made tolerable a political settlement that left the Puerto Rican, Nobody from Nowhere,’ imprisoned in a constitutional limbo as an unincorporated territory. `We are and we are not an integral part of the United States. We are and we are not a foreign country. We are and we are not citizens of the United States…The Constitution covers us and does not cover us… it applies to us and does not apply to us.‟ These ambiguities were to haunt Puerto Rico’s relationship with its new master; they are still unresolved. »”
These ambiguities have dislocated and torn our society, have menaced the core of its identity and the free and full expression of its individuals. Eighty-four years after the Insular Cases, Dean Helfeld, a distinguished scholar who is well versed in the history of the Puerto Rican-United States relationship, returned to the recurring theme of the ambiguities: Constitutional relations between Puerto Rico and the United States are not based on a system of logically consistent principles. Purposes Puerto Rico is treated as if it were a state of the Union, for others as an unincorporated territory and for still others as a jurisdiction uniformly incorporated into the network of national legislation.
The doctrine of territorial incorporation espoused by Lowell and adopted in the Insular Cases provided “a constitutional basis for governing these colonies for an indefinite period—without the impediment of constitutional limitations that were deemed not “fundamental.” Thus, the Constitution would apply only as to “fundamental rights.” The granting of citizenship in 1917, contrary to the expectations of many, neither conveyed full application of the Constitution to Puerto Rico nor endowed Puerto Ricans with the same political rights enjoyed by American citizens in the mainland. To this day, only the core of the Constitution applies to Puerto Rico. What lies within the core and which are or are not fundamental rights are constant markers in litigation? In People v. Balzac, decided five years after the granting of citizenship to Puerto Ricans, the Court, alter first cautioning against lightly inferring “an intention to incorporate in the Union these distant ocean communities of a different origin and language from those of our continental people, said: «The guaranties of certain fundamental personal rights declared in the Constitution, as for instance that no person could be deprived of life, liberty or property without due process of law, had from the beginning full application in the Philippines and Porto Rico, and, as this guaranty is one of the most fruitful in causing litigation in our own country, provision was naturally made for similar controversy in Porto Rico…»
The Court found, however, no place among the fundamental rights for the right of a criminal defendant in Puerto Rico to a trial by jury, as established by the Sixth Amendment of the Constitution, and thus in 1922 it denied that right to Jesús M. Balzac, an American citizen living in an “ocean community of a different origin and language.” Arguing that “[i]t is locality that is determinative of the application of the Constitution in such matters as judicial procedure, and not the status of the people who live in it, the Puerto Rican just turned American citizen soon found out how superficial a meaning could be attached to those impressive words: “fundamental rights.”
In 1922, the court noted in Balzac that the granting of United States citizenship to Puerto Ricans “enabled them to move into the continental United States and becoming residents of any State thereto enjoy every right of any other citizen of the United States, civil, social and political.” The clear underlying message was that Puerto Ricans would have “to move into the United States proper” to enjoy all political and other rights. In other words, we were free to step inside; outside the United States proper rights just dwindled. And thus it carne to pass that in 1977, more than fifty years after Balzac and more than two decades after the creation of the Commonwealth of Puerto Rico, citizens Torres, Colón and Vega who had stepped inside the United States proper lost the Social Security Income (SSI) benefits they had been receiving as residents of Connecticut, Massachusetts and New Jersey the moment that they moved back to Puerto Rico. Puerto Rico has been excluded from the 551 program for the Social Security Act, 42 V.S.C. Section 1382, provided that no individual was eligible for benefits during any months in which she/he is outside the United States and the statute defined “the United States” as “the 50 States and the District of Columbia.” In footnote 4 of the opinion, the Court relying on the Insular Cases of 1901 and referring to its oft-quoted statement that Puerto Rico has a relationship to the United States “that has no parallel in our history,” reminded us once again “that Congress has the power to treat Puerto Rico differently, and that every federal program does not have to be extended to it.” Thus, even though Puerto Ricans pay full Social Security taxes just as any other recipient, benefits to the aged, the blind and the disabled under the SSI program are withheld from them and from any citizen who moves to Puerto Rico even though she/he otherwise qualifies. The reasons for their exclusion from the program were brought up again in Harris y. Rosario: “Puerto Rican residents do not contribute to the federal treasury, the cost of treating Puerto Rico as a State under the statute would be high; and greater benefits could disrupt the Puerto Rican economy.” These three factors had been stated before in Califano in a footnote, which cited as single authority a 1976 Report of the Undersecretary’s Advisory Group on Puerto Rico, Guam and the Virgin Islands, Department of Health, Education and Welfare. In Harris o. Rosario, the program involved was The Aid to Families with Dependent Children, 49 Stat. 627, as amended, 42 V.S.C. Sections 601, et seq. which provides federal financial assistance to States and Territories to aid families with needy dependent children. Puerto Rico received leas assistance than the States. A class action was filed claiming that the lower level of reimbursement provided to Puerto Rico violated the Fifth Amendment’s equal protection clause. It took the Court one paragraph to dispose of the claim and to reverse the favorable judgment obtained. Invoking the Territorial Clause of the Constitution, it reasoned that Congress could treat the territory of Puerto Rico differently from the States: «Congress, which is empowered under the Territory Clause of the Constitution, V.S. Const., Art. IV, Section 3, cl. 2, to `make all needful Rules and Regulations respecting the Territory… belonging to the United States’ may treat Puerto Rico differently from the States so long as there is a rational basis for its actions.»
The rationality of the congressional action was grounded on the three factors listed before, without further inquiry or explanation.
Justice Marshall dissented while Justices Brennan and Blackmun, unpersuaded that the summary disposition in Califano controlled this case, would have noted probable jurisdiction and set the case for argument.” Marshall denounced, in Harris, the haste in resolving “important legal issues without full briefing or oral argument.’” Strange, that he felt the need to remind his Brethren that “Puerto Ricans are United States citizens.” He wrote:
.. the Court suggests today, without benefit of briefing or argument, that Congress needs only a rational basis to support less beneficial treatment for Puerto Rico, and the citizens residing there, than is provided to the States and citizens residing in the States. Heightened scrutiny under the equal protection component of the Fifth Amendment, the Court concludes, is simply unavailable to protect Puerto Rico or the citizens who reside there from discriminatory legislation, as long as Congress acts pursuant to the Territory Clause. Such a proposition surely warrants the full attention of this Court before it is made part of our constitutional jurisprudence.
In his article on federal financing in Puerto Rico, Professor Richard B. Cappalli, commented that “[t]he price paid for not being a federated State is that Congress can and does discriminate against Puerto Rico in federal grant programs.” He compared ceilings imposed in 1950 and in 1967 in federal welfare payments to Puerto Rico. Referring to the 1950 ceiling, he observed that “[a]n absolute limit of 4,250,000 in federal payments to Puerto Rico under all the welfare categories was inserted; in addition, the federal share of the welfare program in Puerto Rico could not exceed 50%, whereas in the States it could reach as high as 75%.” According to statistics used by Cappalli, in 1967 the ceiling still existed, although it had been raised to $9.8 million and the Puerto Rico’s allotment amounted to 0.3% of the total amount of federal assistance payments throughout the United States, lower than the allotment in 1950, which represented 0.4% of the total. The author suggested that [t]he spectre in Puerto Rico of monstrously long welfare rolls sponsored by the federal treasury” was one of the reasons for the severe limitations on federal welfare assistance to Puerto Rico.
As recent as March 1988, the matter of limitations on the amount of funds; that Puerto Rico receives under federal assistance programs was addressed by the White House Task Force on Puerto Rico in response to questions posed by the Subcommittee on Insular and International Affairs, V.S. House of Representatives.
The Task Force gave three reasons for the restrictions imposed: «First, there was concern that, given disparities in prevailing wages between the V.S. and Puerto Rico, full extension of the programs could interfere with work incentives and operation of an effective labor market. Second, family structure, social institutions and governmental programs vary from those on the mainland and programs designed for the fifty states may have negative consequences when applied to Puerto Rico In addition, there was concern with the cost of extension of these programs to Puerto Rico—in all likelihood about $1 billion a year.»
The discriminatory treatment accorded Puerto Rico has resulted not only in its exclusion from the federally funded Supplemental Security Income program (SSI) but also in the loss of approximately $78 million due to the funding ceiling of $72 million placed on the Aid to Families with Dependent Children program and a loss of approximately $325 due to the $74.4 million limitation on the Medicaid assistance to the needy in Puerto Rico.
I submit that the unequal treatment of Puerto Ricans has been in the books of American constitutional law since 1901 and up to this date. In 1952, many thought that would all end with the advent of the Commonwealth. A 1981 First Circuit case categorically refers to the end of Puerto Rico’s territorial status in these plain words: «Puerto Rico’s territorial status ended, of course, in 1952. Thereafter it has been a Commonwealth with a particular status as framed in the Puerto Rican Federal Relations Act. Act of July 3, 1950, Pub. L. 600, § .4, 64 Stat. 319…»
However, (there is always a “however” when courts speak of Puerto Rico’s status and this particular case was no exception) the Court, subtly refused to let the territorial scheme go entirely, saying “the new status rendered the words ‘dependency or insular possession’ somewhat obsolete as to it…” Others, less polite perhaps but more realistic in their perception of Puerto Rico’s present status, have simply referred to it as a colony. José A. Cabranes in his remarks before the First Circuit’s Judicial Conference of 1985 said: «The key point about Puerto Rico’s place in the American constitutional system is that no word other than ‘colonialism’ adequately describes the relationship between a powerful metropolitan state and an impoverished overseas dependency disenfranchised from the formal lawmaking processes that shape its people’s daily lives. We do well to speak plainly and accurately -and without embarrassment- about the facts as they are. »
Dean Helfeld, in remarks made before that same judicial conference, observed that “[f]rom the perspective of democratic theory, the principal defect in the constitutional relations between Puerto Rico and the United States can be traced to Section 9 which authorizes Congress to legislate unilaterally for Puerto Rico.”
The former Chief Justice of the Supreme Court of the Commonwealth of Puerto Rico, José Trías-Monge has described Puerto Rico as one of the countries with the longest colonial history in the world. Specifically referring to the year 1963, more than a decade after the creation of the Commonwealth, he denounced the stubbornness of Congress in failing to recognize the principle of free determination, arguing that Congress was “morally obliged to put an end to the still clearly colonial situation of Puerto Rico.” Further expanding on the matter of free determination, he wrote:
The truth is that in spite of the many expressions by the United States in favor of free determination, that right has never been recognized to Puerto Rico beyond the realm of rhetoric. We have seen that during different stages of the recent constitutional history of this country each of the three status formulas has for some time dominated public opinion. The people of Puerto Rico, consequently, requested at different times during this century admission in the Union as a federal state or at least as an incorporated territory. It was not pleased. It requested independence. No bona fide offer was made either. It sought full autonomy. It was consistently denied, although from time to time some reforms were effectuated, mostly modest ones, to the regimen. These habits of a drifting imperialism, which on so many occasions have tainted the relations between the United
States and Puerto Rico, have made the solution of the status problem unnecessarily difficult.
The thorough analysis made by Raymond Carr is relevant in any discussion on Puerto Rican-United States relations. The Twentieth Century Fund, a research foundation founded in 1919, decided to request the study from an English scholar for it was its belief that Puerto Rican and American scholars had already made up their minds about what the relationship ought to be. His basic explanation of the Commonwealth of Puerto Rico follows:
It resembles a state in that, while its elected representatives have a measure of control over its domestic concerns, many important issues are settled by federal laws; it differs from a state in that it has no representative in the body—the United States Congress—that makes those laws. The rela-tionship between Puerto Rico and the United States has never become, as Henry Stimson once argued it should, “analogous to the present relation of England to her overseas self-governing territories;” the British Commonwealth is a loose association of sovereign states—thus, for example, the Irish Republic, then a member of the Commonwealth, did not declare war in 1939. This option would not have been open to the Commonwealth of Puerto Rico. Unlike citizens of the self-governing dominions, but like the British citizens of the colonies who were involved in a war declared by a Parliament in which they were not represented, the American citizens of Puerto Rico have been automatically involved in wars declared by president and Congresses in whose election they played no part. If the term Commonwealth is meant to imply any resemblance to a member state of the Commonwealth, it is delusory, hiding a colonial relationship in which the metropolitan power legislates for the colony and controls its defense and foreign policies.
Juan R. Torruella, a judge of our Circuit whose clear and courageous writings have done much to disentangle the web of the Puerto Rican-United States relationship, concluded in his book that “constitutionally speaking, Puerto Rico remains an unincorporated territory of the United States even if de facto it has been allowed by Congress to exercise internal autonomy similar to that which the States are entitled.”
Torruellas‟ book was reviewed by Judge Cabranes in 1986. In that review, he made a forceful statement of present-day Puerto Rico: «Puerto Rico is still not a part of the ‘United States’ for all constitutional purposes; the island and its people are still subject to the laws and regulations adopted by the political branches of the national government before which they ap-pear only as supplicants; and that national government retains virtually unlimited discretion to determine whether or how the island will fit into national policy. It is thus true, as Torruella argues that the island’s basic political status has not changed since the turn of the century and the development of the doctrine of territorial incorporation. »
Most of the authors quoted above could rightfully be called the critics of Commonwealth status. The fact remains, however, that the advocates of that political status also concede the basic shortcomings of that formula, to wit, the lack of representation in the national political processes which directly affect all Puerto Ricans, the partial application of the United States Constitution resulting from the distinction between fundamental/nonfundamental rights, the unequal treatment suffered time and again which is patent in cases such as Torres and Rosario, the very weakness of a political creature that must abide and abide without ever casting a vote to make those by whom it abides more sensitive to its needs and interest. Its defenders have downplayed these realities, calling it a new dimension of federalism. This is what Carl Friedrich, for example, called it, stating that it “conceivably provides a striking model for future developments in the sphere of the liberation of colonial peoples who do not wish or may not be able to organize themselves as independent political communities.” I venture to say that only a people with a colonial history as long as ours can perceive the trickery enclosed in those words. It is more of the word spinning that we are accustomed to.
A scant five years later, Friedrich, in a lecture delivered at the University of Puerto Rico in January 1958 and, despite his belief that the Commonwealth of Puerto Rico “is in fine with the basic philosophy of American constitutionalism and federalism,” recognized the shortcomings of the Puerto Rican participation in the process of federal legislation (including constitutional amendments) and “the failure to provide for a participation in the shaping of foreign and defense policies.” Pointing to the magnitude of federal activities in Puerto Rico, he observed: «The fact that all these activities are carried forward by officials appointed without the consent of Puerto Rico, indicates the severe limits within which autonomy is at present defined. They suggest the importance of radical alterations in the federal relations we believe to be necessary before Puerto Rico can be considered truly self-governing. »
Finally, despite the touting of federalism in Puerto Rico one cannot help but notice the touch of irony contained in Friedrich’s dedication of those lectures to his “son Otto, because of his abiding sympathy for all the underprivileged of the world.” I have never heard anyone refer to people living in federal systems in this manner. You may hear about the poor in Germany, Switzerland, or the United States but certainly, no one refers to them in collective terms as “the underprivileged of the world.”
Another advocate of Commonwealth status, Pedro Ortiz-Alvarez, a distinguished lawyer and a Commonwealth official at present, promotes in a law review article a new compact of associa-tion between the United States and Puerto Rico, saying: «The new compact will be the basic document in the United States-Puerto Rico relationship. With its acceptance by Congress and by the people of Puerto Rico, the Puerto Rican Federal Relations Act and all its ambiguities will disappear. Among them, the elimination of the expression `belonging to the United States’ contained in said act is indispensable because its colonial touch is evident. »
And, making his own list of shortcomings in the present relationship, which serve at the same time to support his claims of culmination of the Commonwealth status, he said.
In the future compact the model of the states should no longer govern. The States are members of the Union, their citizen‟s vote for the President and have full congressional representation. Puerto Rico is not a member of the Union; its citizens do not vote for the President and are represented in Congress only by a Resident Commissioner with the right to speak but not to vote. Indeed, Puerto Ricans hope that Congress will understand our claims… And, of course, the culmination of the Commonwealth status is politically indispensable. The continuation of the status quo will be harmful for the dignity of Puerto Rico and for the international reputation of the United States. More important, the Congress cannot ignore the demands of a community, which has shown absolute loyalty to the American citizenship, to the democratic institutions contained in the Constitution of the United States, and to the principles of liberty, which make great this country.
The efforts at improving, at strengthening the Commonwealth have been many. As of today, we remain as, Judge Cabranes said, “supplicants” at the doors of the political branches of the national government. Despite this, there are those who would still call Puerto Rico a “sovereign.” Although recognizing that “the legal relationship between Puerto Rico and the United States is far from clear and fraught with controversy,” the United States Court of Appeals for the First Circuit went on to hold that “Puerto Rico is a sovereign separate from the United States for purposes of double jeopardy.” Judge Torruella concurred in the result but not the reasoning of the Court on the sovereignty issue. Arguing that there has been no change since 1950 in Puerto Rico’s territorial status or in Congress’ plenary power over it pursuant to the Territorial Clause of the Constitution, he concluded that Puerto Rico and the United States are not dual sovereigns for double jeopardy purposes. The distinction between sovereignty and autonomy, often forgotten, was made. That Puerto Rico has achieved a measure of control over its local or internal affairs after Commonwealth is not disputed. However, self-government or autonomy is not sovereignty. It is artificial to refer to Puerto Rico as a sovereign state standing before the other sovereign—the United States. The concept of sovereignty throughout history has always entailed the idea, or the reality, of the sovereign being the ultimate source of power. The sovereign can enact laws for its subjects and change them at will for the ultimate authority lies there. Such is not the case of Puerto Rico whose life is governed to a great extent by federal legislation enacted by organs of power who have the last word. In our situation, the last word of the sovereign becomes law without any real intervention by the governed in the enactment of decrees. Aside from the lack of authority of our people and the unilateral control by Congress, Torruella indirectly addresses the lack of permanence of the relationship that binds the United States and Puerto Rico. On this matter, Dean Helfeld, cited in the opinion, flatly stated: «Though the formal title has been changed, in constitutional theory Puerto Rico remains a territory. This means that Congress continues to possess plenary but unexercised authority over Puerto Rico. Constitutionally, Congress may re- peal Public Law 600, annul the Constitution of Puerto Rico and veto any insular legislation, which it deems improper. From the perspective of Constitutional law, the compact between Puerto Rico and Congress may be unilaterally altered by the Congress. »
Helfeld concludes that the legislative history of Public Law 600 and the Constitution of Puerto Rico is barren of any evidence that Congress intended to abrogate or to delegate its power and authority over Puerto Rico. In 1952, he hoped for greater Congressional awareness of the Puerto Rican reality, saying:
The existing federal-insular relationship has within it the seeds of two tensions; one is symbolic, while the second involves government without representation. With time the tension between political reality and Constitutional, theory, between the possession of home rule and the status of a territory, may grow to unmanageable proportions. Pan of the reality of freedom is feeling free. Indeed, man’s history chronicles innumerable occasions when the symbol of freedom outweighed all political considerations. Since men live by and for symbols, a substantial degree of self-determination may not compensate for a badge of an inferior status. Nor is the badge merely symbolic, since Puerto Rico is permitted no politically effective role in the making of national policy—even with respect to federal policy, which affects the island deeply and directly. A people with democratic convictions can hardly countenance government without representation at the national level as a permanent political condition. It is to be hoped that Congress will not be slow in recognizing Puerto Rico’s symbolic as well as its practical and democratic need for effective participation at the national center of power.
More than three decades have passed and nothing has changed. The symbols are still there; the inequities still roam. The United States Supreme Court continues evading with its approach that it makes little difference whether Puerto Rico is a State or Territory for a way out is always found. It will continue to quote Magruder who made one of the many “is/is not” statements: «Puerto Rico has thus not become a State in the Federal Union like the 48 States, but it would seem to have become a State within a common and accepted meaning of the word. »
In these circumstances, it has no meaning to refer to Puerto Rico as a sovereign, unless you do so as a token gesture to ease tensions or to soothe hurt egos. Nor does it make any sense to talk in a loose manner about the development of federalism in Puerto Rico or the new role of Puerto Rico in federalism. There is none. As Wechsler correctly observed, it is the continuous existence of the states as governmental entities and their influence on the selection of the Congress and the President, which are the determinant factors of a working federalism in the United States. Friedrich, for example, believed that “federalism should not be considered as a static pattern.” However, despite all the inventiveness, he too had to borrow from the essential attributes of the classic pattern to try to rescue the supposed dynamic dimension of federalism he saw in Puerto Rico from an artificial and an unviable form of federalism. The problem is that he borrowed those attributes to square away his theory. Thirty years after he dictated his lectures, the people of Puerto Rico have never experienced the “freedom with justice” that he anticipated under this new dimension of federalism. All of the “shortcomings” pointed out by him still exist; none of the solutions proposed by him were adopted. Perhaps because, as Professor Lewis said, “the argument, albeit attractive, is predicated upon grounds that remain, so far, pretty fragile.”
Instead of participation in the federal legislative process, we have a Resident Commissioner without vote in Congress, lobbying efforts, and the memoranda of law firms. Instead of Con-gressional concern and awareness originating from the accountability of Congress to the States and their constituencies, we have the ebb and flow of whatever power and favor can be obtained from contacts and friends in Washington.
How does this fit into the framework of built-in guarantees of the federal system, which led the Court in Garcia to step aside unless there was a failing in the political process at the national level? The obvious answer is that it does not. The basic tools are missing. Puerto Rico does not have a place in the spheres that the Garcia Court found capable of self-protection.
Conclusion
A body politic, which has no participation in the composition and selection of the national government, whose citizens have virtually no political participation in the national processes, and where, consequently, there is no accountability to it, can be called many things, except a part of a federalist plan. The organization and political configuration of Puerto Rico simply lack the structural elements of the American federalism. Wasn’t it after all the desire for political participation and for freedom of choice, which joined the hands of those who wrote the Charter? Whatever the imagery or the legalese, Puerto Rico is not a part of American federalism, be it crippled or blooming.
Let there be no doubt. No one who has lived in this Island long enough to know it can ignore its painful reality. Some accept it out of inertia, others because of sheer exhaustion, still others because of cowardliness or personal gratification while the Lowells of our time thrive on the endless bickering that saps our energy and ruins our peace.
————————————————————————————————-
A LEGAL OPINION ON INTERNATIONAL LAW,
LANGUAGE AND THE FUTURE OF FRENCH SPEAKING CANADA Ramsey Clark
This memorandum will address two questions:
1. Whether Chapter VII, Section 58 of the Quebec Charter of the French Language which generally requires public signs and posters and commercial advertising which are out of doors or in- tended to be seen by persons who are out of doors and under certain circumstances when located inside business establishments be only in French violates international law, or infringes on fundamental human rights;
2. Whether Chapter VIII, Sections 72-86, of the Quebec Charter of the French Language requiring that instruction in kindergarten and elementary and secondary school classes be in French, but excepting on request a child whose mother or father was instructed primarily in English in Quebec, or in English elsewhere and was domiciled in Quebec on 26 August 1977, violates International law, or infringes on fundamental human rights.
On casual consideration, the questions might seem to address arbitrary, narrow and peculiar restrictions on the use of languages. In fact, they deal with fundamental elements of culture and values having a powerful influence on the nature and character of a society. For they are concerned with the language of learning and its culture and the role of foreign language and economic power in the domestic lives of a people. Language as the most pervasive and comprehensive carrier of culture is a key determinant in the individual’s understanding of self, the world and human values. Though inadequately articulated in the international corpus juris it is among the most fundamental of all human rights.
1. The Nature and Role of Language in Culture and Human Life
In the book of Genesis, we read that the whole earth was of one language until the tower of Babel was destroyed when that one language confounded and the people then unable to understand one another’s speech were scattered abroad upon the face of all the earth. Over the millennia thousands of languages, many with multiple dialects emerged, evolved, fragmented, died, merged and expanded. Within each language, aspects of events experienced by its speakers and the more common aspirations, dominant character and group values adhered in words and phrases of special meaning and were transmitted in an expanding culture reflecting a shared and changing experience of thousands and millions of individuals over generations and centuries.
At the beginning of the first century A.D., Christian gospel gave one answer to the longing of many through all the ages for a single language of perfect communication. As the Disciples of Christ prepared to journey throughout the world to carry their message, the Book of Acts reports there was a sound from heaven of a mighty rushing wind and the disciples began to speak with other tongues. The multitudes were confounded because everyone heard the message in his own language. To speak the language of others is the opposite of the historic practices of military conquest, colonial dominion, economic intervention and exploitation, not to mention tourism of Americans and others, which have imposed their language where they could and used their own where they could not.
At mid-twentieth century, Toynbee found evidence of 26 civilizations of which 16 were dead; two were in their last agonies and seven under threat of annihilation or assimilation. Within those civilizations and the surviving dominant civilization were thousands of silenced languages, which reflect more comprehensively the nature, and values of all the people who spoke them than all other remnants of their existence. Those languages as the principal component and fabric of the culture they expressed are the clearest key to the quality of their lives. Toynbee observed, “…language which wins…over its rivals usually owes its success to the social advantage of having served …as a tool of some community that has been potent either in war or in commerce.”
At the end of the twentieth century, scholars estimate that there are between 2500 and 4000 languages excluding dialects in current use on the earth. From this, particularly in light of expanding electronic communication, the ease and speed of travel and global interdependence, one might assume the vast majority are soon to be extinct despite widespread efforts to save them, including the development of written forms for many languages that have none, using phonetic transcriptions into the alphabets and symbols of existing written languages. It is not sentimental to observe the unique and precious quality of those languages and remember that they reflect the cumulative human experience of many individual lives. Consider only Haitian Creole, generally considered a separate language now. Does it not contain much of an incredible human experience of a beautiful people: kidnapping, crossing an unknown sea in chains, contact with a dying Indian population, slavery, rebellion, Toussaint L’Overture, violence, corruption, the spoilage of a paradise, racial mixture, French language transformation, sadness, poverty, hunger, flight, music, art, marines, education, Duvalier, Catholicism, animism, voodoo, environmental degradation, human dignity, Aristide, an indomitable spirit? Should that language be sacrificed to agribusiness, tourism, or cultural intervention of an incomparably more powerful police, or economy? With the thrill of deciphering a Rosetta Stone, or breaking the Maya code we also enrich our lives. But how much more we would know about the post, life and ourselves if those languages, their knowledge, wisdom and values had survived.
Andre Malraux in The Voices of Silence wrote “Every culture aspires to perpetuate, enrich and transform … [its] ideal concept of man…” Taken together these cultures are “the heritage of the quality of the world.” On the decline and fall of cultures Malraux observed “When we survey the charnel-house of dead values, we realize that values live and die in conjunction with the vicissitudes of man…our culture is not built up of earlier cultures reconciled with each other, but of irreconcilable fragments of the past… Each hero, saint or sage stands for a victory over the human situation. All the same the Buddhist saints could no more resemble St. Peter and St. Augustine than Socrates resembled Gandhi…When we welcome amongst us all these antagonistic elements, is it not obvious that our eclecticism, defying history, merges them in a past whose conception is other than the real past, and acts as a defense of our own culture?” Thus, the distinct values of the demised culture are largely lost and only aspects of it are transformed to reinforce a surviving culture and its values.
The struggle for the preservation of a culture and language is for the survival in human consciousness and life of the contributions of all those who lived within the culture and used its language.
Tyranny over language is essential to control and dominate a conquered people with a different tongue. It is the essential element in culturcide. Culturcide is the only means of completely dominating another people. Empires spread their language as a weapon of domination. The struggle to control language is found throughout the history of war, conquest, intervention and economic exploitation. The different means of suppressing another language can be seen in every epoch. To speak or write a forbidden language has often been punishable by law. As random examples, Turkey has prohibited the use of the ancient Kurdish language to try to dominate and assimilate a minority of 14 million people. Japan compelled the use of its language in occupied Korea and Taiwan in the decades before the end of World War II. The Filibusterer William Walker proclaiming himself President of Nicaragua in the mid 1850s made English the official language though few could speak it.
Colonial powers, ancient and modern, have compelled their colonies to use their languages in public affairs, courts, schools and commerce. Major commercial sea faring peoples, Phoenicians, Malaysians and many others, spread their languages by their economic power. It is their power, not their presence that extends their language. Economic refugees cannot persuade °there to use their language. They seek to assimilate. Multinational corporations spread the language of their ownership and management around the world. The terror experienced by millions of refugees, exiles, immigrants, prisoners of war, linguistic minorities and others caught in a foreign language and culture, disadvantaged and unable to communicate or fend for themselves is among the greatest violations of human rights.
Wrestling to identify the essence of freedom and human dignity, George Orwell writing his classic 1984, found tyranny ultimately depended not only on prohibiting all foreign languages, but also on creating its own language. Newspeak was made to replace Oldspeak, or Standard English.
“The purpose of Newspeak was not only to provide a medium of expression for the world-view and mental habits proper to the devotees but to make all other modes of thought impossible. It was intended that when Newspeak had been adopted once and for all any diverging from [its] principles should be literally unthinkable, at least so far as thought is dependent on words. Its vocabulary was so constructed as to give exact and often very subtle expression to every meaning that a Party member could property wish to express, while excluding all other meanings
. .” He has described the power language has to control thought.
Language is uniquely a human characteristic and seemingly both the most important for individual self-realization and accomplishment and the most intimate and personal for individual thought, development and understanding. Aristotle noted that man is the only animal “endowed with the gift of speech.” Darwin observed, “Lower animals differ from man solely in his almost infinitely larger power of associating together the most diversified sounds and ideas.” Descartes found language, together with thought, “Je pense donc je suis,” to be one of two differences “that exists between man and brutes.” As a singular and essential attribute of human dignity, language is basic among fundamental human rights.
Lavoisier thought, “the art of reasoning is nothing more than a language well arranged.” While Plato believed “thought is the unuttered conversation of the soul with itself,” he could not deny that even that conversation was inextricably intertwined with language. Thus, language is an essential element of thought, privacy, opinion, self-knowledge, understanding, fulfillment, even conscience. It is among the most elusive, valuable and fundamental of all rights.
II. The Evolution of Language as a Human Right
Realization of the importance of language as a human right has dawned slowly. We are still told, “Whether linguistic rights merit protection in the context of international human rights law is a matter of much debate.” The Protection of Language Rights in International Human Rights Law, Virginia Journal of International Law (Vol. 32: 515, 1992) at p. 517. But language rights have been recognized in international law and treaties for generations.
Following World War I, Central, and East European nations were required by treaty to both protect and promote the linguistic rights of minorities. The Permanent Court of International Justice was given jurisdiction to enforce the treaty provisions and in cases such as the Minority Schools in Albania decided in 1935 endeavored to do so. Minority Schools in Albania (Advisory Opinion) 1935 PCLJ (Ser AB) No. 64.
These treaties which sought to preserve languages and cultures rose from the idealism following World War I, which produced Woodrow Wilson’s Fourteen Points and the League of Nations. They suffered from a lack of practical judgment. Deferential to power they provided no language rights in government matters while imposing impossibly burdensome requirements for schooling of minorities in their many languages that divided ethnic, national and linguistic groups. They went far beyond anything the allied powers dreamed of according minorities in their own midst. While the treaties were largely unenforced and their purpose a failure, it ought to be asked what role the effort to so coerce others, as is seen in the Treaty with Serb-Croat-Slovene State of September 10, 1919, might play in the present tragedy in former Yugoslavia.
The United Nations Charter, incorporating a proposal by France made at the Dumbarton Oaks Conference, made language with race, sex and religion as one of four areas to be protected from discrimination in Article 1(3). The U.N. Charter refers to the protection against discrimination on the basis of for language in articles 13(6), 55(c) and 76(c).
Since this important advance, language has been recognized regularly in international human rights documents. In 1948, the Universal Declaration of Human Rights in Article 2 guaranteed the right to freedom from discrimination on the basis of language. Article 2(2) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966 prohibits discrimination based on language.
Among all the international human rights treaties, the International Covenant on Civil and Political Rights deals most comprehensively with linguistic rights. In Art. 2(1) it requires State Parties to respect and insure non-discrimination on account of language. In succeeding subsections, it requires Parties to take measures to give effect to all the rights provided and remedies for their violation. Art. 14 importantly guarantees a person charged with crime the right to be informed of the charges in a language he understands and to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court. It is pitiful to watch bewildered Blacks before South African Pass Courts without meaningful translations, or counsel who speaks their tongue, sentenced to separation from their families without any ability to understand what is happening, where they are to be sent, or the length or conditions of their sentence. The scene has been repeated in many other nations among other races and in many languages.
Language rights are repeatedly addressed in the Covenant on Civil and Political Rights. Art. 19, while not mentioning linguistic rights deals with the intimately related rights to hold opinions and freedom of expression. Art. 24(1) concerns discrimination against children including their language rights. Article 26 addresses equality and includes language rights.
While nearly all international law references to language have dealt with negative — thou shall not — injunctions protecting individuals, Art. 27 importantly, and virtually for the first time in explicit positive command in an international agreement, protects the rights of linguistic minorities to “in community with other members of their group… enjoy their own culture… to use their own language.” As with all generalities, and especially so with new concepts lacking the gloss of history, the inherent uncertainties of application of such language require a long process of interpretation.
That process, more so than with most international law which excepting commercial interests remains vague in its applications and spotty in its enforcement, is in an early stage of development. Looking around the world today one sees an almost endless variety of language predicaments needing address if invaluable, irreplaceable human experience and value systems are to be preserved for the benefit of all.
After the promulgation of the Universal Declaration of Human Rights failed to address rights of linguistic groups, because of their obscurity, absence from historic dialogue and central relationship to power, the General Assembly requested the Subcommission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities of the Commission on Human Rights to make a thorough study of rights required to protect linguistic minorities. The study was intended to assist the United Nations in considering the need for specific protection. From its earliest considerations, linguistic rights of the group, not individual rights were addressed. Individual rights to expression were already extensively treated and the United Nations was concerned with the survival of languages and cultures and conflict arising in those struggles. It was importantly recognized that protection of such rights was dependent on the desire of the group to exercise its linguistic rights. Without such a desire, the protection would be as meaningful as the right to study ancient Greek and Latin in a modern business school.
Because of their complexity, obscurity and the resistance to minority rights, the efforts to define minorities and define the protections law should offer were abandoned at the Fourth Session of the Commission on Human Rights.
After promulgation of the Covenants on Civil and Political and Economic, Social and Cultural Rights in 1966, the sub Commission again took up the task of studying protections for linguistic minorities in 1967. This lead to a report in 1979, which remains the most thorough analysis available on international rights to language. Francesca Capotorti, The Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, U.N. Doc. E/CN. 4/Sub 2/348/Rey 1 (1979). Among its more obvious conclusions was that survival of cultural and linguistic minorities is dependent on use of its language in education. It noted most countries do not provide education in minority languages assuming cost and fragmentation of the education system as reasons, but largely ignoring political and economic power as the decisive factors. The study doubted that judicial power could be properly exercised to protect linguistic rights because of the absence of their clear and detailed definition in positive international law.
The U.N. Working Group on Indigenous Populations in Art. 10 of its Draft Declaration of the Rights of Indigenous Peoples have sought to protect the “right of children to have access to education in their own language… and control their own educational systems…” Draft Declaration of Indigenous Rights, August 1988, E/Cn. 4/Sub. 2/1988/25. This reveals the growing recognition of the obvious. The rights have been specifically implemented in the James Bay and Northern Quebec Agreement, which makes Cree and Inuit the teaching languages in schools there.
Of even greater significance, the Draft recognizes that mere tolerance of cultural and linguistic rights of indigenous peoples is not sufficient M protect them from the onslaught of the political, economic and technological power of dominant societies. The Draft would create positive rights and affirmative action for language to assure the survival of the indigenous peoples.
The protection of cultural rights, which is a major commitment of international law, includes necessarily the protection of linguistic rights. Activities over recent decades by UNESCO and the ILO, the 1960 Convention Against Discrimination in Education, the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, the declarations of International Cultural Cooperation (1966), The Guiding Principles on the Use of Satellite Broadcasting (1972) and Race and Racial Prejudice (1978) all reflect expanding awareness of the essential role of language in human rights. Nongovernmental efforts have significantly extended both understanding and commitment to action on linguistic rights. The Association for the Development of Cross Cultural Communication in 1987 issued a “Cali for a Universal Declaration of Linguistic Rights.”‘ It drafted a document, The Declaration of Recife, where the conference, which produced it, was held at the law school of the University of Pernambuco, urging the United Nations to adopt and implement a new reformulated declaration of language rights to eliminate linguistic prejudice, discrimination, domination, injustice and oppression, among its ambitious goals.
Regional Human Rights Conventions have recognized at least negative linguistic rights, including the American Convention on Human Rights. The European Convention is the most advanced both in terms of the legal rights created and their enforcement in the European Court. In 1968 in the Belgian Linguistic Case, the Court unanimously denied claims of Francophone groups living in predominantly Flemish areas complaining their children were offered only Dutch language education at their local schools, but by a vote 8 to 7 found a discriminatory denial of access to existing French language schools in one of the six questions presented the Court. European Court of Human Rights, Sec. A, Vol. 6, Case Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium. (Judgment of 23 July 1968).
In 1989 the European Court held that a requirement that a foreign lecturer of painting at the College of Marketing and Design in Dublin where instruction was in English and only a minor fraction of the population was fluent in Irish could be required to pass a ‘special examination in the Irish language as a qualification to teach. The Court noted the interest of successive Irish governments in promoting the use of Irish to express national identity and culture, the provision in the Irish Constitution making Irish the first official language with English the second official language and the special role lecturers perform in education and culture. Common Market Law Review 27:129-139 (1990) Case 379/87, Groener v. Minister of Education and the City of Dublin Vocational Education Committee, Judgment of 28 November 1989). The emphasis the Court placed on the Constitutional designation of an official language is deference to State power concerning languages.
Approximately a third of all national constitutions provide some recognition of the rights of linguistic minorities. Many have comprehensive laws dealing with teaching languages as education and other concerns of such minorities. These provisions reveal the recognition at the national level of the need to respect and address this important human concern.
As tensions regarding minority rights grew worldwide, the U.N. Sub commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities by its Resolution 36 of 1988 authorized preparation of a working paper on ways and means to facilitate the peaceful and constructive resolution of problems of racial, national, religious and linguistic minorities. The following year the Commission on Human Rights by its resolution 61 established a continuing Working Group to draft a declaration of rights of national, ethnic, religious and linguistic minorities. The Working Group adopted a Draft Declaration in 1990 and the Commission requested the Secretary-General to invite comments on the proposed text. Many critical comments were received and considered throughout 1991 including the absence of a definition of minority, failure to adequately delineate specific rights including use of the mother tongue freely in public and private, and failure to provide affirmative support for instruction in the native language. The United States argued that the right to use a historical language was too broadly defined particularly for countries with numerous linguistic minorities. The concern for the tension between individual rights to free speech and group rights to cultural and linguistic preservation remained largely unaddressed reflecting the special interests of participants and the general absence of historic international experience in resolving the tension between rights to speech and rights to language, as when an individual desires to speak English and the community wants to preserve French.
Free speech has a long legacy of inspired advocacy. Milton and Voltaire proclaimed its central role in individual freedom and the life of the mind. In the great volumes of classic free speech literature in the United States, Meiklejohn, Chafee, Emerson, homage is paid on every page to the heroes of uninhibited expression while language cannot be found in their indexes. Thousands of cases in courts define the meaning of the First Amendment to the U.S. Constitution prohibiting the abridgement of freedom of speech or of the press. Dialogue on linguistics rights is hard to find.
While the work of the U.N. proceeds, international law has yet to address in a comprehensive and coherent way the fundamental human rights in language. The core concern of the quest for international protection of linguistic rights is the felt need to preserve and cherish endangered cultures and the recognition of the conflicts that arise from the power struggles that threaten them.
Urgency of the need for solutions to worldwide problems of language rights has never been greater and still the principles of law addressing the issues are rudimentary. Concepts of autonomy, sovereignty and self-determination arise largely from cultural and language identities. Militarism, separatism and domination are ever present as a means of assaulting and protecting culture and language. Politics, law and human rights must offer a better solution. Consider Tanzania, probably the least homogenous nation ethnically in the world with over 130 groups, each with distinct physical, social, cultural and linguistic characteristics and more than 100 spoken African languages with Swahili the lingua franca. What is to become of its people if means for living together with respect for diversity and equality in cultural and linguistic rights cannot be developed? Look at the fragmentation of the USSR, Yugoslavia, Czechoslovakia, Cambodia where French was the sole language of teaching and administration until 1975 and other former nations. How can peace, economic development, or human dignity prevail without respect and urgent action to protect the rights of diversity?
Remember Puerto Rico, which, though dominated by the United States for nearly a century, saturated with its culture and products, taught in its English language schools for generations, has defied foreign political, economic and cultural intervention and revived its cultural heritage, its Spanish language and its own rich literature, art and music. Among the reasons for this success must be the vitality of its people, its remote island location, its affirmative legislation to protect the Spanish language and its intense psychological commitment shared throughout Latin America to its own identity in the shadow of its giant northern neighbor.
Consider little Estonia with its rich cultural language and high level of development confronting a 40% Russian speaking population within its borders and bordering Russia herself which has dominated the whole society for the past nearly half century. Most people cannot abandon their language, because they lack the capacity to change. But what worthy people capable of choice will abandon their heritage, their history, their language and their culture?
The emotion stimulated by cultural and linguistic conflict must not obscure the obvious and essential need in our time for every people and most individuals to develop and maintain the capacity for sophisticated communication with neighbors and the world community. The divisions, which the natural centrifugal force pulling at languages over time and distance create, must be bridged by full meaningful communication without deterring language rights. Peace and economic cooperation are not possible without clear communication. Enrichment by the experience of other cultures is limited without common language skills. While individual character will be stronger and life richer from a healthy native culture, fuller understanding and the hope to live lovingly together will depend on reasoning together with all. An adequate common language in addition to sophisticated native language is essential for that purpose.
The need is for tolerant, compassionate commitment to resolve differences, to preserve and enrich cultural heritages, to respect the rights of others, to communicate sensitively with all languages, cultures, races and creeds and to devise structures for political and economic community that assure peace, social justice and human rights.
III. Conclusion
It follows from this discussion that the Quebec Charter of the French language is an effort by government to protect and revitalize the French language and culture in Quebec and by the example of Quebec throughout Canada from the erosion of its long history as part of an overwhelmingly English-speaking region from colonial times to its present estate. As a part of Canada, it has experienced direct English government influence over its culture and language in myriad ways for many generations and the presence in Quebec of an often-privileged English-speaking minority with its substantial commercial, business, and educational social and religious institutions. As a neighbor of the United States, it has long experienced the overwhelmingly powerful forces of the U.S. economy, its corporate and business presence, its investments and tourists, its books, magazines, movies and music, and its radio and T.V. directly transmitted into Quebec. This is an experience shared with all Canadians, but compounded for French speaking Canada. Those in Canada who speak French perceive with substantial objective evidentiary support the waning and dilution of their culture, language and values which they wish to preserve.
IV. Article 58 of the Charter of the French Language is protected by International Law as Supportive of Fundamental Human Rights
Economic intervention as history shows is deadlier to a domestic culture and language than foreign military or local police state suppression of language rights. Direct oppression creates resistance. It is difficult to police whispers and impossible so far to control thoughts. A people are driven, however miserable the experience, to their own resources, their culture, their language, and unity in the face of force. Economic intervention can buy out a culture. Profits will attract even the patriot. Young people will flock to a materialistic opportunity glorified on television. Aesthetics aside, and the sensitivity of the people who live there, foreign language advertising can help drive a domestic language and its culture off the streets and out of favor and has done so in areas around the world. It can change the outer appearance of a society to that of a foreign commercial strip. Cultural and linguistic integrity involve authenticity in appearance as well as fact. To equate the right to advertise with the right to preserve a culture is to equate money with character. It is comparable to permitting unlimited political campaign contributions in the name of free speech, which values money over democracy. It is a mistake the law must not make.
To the extent that outdoor advertising is speech, it is little more than a symbol or identification in attractive design and setting. A trademark carries the message for a well-known brand. The intent is rarely more than to identify a product, remind a consumer, suggest quality or newness. Language is an insignificant part of the content and it usually can be as readily expressed in any language.
The Charter accepts messages of a religious, political, ideological, or humanitarian nature when not for profit. It does not affect oral communication in any language. It does not affect ad-vertising in news media that publish in a language other than French. It permits business firms with fewer than fifty employees that do not share a name with other businesses to use signs, posters and commercial advertising in foreign languages inside their establishments. To provide for unforeseen burdens, the government is authorized to permit public signs, posters and commercial advertising to be in both French and another language or solely in another language by regulation. The burden of the law on non-French speaking businesses and the non-French speaking public is minimal.
The threat to the French language in Canada is omnipresent and a whole culture is at risk. Under any circumstances, an advertiser can communicate its product equally with all others in French. The state has and ought to have the power under international law to compel this restriction on outdoor and commercial advertising under regulation not broader than is reasonably necessary to protect a threatened language and culture.
Suggestion that the purpose of preservation can be accomplished by permitting foreign language advertising if French as well is predominantly used evades the real issue and absurdly expands outdoor advertising messages by doubling the words on a sign. Psychologically it may be a sharper reminder to those who speak an embattled language that foreign economic intervention threatens its future where two languages are used. Certainly, it does not provide a vista that is resonant with a dominant culture.
V. Chapter VIII of the Charter of the French Language is protected by International Law, as Supportive of Fundamental Human Rights
More than even the language at home, the language in which children are taught in school will determine the language they use in their adult life. The former may be used in later years when visiting parents, but the latter will probably be used in adult family, social and economic life. The teaching language is the strongest single preservative and promoter of a language and its culture because it is the language in which the child is prepared to emerge into full adult participation in the larger society. Throughout history, cultures have sought to educate their children in their own language, and often at great sacrifice. As an affirmative effort to preserve and invigorate an embattled language, the language of teaching is the single most important tool.
Hugo Grotius in his early major work The Law of War and Peace wrote it is “this care to preserve society that is the source of all law.” Central to the preservation of society is the protection of the culture on which it is based. This care to preserve the French speaking society in Canada is the source of the Charter of the French language.
As it ought to be, the law on the language of instruction is respectful of English and other languages. For English it provides for the continuation of English language teaching in public schools for the children of parents who request it if one of them received the major part of his or her elementary instruction in English in Quebec. The provision is extended to parents resident in Quebec before 20 August 1977 who received such English instruction outside Quebec, so that only English language immigrants after 1977 are not provided English language instruction for their children. The law provides an exception for children with serious learning disabilities empowers the Minister of Education to exempt children or person temporarily in Quebec and contemplates flexible regulations to meet unforeseen needs.
The Charter contains these affirmative action programs to resist commercial and linguistic intrusion destructive of French Canadian culture and language. They are not inherently nationalistic or separatist. They are intended to protect the fundamental human right to culture and language. Sensitively administered, they will enrich the rights of all by enabling every language and culture to communicate with and share in their rich heritage.
————————————————————————
LA HIPOTECA MOBILIARIA
EN LA “ERA DE LA COMPUTADORA” Eduardo Vázquez Bote
Gracias al generoso gesto del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa, señor Raymond Landry, puedo atender a la gentil invitación cursada para asistir a las presentes Jornadas, sin incidir exageradamente en esa característica que nos ha hecho famosos a los españoles: hablar sobre lo que nada sabemos (y más hablar cuanta mayor es nuestra ignorancia). El Decano Landry me envió el texto del Proyecto de Código de Quebec, base de los temas que aquí se tratan. A él, mi profundo agradecimiento, que extiendo, asimismo, a los patrocinadores de este encuentro. Sin embargo, y a pesar de lo dicho, mucho me temo que en las presentes páginas seguiré demostrando que soy español: desconozco el Derecho de Quebec; soy un franco ignorante del Derecho norteamericano. Con tanta ignorancia por delante, espero de su amabilidad, que sepan disculpar lo que pueda decir, tomándolo siempre “a beneficio de inventario”.
La computadora es un instrumento técnico, que ha dado lugar a la ciencia de la informática. El Registro de bienes es, igualmente, un instrumento técnico, que ha generado esa rama del Derecho que denominamos “registral”. Son sin embargo, instrumentos técnicos que han generado unas técnicas casi, casi, antagónicas.
La computadora -los sistemas informáticos sería mejor decir- ofrecen como característica que les define la velocidad de transmisión de datos, la multiplicación de operaciones, millones de ellas, en lapsos temporales de segundos.
El Registro de bienes, y en general, los sistemas de toma de razón registral, se organizan para lograr seguridad y certeza en las transacciones que tienen por objeto a los bienes que se registran. E implican un sistema que atiende a la lentitud más que a la rapidez.
Serian, por ello, los norteamericanos anglosajones quienes asumieron la labor de desarrollar los sistemas informáticos, pues en los Estados Unidos la rapidez es un valor (“el tiempo es dinero”), lo que implica su posición avanzada en este tema. Como se explica, que su sistema de registración sea el más anacrónico y deficiente de todos los existentes, ya que la seguridad ofrecida por un registro la logran ellos -a un costo altísimo, ciertamente- mediante el contrato de seguro.
Cabe, pues, preguntar: ¿Son compatibles ambas técnicas, tomando en consideración los fines, tan distintos, que persiguen?
Personalmente, creo que la respuesta afirmativa se impone. Si observamos el “manejo informático” y la Llevanza de un registro, podemos deducir, que ambos instrumentos técnicos no sólo son perfectamente compatibles entre sí, sino que coadyuvan en su uso al mismo fin.
La informática permite disponer de un enorme potencial de almacenamiento de datos, resultando su eficacia en proporción directa al volumen de almacenamiento. El Registro es, igualmente, un sistema de almacenamiento de datos; si bien su eficacia deriva de la selección de dichos datos: mejor informa cuantos menos datos contiene; de ahí, la conveniente selección que debe realizar el encargado del registro, dirigida a permitir solamente el acceso de aquellas circunstancias jurídicas de transcendencia para terceros. Sin embargo, la velocidad informática, debidamente programada, permite proporcionar al registro una mayor capacidad de almacenamiento y, sobre todo, una mayor velocidad de información. Baste un ejemplo:
Para otorgarse los documentos públicos correspondientes a un contrato de compraventa, regularmente es menester: a) conseguir la información registral acerca del inmueble; b) redactar la propia escritura notarial; c) llevarla al registro. En este proceso, si es rápido, pueden transcurrir diez o doce días: dos, para certificarse el contenido registral relativo al inmueble; tres o cuatro, para formalizarse el contrato; uno o dos días adicionales, para llevar el documento a su inscripción o transcripción registral; y varios días adicionales, para extender la inscripción en el correspondiente libro. Imaginemos, ahora un sistema informático conectado por terminales: el Notario recibe, prácticamente en un instante, la información del inmueble que contiene el registro computarizado; en un tráfico seriado como es el actual, la escritura de venta, prácticamente, supone llenar unos espacios en blanco, añadiendo, en su caso, las particularidades del caso en concreto, labor que puede hacerse en escasas horas; un fax puede remitir el documento, instantáneamente, al registro (sin perjuicio del envío del documento original por correo o personalmente, que puede hacerse en el mismo día); la misma computadora, de-bidamente programada, puede “calificar” el documento y determinar su inscripción o su rechazo. Todo ello, ahorrando bastantes días y, con ello, esfuerzos económicos y tiempo.
Una segunda ventaja de la informática es su velocidad de trabajo, ya que procesa los datos en tiempo real: provee la información en segundos, para en pocos segundos más, tomarse la decisión (que, con frecuencia, puede venir determinada por otro medio computadorizado) Consiguientemente, se explica esa capacidad de certificación que tienen los registros de inmuebles cuales el de Buenos Aires (Capital federal) o de México (Distrito Federal), de expedir hasta sesenta mil certificaciones por día Con una ventaja jurídica adicional: ordena la prioridad o preferencia a un ritmo mareante y totalmente riguroso (prior tempore potior iure).
Un tercer factor —de enorme importancia en los sistemas registrales— es, que la exactitud y fiabilidad de los datos y operaciones es plena. Los riesgos de error humano prácticamente que-dan reducidos a cero. Con lo que la seguridad jurídica se ve enormemente reforzada.
Un cuarto factor relevante es el de la adaptabilidad de los sistemas: pueden diseñarse sistemas para todo y para cada caso concreto a un costo francamente irrisorio, dados los beneficios de resultados.
Naturalmente, las grandes ventajas del sistema informático no excluyen la presencia de sus grandes inconvenientes, entre los cuales merecen ser resaltados algunos.
El primero destaca claramente: el llamado envejecimiento prematuro. Los avances y desarrollos de las ciencias informáticas llevan implícitos la esencia del sistema, su velocidad. Y lo que hoy es última moda deviene en anacrónico en un lapso de escasos cinco anos. Se ha dicho, con motivo de la “guerra del Golfo”, que los sistemas informáticos de la Defensa norteamericana emplean aparatos que dejan muy atrás a los últimos modelos del mercado civil. Consiguientemente, la renovación y puesta al día de un registro informatizado, ¿es rentable a largo plazo?
¿Justifica la renovación periódica el empleo de fondos públicos para satisfacción, al fin y al cabo, de intereses privados? El tema deja de ser técnico jurídico para convertirse, quizá, en político.
Uno de los grandes inconvenientes de la informática, terminar con la “vida intima” de las personas no es, sin embargo, destacado cuando de un registro se trata. Porque aquí interesa, precisamente, la publicidad. Pero, no es menos cierto, que publicar datos patrimoniales significa hacer públicos datos económicos; y con éstos, podemos entrar de lleno en la vida intima de las personas. Lo saben muy bien las entidades de crédito, que disponen de suficiente información como para, cruzándola con las otras fuentes, tener un perfecto perfil de cada individuo. Leía hace unos meses cómo los grandes supermercados, sus proveedores, y en general, las grandes tiendas, consiguen, mediante el sistema de “barras electrónicas”, llegar hasta averiguar los gustos del cliente, tiempo que tarda en decidirse por un producto u otro, etc. Quienes deseen defender la vida intima han de tener, frente a la informática, un serio enemigo.
Más importante en tema de registros es la enorme vulnerabilidad del sistema informatizado, que no obstante, todas las medidas de seguridad, es constante objeto de “asaltos”. La posibilidad de fraude en los “input” y “out put” es enormemente facilitada, según los expertos, no obstante las contramedidas de seguridad que existen. Que un joven haya podido, desde Alemania, entrar en los sistemas de la Defensa norteamericana -si es cierto el hecho que leí hace un par de años en la prensa-, es algo que da qué pensar.
Y se podría concluir ahora, que la combinación informática-registro debe alentarse.
Queda, no obstante, otro aspecto por dilucidar cuando se habla de las relaciones y sistema informatizado. Porque, entre juristas, cuando nos referimos a un registro, pensamos siempre en un registro jurídico, y en las sociedades no sólo hay registros jurídicos; los hay, por ejemplo, administrativos, meramente fácticos, etc.
Y, es claro, la aplicación informática será diversa y producirá consecuencias muy diferentes según el tipo de registro de que se trate.
Por ejemplo, introducir datos falsos en un registro administrativo, nos llevará, forzosamente, a conclusiones erróneas si usamos de dichos datos. Pero un dato falso en un registro jurídico nos ha de conducir, junto a la errónea conclusión, a la adjudicación de efectos no queridos, con todas sus consecuencias.
Naturalmente -y ahora comienzo a expresarme como español: sin saber de qué estoy hablando- aplicar la informática a los archivos inmobiliarios norteamericanos, por ejemplo, será siempre saludable jurídicamente. Y por una sola causa: el sistema jurídico norteamericano pasa siempre por el juez -con los altísimos costos que ello significa-, que puede actuar como filtro jurídico de los errores fácticos proporcionados por la informática manipulada.
Ahora bien, los países en que el registro no es un simple archivo, sino un instrumento técnico jurídico, lo que se pretende es evitar pasar por el juez (“a registro abierto, juzgado cerrado”). De modo tal, que el filtro jurídico puede desaparecer, produciendo el error o el fraude todas sus consecuencias en el plano del Derecho. Porque la certeza que se persigue con un registro jurídico es precisamente, que el único efecto que se produzca en Derecho sea el que surge del propio registro, nada más.
Y este es un tema que debe ser profundamente pensado.
Ciertamente, el proyecto de Código Civil de Quebec no toca este aspecto —no es la norma adecuada para ello—, pues se limita a instrumentar jurídicamente la hipoteca mobiliaria, suponiendo una remisión a ordenanzas de otro orden una posible instrumentación de apoyo informático. Que es otro de los puntos de fricción entre informática y Derecho. Aquélla, vive de realidades que generan nuevas realidades, matemáticamente; éste, ofrece probabilidades cuya realidad depende de múltiples factores. Combinar ambos aspectos, creo, no es labor sencilla. Pero es fundamental en aquellas naciones que buscan, con los instrumentos técnicos, ahorrar esfuerzo. Y, no se olvide, el modelo económico norteamericano lo que reclama es consumir un brutal excedente. (1/2 del PN).
Pongamos un ejemplo que aclare a qué me refiero.
Por tradición histórica, los países influidos por el Derecho romano Justiniano (beneficiados de la “recepción” producida en los Siglos XII y XIII), escinden sus relaciones jurídicas en dos grandes categorías (división que no es agotadora de otras relaciones), las relaciones jurídicas de obligación y las relaciones jurídicas de derecho real. Regularmente, al Registro solamente acceden éstas, por la sencilla razón que son las que pueden oponerse a un tercero. El Derecho norteamericano —que, a diferencia del Derecho inglés no ha sido reformado por legislación, sustenta solamente una clase de relaciones, las de obligación. No conoce el concepto de derecho real. Sus archivos inmobiliarios admiten, por incorporación plena del documento, todo lo relativo al inmueble (hasta “la factura de un restaurante”, ha escrito, jocosamente, PAYNE). Se ahorran, así, la “calificación” o discernimiento entre una y otra clase relaciones, para apreciar si una concreta es o no susceptible de inscripción o transcripción registral. Y logra un efecto jurídico último ocasionalmente más enérgico que el inherente al derecho real, derivado de la fuerza que los Tribunales dan al hecho de la publicidad del archivo, mediante reglas de inversión en la carga de la prueba (“caveat emptor”, etc.). Pero siendo un sistema de transmisión causal, los defectos de una original transmisión se mantienen siempre. Resultando en un sistema que induce al pleito —gestos de tiempo y recursos económicos—, que fomenta el pleito y que vive del pleito. Esto es, consume recursos. Por ello, en el Derecho norteamericano el archivo de inmuebles jurídicamente sólo sirve para justificación de las compañías de seguros de títulos: aseguran las resultas de la investigación registral, no los contenidos del propio registro; logrando con ello un excelente negocio, pero sin proporcionar seguridad jurídica. Esto es, habrá que re-currir siempre al juez en último extremo.
Desconozco si la economía de Quebec tiene un problema de consumo de excedentes como lo tiene la norteamericana; pero me temo que, al menos desde el plano de la idiosincrasia de sus gentes, responde al criterio de ahorro de esfuerzos.
Y, si esto es así, me cuesta comprender cómo se ha tomado como ejemplo o modelo al Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos. El Decano Landry escribe, que: «”Salvando ciertas reservas de forma y de fondo, nosotros aplaudimos el actual intento de armonizar el Derecho quebecois con el de las jurisdicciones del common law; la eficiencia y la certidumbre jurídica necesarias para el favorecimiento del desarrollo económico, requieren esta tendencia hacia la uniformidad, la que deberá adaptarse a las características peculiares de la codificación” (Las Garantías: La hipoteca mobiliaria en la era de la informática, Comunicación, pág. 2).»
Quizá sea una exigencia del desarrollo económico, no lo pongo en duda. Pero si puedo dudar, si de instituciones jurídicas se trata, que su calidad jurídica se determine por criterios de desarrollo económico. Porque si hay algo que el Derecho norteamericano no ofrece es precisamente, seguridad (no me refiero al “Statutes Law), sino constante incertidumbre: la que deriva de todos los imponderables que rodean el pleito (por eso el álea es una constante en las transacciones inmobiliarias, objeto de archivo o registro). Y debe recordarse el dicho popular: más vale un mal arreglo que un buen pleito”, o aquél otro: “pleitos tengas y los ganes”, como expresión de “maldición”. Al igual que el buen médico debe evitar la cirugía, el buen jurista debe evitar los tribunales. El Derecho de Quebec, de factura francesa, es un Derecho preventivo. El Derecho norteamericano, de factura romana pre-justiniana, es un Derecho del juicio, sólo deducible de la sentencia y con la sentencia.
Y si los registros buscan y persiguen seguridad, ¿hasta que punto ha de lograrse si el modelo de Derecho es uno que vive de la inseguridad?
En otras palabras, la instrumentación de la hipoteca inmobiliaria ¿busca “ahorrar” o “consumir”, en términos sociales? ¿A qué responde la hipoteca mobiliaria? Realmente a una distinción histórica de los bienes, de raíces medievales: la relevancia del suelo como base de riqueza, que llevó al desprecio relativo de los bienes muebles eres móviles, res viles”) y que centró en los inmuebles la importancia de su función garantizadora. El pignus romano se aplicaba, indistintamente, a todo tipo de bienes (entre otras causas, porque la condición de mueble o inmueble era, en Roma, irrelevante; lo que importaba de las cosas es si eran mancipi o nec mancipi). Los siglos XVIII y XIX limitarán la hipoteca a los inmuebles por la sola circunstancia de su más fácil identificación (dificultada en los muebles). Por consiguiente, cuando en este siglo los bienes muebles adquieren enorme relieve e importancia económico-social, se explica, que la hipoteca se extienda a ellos.
Pero lo que importa destacar -desde aquel plano de la seguridad que busca todo acreedor hipotecario- es, que si el bien no puede individualizarse, de poco sirve la garantía. Por ello, los ordenamientos jurídicos modernos, cuales el italiano, el alemán, el francés, e incluso el español desde 1956, cuando regulan la hipoteca mobiliaria la someten a un principio fundamental, el de especialidad. Es decir, que el bien objeto de hipoteca debe ser uno distinguible de otros de su género; porque si no la función de garantía que con la hipoteca se persigue se disuelve en la inherente a las cosas genéricas (genus nunquam perit) o en la garantía patrimonial universal, convirtiéndose el derecho real en un simple crédito preferente.
Y es, si lo he entendido bien, lo que se hace de menos en el Artículo 2.651 del Proyecto, que admite cualquier objeto como hipotecable, de modo tal, que parece más bien pensado para los pignus tabernae (prenda de empresa) que para una garantía derivada de la mera y simple relación intersubjetiva (lo que explicaría las palabras del decano Landry).
Y, naturalmente, el Artículo 2.963 se ve obligado a eludir el sistema de folio real, manteniendo un registro simplemente subjetivo. Bueno, la experiencia del Derecho francés demostró que tal sistema es muy poco eficaz, hasta el punto, que las reformas de la década de los cincuenta obligaron a la llevanza del folio real aunque no tenga consecuencias jurídicas.
Este inconveniente, así como la permisibilidad de los pactos comisorios -prohibidos desde la época de Justiniano, por alentar al acreedor a dificultar el cumplimiento al deudor: puede ser mucho más lucrativo-, que parecen recoger los Artículos 2.748 y 2.761 y siguientes, así como la variante del Articulo 2.767, resultan, desde mi punto de vista, gratuitas concesiones al acreedor – casi siempre, el denominado peyorativamente “acreedor institucional”-, esto es a los grupos económicamente poderosos, de los que puede derivar un grave peligro para los deudores. Al menos, dos mil años de experiencia claman por una solución distinta.
Supongo, que es aquella ausencia de individualización del bien, la que explica la preferencia a favor del Estado por impuestos debidos (sin más especificación), por lo que, consiguientemente, deduzco, que cualquier débito fiscal adquiere la preferencia otorgada. Cuando de inmuebles se trata, dicha preferencia va referida exclusivamente a la contribución territorial (rústica o urbana), de conformidad con el axioma de la especialidad. Y, en principio, no hay razón alguna para no sujetar los bienes muebles a ese mismo axioma. Tiene sentido, que un aeroplano, un barco, soporten las cargas fiscales que sobre ellos recaen; pero no lo tiene, que ofrezcan una preferencia fiscal por razones, por ejemplo, del impuesto sobre ingresos (“income taxi, pues ninguna relación especial guarda el tributo con el bien. Y, por el contrario, frente al acreedor por hipoteca mobiliaria, dicho bien desmerece al posponerse este crédito.
Con lo cual, me parece apreciar en mi ignorancia, se juega un poco con los intereses; se pospone, pienso que indebidamente, la preferencia al acreedor hipotecario; de otro lado, se admiten los efectos de lex commisoria. Y si mi apreciación es cierta, se agrava sensiblemente la posición del deudor (el acreedor impele a una ampliación de las garantías, ante el temor del privilegio fiscal, al tiempo que puede preferir -dado que la garantía será siempre de mayor valor que la deuda- el incumplimiento por parte del deudor: es más lucrativo. Porque no debe olvidarse la realidad subyacente de las ventas en ejecución, que provocan un sensible desmerecimiento del bien en garantía y la presencia de testaferros que sirvan al interés último del acreedor).
Por el contrario, creo excelente la sujeción de Ja constitución de la hipoteca al principio de publicidad constitutiva (hecha excepción de los débitos fiscales y demás preferencias), única forma de poder quedar un tercero informado de la función garantizadora del bien y el alcance de su “pasivo” por garantía. Publicidad que determina el correspondiente rango.
Y me asaltan dudas ante el radical Artículo 2.656, sobre extensión objetiva. Y la duda deriva por mi ignorancia de vuestro Derecho: ¿opera la extensión objetiva si el bien hipotecado deviene en accesorio de otro principal? Porque el precepto alude a la simple “unión” de bienes, sin más matices. Por poner un ejemplo: hipotecado un objeto artístico de valor cien, al que, por accidente se une con mezcla inseparable una cantidad de oro liquido de valor seiscientos, ¿éste bien, que es principal, será accesorio a efectos de la garantía? El ejemplo puede ser absurdo, pero no faltan miles de otros verdaderos.
Y, honestamente, me resulta difícil comprender una hipoteca sobre un bien futuro. No es que el Derecho no permita concebir como existente lo que está por surgir (base fundamental del crédito en una economía industrial), sino porque es otra negación del principio de especialidad, con todas sus consecuencias. Ciertamente, atenuadas éstas al constituirse un registro de folio personal y no de folio real.
Naturalmente, buena parte de mis dudas y acondicionamientos derivan, es claro, de desconocer los detalles de la economía de Quebec, su tráfico de bienes, los giros normales del comercio, etc. Porque, de otro lado, y salvo aquellos matices que acabo de indicar, aprecio en el proyecto de Código la recepción de casi todos los “principios” que consagran un buen sistema registral, proclamados ya, respecto de inmuebles, en los I, II y III Congresos Internacionales de Derecho Registral (celebrados en Buenos Aires, Madrid y Puerto Rico, respectivamente), en los que recuerdo la presencia de la delegación canadiense (sentada en alguno de ellos frente a mi).
Y, en fin, comparto el criterio del Decano Landry acerca de la preferencia atribuida al Estado mediante hipoteca legal tácita. Precisamente cuando las técnicas de computación, el sistema informático (del que el Estado es un principalísimo consumidor), pueden hacer expreso dicho gravamen, mantener tal preferencia puede significar permitirle una lentitud que no va con los tiempos. Sin duda, se encuentra aquí una noción del interés público digna de encomio; pero la técnica moderna permite la protección de ese interés rápidamente, y sobre todo, con publicidad. Recuérdese, que la razón de ser de los registros es anunciar; y toda garantía tácita no anunciada, atenta contra esa finalidad.
Con lo expuesto, creo que se consume el tiempo otorgado a cada participante para realizar su exposición. Sólo me resta, pues, aparte de solicitar sus disculpas por mi osadía en enjuiciar lo que desconozco, expresarles mí más profundo agradecimiento por su paciencia y atención. A la Comisión organizadora, nuevamente, muchas gracias por haberme permitido el honor de estar entre ustedes.
———————————————————————————————————————————–
LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE: ¿RESPONSABILIDAD ABSOLUTA, NEGLIGENCIA O
SEGURO “NO-CULPOSO”? (INFORME PUERTORRIQUEÑO)
Luis Muñiz Argüelles
Las leyes y reglamentos puertorriqueños que tratan el tema de la responsabilidad del fabricante son escasas. Nuestras normas jurídicas a menudo emanan de decisiones del Tribunal Supremo que, sobre todo en las últimas dos décadas, han adoptado doctrinas similares a aquellas vigentes en Quebec, Luisiana, la Comunidad Económica Europea u otros de los más modernos países occidentales. Estas normas de origen jurisprudencial, sin embargo, tienen sus fallas, son a veces incoherentes y contienen lagunas. Por otro lado, en términos generales, la jurisprudencia ha sido lenta en su adopción de normas modernas sobre la materia.
Casi todos los casos de Puerto Rico relativos a la responsabilidad del fabricante invocan e interpretan artículos del Código Civil español de 1889 sobre la compraventa o la responsabilidad extracontractual. Estos se hicieron aplicables a Puerto Rico en el 1890. El Código ha experimentado algunas revisiones, pero los artículos sobre la compraventa y la responsabilidad extracontractual no han sufrido cambios significativos. Pese a que se interpretan artículos españoles, la casuística del Tribunal Supremo ha recurrido constantemente a la jurisprudencia norteamericana al resolver que las doctrinas sobre responsabilidad extracontractual aplican a las reclamaciones para recobrar daños personales (físicos y morales), independientemente de los vínculos contractuales entre las partes, al adoptar reglas de responsabilidad absoluta limitada y al rechazar doctrinas tales como la del requisito de vinculo contractual (“privity of contract”).
La adopción de las normas norteamericanas, sin embargo, ha sido lenta y, en general, el derecho puertorriqueño todavía requiere que se pruebe negligencia si es que el demandante ha de recobrar la totalidad de los daños alegadamente sufridos. Obviamente, este requisito le añade un alto grado de incertidumbre al proceso judicial. (¿Está la prueba disponible? ¿Es ésta creíble? ¿Resulta costoso obtenerla? ¿Conlleva ello largas tardanzas?).
Las excepciones principales a la obligación de establecer negligencia surgen cuando el demandante alega que sus daños fueron ocasionados por bienes destinados al consumo humano (los casos resueltos envuelven daños provocados por comestibles y han aplicado normas de garantía implícita, normas que pueden ser renunciadas, sobre todo si el fabricante expresamente limita su garantía) y cuando se invocan las normas de vicios ocultos en los bienes vendidos. En los casos de vicios ocultos, el cobro generalmente se limita a un reembolso parcial o total del valor de los bienes, dependiendo de la gravedad del defecto. Si el demandante puede establecer que el vendedor tenia o debió tener conocimiento de los vicios ocultos, puede entonces reclamar por todo tipo de daño sufrido. Para establecer esa culpa o dolo el demandante podrá hacer uso de las presunciones, sean éstas de las Reglas de evidencia o, específicamente, de la doctrina de “res ipsa loquitur”.
Las defensas del requisito de vínculo contractual no aplican, independientemente de si el demandante reclama bajo responsabilidad extracontractual o bajo contrato de compraventa. El Tribunal Supremo ha resuelto que todos los que intervienen en la cadena de distribución (fabricante, subcontratistas, importadores, mayoristas y detallistas) le son responsables solidariamente al demandante. Los codemandados pueden entonces presentar demanda contra coparte para recobrar de aquellos contra los que puedan establecer responsabilidad por los daños sufridos. Si aquellos en la cadena de distribución no son unidos al pleito por el demandante, el demandado puede traerlos incoando una demanda contra tercero, que bajo la Regla 12.1 de Procedimiento Civil los hace responsables directamente al demandante.
Aquellos potencialmente responsables no están obligados a tener seguro, aunque muchos de los más solventes si lo tienen. En ocasiones, cuando los aseguradores son incluidos como demandados, o en casos en que las partes responsables invocan la obligación del asegurador de proveer asistencia legal, la interrogante de si la responsabilidad es contractual o extracontractual surge nuevamente, pues el asegurador muchas veces no ha acordado pagar u ofrecer asistencia legal si se trata de responsabilidad contractual. La defensa no procede si los artículos de responsabilidad extracontractual aplican. Si la responsabilidad cubierta es “civil” o de “torts” del “common law”, la aseguradora debe responder. Lo mismo ocurre si se concluye que la intención fue de responder por todo reclamo por daños ocasionados por el bien.
Cuando consideramos normas de responsabilidad del fabricante, debemos tomar en cuenta también las reglas de Derecho internacional privado, pues muchas veces los fabricantes no están domiciliados en la jurisdicción del tribunal. Las normas de Puerto Rico son pocas y generales. El poder extraterritorial de la Regla 4 de Procedimiento Civil permite que el tribunal adquiera jurisdicción sobre muchos de los demandados que forman parte de la “cadena de distribución”. La Regla 4.7 permite a los demandantes presentar acciones en los tribunales de Puerto Rico si la causa de acción, sea contractual o extracontractual, se originó en Puerto Rico; y el artículo 10 del Código Civil establece que la ley de Puerto Rico aplica a las acciones incoadas bajo los artículos de daños y perjuicios o de compraventa.
En los siguientes párrafos, analizaremos en más detalle las normas más importantes del Derecho puertorriqueño relativo a la responsabilidad del fabricante. Examinaremos (I) las fuentes estatutarias, incluyendo una breve referencia a los principales estatutos de los Estados Unidos y a los tratados internacionales, y señalaremos el tipo de bien que está sujeto a la aplicación de estas normas; (II) el papel que desempeña la negligencia en casos de responsabilidad extracontractual y de vicios ocultos en contratos de compraventa, la prueba necesaria para probar dicha negligencia dado el deber de cuidado que puede establecerse estatutariamente, la extensión de los daños recobrables dadas las diferencias sobre la necesidad de establecer negligencia y los diversos plazos de prescripción, dependiendo de si aplican los artículos de responsabilidad extracontractual o de compraventa o de si el demandando tenía conocimiento previo de los vicios ocultos que causaron los daños probados; (III) quién puede reclamar y contra quién pueden reclamarse y, de haber más de una parte responsable, si estas son solidariamente responsables; (IV) las principales defensas disponibles a los demandados y, específicamente, la llamada defensa de estado de conocimiento sobre la materia (“state of the art”); y (V) la aplicabilidad de las reglas de Derecho Internacional Privado. (VI) Cerraremos con algunas observaciones personales.
I. Fuentes de Ley
A. El Código Civil
Según mencionamos anteriormente, los casos de daños personales son analizados bajo el artículo 1802 del Código Civil sobre responsabilidad extracontractual en general. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido consistente en su aplicación de este artículo cuando se han sufrido daños físicos y morales, independientemente de si el demandante y el demandado han contratado la adquisición de derechos sobre bienes o la prestación de ciertos servicios que ocasionan los alegados daños objeto del reclamo.
Los artículos 1350, 1363 y 1373 a 1379 establecen que el vendedor de un bien es responsable si se prueba que éste adolece de vicios ocultos y fijan el limite exigible y el plazo en el que dicha responsabilidad puede ser invocada. Los artículos no hacen distinción entre los tipos de bienes y son aplicables a muebles e inmuebles aunque, como ya señalamos, al referirnos a las normas de responsabilidad del fabricante hablamos sólo de las que son de aplicación en casos de bienes muebles.
La interrogante es a cuáles muebles en particular les son de aplicación. Un caso reciente, al discutir la defensa del estado de conocimiento sobre la materia, clarifica el punto. El demandante había reclamado daños personales resultantes de haber ingerido un pescado envenenado en un restaurante. Al aplicar la defensa, el Tribunal efectivamente extiende las normas sobre la responsabilidad del fabricante a todos los bienes que hayan sido alterados por cualquier forma de actividad humana. (El caso fue decidido por el Tribunal mediante sentencia, que según la jurisprudencia de Puerto Rico no establece precedente. Sólo uno de los jueces emitió una opinión firmada. Es en ella que se discute la defensa del estado de conocimiento sobre la materia.)
Por otro lado, los artículos 1380 a 1388 del Código Civil establecen normas especiales para los casos en que compradores reclaman por daños causados por la venta de animales enfermos un tema que obviamente no cae dentro del ámbito de la responsabilidad del fabricante. Para propósitos de este trabajo, sólo discutiremos dos casos, el primero a continuación, que interpretan estas disposiciones, y ello porque discuten normas que aplican la responsabilidad del fabricante en general.
En un caso en que la compraventa fraudulenta de animales enfermos fue probada, el Tribunal Supremo aseveró que los compradores de bienes defectuosos podían reclamar daños bajo cualquiera de los artículos que hemos citado o bajo aquellos que proveen para la responsabilidad contractual o para la resolución de los contratos. Recurrir a estos otros es, no obstante, excepcional. Los remedios que ofrecen están muchas veces comprendidos en los artículos que proveen remedios en los casos de compraventas o son de poco interés para muchos demandantes que invocan las normas de responsabilidad del fabricante.
El artículo 1054, por ejemplo, permite reclamar daños en todos los casos de negligencia contractual, pero limita la compensación a los daños previsibles, que para todos los efectos prácticos son aquellos enumerados en el artículo 1375 del Código Civil, el articulo que limita el monto de daños exigible por vicios en las compraventas. Si hubiere intención, dolo culpa lata, los artículos 1055 o 1060 imponen responsabilidad al demandado por todos los daños, independientemente de su previsibilidad. La recuperación total si se prueba una intención fraudulenta, sin embargo, también se contempla en los artículos 1365 y 1374 sobre compraventas.
El artículo 1077, que recoge la doctrina de “exceptio non adimpleti contractus”, permite la resolución y daños en todos los incumplimientos sustanciales de contratos bilaterales. En la mayoría de los casos sobre responsabilidad del fabricante, sin embargo, no hay contratos bilaterales que permitan invocar la doctrina. Cuando los hay, los artículos de la compraventa también proveen para resolución y daños.
Los artículos 1217 a 1222, por último, también permiten la rescisión cuando el consentimiento se prestó por fraude, violencia o intimidación del demandado o cuando hubiese un error sustancial por parte de cualquiera de las partes contratantes. Los artículos sobre la compraventa, sin embargo, también permiten la rescisión en los casos de defectos sustanciales. Estos defectos, que también deben ser probados si se invoca un error sustancial para resolver la obligación, son más fáciles de probar que el estado mental de las partes, que es siempre un factor esencial cuando los artículos sobre los vicios del consentimiento son invocados. En resumen, salvo en casos sumamente excepcionales, los remedios adicionales reconocidos por el Tribunal Supremo son de poco interés práctico para la mayoría de los demandantes.
B. Los Procedimientos Especiales
Hay, no obstante, dos mecanismos procesales de interés disponibles para los demandantes que sólo reclaman cantidades pequeñas. El primero es el que provee la ley habilitadora del Departamento de Asuntos del Consumidor. El Departamento, que tiene poderes cuasi judiciales, provee un procedimiento sencillo para la resolución de querellas de consumidores. Sin embargo, limitaciones presupuestarias y un cúmulo excesivo de casos han sobrecargado de trabajo al Departamento y llevado a la Legislatura a aprobar una ley en 1985 que provee el remedio de mandamus para las partes cuando el Departamento no emite su decisión en 120 días laborables desde la presentación de la demanda.
El segundo mecanismo procesal es el que aparece en la Ley sobre estados provisionales de derecho. Esta ley permite a los consumidores solicitar un remedio interdicta] en casos de alegadas violaciones de garantías expresas menores de $3,000. Los procedimientos son sencillos y las partes no tienen que comparecer asistidos de abogados. Los Tribunales Municipales o de Distrito pueden citar a las partes de inmediato y decidir luego de escuchar sus argumentos. Las órdenes del Tribunal pueden ser revisadas en un juicio “de novo”, pero hasta tanto se revoque la orden inicial, quienes incumplan con éstas están sujetas a ser condenadas por desacato.
C. La Reglamentación del D.A.C.O.
El Departamento de Asuntos del Consumidor, aunque autorizado para aprobarlos, no tiene reglamentos sobre la responsabilidad del fabricante. El principal reglamento de protección al consumidor (el Reglamento sobre Prácticas Comerciales Fraudulentas), sólo cubre ofertas, aceptaciones y prácticas de anuncios engañosos y no asuntos relativos a los vicios en los bienes.
D. La Legislación Sobre Rotulación
Hay tres leyes especiales que ofrecen protección contra prácticas deficientes de rotulación. Estas requieren que una rotulación especial se fije en los venenos comerciales, en comestibles, drogas y cosméticos y, en general, en todas las sustancias que el Secretario de Salud identifique como peligrosas. La más reciente de estas leyes describe las sustancias peligrosas en términos muy generales (tóxicos, corrosivos, irritantes, inflamables y explosivos, así como cualquier juguete que por reglamento se considere peligroso). Aunque estas leyes son invocadas en raras ocasiones, es interesante señalar que uno de los principales casos sobre responsabilidad del fabricante fue decidido al amparo de una de ellas.
E. La Legislación Federal
Las leyes federales sobre la responsabilidad del fabricante son aplicables en Puerto Rico. Estas tratan, mayormente, con normas de seguridad, anuncios, rotulación (siendo el Cigarette Labeling and Advertising Act la más conocida) y con la obligación de someter datos a ciertas agencias federales. Entre las leyes más importantes están el Consumer Product Safety Act, el Magnuson-Moss Warranty -Federal Trade Commission Improvement Act, el Food, Drug and Cosmetic Act, el Hazardous Substances Act, el National Traffic and Motor Vehicle Safety Standard Act, el Poison Prevention Packaging Act of 1970 y el Toxic Substance Control Act.
A pesar de múltiples esfuerzos, el gobierno federal no ha adoptado una ley uniforme aplicable a toda la nación y el texto de proyectos recientes sugiere que tal ley no será adoptada en un futuro cercano.
F. Las Normas Internacionales
En lo que respecta a tratados internacionales, el más pertinente es la Convención de las Naciones Unidas para la Venta Internacional de Mercaderías, que no es objeto de análisis en este artículo. Haremos, sin embargo, una breve mención de dos artículos de esta convención en la Parte IV.
II. El Papel de la Negligencia
A. La Prueba de Negligencia en Casos de Responsabilidad Extracontractual
El artículo 1802 del Código Civil requiere prueba de negligencia, relación causal y daños. Aunque no discutiremos las doctrinas sobre relación causal y daños, los casos sobre responsabilidad del fabricante tienen ciertas peculiaridades sobre la prueba de negligencia que ameritan comentario.
La primera es que el testimonio pericial costoso es muchas veces indispensable en el juicio. En el segundo caso en que se solicitó la resolución de una compraventa de animales enfermos, el tribunal desestimó la demanda y específicamente señaló que no se había ofrecido testimonio pericia1.
Como mencionamos anteriormente, algunas leyes federales y de Puerto Rico requieren que el fabricante, importador, distribuidor o detallista cumplan con ciertas normas (instalación de bolsas de aire, rotulación de precauciones necesarias en el uso, etc.). Aunque el mero incumplimiento no es suficiente para establecer negligencia, en términos prácticos el demandante que convenza a un juez de que el incumplimiento estaba directamente relacionado a los daños sufridos no tiene que preocuparse por establecer otro tipo de negligencia.
Cuando tal prueba no esté disponible, el demandante que reclame bajo el artículo torticero debe recurrir a otra, pues el articulo requiere establecer negligencia. Para poder prevalecer, puede invocar las presunciones que se encuentran en las Reglas de Evidencia, copia virtual de las reglas federales. Cuatro de éstas, las reglas 10(G), 16(5), 16(6) y 69(A) (la regla de la mejor evidencia), son en realidad reglas punitivas, pues castigan a la parte que suprime evidencia en las fases del descubrimiento o del juicio.
Una norma desarrollada por el Tribunal dispone que se presuma que los fabricantes conozcan los defectos de los bienes que son vendidos por ellos, pues debieron tomar las precauciones reconocidas por la industria para detectar dichos defectos. Debe señalarse, sin embargo, que esta regla no significa que todos los vendedores profesionales se presumen negligentes cuando se ofrece prueba de vicios ocultos, como es el caso en el Derecho francés, por ejemplo. El demandado puede presentar prueba de que, no empece la debida diligencia, desconocía del defecto. Puede además invocar el artículo 1373 del Código Civil, que dispone que si un comprador es un perito que “por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocer [los defectos]“, el vendedor está exento de responsabilidad. El conocimiento pericial, pues, puede beneficiar los intereses del vendedor y no del comprador.
Sin duda alguna, la presunción más útil para el demandante es la que surge de la doctrina jurisprudencia’ extracontractual de “res ipsa loquitur”. Desafortunadamente para esta parte, su aplicación depende de la discreción judicial. El Tribunal Supremo la ha usado para encontrar a demandados responsables por daños causados por comestibles insalubres y por un fuego que se inició en el panel de instrumentos de un automóvil y que destruyo el vehículo. El Tribunal nunca lo reconoció expresamente, pero estamos convencidos de que el riesgo de serios daños físicos o de costosos daños materiales tuvieron que ver con el resultado final. Después de todo, mientras mayor sea el riesgo potencial, mayor es la diligencia que se debe esperar de un deudor.
B. La Prueba de Negligencia en los Casos de Compraventa
Cuando se resuelve que son de aplicación los artículos sobre vicios ocultos, el demandante no tiene que probar negligencia para recobrar. El artículo 1373 del Código Civil dispone que todo cuanto tiene que probar es que los defectos ocultos que tuviere la- cosa vendida la hacen “impropia para el uso al que se le destina o, si disminuyen de tal modo este uso, que de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella”. El artículo 1375 le da entonces la opción entre desistir del contrato o una rebaja en el precio. La resolución requiere la devolución de las cosas vendidas y por lo tanto no está disponible cuando se ha consumido el bien, como obviamente es el caso de los comestibles. La devolución de cosas que han depreciado no significa que el vendedor pueda retener parte del precio pagado y la inflación no significa que deba devolver el valor actual del dinero ofrecido. De cierta forma, el estar obligados a recibir bienes y dinero depreciados es el precio que cada parte debe asumir por haber vendido bienes defectuosos y por haberlos usado por un tiempo.
Las normas anteriores no significan que el demandante, en una acción en que se invoque la responsabilidad del fabricante, está impedido de probar un fraude del demandado. El segundo párrafo del artículo 1375 dispone: “Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión.”
C. La Negligencia y la Prescripción
Los casos considerados bajo el artículo de responsabilidad extracontractual, que requiere prueba de negligencia, prescriben pasado un arlo al momento en que el demandante pudo reclamar daños de las partes responsables, conforme a los artículos 1868 y 1869 del Código Civil. En la práctica esto significa que si los daños o las partes responsables son desconocidos, el término prescriptivo no comienza a correr. En los casos de responsabilidad del fabricante, los mecanismos de descubrimiento de prueba permiten que se solucione fácilmente cualquier problema de identidad de los demandados. El problema principal es establecer cuándo fue que el demandante tuvo conocimiento efectivo de los daños reclamados.
Se interrumpe el término prescriptivo cuando el demandante presenta una demanda o notifica al demandado que debe compensarla por los daños sufridos, o cada vez que el demandado reconozca la causa de acción del demandante, aun cuando el término prescriptivo haya expirado, según el artículo 1873.
Cuando se invocan los artículos sobre compraventa, el término prescriptivo es de seis meses desde la fecha de entrega, según el artículo 1379. Este periodo de tiempo puede ser interrumpido todas y cada una de las veces que las partes intente corregir los vicios ocultos que dan lugar a la causa de acción. Si se establece el fraude, sin embargo, el demandado pierde el beneficio del término corto del articulo 1379 y está sujeto a daños bajo la responsabilidad contractual ordinaria de los artículos 1054 y 1060 del Código Civil, que permiten que el demandante presente demanda en cualquier momento en un periodo de 15 años, conforme al artículo 1864. El fraude también impide que el demandado invoque cláusulas contractuales que limiten el tiempo en que una demanda puede ser presentada, según el artículo 1055.
La Regla 6.3 de Procedimiento Civil dispone que el demandado renuncie a la defensa de prescripción si no la alega oportunamente. En la práctica, los demandados casi siempre alegan la defensa en su contestación a la demanda, aunque no aplique.
La ley de Puerto Rico no tiene una norma comparable a la que se encuentra en el artículo 11 de la directriz número 85-374 de la Comunidad Económica Europea (mercado común) sobre la responsabilidad del fabricante. Este artículo provee protección al fabricante si los daños ocurrieron pasados los 10 años luego de que los bienes fueron puestos en el mercado.
D. Daños Punitivos
Bajo la ley de Puerto Rico, los daños punitivos no proceden, excepto si han sido expresamente autorizados por una ley especial. La negligencia o el fraude, sin embargo, desempeñan un papel en la determinación de la cantidad de daños que se conceden.
El artículo 1056 del Código Civil permite al Tribunal tomar en consideración el grado de negligencia al reducir la compensación en casos de responsabilidad contractual. Pero más importante aún que esta discreción son las normas expuestas en los artículos 1060 y 1802. El primero permite a los demandantes en acciones contractuales en que se establezca fraude o dolo recobrar todos los daños sufridos, sean o no previsibles al momento en que se acordó el contrato.
El segundo, el articulo principal de responsabilidad extracontractual, también permite recobrar la totalidad de los daños, lo que implica que procede una valoración por el Tribunal de los daños físicos y morales. Ya que es legitimo decir que si se establece que el demandado obró con culpa lata o que conscientemente trató de engañar al demandante la humillación de este último aumenta, los tribunales podrían conceder compensaciones mayores por daños cuando el fraude esté presente o cuando el grado de negligencia sea mayor. Las compensaciones por daños, sin embargo, nunca están en la vecindad de los más espectaculares casos norteamericanos en que se han impuesto daños punitivos.
La Regla 44.1 de Procedimiento Civil también permite a los tribunales conceder a la parte victoriosa una suma por honorarios de abogados cuando la parte perdidosa haya procedido con temeridad o haya forzado a la otra a presentar demanda para reclamar lo que obviamente procedía. La suma concedida por temeridad depende de la discreción del Tribunal. Si no se establece la temeridad, conforme a lo que se conoce como la norma estadounidense de litigación, cada parte deberá pagar sus honorarios de abogados, excepto por gastos especiales (gastos de presentación, emplazamiento, deposiciones y peritaje, en general) que en principio se le conceden a la parte victoriosa.
III. Partes en las Demandas y Normas Sobre Solidaridad
Las normas puertorriqueñas sobre solidaridad y partes demandadas son sencillas. El Tribunal Supremo consecuentemente ha decidido que todos aquellos que tomen parte en la fabricación, importación, distribución y venta (la cadena de distribución) de los productos defectuosos le son solidariamente responsables al demandante.
El hecho de que el Tribunal Supremo ha descartado la defensa sobre el requisito de vínculo contractual también significa que cualquiera que reclame daños puede demandar a cualquiera en la cadena de distribución. El artículo 1098 permite que los demandados que pagaron en exceso del porcentaje de responsabilidad que el tribunal les adjudicó presenten demandas contra co-parte o demandas contra terceros para recobrar aquello que, en la relación interna entre deudores, les corresponda pagar a éstos.
IV. Defensas
Las partes demandadas tienen a su disposición todas las defensas disponibles a cualquier parte en una acción ordinaria de daños, incluyendo falta de causalidad, ausencia de daños, la no mitigación de daños, causas interventoras y negligencia comparada. Por ser defensas generales, éstas no serán discutidas en este escrito. Sin embargo, una defensa, la de estado del conocimiento sobre la materia, amerita algunos comentarios.
Un caso reciente mencionado antes, ha resuelto que el fabricante es responsable solamente si no logró demostrar la diligencia que el estado del conocimiento sobre la materia le permita alcanzar al momento de la fabricación. En el caso, un dueño de un restaurante convenció al tribunal de que la demanda debía desestimarse porque los desarrollos científicos no permitían el descubrimiento de una enfermedad (cigüatera) del pescado que ordeno el demandante. Aunque los argumentos están esbozados en una opinión concurrente que no sienta precedente, el caso es interesante porque aplica la doctrina de la responsabilidad del fabricante a un comestible que, de no haberse sometido a una preparación previa, posiblemente no estaría sujeto a estas normas.
No hay casos que hayan determinado que existe responsabilidad por no haber retirado del mercado o advertido a los usuarios de que un bien particular ha sido juzgado potencialmente peligroso en una fecha posterior a la de haberse mercadeado. Hay suficiente jurisprudencia de otras jurisdicciones, sin embargo, para que podamos aseverar, sin temor a equivocarnos, que en el caso apropiado se determinaría responsabilidad por no hacer estas advertencias o por insistir en la venta de lo que ya se sabe puede ser dañino.
V. Derecho Internacional Privado
Las principales normas puertorriqueñas sobre Derecho Internacional Privado se encuentran en el artículo 10 del Código Civil y en la Regla 4.7 de Procedimiento Civil. El articulo 10 dispone que los “bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario”. Ya que se ha resuelto que las acciones de daños son propiedad mueble, si el demandante es puertorriqueño y el demandado no, éstas estaría sujetas a la ley de Puerto Rico. La Regla 4.7 (1) y (2) de Procedimiento Civil dispone que si los daños ocurren en Puerto Rico o si el demandado estaba haciendo negocios en la isla, sea directamente o a través de un representante, los tribunales puertorriqueños tienen jurisdicción sobre el demandado.
La Convención de las Naciones Unidas para la Venta Internacional de Bienes tiene dos artículos de interés en el estudio de las normas sobre la responsabilidad del fabricante. Estos son los artículos 2(a) y 5, que específicamente excluyen de su aplicación contratos consumeriles y normas de responsabilidad del vendedor por la muerte o por los daños personales causados por los bienes objeto de una compraventa. Como resultado, el Derecho Internacional Privado de Puerto Rico aplica en casos de daños personales, de muerte y de consumidores, que son el grueso de los litigios en los que se invocan normas sobre la responsabilidad del fabricante.
VI. Comentarios Finales
No obstante el hecho de que en Puerto Rico hay pocos estatutos y reglamentos especiales sobre la responsabilidad del fabricante y que muchos de los casos decididos fueron resueltos bajo un Código Civil del siglo diecinueve, las decisiones emitidas durante los últimos 20 años han creado un estado de derecho similar al que está en vigor en la mayoría de las jurisdicciones occidentales modernas. Es innegable que hay lagunas e inconsistencias, en y fuera de las fronteras del ámbito de la responsabilidad del fabricante. Las diferencias sobre la prescripción son difíciles de explicar; la prueba de negligencia es difícil de obtener, lo que a menudo implica que las partes perjudicadas queden sin compensación; con respecto a los vendedores profesionales no siempre se presume que conocen los vicios ocultos pero si en cuanto a los compradores profesionales; no hay límite de tiempo a la responsabilidad del fabricante luego de que éste introduce sus bienes en el mercado y hay pocos limites a su responsabilidad monetaria si los casos se deciden conforme a las normas de responsabilidad extracontractual.
No hay duda de que sería conveniente que muchos de estos cabos sueltos fuesen debidamente atados. Personalmente, favoreceríamos un estatuto que codificara muchas de las normas que están ahora en vigor; que fijara un límite al tiempo en que un fabricante es potencialmente responsable; que proveyera para responsabilidad sin culpa con compensaciones de daños monetarios limitados, si no hay prueba de fraude o dolo; que permitiera daños ilimitados si éstos fueran establecidos; y que fijara limites prescriptivos uniformes al ejercicio de causas de acción no sólo en casos de responsabilidad del fabricante, sino en la mayoría o en casi todas las demandas por causas de acciones personales.
———————————————————————————————————————————–
MATRIMONIAL REGIMES:
OPTIONS FOR THE TWENTY FIRST CENTURY
Efrain González Tejera
I. Introduction
I have been asked to speak about marriage covenants or equal partnership protection. In the time allotted, I will try to convey my thoughts about an adequate economic regime for the marriage institution in our countries, which are on the threshold of the twenty first century.
At the outset, we must bear in mind that in western culture marriage has traditionally been viewed, not as an economic partnership but rather as a lifetime commitment of a woman to a man, of a female homemaker to a male provider, a master of the financial aspects of the union. Marriage, as a bond of man and wife, having equal rights under the law, is only a social aspiration of rather recent origin.
The premise that marriage is much more than a lifelong personal commitment, a partnership among coequals, is slowly taking hold in important sectors of society. Because ’til death do us part’ no longer applies, the economic aspects are more important than ever today. However, in our opinion, the financial side of the institution should not be overemphasized, for husband and wife do not join their lives for the primary purpose of accumulating wealth. There are other more appropriate social institutions serving that purpose.
This modern view of marriage as a joint venture among co-equals is not yet a complete legal reality in many of our countries. There are strong pockets of resistance, because ours are inherently unequal and discriminating societies. Control over wealth has traditionally been the domain of men. Property has for millennia been owned, controlled, and disposed of by men. Women have been perceived, even among themselves, as dependent and in need of protection, incapable of deciding patrimonial matters. As has been stated in a recent publication, women generally have a collective social history of disempowerment and subordination, which explains to a great extent the prevailing state of inequality they are subjected to in our jurisdictions.
Current constitutional mandates in our countries requiring equality among the sexes must be turned into an operational reality. It has been stated that equality, to be effective, must operate in a threefold sphere.
In the personal sphere, equality implies perceiving a fully equal person in your partner. The old notion that it is the husband’s primary obligation to protect his wife, and her duty to obey him, must somehow yield to a relationship of coequals bent on the common task of raising a family. Protection and obedience must yield to mutual respect and collaboration. In the economic area, equality implies that your spouse is an equal partner both in profits and in risks, that enjoyment of family wealth is shared not only at the end of the marriage but on a daily basis. It is in this area where, in our view, legal action can achieve some success. You cannot legislate love, not even a smile. But you can legislate equality as concerns the enjoyment and distribution of accumulated family wealth.
However, equality among spouses, to be fully effective, must also affect the other members of the family unit. This means that both spouses are expected to protect the best interests of members of this unit, particularly minors and incompetent children.
Fortunately, we can perceive that the desire for equality is increasing in all sectors, especially among women. This includes expectations not only for equal participation in the distribution of the accumulated wealth, but equal rights in the administration and disposition of that wealth. That is to say, equality now and not only at the culmination of the marriage. Equality means mutual respect and fidelity, each one intimating equal duties toward the family it also means that the selection of the family home is decided by mutual consent.
Those sectors disillusioned with current shortcomings in the legal system should, however, be advised that legal norms are seldom effective to insure marriage cohesion. In a harmonious union, the decision-making process is usually beyond the mandate of the laws. As a matter of fact, laws are highly ineffective in strengthening married life and at times, they may even be an obstacle. Thus, it appears that the solutions too much of our marriage problems, must be found outside the law. Strengthening the basic social institutions such as family, school, and church appears to be the only viable alternative to future family crisis. Experience indicates that the weakening of the family is a lengthy process. It is that weakening which lies at the base of many current social problems besetting our countries, including drugs, crime, teenage pregnancy, abortion, school dropout, and a high suicide rate. One way family unity may be strengthened is through a just economic matrimonial regime. Since divorce and death are two of the main events to transfer wealth in society, and since we all aspire to a more rational and equitable distribution of accumulated wealth, it should be a legislative priority to provide our jurisdictions with an adequate family economic regime. We are not intent on developing a new one. There are various alternatives available whose effectiveness has been proven for generations.
II. Choosing a Regime
Choosing a matrimonial regime depends on the particular circumstances of each society, its social and economic conditions, the existing level of equality among the sexes and its particular view of marriage and the family.
It should be a regime that would not impede, but rather facilitate dealing with the economic and personal hardships found in the ever-increasing instances of family crisis within our societies. It must address the special needs of the weaker members of the family unit, as well as the so-called residual family.
The chosen regime, as will be explained, must provide for change, thus facilitating much needed adjustments when a marriage crisis affects the family unit. The immutable approach prevailing in jurisdictions like Puerto Rico constitutes a rigid constraint too many married couples.
A suppletory legal regime must suit the majority. Although unpolled, it appears that in most of the civil law jurisdictions the community property system seems to be favored. That is the particular case in Puerto Rico, where there is no evident tradition of entering into marriage covenants, which generally serve to further the interests of blood relatives rather than those of the spouses. Covenants are usually designed to perpetuate differences and similarities, which according to their proponents are important to the economic or personal well-being of one or the other. Actually, young, poor, and first marriage couples do not have much need for marriage covenants.
Various options should be available to couples. Plurality of matrimonial regimes is a desirable approach in dealing with our complex societies. We no longer have the uniformity of personal behavior and of family models that characterized the era of codification. Freedom to select a patrimonial regime, although with certain restrictions, is more in tune with current Western social pluralism.
Nevertheless, an adequate regime should not only encompass the so-called “normal” marriage, but also a marriage in crisis. It should provide temporary solutions for that critical stage many couples reach which is between judicial intervention in the crisis, and the final dissolution of the marriage bond. It should provide a set of rules that can bridge those two points in time. This does not suggests that a society be expected to legislate on small, fleeting marriage problems, which no marriage survives without. We refer to crises, that is to say, marriage pathology. For them the regime should contain pendente lite measures intended to protect the family members. Rules are required that will lead to an economical and rapid resolution of the crisis, which might be the result of a crisis of confidence among the spouses.
III. Economic Regimes: Options
A general examination of the prevailing matrimonial regimes in Western societies would indicate that they run the gamut between two extremes: at one end, the universal community and at the other end, separate property.
A. Universal Community
Under the universal community model, all property owned by each spouse, no matter when, or by whatever title acquired, is transferred to a common fund, and upon divorce or death, it is equally divided among them or their children. In countries like Puerto Rico and Spain, where community property constitutes the subsidiary legal regime, universal community is the real regime for most spouses because the average couple marries with no financial resources. However, in cases where at least one individual has accumulated some wealth, we may reasonably expect resistance to universal community, particularly if one considers the alarming rate of divorce that prevails in our countries. If marriage were to conform to the social aspiration of a lifetime union, we suppose there would be less resistance to universal community, considering its affinity with the marriage institution. It has been repeatedly said that it is both proper and convenient to the spiritual unity of spouses to correspond to patrimonial unity.
In countries where the “legitima” is a serious impediment to mortis causa disposition, universal community is becoming an adequate testamentary alternative. Universal community is a worthwhile alternative for couples who survive the difficult initial years or those who marry later in life, whose separate property regime had to be modified, as well as for those whose main worry is the well-being of their marriage partners after their own deaths.
B. Community Property
In our opinion, the community property regime, or “sociedad legal de gananciales”, is the system best suited to the marriage relationship; it is conceived as a joint undertaking of personal and economic relations, and of risks and economic benefits. Community property is the most common patrimonial marriage regime in the world today. It affords the utmost protection to women, especially to those who chose marriage as a career -to the homemaker, the mother, the child-rearer and custodian
When it originated one of the main deficiencies of the community property regime was that it discriminated against married women, because the administration and disposition of the common mass, and even the wealth of the wife, was entrusted to the husband. Co-administration of common property is a rather recent development in some of our countries. In Puerto Rico, it became a legal reality in 1976. In Spain, it was achieved in 1981, in Germany in 1957, and in France in 1965.
Another advantage of the community property regime lies in the fact that it encourages cooperation of both spouses in the production of wealth. However, the traditional view has been that only contributions in material wealth are relevant. Recent developments, fortunately, are accepting the wife’s homemaker services as no less important. It can persuasively be argued that the services of the homemaker make possible the financial contributions of the other spouse.
Contrary to other regimes, under community property, the eventual participation of each spouse is attributed in kind and not in value, thus insuring something more than equitability, full equality. We are aware, however, that in some cases distribution in-kind may not be convenient, such as the case when the controversy involves the distribution of agricultural, industrial or commercial operations. Breakdown of assets in those cases has its economic and social costs. Some adjustments are in order for cases of that type.
Notwithstanding the foregoing advantages, we must address some of the shortcomings. First, we must be aware that in establishing the private-community property dichotomy in our Civil Codes, nineteenth century ideas on the relevant forms of wealth still prevail. They are replete with references to real estate, livestock, and to a lesser extent, to movables. The latter were not as incredibly diverse as in modem times. Our Codes still reflect the ideas of a rural society in the manner they deal with the limited forms of wealth of a century ago.
Within that traditional setting, the rule of equality in the distribution of the accumulated wealth was conditioned on the refunding to each spouse all the private property he or she contributed. Reimbursement presents today, even more so than at the turn of the century, a serious problem. To begin with, current law does not require an inventory of private property, much less, of its valuation. This has the inherent difficulty of determining what exactly it is it that must be reimbursed. In referring to movables, especially cash, it must be traced along the years of ma-rried life, which is almost impossible. With inmovables, the rural farm may become rural lots, the small restaurant, a fast food chain, etc. But the decreasing value of property is more complex. Our codes do not provide for reimbursement of real but of nominal value, regardless of inflation and the devaluation of cash. Reimbursing nominal value inevitably leads to unequal treatment in the distribution of marriage wealth.
But equality is much more threatened by the fact that, consciously or not, relevant forms of wealth in the family today are excluded from the traditional definition of community property. New forms of wealth, perhaps the most relevant in explaining current socio-economic differences, are not included in the Codes. Judges, under the influence of the old definitions, have mainly kept them out of the reach of the community, to the detriment of one of the spouses, usually the wife. For instance, professional licenses and degrees; life insurance proceeds; pensions, vested or not; stock options and profit sharing plans, are generally excluded; notwithstanding the presumption that property belongs to the community, if produced by the family while the marriage nexus is in effect.
But even within the traditional ideas of what marital property is and what it is not, a new approach, in our view, is needed. In many of our community property jurisdictions the inception of title theory prevails The date a particular item of wealth is acquired is determinant in whether title is vested in one spouse or in the community; depending on whether the contract toward its acquisition was executed before or after the marriage ceremony, even though the spouse who acquired it did not pay full price. Under this type of solution, unjust results are inevitable.
The date when a legal obligation to pay is created should not be determinant of the rights of the parties. Acquisition by installments is an on-going process because title is not necessarily acquired on the date a legal obligation to pay is assumed. In this respect, not only the acquisition of title, but also the source of funds for the acquisition of property should be determinant, and non-monetary contributions should also be considered. It can be argued persuasively that in those situations there was a tacit agreement that the property was being acquired by the community, rather than by one of the spouses, so that the community obtained an equitable lien or a right to reimbursement. This approach in our view is much more consistent with the nature of marriage as a joint undertaking in risks, as well as in benefits.
Entrenched ideas about what constitutes private property has led to an unjust distribution of the increases in value of family wealth, especially when the increase is attributed to the inherent nature of the property. The traditional solution deprives the homemaker spouse of a fair share in the increase, since property has traditionally been owned and controlled by men. From our standpoint, he or she who contributes homemaker services should have a fair share in the increase in value of their partner’s property, whether it is due to its inherent nature or not. Equal partnership protection requires no less.
There are, however, elements of wealth that, in our opinion, by their very nature, must be considered private property, regardless what patrimonial regime prevails; such as property inherent to the person, not subject to intervivos or mortis causa transfers, e.g. alimony, life interests in property, copyright, etc. The same should apply to objects of personal use, from the most basic to the most bizarre, which no matter how, and by whom, they were brought to the marriage, should be permanently assigned to the person who uses them. Personal clothing, furniture, and household goods or utensils of the habitual dwelling of the family, and even the motor vehicle used for family travel, should be assigned to the surviving spouse or the head of the residual family unit. The same holds true for the tools needed to engage in a business or profession, because although a person may fail as a spouse, they need not fail in their professional or financial pursuits.
C. Separate the Property Regime
Although available in many of our Civil law communities as a conventional alternative, it has hardly been used. On the threshold of a loving relationship, couples are not inclined to negotiate what they consider to be trivial economic matters, except when blood relatives take the initiative. In English- speaking countries, on the other hand, separate property has been the rule. In its most basic form, separate property is generally detrimental to one of the parties: he or she, who enters the relationship without initial wealth, or income-producing potential, is at the end, condemned to poverty. For the wealthy or professional woman, separate property offers the advantages of independence and self-esteem. She is specifically free from her husband’s debts, and in particular, from any alimentary obligations to her husband’s children. Separate property may be an adequate alternative for elderly couples, divorcees, widows and widowers, and for spouses with substantial wealth, or with children from prior relationships; and above all, for those rare cases in which one of the partners engages in financially risky activities.
Separate property has the added advantage that there is no confusion in each spouse’s patrimony. This insures certainty in economic transactions with third parties, for each one is sole owner not only of what he or she brought to the marriage, but also, of what he or she acquired by whatever title, during it. In sum, it may be said that if both spouses are substantially equal financially the separate property regime is an adequate alternative. We cannot ignore the fact that at least in theory, it is a regime that conforms to present social goals of liberty and equality among spouses.
However, for it to operate properly, equal bargaining power is a prerequisite and unfortunately men and women, as the case of employers and employees, are rarely equal at the bargaining table.
D. Other Regimes
Many jurisdictions, aware of the criticisms against their traditional matrimonial regimes: community or separate property, have developed intermediate alternatives, such as profit sharing, community of acquests, and community of movables and acquests, under which each spouse is sole owner and administrator of their own wealth, whether brought into the marriage or acquired thereafter. It is at the conclusion that each one is entitled to share in the profits acquired by the other. Through them, you retain the main advantage of community property, e.g., sharing in wealth accumulation, and that of the separate property regime, e.g., the right to administer, disposes of, and enjoys property without interference from the other. In other words, these sup-plementary regimes, while in operation, function as separate property. It is at the conclusion that the community property principles become operative.
IV. Compulsory Rules
For those who are willing and able to devise a set of rules and regulations suitable to their own needs, it is the duty of the State to inform them about what boundaries they should not overstep. Two sets of norms must be provided in whatever regime is chosen by a given couple: those that apply generally, and those whose purpose it is to define the limits of contractual freedom.
With respect to the first type, we believe, the following limitations should always apply:
A. Mutual Information
Spouses must be required to inform each other regularly about to their patrimonial matters. That is to say, about his or her current financial condition and management of the family or personal wealth. Many of the difficulties confronted by courts and litigants in dissolution proceedings have their roots in the lack of information of one of the parties, (ordinarily the wife) about the financial condition of the marriage.
B. Family Residence
The home is ordinarily one of the most, if not the most, valuable component of wealth in many families today. It is the place where the rights and duties of the marriage relationship are exercised. The most important functions of human life are carried out in the family residence, including the socialization and education of its members. Regardless of traditional ideas of title, the relevant legal nexus in the home in an active marriage is co-possession. Both spouses should exercise possession for the benefit of the family unit. This being the case, when crisis develops, transfer of possession must be governed by concepts of family protection. The residual family, usually the custodial parent and their minor or mentally unfit children, must have preference, either on a permanent or on a temporary basis.
The traditional emphasis in some of our regimes in equal division of wealth for events such as separation, divorce, nullity or death, ignores the fact that the basic ideas about justice are not fulfilled because equal division is not always equitable. What is needed is not quantitative but qualitative equality. This infers that upon divorce or death the family residence should be assigned on the basis of family needs. It may be owned by him or her, or even leased to third parties, but while the residual family unit needs it, title prerogatives must be suspended.
The right to sell, lien, mortgage or lease, or even destroy it, must be limited. The written consent of one’s spouse is needed for those acts, even when it was brought to the marriage by only one of them. Fortunately, in some of our Western jurisdictions there has been legislation to that effect.
There are valid alternatives to insure that divorce or death do not deprive the surviving head of the family of this most necessity of life. UMDA-type legislation is one of these alternatives. However, the postponement of wealth distribution after death or divorce may also be effective. Still another alternative may be a right to preferential attribution to the widow or widower. A general grant of discretionary judicial power towards the protection of the surviving or custodial spouse might also be sufficient.
C. Homemaker Services
In our countries, women who choose marriage as a career and give up their professional growth are generally not treated fairly in property distribution and alimony adjudication. This is particularly true in common, law jurisdictions although our community property regimes still raise serious policy issues. In most V.S. jurisdictions equitable distribution developed as an instrument for the protection of women who made possible the material and spiritual development of the members of the family unit, usually postponing indefinitely their own economic and personal development.
Although there is no consensus about how to measure the value of homemaker services, there are those who would apply traditional economics: either replacement or opportunity cost theory. But marriage involves much more than economic factors. The personal aspects of it cannot be measured. Money cannot be the only relevant component of value when the task at hand is to distribute wealth accumulated through that very special partnership. Regardless of marketplace economics, our countries must seek both equality and equitability in property distribution upon death or divorce.
In community property jurisdictions, homemaker services are accorded the same value as capital contribution. The trend in common law jurisdiction during the last decades has been to recognize the economic value of homemaker’s services, partially approaching the civil law solution. However, full equalization with capital contribution is still resisted in some quarters, as in the judge to whom a clear one third of marital property was a liberal allowance to the wife. Even though there are some to whom homemaker services command equal valuation with capital contributions, it is fair to assume that both in civil and in common law jurisdictions women receive less wealth than their husbands in the event of divorce.
D. Mutability of the Chosen Regime
The official grounds for the immutability rule were the protection of creditors, potential heirs, and the State treasury against the possibility of fraud. But the real reason for the rule is to maintain the power exercised by blood relatives who are interested in retaining control over the transfer of wealth through the bloodline.
The mutability rule adopted in Spain, France and other Civil law countries, should be followed elsewhere. It allows much needed adjustments to new situations, such as de facto separation, and changes in professional, commercial and empresarial activities of the spouses. It may also be said that mutability can function as an escape valve for family crisis.
If we are to promote freedom, marriage should not be an obstacle to it. Married people should be allowed to manage their own persons and their property with adequate flexibility. The rule against immutability of the marriage regime is a serious constraint to its application. The danger of potential fraud against creditors and potential heirs has been exaggerated. Judges, we hope, have the necessary tools at their disposal to deal with this.
The rule in Puerto Rico and in Spain until 1981, which forbids contracts between spouses, has the same foundation as the rule against mutability. For decades, couples under marriage covenants could validly contract among themselves. However, the arguments for potential fraud are equally applicable with or without a covenant. But mutability, in order to assuage the fears of fraud, should be coupled with some form of reliable publicity.
E. Limits to Contractual Theory
As a general rule, clauses binding the spouses in personal, not patrimonial matters should be declared null and void. For example, the rather extensive regulation of the law of domestic relations dealing with custody, maintenance, emancipation, parental authority, guardianship and the like, should be declared beyond the reach of freedom to contract. Covenants, as a general rule, should be limited to the patrimonial aspects of the marriage.
Within that area, spouses should be free to reach agreements between each other and with third parties, whether the transfers of wealth involved are gratuitous or onerous.
Clauses setting limits to the exercise of the right to privacy, and the respect for the dignity the members of the family unit, should also be prohibited, as well as those against the constitutional mandate of equality among the sexes. Those social achievements cannot be subjected to modification, much less to elimination by private agreement.
As a general rule, agreements by which one of the spouses has overtaken the other and gained undue advantage should also be forbidden.
V. Non-Marital Partners
Since the increase of non-marital partners is a fact of life in our societies, a patrimonial regime for the family would be in- complete if no provisions are made for them. In addressing this form of family unit, we must decide on the major policy consideration of whether the full range of marriage rights and privileges should be extended to them, or whether some or all should be denied.
In the Civil Codes with which we are familiar there are no provisions regulating non-marital unions. The 19th century Spanish legislator simply decided to ignore them. It was sub silentio left to the courts of justice the job of designing its legal scheme.
Initially, judges, both in Civil and Common law jurisdictions, held that homemaker and other socially acceptable services among concubines were gifts of one to the other, usually of the female to the male. Eventually, presumed donatives intent was replaced by a reasonable expectation of recovery. Notions of fairness, equality and of unjust enrichment led courts to borrow from the marriage dissolution provisions thus partially assimilating concubinage to marriage.
Most sectors still argue that non-marital unions should not receive all the blessings the legal systems reserve for ceremonial marriages. Where there seems to be, no consensus is as to what specific, consequences of marriage should be extended to concubinage, except with regard to a fair share of the accumulated wealth. But a more controversial issue is presented with gay, lesbian and communal unions. In our view, gay and lesbian couples who, independently of their sexual behavior, accumulate wealth by joining efforts and cash are entitled to equitable distribution. However, the regulation does have to be included in our civil codes.
IV. Closing Statement
Let me conclude my remarks by stating that although we cannot legislate stability marriage, we certainly can and should legislate participatory democracy and distributive justice, not only upon dissolution, but also for an existing union. Of all the patrimonial regimes examined, community property, with recommended adjustments, will go a long way to insure that marriage is truly an equal partnership undertaking. It seems to me that like in no other alternative in community property, spiritual unity corresponds to economic unity. Let us hope that by strengthening equality, liberty, and dignity between spouses, we can somehow moderate the incidence of serious marriage crises in our countries today.
———————————————————————————————————————————–
LA PRUEBA DE REFERENCIA (“HEARSAY”)
EN EL DERECHO ESPAÑOL-ACERCAMIENTO COMPARATIVO
Ramón Antonio Guzmán
Introducción
Es indudable, cada día con mayor certeza, la verificación de una mayor afinidad o un acercamiento más estrecho entre las grandes tradiciones o familias jurídicas. Uno de los que más ha insistido en esta idea es John Henry Merryman, quien posiblemente sea, en los Estados Unidos de América, la figura contemporánea más importante en el estudio comparado del derecho. Muy bien resumida aparece, la misma postura, en un trabajo reciente del Profesor Echeverría: «”[...] la corriente jurídica llamada ‘civilista’, que predomina en el ambiente europeo y en América Latina, y la corriente jurídica llamada del Common law que rige en Gran Bretaña, en los Estados Unidos de Norteamérica y en los antiguos dominios británicos, tienden en muchos aspectos, desde hace un siglo a converger.»”
La convergencia no sólo se verifica en el derecho substantivo. Puede también observarse en el ámbito procesal y, más específicamente, en el terreno del derecho probatorio. De ahí que Al-calá-Zamora, siguiendo a Cappelleti, haya dicho que “median analogías evidentes entre el enjuiciamiento romano clásico y el del Common law [...], así como entre el bizantino y el de equity por otro”.
Propongo, en este trabajo, un acercamiento a la figura de la prueba de referencia (“hearsay”) en el derecho español. Adelanto, desde ahora, que se hallará un ejemplo más de la convergencia apuntada.
A. La Definición de Prueba de Referencia
La regla general de exclusión de prueba de referencia es, históricamente, un fenómeno de origen inglés que no tiene contraparte en el derecho continental europeo. Todavía hoy, muy pocas leyes procesales en ese derecho hacen alusión a la prueba de referencia. Resulta curioso, sin embargo, el movimiento inverso que se verificó en la historia del derecho continental frente a la historia del derecho inglés: aunque no fue hasta fines del siglo XVIII que la regla general de exclusión de prueba de referencia tuvo gran acogida en el derecho inglés, precisamente en ese momento fue que los países de la Europa continental dejaron a un lado la tradición de no admitir testimonios extraños al conocimiento personal. Hasta entonces, el continente europeo seguía apegado la tradición forjada por el derecho canónico.
La Sección 2 del Canon 1791 del Código de Derecho Canónico de 1917 recoge lo que, hasta aquel momento, fue la norma del derecho probatorio continental en materia de prueba de referencia: «”Existe prueba suficiente cuando dos o tres personas, inmunes de toda tacha, bajo juramento, firmemente coherentes entre sí, testifican en juicio por ciencia propia sobre algún hecho; a no ser que en alguna causa la suma gravedad del asunto o la existencia de indicios que puedan engendrar alguna duda sobre la verdad de la cosa atestiguada persuadan al juez la necesidad de una prueba más fuerte.”»
El contenido de este canon implica que la prueba de referencia es dable sólo en el ámbito de la prueba testifical. Así ocurre también en las leyes procesales españolas. El canon permite apreciar, además, el valor exiguo conferido a la prueba testifical. Ídem en España.
A pesar de que España es uno de los pocos países cuyo ordenamiento contiene alusiones directas a la prueba de referencia, en ninguna de sus leyes aparece definido en qué consiste aquélla. Ocurre allí lo mismo que ocurrió en Puerto Rico hasta la aprobación de las Reglas de Evidencia de 1979. De ahí que, para analizar lo que allí constituye prueba de referencia, arranco de la definición que aparece en nuestras reglas:
(A) Declaración — es (1) una aseveración oral o escrita; (2) conducta no-verbalizada de la persona, si su intención es que se tome como una aseveración.
(B) Declarante — es la persona que hace una declaración. (C) Prueba de referencia — es una declaración aparte de la que hace el declarante al testificar en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado”.
De esta definición se infiere, como se verá más adelante, que son varios los medios probatorios que constituyen prueba de referencia en el ordenamiento español. Conjuntamente se estudiará el problema de la admisibilidad de tales mecanismos de prueba.
1. La prueba testifical
En el derecho probatorio español sólo se concibe, como prueba de referencia, el testimonio de terceros que no son parte en pleito. Será en el análisis de este tipo de prueba que los tratadistas españoles se plantean el carácter de referencia de la prueba ofrecida al juzgador. Cito, in extenso, la siguiente afirmación de Silva Melero:
Aunque el testimonio […] viene a significar etimológicamente presencia, con lo que implícitamente parecería debían rechazarse los testigos no presenciales o de referencia, la verdad es que no todos los ordenamientos jurídicos regulan esta cuestión de un modo unánime.
Mientras en el derecho francés y en el nuestro este testigo se admite sin limitación, en el Derecho alemán sólo es admisible si el testigo de quien procede la información no puede ser localizado, aunque haya que consignar que en la doctrina alemana hay quien piensa que no son admisibles y quien sostiene que sólo podrán serlo con carácter muy excepcional.
El derecho anglo-norteamericano excluye el testimonio de referencia con alguna excepción, como la de tratarse de un moribundo víctima de un homicidio, en razón de creer que el testimonio de un hombre próximo a morir es una garantía de verdad, así como también en algún otro supuesto de imposibilidad física, pero siempre a título excepcional”.
Estas afirmaciones, aunque limitadas en algunos aspectos, son de gran valor en otros. Primeramente, el autor considera el rechazo del testimonio de referencia en al apartado de su obra dedicado a la capacidad de los testigos. En nuestro derecho, aunque continúa existiendo este requisito de capacidad, su importancia no es tan esencial como el requisito de confrontación. El fundamento de mayor peso para excluir aquí el testimonio de referencia está ubicado, pues, en el terreno constitucional. Los acusados de haber cometido un delito tienen reconocido un derecho constitucional a carearse con los testigos. Por otro lado, las cláusulas del “debido proceso”, contenidas en las Constituciones de los Estados Unidos de América y del Estado Libre Asociado exigen —en los casos civiles— los requisitos de (i) presencia física y (ii) derecho a contrainterrogar al testigo contrario.
La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha destacado la importancia del segundo requisito frente al primero. El Tribunal, en Pueblo c. Ruiz Lebrón, expresó:
“La confrontación que garantizan la Sexta Enmienda y el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución se cumple con la oportunidad de contrainterrogar, sin que sea indispensable la presencia del acusado. No está irremisiblemente atada al encuentro físico, al enfrentamiento nariz con nariz entre testigo y acusado, que en términos de depuración del testimonio no es ni sombra del eficaz escrutinio, del potencial de descubrimiento de la verdad que es el objetivo constitucional y esencia del contrainterrogatorio formulado por el abogado defensor.”
Cappelleti, con gran acierto, recoge la singular importancia que poseen ambos requisitos: «”[...] la hearsay rule está sustancialmente dirigida a evitar que sean admitidas como pruebas las declaraciones de verdad, prestadas fuera del debate y por consiguiente sin las garantías de la ‘viva yace examination in open court’ “.»
La afirmación de Silva Melero demuestra, además, la poca profundidad de su ejercicio comparativo. En el caso específico del derecho anglo-norteamericano queda muy claro que el autor no repasó, en detalle, las numerosas excepciones que en aquel derecho existen a la regla general de exclusión de prueba de referencia. No es incomprensible que un autor europeo (continental) tenga problemas para acercarse a la figura de la prueba de referencia en el derecho anglo-norteamericano. He aquí la confesión de uno de ellos: «”[...] Así igualmente no se admite de ordinario [en los Estados Unidos] la hearsay evidence, esto es, el testigo puede deponer solamente en mérito a cuanto ha visto u oído directamente. La regla sufre, sin embargo, numerosas excepciones. El derecho de las pruebas constituye, por consiguiente, una de las ramas más complejas del derecho [norte] americano y un instrumento indispensable para el trial de las causas.”»
A las complicaciones, relacionadas con el dominio de las excepciones a la regla general de exclusión de la prueba de referencia, hay que añadir la racionalidad de la mayoría de sus excep-ciones. De ahí que Wigmore afirmó, con toda razón, que la regla de “hearsay” y sus excepciones constituyen “the pride of the Anglo-American system of evidence”.
La importancia de las expresiones de Silva Melero reside (i) en la dación de noticias en torno a la admisión, sin límites, del testimonio de referencia en el derecho español y (ii) con tales noticias, el juicio de un catedrático de derecho procesal en las Universidades de Murcia y Sevilla y de derecho Penal en la Universidad de Oviedo, de un abogado con una práctica intensa y de un magistrado del Tribunal Supremo de España1 Ese juicio personal también es importante porque nos permite apreciar que la concepción que hay en España de la prueba de referencia está limitada a la prueba testifical, es decir, cuando el declarante carece del conocimiento personal. Se trata, pues, de una concepción más estrecha que la existente en Puerto Rico. Dada la definición previamente presentada, algunos documentos pueden constituir prueba de referencia.
La contradicción de Silva Melero es evidente. ¿Cómo es posible que la incompetencia del testigo produzca la inadmisibilidad del testimonio de referencia y, al mismo tiempo, que tal testimonio carezca de límites para ser admitido en el procedimiento? Aunque el autor no lo explica en ese apartado, la expresión quedará justificada luego de un repaso del proceso para la presentación de la prueba en el procedimiento español.
Ocurre, en primer lugar, que la afirmación de Silva Melero está fundamentada en la definición etimológica de testimonio, pero no en el derecho positivo español. Él adopta la explicación que Mittermaier presenta de la locución “testis”, cuyo origen está en las voces “antesto” y “antisto”, que designan al individuo que se encuentra directamente a la vista de un objeto. Así, una vez toma en cuenta -entre otros criterios- la definición etimológica del término “testimonio”, concluye que la capacidad “aparece condicionada a la natural aptitud de percepción, facultad memorística y posibilidad de exteriorizar lo percibido.” No obstante, hay que tomar en cuenta que el derecho probatorio está gobernado, en España, por dos leyes procesales principales: la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ambas de 1881.
El Articulo 649 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece:
“Luego que el testigo haya contestado a las preguntas expresadas en el artículo anterior, [24] será examinado al tenor de cada una de las contenidas en el interrogatorio y admitidas por el Juez, o de las acotadas por la parte que lo presente.
Acto continuo lo será igualmente por las preguntas, si se hubiesen presentado o admitido.
En cada una de las contestaciones expresará el testigo la razón de ciencia de su dicho.”
La “razón de ciencia de su dicho”, según nos dice Manuel de la Plaza, es un requisito relacionado con (i) la indicación de la procedencia de su conocimiento: de ciencia propia o de referencia y (ii) a los matices (“demeanor”) de su declaración. Ambos aspectos deben ser conocidos por el juzgador para que éste pueda determinar el valor probatorio que concederá al testimonio. Vemos, pues, que el carácter extrajudicial de las declaraciones no implica la exclusión de éstas sino su reducido valor probatorio.
El escaso valor probatorio de la declaración obedece a que “su valor es de segundo grado, puesto que esta prueba, como todas, exige un supuesto necesario para apreciar su eficacia: el cumplimiento de determinados requisitos (publicidad, citación contraria, presencia del órgano jurisdiccional), aun en un sistema de libre valoración”.
Por su parte, el Articulo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los “testigos expresarán la razón de su dicho y, si fueren de referencia, precisarán el origen de la noticia, designando con su nombre y apellido, o con las señas con que fuere conocida, a la persona que se la hubiera comunicado.”
Aunque en el ordenamiento español no existe, como se ha dicho, una definición de “prueba de referencia”, la doctrina lo reduce al testimonio judicial que carece del conocimiento personal del declarante. La concepción doctrinal está presente, del mismo modo, en el citado Artículo 710. Éste autoriza la admisión sin límites del testimonio de referencia, aunque limitada por un requisito flaquísimo: designar —con nombre y apellido o hasta con un simple mote— la persona cuya declaración extrajudicial está repitiendo o reseñando el testigo. Tal requisito proviene del Articulo 649 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trata, si utilizamos una expresión de Francisco Ramos, de la única “razón de ciencia” exigida a los testigos. Las disposiciones del citado Articulo 710 son también aplicables al sumario, que es el procedimiento para investigar y reunir la prueba necesaria para la formulación de una acusación forma1.
De ese modo, el derecho probatorio español establece la norma más liviana para la admisión de prueba de referencia entre los países del continente europeo. En Italia y Francia, por ejemplo, la ley concede al juzgador la facultad para llamar a la persona que es fuente del testimonio de referencia e interrogarla dentro del procedimiento judicial. Ello no implica, sin embargo, que en tales países exista una concepción distinta de la española: la existencia de la prueba de referencia, cuya única consecuencia es la ponderación más o menos libre de su valor probatorio, se verifica exclusivamente en el ámbito de las declaraciones orales. Es decir, no incluye consideración de prueba escrita ni las aseveraciones no verbales que tienen la intención de aseverar.
Debe consignarse que el Tribunal Constitucional de España está autorizado, por la Constitución de 1978, a declarar la inconstitucionalidad de una ley que no se avenga a dicha Constitución. De ese modo, el constituyente español buscó aproximarse al esquema constitucional de los Estados Unidos de América. Pienso, empero, que una revisión judicial del Articulo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no necesariamente conducirá a la supresión del testimonio de referencia que allí se permite. Es así, dado que las cláusulas equivalentes a las del debido proceso de ley en el derecho nuestro, encontradas en los Artículos 17 y 33 de la Constitución española, carecen de un alcance tan amplio como el que existe en las nuestras.
El Articulo 17(1) de la Constitución española establece: «”Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este articulo y en los casos y en la forma previstos en la ley.”»
Por su parte, el Artículo 33(3) —también de la Constitución española— pauta: «”Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.”»
Vistos en conjunto, la letra de ambos pasajes muestra que en ellos aparecen cláusulas exclusivamente programáticas del “debido proceso de ley”. Así, al confrontarse los Artículos 710 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 649 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la Constitución española, podrá concluirse que ambos integran, precisamente, el programa establecido por el legislador.
No obstante, el Articulo 10(2) de la Constitución española establece que “Mas normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Esta afirmación podría dar pie a una interpretación que requiera mucho más que la letra estricta de la Constitución española.
Hay que recordar, nuevamente, que en el derecho probatorio español “rige el principio de libertad, y es al juez a quien incumbe calificar la pertinencia de los medios probatorios pro-puestos”. Por tanto, siempre el juez podría considerar la carencia de idoneidad de la prueba testifical propuesta y excluir así el testimonio de referencia. Incluso cuando la admitiera, operaria —como ha quedado dicho— el principio de la libre apreciación de la prueba. Éste permite al juez conceder, libremente, el valor probatorio a cada medio de prueba presentado. Es decir, el temor de que el jurado conozca información de poco valor probatorio queda subsanado, en el ordenamiento español, por la presencia del juez formado académica y jurídicamente.
Es imperativo repetir, una vez más, que en España la prueba testifical, contrario a lo que ocurre en los procedimientos judiciales nuestros, no goza de la misma aceptación que la prueba documental.39 Indicativo de esta concepción es el orden en que aparecen enumerados los medios para la presentación de la prueba en el Articulo 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
1. la confesión en juicio
2. los documentos públicos y solemnes
3. los documentos privados y correspondencia
4. los libros de los comerciantes
5. el dictamen de peritos
6. el reconocimiento judicial
7. los testigos
A estos medios hay que añadir los que están relacionados con la prueba de las obligaciones, que aparecen en los Artículos del 1214 al 1252 del Código Civil de España, de los que se derivan los Artículos del 1168 al 1204 del Código Civil de Puerto Rico.
Veamos esos medios de presentación de la prueba que aquí nos interesan en el mismo orden que hemos tomado del Articulo 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. La Confesión Judicial y la Extrajudicial
La confesión que aparece en el número uno del Articulo 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es la confesión judicial. Esta, no es simplemente al testimonio de una de las partes litigantes sino que se refiere al reconocimiento judicial que hace un litigante de los hechos que le son perjudiciales. El Artículo 1232 del Código Civil español, del que proviene el 1186 del Código Civil nuestro nos dice que “[l]a confesión hace prueba contra su autor.” El Artículo 1231 del Código Civil español, antecedente del Artículo 1185 del Código Civil de Puerto Rico, establece que “[l]a confesión puede hacerse judicial o extrajudicialmente.”
El fundamento para conceder plenitud probatoria a la confesión, en cualquiera de sus dos modos posibles, “obedece al criterio de normalidad, en el sentido de que ninguna persona de buen juicio es capaz de hacer declaraciones contrarias a su interés si no son conformes a la verdad.” Este es el mismo fundamento que permite, en Puerto Rico, la admisión de prueba de referencia en el caso de las declaraciones contra interés. Sin embargo, las figuras no son equivalentes, ya que la Regla 64 de Evidencia de Puerto Rico, contrario a lo que ocurre en España, opera exclusivamente cuando el testigo no está disponible. Además, la “declaración contra interés” de la Regla 64 se refiere a la declaración de cualquier persona, mientras que la “confesión” española se refiere exclusivamente a la declaración de un litigante. De ahí, que se asemeje más a la “admisión” que aparece en la Regla 62 de Evidencia de Puerto Rico. A pesar de las sutilezas que puedan existir o la ausencia de concordancia perfecta, en ambos ordenamientos se obtiene el mismo resultado.
Una vez aclarado el significado del término “confesión” en el ordenamiento español, puede perfectamente comprenderse que la contradicción existente entre las Reglas de Evidencia de Puerto Rico relativas a la prueba de referencia y las disposiciones del Código civil que gobiernan la prueba de las obligaciones constituyen, más bien, una contradicción aparente.
3. Los Documentos Públicos y Solemnes
La prueba documental, también llamada prueba preconstituida, goza en España de un alto valor probatorio. Es así porque el documento “perpetúa el pensamiento [...] muestra la verdad en el suceder del tiempo, protege, conserva [...] realidad psíquica traducida en forma externa, es demostración de lo que se quiere.” Los documentos públicos y solemnes aparecen enumerados en el Articulo 596 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
(A) las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho
(B) las certificaciones expedidas por los Agentes de Bolsa y Corredores de Comercio
(C) los documentos expedidos por los funcionarios públicos que estén autorizados para ello
(Ch) los libros de actas, estatutos, ordenanzas, registros, catastros y demás documentos hallados en los archivos públicos
(D) las ordenanzas, estatutos y reglamentos de sociedades, comunidades o asociaciones aprobados
por Autoridad pública
(E) las partidas o certificaciones de nacimiento, de matrimonio y de defunción, (i) dadas con arreglo
a los libros por los párrocos o (ii) por los que tengan a su cargo el Registro civil
(F) las ejecutorias y las acciones judiciales de toda especie
Vemos, pues, que el contenido del Artículo 596 de Ja Ley de Enjuiciamiento Civil es equivalente a los incisos H, I, J, K, L, N, O y V de la Regla 65 de Evidencia de Puerto Rico.
(H) Récords e informes oficiales: Evidencia de ausencia en los récords de un negocio del asiento de un alegado acto, condición o evento, cuando se ofrece para probar la no ocurrencia del acto o evento, o la inexistencia de la condición, si el curso del negocio era hacer récords de todos dichos actos, condiciones o eventos, en o cerca del momento del acto o condición o evento y preservarlos, siempre que las fuentes de información y el método y momento de preparación de los récords del negocio fueran tales que la ausencia en el récord es una indicación confiable de que el acto o evento no ocurrió o de la inexistencia de la condición.
(I) Récord de estadística vital: Un escrito como récord de un nacimiento, muerte fetal, muerte o matrimonio, si la ley requería al que no lo hizo presentar un escrito en una oficina pública determinada y el escrito fue hecho y presentado según requerido por ley.
(J) Ausencia de récord público: Un escrito hecho por el custodio oficial de los récords de una oficina pública, haciendo constar que se ha buscado diligentemente y no se [ha] hallado un récord determinado, cuando se ofrece para probar la ausencia de dicho récord en esa oficina.
(K) Récords de organizaciones religiosas: Declaraciones concernientes al nacimiento, matrimonio, divorcio, fallecimiento, filiación, linaje, raza, parentesco, por consanguinidad o afinidad, u otro hecho similar del historial personal o familiar de una persona, que esté contenida en un escrito hecho como un récord, ordinariamente llevado, de una iglesia u otra organización religiosa.
(L) Certificados de matrimonio, bautismo, y otros similares: Una declaración referente al nacimiento, matrimonio, fallecimiento, raza, linaje, parentesco, por consanguinidad o afinidad u otro hecho similar del historial familiar de una persona, si la declaración estuviere contenida en un certificado de quien ofició la ceremonia correspondiente, efectuó un matrimonio o administró un sacramento, siempre que quien la oficiare fuere una persona autorizada por ley o por los reglamentos de una organización religiosa para celebrar los actos informados en el certificado, y éste fuera expedido por quien lo hizo en el momento y lugar de la ceremonia o sacramento, o dentro de un tiempo razonable después del mismo. […]
(N) Récords oficiales sobre la propiedad: Evidencia presentada del registro oficial de un documento que afecte un derecho o interés en propiedad, mueble o inmueble, para demostrar el contenido del documento original y su otorgamiento, inclusive la entrega por cada persona que aparece otorgándolo, siempre que el registro fuera un récord oficial de una oficina gubernamental y estuviere autorizado por ley el registro de tal documento en dicha oficina. (0) Declaraciones en escritos que afectan propiedad: Una declaración contenida en un documento que afecte un derecho o interés en propiedad, mueble o inmueble, si lo declarado era pertinente al propósito del documento, siempre que las transacciones habidas con la propiedad desde que se hizo la declaración no hayan sido incompatibles con la veracidad de la declaración.
[…]
(V) Sentencia por convicción previa: Evidencia de una sentencia final, tras un juicio o declaración de culpabilidad, declarando e une persona culpable de delito grave, ofrecido para probar cualquier hecho esencial para sostener la sentencia de convicción. La pendencia de una apelación no afectará la admisibilidad bajo esta regla, aunque podrá traerse a la consideración del tribunal el hecho de que la sentencia de convicción aún no es firme. Esta regla no permite al Pueblo en una acción criminal ofrecer en evidencia la sentencia de convicción de una persona que no sea el acusado, salvo para fines de impugnación de un testigo.”
Aquí, para mantenerse fiel a la definición de prueba de referencia, han de ser admisibles como excepciones a la regla general de exclusión. En España, al no estar amarrados por tal definición, son medios ordinarios de prueba. El fundamento para su admisión es el mismo en ambos ordenamientos: «”[...] la fe documental consiste, evidentemente, en el crédito que en el tráfico jurídico encuentran los documentos con carácter general, y muy especialmente los documentos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones con las solemnidades legales. De aquí que la protección jurídica especial de este tipo de documentos se debe, no solamente a que al documento se le atribuya una particular eficacia, sino a la derivada de la cualidad de quien interviene, en este caso, precisamente, el funcionario público aludido.»”
Del mismo modo, poco se lograría con traer al procedimiento judicial al funcionario encargado de emitir copia de los documentos, puesto que su participación de ordinario se limita a declarar exclusivamente lo que está contenido en el documento público. Lo mismo vale para los casos en que el documento está expedido por un funcionario eclesiástico. Ese tipo de documento tiene, en España, carácter público.
Los Libros de los Comerciantes
Este es el equivalente a nuestra Regla 65(F) de Evidencia de 1979. Como se ha señalado, en España constituye un medio ordinario de prueba, aunque según la definición de nuestra Regla 60 de Evidencia esté concebida como prueba de referencia. Por eso aquí, para ser lógicos, había que convertirlos en una excepción a la regla general de exclusión de la prueba de referencia.
Conclusión
A pesar de las diferencias históricas entre el derecho procesal nuestro y el derecho procesal español, en ambos se llega a resultados similares en cuanto a la prueba de referencia se refiere. Este es un indicador más, como había quedado avisado, de la notable convergencia entre las grandes familias jurídicas.
Volumen II
TABLA DE CONTENIDO
DISCURSOS DE RECEPCIÓN
Las acciones contra familiares: análisis de un problema claro y una jurisprudencia confundida
Demetrio Fernández Quiñones
Contestación al discurso del doctor Fernández
Fernando Agrait
ARTÍCULOS
Federalism and the Scab of Colonialism
Carmen Consuelo Cerezo
A Legal Opinion on International Law, Language and the Future of French Speaking Canada
Ramsey Clerk
La hipoteca mobiliaria en la “era de la computadora”
Eduardo Vázquez Bote
La responsabilidad del fabricante: ¿responsabilidad absoluta,
negligencia o seguro “no culposo”? (Informe puertorriqueño)
Luis Muñiz Argüelles
Matrimonial Regimes: Options for the Twenty First Century
Efraín González Tejera
La prueba de referencia (“hearsay”) en el derecho español -acercamiento comparativo-
Ramón Antonio Guzmán
TRABAJOS DE LA ACADEMIA
Problems in the adoption of the Uniform Commercial Code
by a Civil Law Jurisdiction: the Louisiana case
Georgina Prieto
Ver Revista Volumen II (formato pdf)
—————————————————————————————————–
DISCURSOS DE RECEPCIÓN
LAS ACCIONES CONTRA FAMILIARES:
ANÁLISIS DE UN PROBLEMA CLARO Y UNA
JURISPRUDENCIA CONFUNDIDA
Demetrio Fernández Quiñones
I. Introducción
Han transcurrido ya cuarenta años desde que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Guerra c. Ortiz, se planteó por primera vez el tópico, en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, de la litigación entre parientes. Desde entonces, la norma inicial ha variado considerablemente o, por lo menos, la actitud del Tribunal ha sido un tanto zigzagueante. Ello acarrea, desde luego, una gran incertidumbre; no sólo para quienes viven de la prestación de sus servicios profesionales en el campo del derecho, sino para cada uno de los miembros de nuestra comunidad político-social, quienes, a fin de cuentas, para conocer sus derechos, tienen que pagar la factura que reciben de sus abogados. Me propongo, a continuación, examinar el desarrollo jurisprudencial del tema y hacer ciertas reflexiones que, a mi juicio, pueden ayudar a comprenderlo con mayor exactitud, aunque, como veremos, los pronunciamientos jurisprudenciales prácticamente prohíben la exactitud y la predicción, por el jurista, de los fallos futuros.
II. La Factura Judicial de Nuestro Derecho de Daños
Comparto el criterio de que la sentencia más sabia del Juez Presidente Hughes fue, quizás, aquella en que afirmó: “Vivimos bajo una Constitución; mas la Constitución es lo que lo jueces dicen que es.”Es así no sólo en la hermenéutica constitucional; esa es una realidad que caracteriza a cada una de las normas jurídicas del ordenamiento. Si alguna disposición es buena para ejemplificar lo dicho, esa es, precisamente, el Artículo 1802 de nuestro Código Civil. La aquilatación del daño, el contenido del concepto “culpa o negligencia”, la apreciación de la existencia de causa eficiente o legal, es decir, el significado del Articulo 1802, depende continuamente del acto volitivo, más o menos acertado, constituido por el pronunciamiento judicial.
Queda así planteado, en primer término, la categoría del pronunciamiento judicial y, por supuesto, la interrogante de si son adecuadas o no las herramientas que los jueces utilizan para construir sus pronunciamientos. Rubio Llorente, aunque refiriéndose exclusivamente a la norma constitucional, pero con palabras que constituyen también -como las del Juez Presidente Hughes-afirmaciones extrapolables a cualquier norma jurídica, lo plantea así:
[L]a incorporación al texto constitucional de preceptos sustantivos (incorporación inexcusable en nuestro tiempo) ha de ser compatible con el pluralismo político, pues el legislador no es un ejecutor de la Constitución, sino un poder que actúa libremente en el marco de ésta y está libre actuación requiere en muchos casos (aunque no, claro, en todos) que el enunciado de esos preceptos constitucionales permita un ancho haz de interpretaciones diversas No de interpretacio-nes ‘jurídicas’, sino de interpretaciones políticas, es decir, de diversas maneras de entender el texto constitucional cuyos enunciados han de construirse, por tanto, con conceptos de valor de un alto grado de abstracción. Al mismo tiempo, sin embargo, la sujeción del legislador a la Constitución y la judicialización de tal sujeción tienen como consecuencia, de una parte, que esa libertad, por amplia que se la quiera, haya de tener límites y, de la otra, que esos límites no sean otros que los establecidos por el juez a partir de la interpretación ‘jurídica’ de los preceptos constitucionales. Todo conflicto constitucional es pura y simplemente el enfrentamiento de dos interpretaciones, la del legislador y la del juez. Aquélla tiene la inmensa autoridad de la representación popular; ésta no puede recabar para sí otra que la que procede del Derecho, es decir, y esto es lo decisivo, de un determinado método de interpretar los preceptos jurídicos, especialmente los preceptos constitucionales, cuya estructura necesaria, sin embargo, se presta mal a la interpretación con las herramientas habituales del jurista.
Lo importante del planteamiento del Magistrado del Tribunal Constitucional de España es, justamente, el reconocimiento de la insuficiencia -formal y material- de la ciencia jurídica para dar respuestas a todas las preguntas que las realidades fácticas pueden formularle al texto, más o menos preciso, de la ley.
En el asunto específico que ahora estudiamos, el derecho es, per se, insuficiente. Se requiere, en consecuencia, que los operadores jurídicos, y especialmente la jurisdicción -recuérdese que el término jurisdicción significa, etimológicamente, “decir o declarar el derecho”- tengan en cuenta no solo el resultado abstracto que las herramientas puramente jurídicas pueden construir, sino que deben ingredir las nociones o realidades sociológicas -siempre que se trate de la familia hay necesariamente que acudir a la sociología- que deben penetrar y condicionar la exégesis de la norma jurídica.
Pisamos, por consiguiente, un terreno muy propicio para apreciar las vías que conectan el derecho con la sociología. Tan intima es la relación entre ambas disciplinas que nuestro Eugenio María de Hostos -cuyo sesquicentenario hemos celebrado durante el año pasado- confundió sus particularidades y percibió al primero como una de las ramas de la segunda, en cuanto el derecho “corresponde -afirma el ilustre mayagüezano- directamente a aquel orden de conocimientos que tiene por objeto a la sociedad, y que, con el nombre de Ciencia social o Sociología, constituye una ciencia abstracta.”
Es preciso indicar que, ni la relación entre el uno y la otra puede llegar al extremo de confundir ambas disciplinas, ni la sociología es, en modo alguno, una ciencia abstracta. Pero hay también que hacer justicia a Hostos y reconocerle que pudo detectar que no es posible ser abogado o jurista sin contar con las herramientas necesarias para efectuar las consideraciones sociológicas pertinentes.
Elías Díaz, con una percepción más adecuada, nos alecciona, con mayor acierto, sobre la relación entre derecho y sociología y, más concretamente, nos indica la importancia de la sociología jurídica. Nos dice, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, lo siguiente:
Define en esta perspectiva Adam Podgorecki a la Sociología jurídica ‘como la ciencia que descubre, formula y verifica las relaciones de interdependencia entre el derecho y los demás factores de la vida social y, más precisamente, como la ciencia que explica el modo en que los factores demográficos, religiosos, económicos y políticos influyen sobre los cambios del Derecho y, viceversa, el modo en que el Derecho influye sobre el cambio de esos factores’. La Sociología jurídica es, en efecto, estudio de la interrelación entre Derecho y Sociedad, analizando las reciprocas y mutuas influencias entre ambos. […]
Se trata, pues, de investigar sobre los factores sociales que dan cuenta de la génesis y transformación del Derecho (señalando, entre ellos, el factor o los factores predominantes de esa influencia) y, a su vez, de poner de manifiesto el tipo de sociedad que de hecho se va configurando desde una determinada legalidad, lo cual implica la consideración del Derecho como factor de cambio social.
El Tribunal Supremo de Puerto no ha cenado la puerta a esta tendencia doctrinal Precisamente en Molina c. Dávila, uno de los casos que más adelante examinaremos con cierta amplitud, expresó lo siguiente: «Algunas reglas jurisprudenciales son creadas por conside-raciones de política pública. Pero si las circunstancias que produjeron su adopción varían, los tribunales deben formular las nuevas reglas que sean necesarias para que el derecho adelante al mismo ritmo que el cambio que experimenta la comunidad. Es decir, que las condiciones cambiantes de nuestra época, que es caracterizada por su gran dinamismo, requieren la actitud alerta de los tribunales para mantener el mismo paso con el resto de los organismos y funcionarios gubernamentales y los sectores activos de la sociedad».
Es necesario, por tanto, examinar la realidad sociológica de la familia puertorriqueña, para poder examinar posteriormente los elementos que ha considerado y que deberá considerar el Tribunal Supremo de Puerto cuando tenga que dirimir controversias que estén directa o indirectamente relacionadas con la litigación, por daños y perjuicios causados en una relación extracontractual, entre familiares.
II. La Familia Puertorriqueña: Acercamiento Sociológico
La sociología es todavía una ciencia nueva. El término que la significa se utilizó por primera en el año 1839, en el Tratado de filosofía positiva del francés Augusto Comte. No es hasta iniciado el presente siglo que se publica, en suelo americano, precisamente por Eugenio María de Hostos, el primer tratado sobre la materia.
Desde sus inicios, la sociología de la familia consideró que esta institución tenía tres funciones básicas: (i) la biológica o reproductiva; (ii) la económica, en cuanto la familia era un centro de producción para satisfacer las necesidades de cada uno de sus miembros; y (iii) la sociológica, puesto que en ese núcleo se verificaba casi totalmente el proceso de socialización, mediante el cual los miembros de cada familia iban introyectando y haciendo suyos los patrones de comportamiento exigidos por la sociedad en general.
Según fueron apareciendo y desarrollándose otras instituciones sociales, aquellas funciones fueron perdiendo importancia dentro del seno familiar. Las nuevas concepciones de la sexualidad dejaron a un lado la percepción del matrimonio, núcleo de la familia, como un “remedio de la concupiscencia”, para utilizar la expresión del antiguo Código de Derecho Canónico. La economía extra doméstica desplazó a la familia como un centro de producción y la ha convertido, indiscutiblemente, en una institución de consumo. Así mismo, el proceso de socialización se da mayormente, y quizás con mayor eficacia, en la escuela, en la Iglesia y en los grupos secundarios, aunque es innegable que una parte importantísima del proceso de socialización debe completarse en el hogar.
Ello no implica que la familia sea una institución que esté presta a desaparecer. En la actualidad, y en el futuro, la familia seguirá existiendo, puesto que desempeña y desempeñará siempre una función insustituible. Me refiero a la función psicológica. Es decir, la familia satisface la necesidad que tienen los individuos de pertenecer a un grupo primario al que puedan describir con el adjetivo “mi”; de instalarse en una sede en la cual se refugie del anonimato de la calle y de su taller de trabajo; de tener cerca a otros individuos que conozcan sus defectos y sus virtudes y donde pueda desarrollar su capacidad para dar y recibir afecto.
Esa función psicológica de la familia no admite que el intercambio que en ella se verifica esté gobernado, en todos sus extremos, por las mismas pautas y los mismos criterios que rigen la relación entre extraños. Así, parecería sensato concluir, preliminarmente, que a la legalidad que configura el ordenamiento le está vedado propiciar o consentir todo tipo de litigación entre familiares.
Sin embargo, la importancia suma de la función psicológica que desempeña la familia como institución social no puede llegar al extremo de ignorar la realidad amarga de ciertas familias nuestras.
No es necesario que les aburra con estadísticas para que ustedes acepten que la dinámica entre los miembros de muchas de nuestras familias alcanza, tristemente, el estadio de lo patológico.
El maltrato de menores es uno de nuestros graves problemas. Las agencias gubernamentales encargadas de conjurar el fenómeno han tenido que lanzarse a una campaña abierta y, muy probablemente, con pocas esperanzas. El maltrato tiene dos vertientes, la afectación de la integridad física y la insanidad mental. Ello obedece, por supuesto, a que muchas de las personas que optan por la paternidad no están preparadas ni psicológicas ni intelectualmente para educar a sus hijos. No tienen el alma templada para comprender las necesidades psicomotoras y de alimentación vigilada y puntual que tienen sus criaturas. La incomprensión concluye en la golpiza incontrolada, en el aislamiento atiborrado de peligros, en la humillación pública, en un desafecto cuyas consecuencias, aunque se desconocen con exactitud, si sabemos que no pueden ser muy halagüeñas.
Los continuos rompimientos del vinculo matrimonial, en edades en que los niños no han configurado todavía su personalidad esencial, les conduce abruptamente a la convivencia en un nuevo grupo familiar donde habrá una persona, o más de una, que para ellos son, simplemente, extraños. Su desarrollo no se da, pues, en el ámbito de intimidad que es preciso.
El rompimiento del núcleo familiar, se convierte, en muchos casos, en una litigación pública interminable. Nuestras salas de relaciones de familia están afrontando, diariamente, la irresponsabilidad paterna que, por diversas razones, niega el alimento a sus hijos. No es muy sana una sociedad en la que los padres, para cumplir sus obligaciones alimentarias, tienen que ser encarcelados. El recurso del embargo de salario, aunque es una salida menos onerosa, no es tampoco un índice de sanidad ni de integridad personal.
Las relaciones incestuosas constituyen otro de nuestros graves males sociales. Evidencia este fenómeno que el grupo familiar está presidido, en un número alarmante de casos, por individuos en los que ha fracasado el control social y, en consecuencia, la desviación individual causa daños verdaderamente irreparables.
La comodidad que algunos padres egoístas reclaman produce despreocupación y desentendimiento de las decisiones de sus hijos adolescentes. Así no sólo se explica, aunque no sea la causa única, entre otros males, el abuso en el uso de las drogas, sino el fenómeno de la sexualidad muy temprana, cuyo único fin es la sexualidad misma, que es un síntoma innegable del hedonismo de nuestro tiempo. Esta inclinación individualista por la gratificación inmediata es, por supuesto, una manifestación del egocentrismo, que implica, necesariamente, el debilitamiento de los intereses sociales y de la deformación de la conciencia colectiva.
Debe consignarse, además, que si bien es cierto que la vida moderna aumenta, en proporción al progreso sin fin, tanto la probabilidad como la dimensión del daño, la indemnización de éste es sólo un aspecto de la litigación entre parientes. Entre éstos se da también, como he dicho, la litigación por el pan, por el vestido, por los cuidados médicos y las oportunidades educativas. Entre parientes es, la mayoría de las veces, la litigación que surge de la inconformidad por la partición extrajudicial de un determinado caudal hereditario. Tampoco es totalmente inexistente la litigación, entre parientes, por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.
No hay que decir más para que todos tengamos que reconocer que el derecho de daños que, por razón de su hechura judicial, es probablemente la más modernista de las áreas del derecho, no puede cegarse ante nuestra realidad social.
Veamos, pues, cómo la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha ido, aunque sin un norte claro, abriendo o cerrando los ojos a dicha realidad.
IV. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico
Guerra c. Ortiz es, en nuestra jurisdicción, el primer caso en que el Tribunal Supremo se ve obligado a contestar si está legitimado un hijo menor no emancipado para incoar una acción contra su padre, por razón de los daños que éste le causó al incurrir en conducta negligente. Para resolver la controversia el Tribunal examina la doctrina jurisprudencial española y de varias jurisdicciones de la “Common Law” y, en ambas tradiciones jurídicas, encuentra fundamentos análogos para pautar que, en el caso ante su consideración, el demandante carece de legitimación para litigar.
El Tribunal expresa así el más importante fundamento de la decisión en el caso de Guerra:
Reconocer la existencia de una causa de acción en estos casos seria abrir una brecha peligrosa en la unidad de la familia, [constituida] bajo el régimen de la patria potestad [. . .] no sólo para beneficio de los hijos sino también, como comenta Manresa, para beneficio del estado, ya que interesa ‘…sumamente al buen orden y a la prosperidad social, que esté fuertemente [constituida] la autoridad paterna para que reine en la familia una firme y constante disciplina, de la que salgan después ciudadanos educados en el respeto de las leyes y a los magistrados de su país.’
Otro factor, más rebuscado y, por consiguiente, menos fuerte y convincente, es el que arranca del contenido del Artículo 155 del Código Civil, que haría surgir, según el Tribunal, una “situación anormal -por no conceptuarla de inmoral- de que el padre vendría a ser el administrador y usufructuario de lo que, por actuación puramente negligente, obtuviera el hijo.”
Más recientemente, en Rodríguez Mejías c. ELA., nuestro Tribunal Supremo resolvió que en la locución “titulo lucrativo” del Articulo 155 no están incluidas las sumas recibidas por los menores como resarcimiento de los daños físicos o morales que hayan sufrido y, en consecuencia, que los padres no pueden usufructuar el producto de tales sumas. Es decir desapareció el peligro que percibió entonces.
En Guerra c. Ortiz se llega al mismo resultado de la decisión en Hewlett v. George, que es el primer caso en torno a la materia resuelto en los Estados Unidos. Nuestro Tribunal Supremo no quiso ser atrevido en la primera oportunidad y calcó el razonamiento y la fundamentación de los tribunales norteamericanos. La postura corresponde a la visión sociológica que percibe a la familia como entidad de unidad perfecta y que ésta no debe, en momento alguno, sufrir las fisuras que pudiera causar la litigación entre sus miembros.
Cinco años después, en Fournier c. Fournier, ya el Tribunal comienza a transformar su percepción inicial y afirma:
[. . .] Al darle [en el caso de Guerra] acogida a esa doctrina, lo hicimos acertadamente, porque habiendo unidad familiar que proteger y relaciones paterno-filiales que conservar, permitir que la acción tuviera éxito, hubiera sido contrario a y en detrimento y menoscabo de la política pública [que favorece la unidad de la familia y la tranquilidad y disciplina en el hogar]. No [fue] ciertamente nuestra intención enunciarla como norma absoluta, para concederle inmunidad a los padres contra acciones de los hijos basadas en culpa o negligencia, por la sola circunstancia del nexo natural que les une, sin estar justificada la inmunidad por consideraciones de orden público. El principio que [prohíbe] tales acciones no es, se ha dicho, ‘producto de la inhabilidad inherente del hijo para demandar al padre, estando más bien basada en el interés que tiene la sociedad en preservar la armonía de las relaciones domésticas’.
En Fournier la hija demandante reclamó indemnización por los daños sufridos por la muerte, causada por el padre demandado, de su señora madre. Al ocurrir la muerte, los padres de la demandante estaban divorciados y ésta vivía bajo el cuidado y la custodia de la madre. De ahí que el Tribunal concluyera que en este caso no “había algo efectivo que conservar, mediante la aplicación de la doctrina [pautada en el caso de Guerra, algo cuya destrucción debía evitarse, no solamente en bien del hijo, si en provecho del orden social."
Debe resaltarse el modo en que el Tribunal expresa su nueva postura:
Estamos plenamente convencidos de que incurriríamos en grave error si [aplicáramos la doctrina sentada en Guerra] al caso de autos. Entre el problema resuelto [allí] y el que se nos llama a decidir en el presente litigio, existe honda diferencia, que es perfectamente obvia. No tiene aquí justificación alguna la contención de que al reconocerle a la hija el derecho a recobrar indemnización de su padre, que le privó de la compañía, ayuda y cuidados de la madre, sería contrario a la política pública, puesto que la unidad de la familia, y las relaciones paterno-filiales han desaparecido, y como cuestión de realidad, no existían desde mucho antes de morir la madre, que estaba divorciada del padre, estando limitadas las relaciones de éste con la hija, que vivía con aquélla, bajo su custodia y potestad, a pasarle una pensión alimenticia para el logro de la cual, entre paréntesis, [fue] necesaria la intervención judicial.
Posiblemente el hecho de la muerte de la madre de la hija demandante haya estremecido a los miembros del Tribunal Pero sus pronunciamientos son claros y hay que analizarlos detenidamente.
En primer lugar el “conyugicidio” puede darse lo mismo entre parejas matrimoniadas que divorciadas. Ese hecho particular del caso de Fournier, que pudiera repetirse en otros casos, no puede, por consiguiente, ser definitivo para medir la unidad familiar y la relación más o menos estrecha de los padres con sus hijos.
Hay que reconocer, en segundo lugar, que en nuestra sociedad actual hay muchas más personas divorciadas que las que había en 1955. Este hecho ha implicado unos ajustes en la relación de los ex-cónyuges y los hijos que éstos procrearon durante su matrimonio; circunstancia fuertemente matizada por los pronunciamientos jurisprudenciales que han proporcionado al derecho de los padres a visitar a sus hijos una amplitud entonces insospechada.
En consecuencia con el rompimiento del vínculo matrimonial ya no termina, como se concebía antiguamente, la relación paterna filial. De ahí que se necesiten nuevos criterios para medir la nueva relación que se da entre los padres y los hijos que no conviven bajo un mismo techo. Es posible, incluso, que aquellos padres que han tenido que ser llevados ante la jurisdicción para que cumplan con su obligación de alimentar a sus hijos, que es uno de los criterios utilizados en el caso de Fournier, mantengan una relación afectiva adecuada e intensa. A contrario sensu, el cumplimiento puntual de la obligación de alimentar no es, por si sola, un indicador de una relación paterno-filial estrecha en cuanto al afecto y en cuanto a lo que puede implicar, en la crianza, la presencia del padre que esté privado de la custodia de su hijo.
En una palabra: el precedente establecido en Fournier muy poco puede ayudarnos en la comprensión adecuada del fenómeno que pretende gobernar. El juzgador, hoy día, tiene que analizar, con certeza suma y ponderación cuidadosa, cada uno de los aspectos del caso ante su consideración.
La postura del Tribunal, en Drahus c. Nationwide Mutual Insurance Co., permite inferir, sin equivocación posible, que la única preocupación de ese cuerpo judicial, en cuanto al tema que nos ocupa, es el efecto patrimonial de la sentencia. Es decir, según nuestro Tribunal Supremo, la “unidad familiar” sólo está en peligro cuando se produce una redistribución del patrimonio familiar Por eso cuando es una aseguradora quien, en una acción directa, se ve obligada a pagar la sentencia, esa “unidad familiar” se mantiene incólume, sin defecto:
Cuando los daños están cubiertos -apunta el Tribunal contractualmente por un asegurador que a todas luces no está comprendido en el ámbito afectivo de la familia, la acción no genera la animosidad ni las relaciones tirantes entre padre e hijo que caracterizan la confrontación adversativa, ni se empobrecerá el capital de la familia. De hecho se fortalecerán la unidad y el bienestar familiar porque se logra la reparación económica del infortunio que a todos aflige. El viejo fantasma del desquiciamiento de la armonía doméstica cede el sitio a la relativa satisfacción que fluye del resarcimiento pecuniario.
En consecuencia, cuando hay un asegurador que pague, en el término “confrontación adversativa” no está incluida, según el Tribunal, la participación del hijo en los demás aspectos del proceso judicial; es decir, nada importa la declaración del hijo contra su padre ni la del padre contra su hijo; no es significativo que padre e hijo se sienten en banquillos distintos y representados por distintos abogados; no cuenta que, en el descubrimiento y la presentación de la prueba, se ventilen detalles íntimos de la vida familiar. Lo único que interesa es que del bolsillo del padre no salga un solo “peso”. Así sólo quedará restringido el uso -puesto que estarán bajo la custodia y administración del secretario del Tribunal- de los “pesos” de las compañías de seguros.
El criterio monetario de la decisión en Drahus se confirma, quizás inadvertidamente, en Ramos c. Caparra Dairy. En la primera ocasión en que el Tribunal Supremo adjudica una de las controversias de este pleito, se determina la comisión de negligencia en unos hechos que “solo Dios”, según lo expresa el mismo Tribunal, sabe cómo ocurrieron. Pero esta no es la única anomalía que aparece en la configuración sustantiva y procesal del pleito. En su segunda parte, en su “secuela”, para utilizar el mismo léxico del Tribunal, se permite la adjudicación de un pleito de nivelación que nunca fue incoado o, si se quiere, la consideración de una reconvención que nunca se presentó. Veámoslo.
El Tribunal determinó que la muerte de un menor se debió a la negligencia combinada de la demandada, en un 70%, y de la- madre del niño, quien era también parte codemandante, en un 30%. Los daños estimados por el Tribunal fueron los siguientes:
la madre del menor: $75,000.00
el padre del menor: $50,000.00
el hermano del menor: $10,000.00
la hermana del menor: $ 5,000.00
La Caparra Dairy pagó íntegramente la parte de la sentencia que correspondía a los demás codemandante y procedió a descontar, de la cantidad de $75,000.00 que debía pagar a la madre, la suma que correspondía pagar a aquélla, es decir, el 30% de lo pagado por la Caparra Dairy. El Tribunal legitima este procedimiento a base de la aplicación de la figura de la “compensación” en su modalidad judicial. Sin embargo, la sanción positiva de este procedimiento implica el reconocimiento indirecto o colateral de la litigación entre familiares. Pero ello no importa, porque a fin de cuentas, la madre codemandante no tuvo que desembolsar nada; al contrario, experimentó -utilizo nuevamente una expresión del Tribunal- “la relativa satisfacción que fluye [de un] resarcimiento pecuniario” ascendente a $34,171.04. Los demás codemandante quedaron obviamente “fortalecidos” -parafraseo al Tribunal- en su “unidad y [en] el bienestar familiar porque se [logró] la reparación económica [ascendente a $90,000.00] del infortunio que a todos [afligía]“.
Molina c. Dávila, es una opinión que no resiste análisis. Lo único que más o menos podemos inferir de la parte final de la opinión concurrente y disidente del Juez Rebollo López es que se trata de una reafirmación de la norma pautada en Ramos Acosta c. Caparra Dairy. Parecería que ni dicho magistrado, ni el Juez Negrón García, autor de la opinión en la segunda parte del caso de Ramos Acosta y quien concurre ahora con el Juez Rebollo López, ya no están de acuerdo con su postura original:
Si se resuelve -apunta el Juez Rebollo- que la joven Molina Caro incurrió en un 50% de negligencia comparada tendríamos —bajo la posición asumida por la Mayoría— que la menor tendría derecho, en primera instancia, a recibir la mitad de los $40,000.00, esto es, la cantidad de $20,000.00 y la madre la suma integra de $10,000.00. Hay que recordar, sin embargo, que la parte demandada tiene el ‘derecho de nivelación’. Ramos Acosta c. Caparra Dairy. Ello significa que dicha parte tendría el derecho a recobrar de la menor el 50% de lo pagado a la madre, por lo que la menor recibiría la suma neta de $15,000.00.
Ello de momento, repetimos, parece bien. Pero, ¿y [qué] si se determinara que la menor fue responsable en un 90%?
El resultado, al amparo de la decisión de la Mayoría, sería un absurdo. Si aplicamos la norma de Torres Pérez [... I a esta situación la menor tendría derecho a recibir, de primera instancia, la suma de $4,000.00 (el 10% de $40,000.00); la madre continuaría recibiendo sus $10,000.00. Pero al 'nivelar', la parte demandada tendría derecho a recobrar de la menor el 90% de los $10,000 pagados a [la madre de ésta], esto es, la suma de $9,000.00. El resultado final sería que la menor -perjudicada directa- quedaría debiéndole a la parte demandada la suma de $5,000.00. No creemos que esa situación ni sea la más correcta ni la más justa.
Esta conclusión es correcta, según mi criterio. El único defecto que presenta es que parte de una premisa mayor falsa. La posible responsabilidad de la menor frente a su señora madre, en cuanto puede resultar deudora de ésta, no dependerá, a fin de cuentas, de la determinación de que la negligencia sea imputable, sino del derecho a nivelación que se reconoce en Ramos Acosta c. Caparra.
Lo único que se me ocurre pensar es que tanto el Juez Rebollo como el Juez Negrón García piensan que el ámbito de aplicabilidad del caso de Ramos Acosta es aquel en que el cocausante del daño tiene que desembolsar una suma suficiente como para pagar íntegramente, por razón de la solidaridad, la suma correspondiente a los codemandante que no son cocausantes y, además, que sobre alguna cantidad razonable para indemnizar al codemandante y cocausante que padeció directamente la acción negligente o culposa del demandado. Ello no quiere decir que el pleno del Tribunal tenga una postura distinta; ocurre, simplemente, que los jueces disidentes no pudieron convencer a los jueces que componen la mayoría de que Molina c. Dávila presentaba los hechos necesarios para un nuevo pronunciamiento jurisprudencial.
La contradicción -tanto la del Tribunal como la de los jueces disidentes- es sólo aparente. Su percepción, especialmente la de quienes presentan el disenso, es que la aplicación automática de la decisión en Ramos Acosta puede producir resultados descabellados. Tal percepción es, en mi criterio, correcta y juiciosa. No es racional que cuando una persona se une a otra en una acción para demandar conjuntamente a un tercero que causó daño a uno de los codemandante, luego resulte deudora de aquél que se unió a ella para reclamar la indemnización por el tercero. Es decir, es impensable, -utilizo la configuración fáctica del caso de Molina c. Dávila- que el resultado de una acción en la que une madre se una a su hija para demandar a un tercero que atropelló a ésta resulte en la declaración judicial de que la hija es deudora de su madre o, lo que es peor, del demandado que pague totalmente la sentencia en virtud del carácter solidario de la sentencia.
Muchas serán la justificaciones y muchas de ellas, por supuesto, constituirán silogismos falsos, si el legislador no auxilia al Tribunal. Es preciso, por tanto, que se revise la redacción del Artículo 1802 de nuestro Código Civil para que en los casos en que opere la figura de la negligencia comparada, el demandado sólo se vea precisado a indemnizar, a todos los codemandante entre quienes exista algún tipo de relación afectiva o consanguínea, en la porción correspondiente a su grado de negligencia. Así se eliminaría, en estos casos, la figura de la llamada “compensación judicial” adoptada en el caso de Ramos Acosta.
No hay duda de que a los jueces les repugnan los resultados injustos. Pero saben, al mismo tiempo, que sus decisiones deben tener, por lo menos, una apariencia de racionalidad. Por eso históricamente se produjeron doctrinas —la de la “última oportunidad expedita”, por ejemplo— que proporcionaron un resultado más justo que el propuesto por la antigua norma de la negligen-cia contribuyente. Pero la necesidad de razonamientos poco convincentes y casi interminables desapareció cuando el legislador adoptó la norma, justa y sabia, de la negligencia comparada. Es-toy convencido de que nuestro Tribunal Supremo espera que el legislador le libere, nuevamente, de una encrucijada tan fatigosa.
V. Conclusión
En conclusión, el Tribunal vive y padece, en el tema que nos ocupa, un dilema que le agobia demasiado. Sabe que es necesario abandonar tanto su doctrina primitiva como la más reciente; pero sólo está dispuesto a reconocer su nueva postura a través del artificio y no de un reconocimiento realista.
El jurista tiene que estar confundido. Muy poco es lo que puede analizar cuando las actuaciones del Tribunal están más dirigidas a resolver casos que a orientar la profesión y a pautar e] derecho en un modo inteligible y con las justificaciones exigidas por la altura de nuestro tiempo. El factor económico no puede ser determinante. En los casos en que ambas partes del litigio están unidas por un nexo consanguíneo, y esto va más allá de la mera responsabilidad civil extracontractual, son muchos los elementos que el Tribunal debe considerar para, al mismo tiempo que resuelve el caso particular, sentar doctrina cuya racionalidad la haga comprensible y aceptable. Ya me he referido a algunos de ellos, pero ciertamente no a todos. Esta alocución mía es sólo el planteamiento del tema. Queda mucho por desarrollar.
Desde luego, la doctrina del Tribunal no depende exclusivamente de los recursos humanos que lo integran. Los abogados postulantes tienen también mucho que decir, si es que han cumplido su deber de haber leído y pensado; si sus convencimientos responden al estudio bien realizado y no al intento de justificar lo injustificable, los miembros del foro son el auxilio más rico con que pueda contar el Tribunal. Ello requiere, por su parte, abandonar la actitud recalcitrante de pensar que el abogado tiene todas las respuestas. Hay que buscar en el psicólogo la orientación psicológica; hay que acudir al sociólogo cuando quieran encontrarse los fundamentos sociológicos de una perspectiva; en una sola frase: hay que salir del derecho para retornar a él con un contenido más rico y más realista.
Los tribunales también esperan mucho de las facultades de derecho. Estas deben proporcionarle la información más completa y la critica mejor pensada. Muchos de nuestros jueces deciden incorrectamente no porque les agrade el equívoco sino porque no han encontrado, en muchas ocasiones, una fuente generosa.
Los tribunales necesitan, además, todo cuanto esta Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación pueda aportar en la depuración de las imprecisiones y el soslayamiento de las posturas atécnicas mediante propuestas de legislación que redunden en actos legislativos que merezcan el aplauso de todos.
En una palabra: los tribunales necesitan la aportación de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad jurídica. En el desempeño de esa responsabilidad estamos obligados a obrar como familia en la que no hay lugar para el litigio.
——————————————————————————————————
CONTESTACIÓN AL DISCURSO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ
Fernando Agrait
Debo comenzar con una aclaración importante. En la relación maestro-estudiante hay básicamente dos modelos. El primero es aquel donde el maestro deslumbra al estudiante y el estudiante admira al maestro más, en la etapa en donde el estudiante conoce menos de la materia objeto de estudio. El segundo modelo es aquel en donde el estudiante crece en su respeto y admiración al maestro mientras más conoce y penetra en la materia objeto de estudio. Mi profesor de Daños y Perjuicios fue Demetrio Fernández, llevo enseñando esta materia 19 años y mi relación con el profesor Fernández es del segundo modelo.
La ponencia del doctor Fernández, nos dice con relación a las acciones de Daños y Perjuicios intra-familiares en Puerto Rico, un poco lo que nos dice Camilo José Cela en su novela Cristo as. Arizona: “[...] el tiempo no estaba confundido pero si revuelto y esto hace que la gente ande por la vida tropezando”.
Usando como punto de apoyo las acciones intra-familiares el ponente nos llama la atención a un problema central de nuestros tribunales. Me refiero a la ausencia de una visión o marco conceptual amplio dentro del cual se pueda ubicar decisiones individuales y encontrar, por tanto, relaciones, consistencias, continuidad y explicación para diferencias. Me temo que en este sentido el señalamiento aplica no sólo a tribunales sino a toda la estructura pública en nuestro país.
Después de todo —esta idea también está presente en el discurso del profesor Fernández— el afán de nuestro Tribunal de más alta jerarquía por muchos años de resolver caso a caso, haciendo “justicia” individualmente, puede generar, como de hecho genera la gran “injusticia” colectiva de falta de estabilidad, falta de predicibilidad, falta de certeza en el esquema jurídico y un peligroso depender caso a caso del juicio individual del juez de turno —por bueno que sea ese juicio.
Otro elemento importante —también apuntado por el nuevo académico— es que nuestros Tribunales no han logrado armonizar sus posiciones en los distintos casos. Me refiero a que aún se mantienen dicotomías como procesal-sustantivo cuando en realidad dicha dicotomía carece de validez. Tanto lo llamado procesal como lo Ramada sustantivo lo que hace —o no hace— es proteger, promover e incentivar valores e intereses que la sociedad, conscientemente o no, ha identificado como digno de protección.
El análisis de las demandas de daños intra-familiares no puede hacerse aislado de la solidaridad de cocausantes, ni del derecho de nivelación, no de la demanda contra tercero en la acepción de la Regla 12.1 (2). Esto último es particularmente importante pues contrario a la jurisdicción norteamericana en donde la demanda contra tercero es una invitación que el demandado hace al demandante para que enmiende su demanda e incluya al tercero en el caso de Dumont c. Inmobiliaria Estado Inc., el Tribunal Supremo, sin discutirlo específicamente, da por sentado que esta clase de demanda contra tercero automáticamente pone al tercero demandado en controversia directa con el demandante original.
La decisión que el Tribunal Supremo tome sobre las demandas intra-familiares, visto desde la perspectiva del ponente sobre el caso Ramos c. Caparra Dairy Inc. dependerá en última instancia de cuánta vigencia le va a reconocer al derecho del perjudicado para reclamarle daños a quien no es parte de la familia. Es así, pues no cabe duda que ese extraño que causa parte del daño vaya a buscar nivelar contra el miembro de la familia cocausante. Por tanto, permitir o no esta acción del extraño contra el familiar, no es sino el viejo juicio en todo caso de daño, esto es, quién va a cargar finalmente con el costo resultante. No debemos perder de vista que todo el andamiaje de Daños y Perjuicios no es sino un sistema de distribución de riesgos y costos.
El ponente plantea correctamente que el Tribunal hace énfasis desmedido en el elemento económico como factor decisivo para permitir o no la demanda intra-familiar. Las complicaciones de litigación intra-familiar trascienden lo económico como muy bien señala el doctor Fernández. Ahora, no debemos olvidar que los problemas no económicos que surgen en esa litigación intrafamiliar están presentes constantemente. Están presentes en todo pleito contra los padres por responsabilidad bajo el Artículo 1803, así como un pleito contra la sociedad legal por daños causados por uno de los cónyuges y aún en pleitos privativos por el daño causado por un cónyuge. Esto no ha impedido que se tolere este tipo de caso sin limitación alguna.
En la parte inicial de la ponencia, el doctor Fernández hace importantes señalamientos sobre lo que podemos llamar sociología del derecho de familia, en particular sobre los desarrollos más recientes en la dinámica familiar en nuestro país. Comparto los planteamientos y creo que el Tribunal no incorpora a su análisis este elemento que podemos llamar como el ponente “socio-lógico”. El Tribunal debe enmarcar cualquier desarrollo sobre pleitos intra-familiares en la realidad cambiante, rápida, que se da en nuestra sociedad con relación a la familia y el reconocimiento que tanto de jure —según las enmiendas al Código Civil en 1976, entre otras— como de facto, se ha dado una liberación económico-social procesal de la mujer dentro del matrimonio, y el efecto de ello en las relaciones jurídicas internas. Si esos cambios al Código se hicieron —independiente de los méritos sustantivos— con el debido cuidado conceptual al carácter unitario del Código es tema para otro día.
En su correcta perspectiva el tema seleccionado por el ponente es sólo la punta del témpano de un tema mucho más escabroso. Me refiero a cuánto podamos permitir y cuán efectivo es el sistema de tribunales para intervenir en relaciones intra-familiares, que no sean fácilmente convertibles a relaciones económicas socializables por vía de seguros.
Permítanme traer en este momento dos ideas que me parecen centrales al tema a la luz de este último señalamiento. Primero, MacLean y Mills en un reciente artículo titulado “Amor y Justicia” señalan que en el ámbito familiar prevalece el valor amor y fuera de la familia se prioritiza el valor justicia. Sealant:
“What we care about most, our ultimate values, have to do with family, friends, religion, and the like. But because of our historical circumstances, the pursuit of any of these values can and has led to tyranny, intolerance, and exploitation, and so our interactions, even in the domestic sphere, ought at least to conform to the demand of justice and respect, even if we may wish that they not be motivated by these concerns. She seeks love when we marry and found families, not increasingly complex ways in which we can learn to treat each other justly. We want justice to be the foundation, not the focus, of family like.
But in loving relationships people not only find intimacy, they also discover new ways to step on each other’s toes, violate each other’s dignity, and show a lack of respect. Not only love and justice, but people too are often blind. They are, for a variety of reasons, blind to the hurts they cause. When our partners show us how we hurt them or acted selfishly, they are calling for justice as well as love. If justice is not the focus of loving relationships, it must still be a continuing concern: like freedom, it requires eternal vigilance.”
Segundo, a manera de mera mención, no debe excluirse la posibilidad de que la litigación intra-familiar sea un mecanismo legitimo, para que un miembro de la familia que se siente que participa en una relación no equitativa —por que ha sufrido daño no compensado— lo utilice de forma que logre generar una relación más balanceada, de mayor equidad conforme al Equity-Theory que se ha desarrollado en el campo de la sicología. Con todos sus costos, esa litigación puede ser más eficiente al generar un nivel de equidad superior, en vez de retener al perjudicado en una relación no equitativa que produce ansiedad —tanto en el perjudicado, manifestada como coraje, como en el causante del daño manifestada como sentido de culpa.
Comparto con el doctor Fernández su preocupación y el deseo porque se genere un diálogo fructífero en nuestro ámbito con relación a los problemas jurídicos del país. Sueño con que podamos juntos hacer una aportación a la calidad del diálogo y discurso público en nuestro país. Vamos a ocupar un espacio de altura y calidad que permita que el espacio de debate público no esté ocupado totalmente como ahora lo está, con un discurso político superficial, repetitivo, gastado, antiguo, improductivo.
Muchas gracias
————————————————————————————————–
FEDERALISM AND THE SCAB OF COLONIALISM
Carmen Consuelo Cerezo
For Rosanna Teresa and Francisco Javier
Introduction
It has been said that men need history, that it helps them have an idea of who they are. And, I would add of who they are not. Thus, it is to history that I must first turn in narrating the reality, which nurtures this article. It does not pretend to be a scholarly work for it is too bound to life to boast of intellectual sophistication. It is bound to a life of solitude and a grief wrought by apathy and incomprehension. A source of much of this emptiness is, strangely enough, found in the books of law under the rubric of federalism. What does one’s solitude and grief or the apathy of others have to do with it? Where lays the enigma? They lie in the fact that in the name of misunderstood or misapplied versions of federalism this Island has become a breeding ground for strife, confusion and conflict. That translated into human terms, means solitude and frustration for many.
Federalism is a historical fact, a fundamental constitutional arrangement, a bright star in American constitutional law. To this island community, however, it is an alien concept. Neither the old nor the new versions of American federalism apply to Puerto Rico for all of them assume, as in federal systems everywhere, the existence of diverse political units which, enjoying the guarantees of representation and participation in the larger, more complex political processes, unite to form one political entity where the ultimate source of authority lies. The social, political and economic conditions of Puerto Rico since its first encounters with the United States in 1898 clearly show that Puerto Rico has never been a participant of American federalism.
The underlying message of this article has been sent out by others before me: a better account has to be taken of the facts surrounding the Puerto Rican reality. The misconceived notion of a sovereignty-oriented federalism, which is advocated and manipulated by some, lends itself to the perpetuation of the unequal treatment accorded to the island. Puerto Rico is neither sovereign nor federalist. Some act and speak as if it were. That does not change its reality. We cannot hide any longer behind the grandiose phrases which are used to describe Puerto Rico— federal relations such as “unparalleled relationship, unique, sui generis, a new dimension in American federalism”—for every time that we pass on to a new generation the unresolved burdens inherent in our present relationship with the United States the possibility of making the social, political and moral decisions that have to be made becomes more and more remote.
In the first part of this article we shall trace the history of federal-State relations to follow the growth of the changing concept of American federalism from colonial times to the recent version of a process-oriented federalism The second part will deal with some of the problems of a people whose county is still an unincorporated Territory of the United States and who should by now be tired of the rhetoric of sovereignty and the imagery of federalism.
I
A. American Federalism: The Birth of a Nation
There are many theories and different versions of federalism. The American conception of federalism is no exception. It has been characterized in different ways by different people during
the various stages of its growth. American legal decisions and scholars have talked, for example, about dual federalism, “Our Federalism,” a state sovereignty approach to federalism, cooperative federalism, horizontal federalism, interstitial federalism, a process-oriented federalism; “separate spheres” federalism, an interactive federalism, and a new federalism.
No one could reasonably argue that American federalism in 1988 is the same as it was in 1787. As each generation of Americans has faced new problems, changing views of federalism necessarily arose; accommodations and adaptations had to be made. These various characterizations, however, simply reflect different visions of the same political and social reality, for American federalism, like every other concept of federalism, relies on certain fundamental principles that are determinative of the federalist manifestation. One of the central strands is the idea that power is shared, that federalism is a means of sharing and a means of organizing power. Some federal states may be stronger than others but the sharing may and the division of power, though the degree to which power is shared may differ, is the common thread that runs through the fabric of all societies organized under federalist principles. Professor William Anderson has said: “If I were asked to point out the common features that characterize federal systems, I would mention the constitutional division of the powers and functions of government between two autonomous and constitutionally recognized levels of government, the central and the regional.” This, to borrow a phrase from Professor Livingston, is what essentially lends societies their “federal quality.”
Among the salient attributes or elements of federalism, in addition to the division and the diffusion of power among the national and local units, is the representation of the governed in the general government. Through the selection of representatives and the subsequent representation of their interests in the national government, the constituent polities participate in the composition and in the functioning of the larger polity. Federal systems must guarantee the representation of the constituent polities, in this case States, in the national legislature. In stating the purpose of the Senate, Madison said:
In order to judge the form to be given to this institution, it will be proper to take a view of the ends to be served by it. These were first to protect the people against their rules: secondly to protect (the people) against the transient impressions into which they themselves might be led. A people deliberating in a temperate moment, and with the experience of other nations before them, on the plan of govt. most likely to secure their happiness, would first be aware, that those charged with the public happiness, might betray their trust. An obvious precaution against. This danger wd. be to divide the trust between different bodies of men, who might watch and check each other. In this they wd. be governed by the same prudence which has prevailed in organizing the subordinate departments of govt. where all business liable to abuses is made to pass thro’ separate hands, the one being a check on the other.
On the subject of representation, Governor Huntingdon, addressing the Convention of the State of Connecticut, stated: The state governments, I think, will not be endangered by the powers vested by this Constitution in the general government. While I have attended in Congress, I have observed that the members were quite as strenuous advocates for the rights of their respective states, as for those of the Union.
Hamilton reasoned that the balance between the national and state governments formed a double security for the people. During the 1788 debates in the Convention of the State of New York, he made the following argument:
After all, sir, we must submit to this idea, that the true principle of a republic is, that the people should choose whom they please to govern them. Representation is imperfect in proportion as the current of popular favor is checked. This great source of free government, popular election, should be perfectly pure, and the most unbounded liberty allowed. Where this principle is adhered to; where, in the organization of the government, the legislative, executive and judicial branches are rendered distinct; where, again, the legislature is divided into separate houses and the operations of each are controlled by various checks and balances, and, above, all, by the vigilante and weight of the state governments,—to talk of tyranny, and the subversion of our liberties, is to speak the language of enthusiasm. This balance between the national and state governments ought to be dwelt on with peculiar attention, as it is of the utmost importance. It forms a double security. If one encroaches on their rights, they will find a powerful protection in the other.
Professor Wechsler points out in his article on the political safeguards of federalism, a precursor to the Court’s theory of federalism in Garcia v. San Antonio Transit Authority:
The continuous existence of the states as governmental entities and their strategic role in the selection of the Congress and the President are so immutable a feature of the system that their importance tends to be ignored. Of the Framers’ mechanisms, however, they have had and have today the larger influence upon the working balance of our federalism. The actual extent of central intervention in the governance of our affairs is determined far less by the formal power distribution than by the sheer existence of the states and their political power to influence the action of the national authority.
Closely tied to the element of representation is that of the involvement of the citizens and the communication, which is, or ought to be, maintained between the national government and the people. MacMahon points out that the “essential ingredient in federations (as distinguished from looser forms of union) is that their central organs are to some extent directly in contact with individuals, both to draw authority from them through elections and also for the purpose of exacting taxes and compliance with regulations.” This contact with the citizenry also gives the people a degree of control in the national governmental system. The people know themselves to be the source of the government’s legitimacy. The force of the people of each constituent polity is added and is bound to that of the people of every other constituent polity in fulfilling the desire to unite independent, diverse communities into one single polity.
The element of the “equality of the constituent states, absolute, as to legal status” is also basic to federalism. Finally, we must mention another essential of federalism, which is significant in the discussion of our subject matter: permanence. The relationship between the component and the larger complex is necessarily predicated on permanence. It is neither a transient relation nor a relation that can easily be extinguished by internal forces. Chief Justice Chase stated it well when he referred to “an indestructible Union composed of indestructible States.”
All of these features are an integral part of the many facets of federalism advocated in the United States, which range from the “original constitutional conception of federalism” addressed by Professor Kurland to such atomized versions as “Justice Rehnquist’s federalism.”
The characteristics I have mentioned are generally not discussed at any length in scholarly works on federalism because they are simply the given premises of their inquiry. It is, of course, taken for granted that sharing of power, division and diffusion of power, representation, equality, citizen participation in the national political processes, and permanence are part of the federalist formula, more specifically, of the American brand of federalism. It would seem naive to even question this. The need, or better stated, our need for stacking the building blocks of the pyramid will become obvious in our later discussion. Now, however, it is important to consider, if briefly, the struggle for the meaning of American federalism, which for the most part has turned on the preference of, state over national rights, or vice versa, until the most recent formulation which ties American federalism to the nation’s political processes. We pro- pose that this development will support the position taken in this article that American federalism, in its historical dimension and in its present manifestation, is not only irrelevant to the Puerto Rican society but also alien to it.
B. Visions of Federalism
As stated earlier, federalism in the American experience has been characterized in different ways, depending on the advocate’s personal preferences in tilting the balance in favor of the states or of the nation. In this struggle between the votaries of states’ rights, on one hand, and the proponents of a vigorous national government, on the other, lies also the struggle for the meaning of federalism. Holmes said that it was enough for the Founders “to realize or to hope that they had created an organism; it has taken a century and has cost their successors much sweat and blood to prove that they created a nation.” The sweat and blood that went into building that nation is sometimes ignored by those who embark upon hair-splitting theories and sub-theories of federalism essentially based on the idea of state sovereignty. The struggle, as Professor Field acknowledges, is in some ways a political one. It has been a tortuous road, the one leading from a sovereignty-controlled view of federalism to the functional vision of federalism, which was adopted by the Court in Garcia y. San Antonio Metropolitan Transit Authority, 469 V.S. 528 (1985). We shall look at several of the many costumes that federalism has worn and cast aside. The scenario for the display of the costumes has largely been, of course, the judicial arena, if only because of the pre-eminence of the American judiciary as expositors of the concept.
The two most prominent theories of federalism have been dual federalism and cooperative federalism. Although the Supreme Court for many years relied on the theory of dual federalism in adjudicating issues of state/federal relations, it slowly moved away from that conception, passing through several stages. Before National League of Cities v. Usery, the modern Court interfered little with national political power thus leaving national political authority largely unrestrained. In this 1976 opinion, however, it revived the idea of placing restraints on the exercise of national power on the states only to abandon it nine years later, in Garcia v. San Antonio Metropolitan Transit Auth., for deference to the national political processes as protectors of the states’ interests.
Under the theory of dual federalism, the states were regarded as “integral units, equal with and antagonistic to the federal government, while also retaining their own impregnable spheres of authority.” This image of two antagonistic and inherently equal sovereigns diminished with the passage of time and due to the aggrandizement and consolidation of national power, and the states came to be regarded instead as semi-sovereign bodies in contrast to the larger political community—or nation—which came to be viewed as the sovereign. But the idea, derived from debates during the ratifying conventions, that the state and the national governments were distinct and separate, that each was instituted with different powers and for different purposes, placated those who feared that the autonomy, even the life, of the states was placed in jeopardy by the birth of the new national government. So, even the Federalists, who favored a strong and powerful national government, engaged at times in the sovereignty rhetoric to allay the fear of their opponents, or perhaps also, to sink their roots in patriotic turf.
Corwin laments the demise of dual federalism in his famous article “The Passing of Dual Federalism” where he refers to the shift in the federal system towards consolidation of national power. There he traces the development of American federalism stating that its “first achievement was to enable the American people to secure the benefits of national union without imperiling republican institutions” while, in contrast, “…by the constitutional revolution which went by the name of the ‘New Deal’,” federalism was overwhelmed in the objectives of economic reality and peace, thus making it uncertain whether the states could “be saved for any useful purpose, and thereby saved as the vital cells that they have been heretofore of democratic sentiment, impulse and action.” According to Corwin, certain state powers are an independent limitation on national power and the police power of the states has come to embrace the idea that “certain subject-matters were also segregated to the States and hence could not be reached by any valid exercise of national power.”
The competitive theory of federalism, where the two sovereigns are rivals watching over the other as potential transgressors, became “moribund in consequence of the emergence of the cooperative conception.” The cooperative theory, in contrast to the dual concept, relies on the idea of collaboration between the national government and the states. Morton Grodzins, a theorist of the cooperative model of federalism, states in his book The American System: In the modern period the competition between theories of dual and cooperative federalism is no longer the issue. A cooperative pattern began to emerge before the Constitution itself, grew during the Federalist era, and continued side by side with the dual pattern in the long period between 1800 and 1913. After 1913, and especially after 1935, it became supreme. The cooperative idea cultivated new programs and added new dimensions.
In Grodzins’ view, the cooperative idea of federalism represents a system of sharing, “a governmental system of shared responsibilities” which will inevitably create tensions and trigger public debate, something which he considers are “the system’s energy reflecting lifeblood.” He understands that state and national governmental functions are “not neatly parceled out among the many governments,” but sharted functions, the most obvious of these being the federal grant programs, which he describes as “an admirable device to utilize the best resources of the national and state governments.” Underlying the idea of the blending of governments espoused by Grodzins, best described by him as the idea of the marble cake of government, is the belief that the sharing of functions serves to diffuse and disperse power. Cooperative federalism is thus a means for dividing the functions and powers of government. Referring to Grodzins’ idea of mingling of functions and blending of powers, Professor Leach wrote that this view, the Constitution visualized a single mechanism of government in the United States, with many centers of power, which among them were to perform all the functions required of government by the American people” and that “[s]hared functions, without regard to neat allocations of responsibility, is thus the core of American governmental operation and of the theory of federalism as well.”
Judge Wisdom calls cooperative federalism “the polite term for that expansion of national authority when there was an overlapping of national and state authority, some increase in state authority, and considerable bypassing of state legislatures and centralized state authorities in program rendering federal aid to cities and local governments.” Professor Redish, for his part, refers to “the euphemistic nature of the ‘cooperative’ label,” arguing that its proponents disregard “the significant conflict and tensions that have arisen over the years between state and federal systems.” Redish also rejects the dual federalism theory as no longer representing “a valid analysis of American federalism, if indeed it ever did.” Redish, instead, places the “interactive” label to his choice of federalism theory to contrast it to the dual model. He claims it is “[t]he true alternative to the rigid, parallel function theory of dual federalism… more neutral than cooperative” because it “recognizes the inevitable intertwining of the state and federal systems as they both go about the business of governing.” He views the interaction of the respective sovereigns to be combative at times yet at other times their actions will be supplementary to one another. Translating this to the area of judicial federalism, he submits that in the judicial context the combative and cooperative elements of interactive federalism are clearly evident for sometimes “the interaction of state court with federal law will undermine an overriding federal legislative scheme, while in others cooperative interaction will be required to facilitate
attainment of federal policies.” The message of his article is that recognition of the same principles of interaction that underlie his model or perception of American federalism as a political theory should dictate that the Supreme Court exercise a more expansive role in reviewing state court decisions than even the practice adopted in Michigan y. Long, that is, by reviewing state decisions grounded exclusively on state law if the state decision substantially relies on federal law or incorporates federal law by reference.
There are many more perceptions of federalism, also geared to the notion of sovereignty that are advocated by leading commentators. Raoul Berger, for example, writes that the anti-Federalist attachment to State sovereignty “was deeply rooted in human nature and the colonial experience, and had a rational basis.” He speaks of the “inviolable” spheres of state govern-ments which coexist beside a limited federal sphere and says that it was the Founders’ design that “[w]ithin each sphere… the respective governments were to enjoy exclusive jurisdiction.” A dual or two-sovereignty federalism requires, in his view, careful tracing to draw the boundaries between the two spheres, arguing that “[w]e may not wash our hands of the task of tracing the boundary if only because Madison assured the Ratifiers that the federal jurisdiction extends to certain objects only, and leaves to the States a residuary and inviolable sovereignty over all other subjects.” He makes repeated reference to the Framers’ utterances on devotion to self-government and their solicitude for local, internal affairs of the states in performing his task of boundary tracing: functions undoubtedly local as distinguished from transactions that cross state lines.
This theme of jurisdictional line drawing was further developed, from a wholly different perspective, by Professor Althouse in an article in which she urges that the “[s]tates are not inviolable spheres of sovereignty,” that judicial doctrines of federal jurisdiction will operate “to adjust—to redraw—the boundary that circumscribes the states’ independent functioning.” The states’ boundaries are mutable, though separate, and the state must find the ways to form its own sphere. She adopts Justice Powell’s doctrine in Pennhurst, which “awards separateness only to the state that earns it.” Althouse’s proposal is a vision of federalism based on a separate spheres theory, which holds that the national interests are best served when the states function effectively. However, the states have to win or earn their separate spheres by, for example, offering genuine alternatives to the enforcement of federal law. It is a functional approach to federalism derived from Justice Black’s formulation in Younger that there is a federal interest in effectively functioning states. The author, like Justice Black in Younger, disclaims any belief in blind deference to States’ Rights, noting that “federalism is not, fundamentally, about displays of respect” and that “[a]n unbroken flow of politesse would reflect the states’ rights belief disavowed in Younger.” Thus, there is a need to promote an independent functioning in the states which, in turn, will warrant deference to them but “[i]t is not that the states deserve autonomy simply because they are states, but rather that it is appropriate to leave the states alone, to accord them a `separate sphere’ because the `National Government will fare best’ that way.” The states must build for themselves their separate spheres and “the state that fails to function effectively should suffer federal interference.” This functional analysis of federalism contemplates federal interference when the state falls behind and fails to apply or misapplies federal law yet it advocates restraint when the state is trying to find in its own law alternative solutions to the problems addressed by federal law.
The year 1976 was a good one for the advocates of state sovereignty in the struggle over federal-state relations. That was the year in which the Court decided National League of Cities Usery, overruling Maryland v. Wirtz, which had upheld the constitutionality of the amendments to the Federal Labor Standards Act (FLSA) that extended minimum wage and maximum hour regulation to a group of public employees. National League of Cities held that Congress may not exercise its power to regulate commerce “so as to force directly upon the states its choices as to how essential decisions regarding the conduct of integral governmental functions are to be made.” The Court went on to state that “such assertions of power, if unchecked, would indeed, as Mr. Justice Douglas cautioned in his dissent in Wirtz, allow ‘the National Government [to] devour the essentials of state sovereignty,’ and would therefore transgress the bounds of the authority granted Congress under the Commerce Clause.” Since 1937 and before the National League of Cities decision in 1976, there had been “no judicially enforceable limits on congressional power which derived from considerations of federalism,” and “[t]he role protections for the states were political.” National League of Cities, however, “reintroduced state sovereignty as a functioning legal limitation on the federal legislative power.” The situation in National League of Cities had to do with the 1974 amendments to the FLSA which extended the act’s minimum and maximum hour provisions to almost all State and municipal employees. Delivering the opinion of the Court, Justice Rehnquist wrote:
It is one thing to recognize the authority of Congress to enact laws regulating individual business necessarily subject to the dual sovereignty of the government of the Nation and of the State in which they reside. It is quite another to uphold a similar exercise of congressional authority directed, not to private citizens, but to the States as States. We have repeatedly recognized that there are attributes of sovereignty attaching to every state government which may not be impaired by Congress not because Congress may lack an affirmative grant of legislative authority to reach the matter, but because the Constitution prohibits it from exercising the authority in that manner.
He then went on to state that the question to be resolved was whether the state determinations involved, in that case the determination by the state of the wages which would be paid to its public employees, are “functions essential to separate and independent existence.”
Justice Brennan wrote a vigorous dissenting opinion in National League of Cities which referred to the majority opinion as “today’s mischievous decision” and warned that his brethren did not successfully obscure the “patent usurpation of the role reserved for the political process by their purported discovery in the Constitution of a restraint derived from sovereignty of the States on Congress’ exercise of the commerce power” and further arguing that “there is no restraint based on state sovereignty requiring or permitting judicial enforcement anywhere expressed in the Constitution.” He referred to the “longstanding constitutional jurisprudence” rejected in National League of Cities which relied on “the heretofore unchallenged principle that Congress ‘can, if it chooses, entirely displace the States to the full extent of the far-reaching Commerce Clause’ “ and that said principle “sometimes invalidates state laws regulating subject matter of national importance.” “In either case”, he urged, “the ouster of state laws obviously curtails or prohibits the State? prerogatives to make policy choices respecting subjects clearly of greater significance to the ‘State qua State’ than the minimum wage paid to state employees,” a result dictated by the Supremacy Clause under “the federal system of government embodied in the Constitution.” He denounced as alarming “the startling restructuring of our federal system” by the majority. He attacked the Court’s notion of state sovereignty as “an abstraction without substance” and challenged as clearly misplaced their reliance on Chief Justice Stone’s concurring opinion in New York v. United States, 326 V.S.572, 586 (1946), in support of the doctrine of state sovereignty in National League of Cities, noting that the Chief Justice did not address the question of a state-sovereignty restraint upon the exercise by Congress of the commerce power, “but rather the principle of implied immunity of the States and Federal Government from taxation by each other.” He characterized the use of the doctrine of state immunity from federal taxation as an awkward extension of that doctrine which was “conclusively distinguished by Mr. Justice Stone in California, as an immunity that is ‘narrowly limited’ because the ‘people of all the states have created the national government and are represented in Congress.’” Justice Brennan’s dissent was grounded on the idea that the States’ influence in the national political process is the safeguard to their sovereignty, a reality which was discarded by the Court although it “frequently remand[s] powerless individuals to the political process.”
Expanding on Justice Brennan’s charge that the Court’s state sovereignty doctrine in National League of Cities is an “abstraction without substance,” Professor Michelman reasons that “a state’s sovereignty, as conceived in National League of Cities, can consist neither in a notion of the state as the object of political loyalty and legitimate arbiter, nor in a notion of the state as the embodiment of political choice about the basic `structuring’ of roles and functions in civil society.” This, he believes, is confirmed by the fact that National League of Cities entitles municipalities to the protective mantle of state sovereignty, although municipalities had been denied immunity from suit in federal court and no reason is given for protecting them also from the exercise of congressional commerce power. For Michelman, what is sovereign about municipalities is not their legislative position or significance, but the ‘states’ customary reliance on them to provide for the interest of citizens in receiving certain important social services. Thus he concludes that the Court’s notion of sovereignty in National League of Cities is a functional one which regards “the state’s service role as crucial to its constitutional place‟ and that the Court in National League of Cities was using sovereignty “to stand for nothing more nor less than the state’s role of providing for the interests of its citizens in receiving important social services. This notion of sovereignty reflects a specialized meaning of the concept as opposed to the common meaning of states’ rights. It has no political content and expresses no greater deference to the state governmental activity of a political nature than to private activity unless it falls into the various categories of functions labeled by the Court in National League of Cities as integral, typical, traditional, or essential.
Whatever the meaning ascribed by scholars to the doctrine of state sovereignty in National League of Cities and whether or not that notion of sovereignty was an abstraction without substance, as charged by Justice Brennan in his dissent, these are concerns of the past for the sovereignty approach to federalism was abandoned for a process-oriented federalism invoked nine years later in Garcia. The judicial function envisaged in National League of Cities, which contemplated enforcing restraints upon Congress’ power to control the states’ relationship to the nation, was instead substituted in Garcia for a subordinate, more passive role, which recognizes that the protection of the states against congressional overreaching is essentially found in the national political process. Respect for the outcome of the national political processes requires that there be future judicial intervention in federalism-related disputes only when there are defects or failures in the political process at a national level, which endanger the interests of the states. A process failure is thus required for the courts to intervene. Wechsler advocated this passive role of the judiciary as far back as 1954 when he said that it is Congress and not the Supreme Court “that on the whole is vested with the ultimate authority of managing our federalism.” Both Professor Wechsler and Dean Choper were precursors of the idea adopted in Garcia that state-federal tensions be resolved politically, without judicial intervention. In his article on political safeguards, Wechsler had argued thirty years before Garcia that the Court should focus its function of review to the areas of protection of the rights of individuals against the government for here “the political processes cannot be relied upon to introduce their own correctives.” Dean Choper, while recognizing that the Court “has generally left decisions on federalism to the national political branches,” referred to “the turnabout… accomplished in the Usery decision” decided the year before and warned that “[f]or the Court to continue to review such federalism cases . . . would sap the Court’s strength to act on behalf of individual rights.”
This view that the Court’s legitimate judicial role in federalism-related disputes must be a limited one is consonant with Wechsler’s own concept of a working federalism where the states are instrumental in the selection and the composition of the national government. He refers to the states as the prime determinants of federalism and as “the strategic yardsticks for the measurement of interest and opinion, the special centers of political activity, the separate geographical determinants of national as well as local politics.” And it is these prime units’ fundamental role in the selection and composition of the national government that guards against encroachment by the center and contains its authority. The political safeguards upon which Wechsler essentially relies on to strike the balance needed in federal-state relations are the composition of Congress and the nominating process of the President, Choper also views the Congress and the President as especially sensitive to state concerns and vigilant over the impact of federal actions on their interests due to the substantial influence exercised by states and state leaders. His Federalism Proposal advocates that the federal judiciary should not intervene in disputes of federalism concerning the allocation of power of the national government vis-a-vis the states, for whether federal actions violate states’ rights is an issue best left to the political branches for resolution. Referring to Wechsler’s statement in the sense that the national authority is not inherently expansionist but must rally wide state support before significantly intrusive measures will be adopted, he observed the following:
This conclusion and its underlying rationale have singular pertinence to the view, contained in the Federalism Proposal, that the Supreme Court should not adjudicate constitutional questions of national power versus states’ rights. Cases that allege an excessive act by the central government are presented to the Court only after the act has attained the broad consensus that is required to overcome the inertia and the various negative features of our national lawmaking process. Legislation affecting states’ rights must also clear the imposing hurdle of active congressional concern for state sovereignty, a solicitude …that cannot be attributed to the threat of judicial invalidation. For, except in a few notable instances, the Court’s definitions of national powers have afforded the political branches exceedingly broad discretion in this area. In contrast to the undemocratic aspect of malapportionment, which permits minorities to impose laws on the majority, national legislation affecting states’ rights must have the widespread support of those affected. Under these conditions, the need for judicial review is at its lowest ebb.
This was the proposal to which Garcia responded in 1985. And so “the ever whirling wheels of American federalism,” to use Judge Wisdom’s vivid phrase, turned back to the old reliance on the political processes to protect the states against intrusion by the central organs. In doing so, the Court accepted the more passive role which Choper and Wechsler suggested, bowing to the Congress as the chief umpire in the questions of state-national relations, at least as far as the exercise of power under the Commerce Clause was concerned That acceptance can only be described as enthusiastic given the Court’s complaint that the self-imposed task which originated in National League of Cities of distinguishing between traditional versus non-traditional governmental functions for purposes of determining state immunity from federal regulation had become impossible to perform.
Garcia has been described by Field as “shorthand for deference to political processes of decision-making.” To the disappointment of those who, like Kaden, had hailed “the renewed interest in protecting the states’ independent status” shown in National League of Cities, the Court went back to its old habit of rejecting “challenges to the exercise of federal legislative power under the spending, commerce and war clauses of the Constitution when those challenges were based upon an asserted interest in state autonomy.” Garcia was a move away from the sovereignty-based jurisprudence of federalism. Stating that “[d]ue respect for the reach of congressional power within the federal system mandates that we do so,” it overruled National League of Cities and held that the minimum wage and overtime requirements of the Federal Labor Standard Act applied to employees of a public mass transit authority. Adhering to the views of Choper and Wechsler, the Court concluded that a priori definitions and conceptions of state sovereignty offered no guidance when measuring congressional power under the Commerce Clause and relied, instead on “the built-in restraints that our system provides through state participation in federal governmental action.” Revisiting the colonial scenario and drawing upon the words of Madison, the Court made a point of referring to the curtailment of state sovereignty, stating that the States retain their measure of sovereign authority “only to the extent that the Constitution has not divested them of their original powers and transferred those powers to the Federal Government.” Specifically citing Choper and Wechsler in support of the recurring theme that the national political process is capable of safeguarding the interests of the states and should be deferred to, it said:
Apart from the limitation on federal authority inherent in the delegated nature of Congress’ Article I powers, the principal means chosen by the Framers to ensure the role of the States in the federal system lies in the structure of the Federal Government itself. It is no novelty to observe that the composition of the Federal Government was designed in large part to protect the States from overreaching by Congress. The Framers thus gave the States a role in the selection both of the Executive and the Legislative Branches of the Federal Government. The States were vested with indirect influence over the House of Representatives and the Presidency by their control of electoral qualifications and their role in presidential elections. V.S.Const., Art. I, Section 2, and Article II, Section 1. They were given more direct influence in the Senate, where each State received equal representation and each Senator was to be selected by the legislature of his State. Art. I, Section 3. The significance attached to the States equal representation in the Senate is underscored by the prohibition of any constitutional amendment divesting a State of equal representation without the State’s consent. Art. V.
Although the majority recognizes that changes have occurred in the structure of the federal government since 1789, including the substitution of popular election of Senators by the adoption of the Seventeenth Amendment, nonetheless, it reiterated its conviction that “the fundamental limitation that the constitutional scheme imposes on the Commerce Clause to protect the `States as States’ is one of process rather than one of result” and that “[a]ny substantive restraint on the exercise of the Commerce Clause powers must find its justification in the procedural nature of this basic limitation, and it must be tailored to compensate for possible failings in the national political process rather than to dictate a `sacred province of state autonomy.’ “
La Pierre, another source of authority invoked in Garcia, had also taken up the matter of the effectiveness of the political safeguards of federalism in a 1982 article previously cited where he refers to the political accountability of Congress. Quoting Pennock, he defines political accountability as the “answerability” of representatives to the represented. He identifies the political checks on congressional power and probes how they create political accountability and protect the interests of the states as political communicities. There is, for example, a political check in the requirement to provide financial resources to enforce national policies since the burden, which is placed upon the voters who must provide these financial resources, makes Congress answerable to them. Another political check on Congress, according to La Pierre, is the application of national policies to private activities. Referring specifically to the application of the Federal Labor Standards Act to public employers and denouncing the Court’s intervention in Nacional League of Cities, he illustrated the effectiveness of this particular type of political check:
If the wage and hour provisions of the FLSA are applied to state and local governments in their capacities as employers, there is an additional effect on the states: the costs of providing public goods and services are increased. Nonetheless, the same political checks operate and Congress is politically accountable because the regulations also apply to private employers, and state interests are vicariously protected by the impact of the FLSA on private employers. Since national intrusion on the states is limited by the application of the FLSA standards to both private and public employers, judicial protection for the States in NLC was not warranted.
And, in further elaborating his theory of political accountability as a means of preserving states’ interests, he strikes the same chord as the Garcia decision that judicial interference will require a failure of the political process at the national level.
Thus, political checks and political accountability, and not simply the representation of state interests in Congress by representatives elected from the states, are the political safeguards of federalism; they justify deference to the national political process and protect the states’ role as political communities in the federal system. When political checks make Congress politically accountable, intrusion on the independence of state political decision-making is permissible; that is, the political safeguards are sufficient. Conversely, when Congress is not politically accountable, courts should protect state interests in political decision-making.
The critics of Garcia have attacked the adequacy of the modern political process in the nation asserting that in the real world these are insufficient. Others have denounced Garcia as allowing and encouraging the imperialistic expansionism of the Federal Government over the States. In a way, it is ironic to end our discussion of American federalism on this note. For if there is such a fear, despite the existence of the States as diverse political communities which are an integral and respected part of the second larger political community—the nation—and despite their full participation in the selection and composition of the federal government, what can be expected of those who have stood by the wayside for almost a century?
II
Puerto Rico: The Colonial Malaise
Who-what, then, is Puerto Rico? Has it ever been a part of the balance in intergovernmental relations that Hamilton spoke about? Does it play any role in the national political process to which the Garcia Court deferred the protection of the states against congressional encroachment? Where does it fit in the political structure of an American federalism? I could give the “yes/no” answers that usually sprout in any inquiry of Puerto Rican-federal affairs. The answers are “mixed,” they say, or, “they depend on the circumstances.” Yet, when we trace the basic ideas underpinning the growth, the process, the constitutional scheme, the political arrangement, if you will, known as federalism, an honest mind can only conclude that federalism is a myth in Puerto Rico. It is not honest to speak of modern Puerto Rico as a new dimension in federalism while at the same time the very existence of that new reality has to be conditioned to obtaining such essentials of a federalist society as the participation in the process of federal legislation. You can go through reams of papers on scholarly constitutional analysis of Puerto Rican-federal relations and all will leave you with the bitter taste of its anomalous situation, called by some its “unique” situation.
Federal-state relations have generated in the United States a jurisprudence of federalism. Puerto Rican-federal relations have, in turn, created a jurisprudence of colonialism, with all the mixed signals, the evasiveness, the blooming rhetoric and “the juggling of words”that must be put in when in the dawn of a new century you still have judges dealing with the problems of a colony while at the same time making believe they are not. It is pitiful. And, it is painful.
The jurisprudence of the Insular Cases “blessed the colonial experiment” in Puerto Rico by adopting the doctrine of territorial incorporation which held that the territories acquired by the United States as a result of the Spanish American War of 1898 could belong to the United States without being a part of the United States and that, therefore, “the Island of Puerto Rico is a territory appurtenant and belonging to the United States, but not a part of the United States within the revenue clauses of the Constitution.” Justice White expanded on this convenient piece of nonsense and ambivalence which called for different treatment of the inhabitants of the territories which had been annexed on the ground that they were foreign “to our habits, traditions and modes of life,” possessions made up of “alien races, differing from us in religion, customs, laws, methods of taxation and mode of thoughts.” In his concurrence in Downes, he observed that: «The result of what has been said is that whilst in an international sense Puerto Rico was not a foreign country, since it was subject to the sovereignty of and was owned by the United States, it was foreign to the United States in a domestic sense because the island had not been incorporated into the United States but was merely appurtenant thereto as a possession…»
And so, the fancy of an intellectual, Professor Abbott L. Lowell of Harvard University, who had advocated that very same theory in a law review article two years before the Insular Cases were decided, became the nightmare and the stigma of an entire population. The double standards were born right there: “belongs, but not a part, foreign and yet domestic, American, yet alien.” The effect of these ambiguities is clearly depicted in Raymond Carr’s book on Puerto Rico and its troubled relationship, past and present, with the United States. Quoting from a 1901 article of a local newspaper, he writes: «The economic advantage of permanent union with the United States made tolerable a political settlement that left the Puerto Rican, Nobody from Nowhere,’ imprisoned in a constitutional limbo as an unincorporated territory. `We are and we are not an integral part of the United States. We are and we are not a foreign country. We are and we are not citizens of the United States…The Constitution covers us and does not cover us… it applies to us and does not apply to us.‟ These ambiguities were to haunt Puerto Rico’s relationship with its new master; they are still unresolved. »”
These ambiguities have dislocated and torn our society, have menaced the core of its identity and the free and full expression of its individuals. Eighty-four years after the Insular Cases, Dean Helfeld, a distinguished scholar who is well versed in the history of the Puerto Rican-United States relationship, returned to the recurring theme of the ambiguities: Constitutional relations between Puerto Rico and the United States are not based on a system of logically consistent principles. Purposes Puerto Rico is treated as if it were a state of the Union, for others as an unincorporated territory and for still others as a jurisdiction uniformly incorporated into the network of national legislation.
The doctrine of territorial incorporation espoused by Lowell and adopted in the Insular Cases provided “a constitutional basis for governing these colonies for an indefinite period—without the impediment of constitutional limitations that were deemed not “fundamental.” Thus, the Constitution would apply only as to “fundamental rights.” The granting of citizenship in 1917, contrary to the expectations of many, neither conveyed full application of the Constitution to Puerto Rico nor endowed Puerto Ricans with the same political rights enjoyed by American citizens in the mainland. To this day, only the core of the Constitution applies to Puerto Rico. What lies within the core and which are or are not fundamental rights are constant markers in litigation? In People v. Balzac, decided five years after the granting of citizenship to Puerto Ricans, the Court, alter first cautioning against lightly inferring “an intention to incorporate in the Union these distant ocean communities of a different origin and language from those of our continental people, said: «The guaranties of certain fundamental personal rights declared in the Constitution, as for instance that no person could be deprived of life, liberty or property without due process of law, had from the beginning full application in the Philippines and Porto Rico, and, as this guaranty is one of the most fruitful in causing litigation in our own country, provision was naturally made for similar controversy in Porto Rico…»
The Court found, however, no place among the fundamental rights for the right of a criminal defendant in Puerto Rico to a trial by jury, as established by the Sixth Amendment of the Constitution, and thus in 1922 it denied that right to Jesús M. Balzac, an American citizen living in an “ocean community of a different origin and language.” Arguing that “[i]t is locality that is determinative of the application of the Constitution in such matters as judicial procedure, and not the status of the people who live in it, the Puerto Rican just turned American citizen soon found out how superficial a meaning could be attached to those impressive words: “fundamental rights.”
In 1922, the court noted in Balzac that the granting of United States citizenship to Puerto Ricans “enabled them to move into the continental United States and becoming residents of any State thereto enjoy every right of any other citizen of the United States, civil, social and political.” The clear underlying message was that Puerto Ricans would have “to move into the United States proper” to enjoy all political and other rights. In other words, we were free to step inside; outside the United States proper rights just dwindled. And thus it carne to pass that in 1977, more than fifty years after Balzac and more than two decades after the creation of the Commonwealth of Puerto Rico, citizens Torres, Colón and Vega who had stepped inside the United States proper lost the Social Security Income (SSI) benefits they had been receiving as residents of Connecticut, Massachusetts and New Jersey the moment that they moved back to Puerto Rico. Puerto Rico has been excluded from the 551 program for the Social Security Act, 42 V.S.C. Section 1382, provided that no individual was eligible for benefits during any months in which she/he is outside the United States and the statute defined “the United States” as “the 50 States and the District of Columbia.” In footnote 4 of the opinion, the Court relying on the Insular Cases of 1901 and referring to its oft-quoted statement that Puerto Rico has a relationship to the United States “that has no parallel in our history,” reminded us once again “that Congress has the power to treat Puerto Rico differently, and that every federal program does not have to be extended to it.” Thus, even though Puerto Ricans pay full Social Security taxes just as any other recipient, benefits to the aged, the blind and the disabled under the SSI program are withheld from them and from any citizen who moves to Puerto Rico even though she/he otherwise qualifies. The reasons for their exclusion from the program were brought up again in Harris y. Rosario: “Puerto Rican residents do not contribute to the federal treasury, the cost of treating Puerto Rico as a State under the statute would be high; and greater benefits could disrupt the Puerto Rican economy.” These three factors had been stated before in Califano in a footnote, which cited as single authority a 1976 Report of the Undersecretary’s Advisory Group on Puerto Rico, Guam and the Virgin Islands, Department of Health, Education and Welfare. In Harris o. Rosario, the program involved was The Aid to Families with Dependent Children, 49 Stat. 627, as amended, 42 V.S.C. Sections 601, et seq. which provides federal financial assistance to States and Territories to aid families with needy dependent children. Puerto Rico received leas assistance than the States. A class action was filed claiming that the lower level of reimbursement provided to Puerto Rico violated the Fifth Amendment’s equal protection clause. It took the Court one paragraph to dispose of the claim and to reverse the favorable judgment obtained. Invoking the Territorial Clause of the Constitution, it reasoned that Congress could treat the territory of Puerto Rico differently from the States: «Congress, which is empowered under the Territory Clause of the Constitution, V.S. Const., Art. IV, Section 3, cl. 2, to `make all needful Rules and Regulations respecting the Territory… belonging to the United States’ may treat Puerto Rico differently from the States so long as there is a rational basis for its actions.»
The rationality of the congressional action was grounded on the three factors listed before, without further inquiry or explanation.
Justice Marshall dissented while Justices Brennan and Blackmun, unpersuaded that the summary disposition in Califano controlled this case, would have noted probable jurisdiction and set the case for argument.” Marshall denounced, in Harris, the haste in resolving “important legal issues without full briefing or oral argument.’” Strange, that he felt the need to remind his Brethren that “Puerto Ricans are United States citizens.” He wrote:
.. the Court suggests today, without benefit of briefing or argument, that Congress needs only a rational basis to support less beneficial treatment for Puerto Rico, and the citizens residing there, than is provided to the States and citizens residing in the States. Heightened scrutiny under the equal protection component of the Fifth Amendment, the Court concludes, is simply unavailable to protect Puerto Rico or the citizens who reside there from discriminatory legislation, as long as Congress acts pursuant to the Territory Clause. Such a proposition surely warrants the full attention of this Court before it is made part of our constitutional jurisprudence.
In his article on federal financing in Puerto Rico, Professor Richard B. Cappalli, commented that “[t]he price paid for not being a federated State is that Congress can and does discriminate against Puerto Rico in federal grant programs.” He compared ceilings imposed in 1950 and in 1967 in federal welfare payments to Puerto Rico. Referring to the 1950 ceiling, he observed that “[a]n absolute limit of 4,250,000 in federal payments to Puerto Rico under all the welfare categories was inserted; in addition, the federal share of the welfare program in Puerto Rico could not exceed 50%, whereas in the States it could reach as high as 75%.” According to statistics used by Cappalli, in 1967 the ceiling still existed, although it had been raised to $9.8 million and the Puerto Rico’s allotment amounted to 0.3% of the total amount of federal assistance payments throughout the United States, lower than the allotment in 1950, which represented 0.4% of the total. The author suggested that [t]he spectre in Puerto Rico of monstrously long welfare rolls sponsored by the federal treasury” was one of the reasons for the severe limitations on federal welfare assistance to Puerto Rico.
As recent as March 1988, the matter of limitations on the amount of funds; that Puerto Rico receives under federal assistance programs was addressed by the White House Task Force on Puerto Rico in response to questions posed by the Subcommittee on Insular and International Affairs, V.S. House of Representatives.
The Task Force gave three reasons for the restrictions imposed: «First, there was concern that, given disparities in prevailing wages between the V.S. and Puerto Rico, full extension of the programs could interfere with work incentives and operation of an effective labor market. Second, family structure, social institutions and governmental programs vary from those on the mainland and programs designed for the fifty states may have negative consequences when applied to Puerto Rico In addition, there was concern with the cost of extension of these programs to Puerto Rico—in all likelihood about $1 billion a year.»
The discriminatory treatment accorded Puerto Rico has resulted not only in its exclusion from the federally funded Supplemental Security Income program (SSI) but also in the loss of approximately $78 million due to the funding ceiling of $72 million placed on the Aid to Families with Dependent Children program and a loss of approximately $325 due to the $74.4 million limitation on the Medicaid assistance to the needy in Puerto Rico.
I submit that the unequal treatment of Puerto Ricans has been in the books of American constitutional law since 1901 and up to this date. In 1952, many thought that would all end with the advent of the Commonwealth. A 1981 First Circuit case categorically refers to the end of Puerto Rico’s territorial status in these plain words: «Puerto Rico’s territorial status ended, of course, in 1952. Thereafter it has been a Commonwealth with a particular status as framed in the Puerto Rican Federal Relations Act. Act of July 3, 1950, Pub. L. 600, § .4, 64 Stat. 319…»
However, (there is always a “however” when courts speak of Puerto Rico’s status and this particular case was no exception) the Court, subtly refused to let the territorial scheme go entirely, saying “the new status rendered the words ‘dependency or insular possession’ somewhat obsolete as to it…” Others, less polite perhaps but more realistic in their perception of Puerto Rico’s present status, have simply referred to it as a colony. José A. Cabranes in his remarks before the First Circuit’s Judicial Conference of 1985 said: «The key point about Puerto Rico’s place in the American constitutional system is that no word other than ‘colonialism’ adequately describes the relationship between a powerful metropolitan state and an impoverished overseas dependency disenfranchised from the formal lawmaking processes that shape its people’s daily lives. We do well to speak plainly and accurately -and without embarrassment- about the facts as they are. »
Dean Helfeld, in remarks made before that same judicial conference, observed that “[f]rom the perspective of democratic theory, the principal defect in the constitutional relations between Puerto Rico and the United States can be traced to Section 9 which authorizes Congress to legislate unilaterally for Puerto Rico.”
The former Chief Justice of the Supreme Court of the Commonwealth of Puerto Rico, José Trías-Monge has described Puerto Rico as one of the countries with the longest colonial history in the world. Specifically referring to the year 1963, more than a decade after the creation of the Commonwealth, he denounced the stubbornness of Congress in failing to recognize the principle of free determination, arguing that Congress was “morally obliged to put an end to the still clearly colonial situation of Puerto Rico.” Further expanding on the matter of free determination, he wrote:
The truth is that in spite of the many expressions by the United States in favor of free determination, that right has never been recognized to Puerto Rico beyond the realm of rhetoric. We have seen that during different stages of the recent constitutional history of this country each of the three status formulas has for some time dominated public opinion. The people of Puerto Rico, consequently, requested at different times during this century admission in the Union as a federal state or at least as an incorporated territory. It was not pleased. It requested independence. No bona fide offer was made either. It sought full autonomy. It was consistently denied, although from time to time some reforms were effectuated, mostly modest ones, to the regimen. These habits of a drifting imperialism, which on so many occasions have tainted the relations between the United
States and Puerto Rico, have made the solution of the status problem unnecessarily difficult.
The thorough analysis made by Raymond Carr is relevant in any discussion on Puerto Rican-United States relations. The Twentieth Century Fund, a research foundation founded in 1919, decided to request the study from an English scholar for it was its belief that Puerto Rican and American scholars had already made up their minds about what the relationship ought to be. His basic explanation of the Commonwealth of Puerto Rico follows:
It resembles a state in that, while its elected representatives have a measure of control over its domestic concerns, many important issues are settled by federal laws; it differs from a state in that it has no representative in the body—the United States Congress—that makes those laws. The rela-tionship between Puerto Rico and the United States has never become, as Henry Stimson once argued it should, “analogous to the present relation of England to her overseas self-governing territories;” the British Commonwealth is a loose association of sovereign states—thus, for example, the Irish Republic, then a member of the Commonwealth, did not declare war in 1939. This option would not have been open to the Commonwealth of Puerto Rico. Unlike citizens of the self-governing dominions, but like the British citizens of the colonies who were involved in a war declared by a Parliament in which they were not represented, the American citizens of Puerto Rico have been automatically involved in wars declared by president and Congresses in whose election they played no part. If the term Commonwealth is meant to imply any resemblance to a member state of the Commonwealth, it is delusory, hiding a colonial relationship in which the metropolitan power legislates for the colony and controls its defense and foreign policies.
Juan R. Torruella, a judge of our Circuit whose clear and courageous writings have done much to disentangle the web of the Puerto Rican-United States relationship, concluded in his book that “constitutionally speaking, Puerto Rico remains an unincorporated territory of the United States even if de facto it has been allowed by Congress to exercise internal autonomy similar to that which the States are entitled.”
Torruellas‟ book was reviewed by Judge Cabranes in 1986. In that review, he made a forceful statement of present-day Puerto Rico: «Puerto Rico is still not a part of the ‘United States’ for all constitutional purposes; the island and its people are still subject to the laws and regulations adopted by the political branches of the national government before which they ap-pear only as supplicants; and that national government retains virtually unlimited discretion to determine whether or how the island will fit into national policy. It is thus true, as Torruella argues that the island’s basic political status has not changed since the turn of the century and the development of the doctrine of territorial incorporation. »
Most of the authors quoted above could rightfully be called the critics of Commonwealth status. The fact remains, however, that the advocates of that political status also concede the basic shortcomings of that formula, to wit, the lack of representation in the national political processes which directly affect all Puerto Ricans, the partial application of the United States Constitution resulting from the distinction between fundamental/nonfundamental rights, the unequal treatment suffered time and again which is patent in cases such as Torres and Rosario, the very weakness of a political creature that must abide and abide without ever casting a vote to make those by whom it abides more sensitive to its needs and interest. Its defenders have downplayed these realities, calling it a new dimension of federalism. This is what Carl Friedrich, for example, called it, stating that it “conceivably provides a striking model for future developments in the sphere of the liberation of colonial peoples who do not wish or may not be able to organize themselves as independent political communities.” I venture to say that only a people with a colonial history as long as ours can perceive the trickery enclosed in those words. It is more of the word spinning that we are accustomed to.
A scant five years later, Friedrich, in a lecture delivered at the University of Puerto Rico in January 1958 and, despite his belief that the Commonwealth of Puerto Rico “is in fine with the basic philosophy of American constitutionalism and federalism,” recognized the shortcomings of the Puerto Rican participation in the process of federal legislation (including constitutional amendments) and “the failure to provide for a participation in the shaping of foreign and defense policies.” Pointing to the magnitude of federal activities in Puerto Rico, he observed: «The fact that all these activities are carried forward by officials appointed without the consent of Puerto Rico, indicates the severe limits within which autonomy is at present defined. They suggest the importance of radical alterations in the federal relations we believe to be necessary before Puerto Rico can be considered truly self-governing. »
Finally, despite the touting of federalism in Puerto Rico one cannot help but notice the touch of irony contained in Friedrich’s dedication of those lectures to his “son Otto, because of his abiding sympathy for all the underprivileged of the world.” I have never heard anyone refer to people living in federal systems in this manner. You may hear about the poor in Germany, Switzerland, or the United States but certainly, no one refers to them in collective terms as “the underprivileged of the world.”
Another advocate of Commonwealth status, Pedro Ortiz-Alvarez, a distinguished lawyer and a Commonwealth official at present, promotes in a law review article a new compact of associa-tion between the United States and Puerto Rico, saying: «The new compact will be the basic document in the United States-Puerto Rico relationship. With its acceptance by Congress and by the people of Puerto Rico, the Puerto Rican Federal Relations Act and all its ambiguities will disappear. Among them, the elimination of the expression `belonging to the United States’ contained in said act is indispensable because its colonial touch is evident. »
And, making his own list of shortcomings in the present relationship, which serve at the same time to support his claims of culmination of the Commonwealth status, he said.
In the future compact the model of the states should no longer govern. The States are members of the Union, their citizen‟s vote for the President and have full congressional representation. Puerto Rico is not a member of the Union; its citizens do not vote for the President and are represented in Congress only by a Resident Commissioner with the right to speak but not to vote. Indeed, Puerto Ricans hope that Congress will understand our claims… And, of course, the culmination of the Commonwealth status is politically indispensable. The continuation of the status quo will be harmful for the dignity of Puerto Rico and for the international reputation of the United States. More important, the Congress cannot ignore the demands of a community, which has shown absolute loyalty to the American citizenship, to the democratic institutions contained in the Constitution of the United States, and to the principles of liberty, which make great this country.
The efforts at improving, at strengthening the Commonwealth have been many. As of today, we remain as, Judge Cabranes said, “supplicants” at the doors of the political branches of the national government. Despite this, there are those who would still call Puerto Rico a “sovereign.” Although recognizing that “the legal relationship between Puerto Rico and the United States is far from clear and fraught with controversy,” the United States Court of Appeals for the First Circuit went on to hold that “Puerto Rico is a sovereign separate from the United States for purposes of double jeopardy.” Judge Torruella concurred in the result but not the reasoning of the Court on the sovereignty issue. Arguing that there has been no change since 1950 in Puerto Rico’s territorial status or in Congress’ plenary power over it pursuant to the Territorial Clause of the Constitution, he concluded that Puerto Rico and the United States are not dual sovereigns for double jeopardy purposes. The distinction between sovereignty and autonomy, often forgotten, was made. That Puerto Rico has achieved a measure of control over its local or internal affairs after Commonwealth is not disputed. However, self-government or autonomy is not sovereignty. It is artificial to refer to Puerto Rico as a sovereign state standing before the other sovereign—the United States. The concept of sovereignty throughout history has always entailed the idea, or the reality, of the sovereign being the ultimate source of power. The sovereign can enact laws for its subjects and change them at will for the ultimate authority lies there. Such is not the case of Puerto Rico whose life is governed to a great extent by federal legislation enacted by organs of power who have the last word. In our situation, the last word of the sovereign becomes law without any real intervention by the governed in the enactment of decrees. Aside from the lack of authority of our people and the unilateral control by Congress, Torruella indirectly addresses the lack of permanence of the relationship that binds the United States and Puerto Rico. On this matter, Dean Helfeld, cited in the opinion, flatly stated: «Though the formal title has been changed, in constitutional theory Puerto Rico remains a territory. This means that Congress continues to possess plenary but unexercised authority over Puerto Rico. Constitutionally, Congress may re- peal Public Law 600, annul the Constitution of Puerto Rico and veto any insular legislation, which it deems improper. From the perspective of Constitutional law, the compact between Puerto Rico and Congress may be unilaterally altered by the Congress. »
Helfeld concludes that the legislative history of Public Law 600 and the Constitution of Puerto Rico is barren of any evidence that Congress intended to abrogate or to delegate its power and authority over Puerto Rico. In 1952, he hoped for greater Congressional awareness of the Puerto Rican reality, saying:
The existing federal-insular relationship has within it the seeds of two tensions; one is symbolic, while the second involves government without representation. With time the tension between political reality and Constitutional, theory, between the possession of home rule and the status of a territory, may grow to unmanageable proportions. Pan of the reality of freedom is feeling free. Indeed, man’s history chronicles innumerable occasions when the symbol of freedom outweighed all political considerations. Since men live by and for symbols, a substantial degree of self-determination may not compensate for a badge of an inferior status. Nor is the badge merely symbolic, since Puerto Rico is permitted no politically effective role in the making of national policy—even with respect to federal policy, which affects the island deeply and directly. A people with democratic convictions can hardly countenance government without representation at the national level as a permanent political condition. It is to be hoped that Congress will not be slow in recognizing Puerto Rico’s symbolic as well as its practical and democratic need for effective participation at the national center of power.
More than three decades have passed and nothing has changed. The symbols are still there; the inequities still roam. The United States Supreme Court continues evading with its approach that it makes little difference whether Puerto Rico is a State or Territory for a way out is always found. It will continue to quote Magruder who made one of the many “is/is not” statements: «Puerto Rico has thus not become a State in the Federal Union like the 48 States, but it would seem to have become a State within a common and accepted meaning of the word. »
In these circumstances, it has no meaning to refer to Puerto Rico as a sovereign, unless you do so as a token gesture to ease tensions or to soothe hurt egos. Nor does it make any sense to talk in a loose manner about the development of federalism in Puerto Rico or the new role of Puerto Rico in federalism. There is none. As Wechsler correctly observed, it is the continuous existence of the states as governmental entities and their influence on the selection of the Congress and the President, which are the determinant factors of a working federalism in the United States. Friedrich, for example, believed that “federalism should not be considered as a static pattern.” However, despite all the inventiveness, he too had to borrow from the essential attributes of the classic pattern to try to rescue the supposed dynamic dimension of federalism he saw in Puerto Rico from an artificial and an unviable form of federalism. The problem is that he borrowed those attributes to square away his theory. Thirty years after he dictated his lectures, the people of Puerto Rico have never experienced the “freedom with justice” that he anticipated under this new dimension of federalism. All of the “shortcomings” pointed out by him still exist; none of the solutions proposed by him were adopted. Perhaps because, as Professor Lewis said, “the argument, albeit attractive, is predicated upon grounds that remain, so far, pretty fragile.”
Instead of participation in the federal legislative process, we have a Resident Commissioner without vote in Congress, lobbying efforts, and the memoranda of law firms. Instead of Con-gressional concern and awareness originating from the accountability of Congress to the States and their constituencies, we have the ebb and flow of whatever power and favor can be obtained from contacts and friends in Washington.
How does this fit into the framework of built-in guarantees of the federal system, which led the Court in Garcia to step aside unless there was a failing in the political process at the national level? The obvious answer is that it does not. The basic tools are missing. Puerto Rico does not have a place in the spheres that the Garcia Court found capable of self-protection.
Conclusion
A body politic, which has no participation in the composition and selection of the national government, whose citizens have virtually no political participation in the national processes, and where, consequently, there is no accountability to it, can be called many things, except a part of a federalist plan. The organization and political configuration of Puerto Rico simply lack the structural elements of the American federalism. Wasn’t it after all the desire for political participation and for freedom of choice, which joined the hands of those who wrote the Charter? Whatever the imagery or the legalese, Puerto Rico is not a part of American federalism, be it crippled or blooming.
Let there be no doubt. No one who has lived in this Island long enough to know it can ignore its painful reality. Some accept it out of inertia, others because of sheer exhaustion, still others because of cowardliness or personal gratification while the Lowells of our time thrive on the endless bickering that saps our energy and ruins our peace.
————————————————————————————————-
A LEGAL OPINION ON INTERNATIONAL LAW,
LANGUAGE AND THE FUTURE OF FRENCH SPEAKING CANADA
Ramsey Clark
This memorandum will address two questions:
1. Whether Chapter VII, Section 58 of the Quebec Charter of the French Language which generally requires public signs and posters and commercial advertising which are out of doors or in- tended to be seen by persons who are out of doors and under certain circumstances when located inside business establishments be only in French violates international law, or infringes on fundamental human rights;
2. Whether Chapter VIII, Sections 72-86, of the Quebec Charter of the French Language requiring that instruction in kindergarten and elementary and secondary school classes be in French, but excepting on request a child whose mother or father was instructed primarily in English in Quebec, or in English elsewhere and was domiciled in Quebec on 26 August 1977, violates International law, or infringes on fundamental human rights.
On casual consideration, the questions might seem to address arbitrary, narrow and peculiar restrictions on the use of languages. In fact, they deal with fundamental elements of culture and values having a powerful influence on the nature and character of a society. For they are concerned with the language of learning and its culture and the role of foreign language and economic power in the domestic lives of a people. Language as the most pervasive and comprehensive carrier of culture is a key determinant in the individual’s understanding of self, the world and human values. Though inadequately articulated in the international corpus juris it is among the most fundamental of all human rights.
1. The Nature and Role of Language in Culture and Human Life
In the book of Genesis, we read that the whole earth was of one language until the tower of Babel was destroyed when that one language confounded and the people then unable to understand one another’s speech were scattered abroad upon the face of all the earth. Over the millennia thousands of languages, many with multiple dialects emerged, evolved, fragmented, died, merged and expanded. Within each language, aspects of events experienced by its speakers and the more common aspirations, dominant character and group values adhered in words and phrases of special meaning and were transmitted in an expanding culture reflecting a shared and changing experience of thousands and millions of individuals over generations and centuries.
At the beginning of the first century A.D., Christian gospel gave one answer to the longing of many through all the ages for a single language of perfect communication. As the Disciples of Christ prepared to journey throughout the world to carry their message, the Book of Acts reports there was a sound from heaven of a mighty rushing wind and the disciples began to speak with other tongues. The multitudes were confounded because everyone heard the message in his own language. To speak the language of others is the opposite of the historic practices of military conquest, colonial dominion, economic intervention and exploitation, not to mention tourism of Americans and others, which have imposed their language where they could and used their own where they could not.
At mid-twentieth century, Toynbee found evidence of 26 civilizations of which 16 were dead; two were in their last agonies and seven under threat of annihilation or assimilation. Within those civilizations and the surviving dominant civilization were thousands of silenced languages, which reflect more comprehensively the nature, and values of all the people who spoke them than all other remnants of their existence. Those languages as the principal component and fabric of the culture they expressed are the clearest key to the quality of their lives. Toynbee observed, “…language which wins…over its rivals usually owes its success to the social advantage of having served …as a tool of some community that has been potent either in war or in commerce.”
At the end of the twentieth century, scholars estimate that there are between 2500 and 4000 languages excluding dialects in current use on the earth. From this, particularly in light of expanding electronic communication, the ease and speed of travel and global interdependence, one might assume the vast majority are soon to be extinct despite widespread efforts to save them, including the development of written forms for many languages that have none, using phonetic transcriptions into the alphabets and symbols of existing written languages. It is not sentimental to observe the unique and precious quality of those languages and remember that they reflect the cumulative human experience of many individual lives. Consider only Haitian Creole, generally considered a separate language now. Does it not contain much of an incredible human experience of a beautiful people: kidnapping, crossing an unknown sea in chains, contact with a dying Indian population, slavery, rebellion, Toussaint L’Overture, violence, corruption, the spoilage of a paradise, racial mixture, French language transformation, sadness, poverty, hunger, flight, music, art, marines, education, Duvalier, Catholicism, animism, voodoo, environmental degradation, human dignity, Aristide, an indomitable spirit? Should that language be sacrificed to agribusiness, tourism, or cultural intervention of an incomparably more powerful police, or economy? With the thrill of deciphering a Rosetta Stone, or breaking the Maya code we also enrich our lives. But how much more we would know about the post, life and ourselves if those languages, their knowledge, wisdom and values had survived.
Andre Malraux in The Voices of Silence wrote “Every culture aspires to perpetuate, enrich and transform … [its] ideal concept of man…” Taken together these cultures are “the heritage of the quality of the world.” On the decline and fall of cultures Malraux observed “When we survey the charnel-house of dead values, we realize that values live and die in conjunction with the vicissitudes of man…our culture is not built up of earlier cultures reconciled with each other, but of irreconcilable fragments of the past… Each hero, saint or sage stands for a victory over the human situation. All the same the Buddhist saints could no more resemble St. Peter and St. Augustine than Socrates resembled Gandhi…When we welcome amongst us all these antagonistic elements, is it not obvious that our eclecticism, defying history, merges them in a past whose conception is other than the real past, and acts as a defense of our own culture?” Thus, the distinct values of the demised culture are largely lost and only aspects of it are transformed to reinforce a surviving culture and its values.
The struggle for the preservation of a culture and language is for the survival in human consciousness and life of the contributions of all those who lived within the culture and used its language.
Tyranny over language is essential to control and dominate a conquered people with a different tongue. It is the essential element in culturcide. Culturcide is the only means of completely dominating another people. Empires spread their language as a weapon of domination. The struggle to control language is found throughout the history of war, conquest, intervention and economic exploitation. The different means of suppressing another language can be seen in every epoch. To speak or write a forbidden language has often been punishable by law. As random examples, Turkey has prohibited the use of the ancient Kurdish language to try to dominate and assimilate a minority of 14 million people. Japan compelled the use of its language in occupied Korea and Taiwan in the decades before the end of World War II. The Filibusterer William Walker proclaiming himself President of Nicaragua in the mid 1850s made English the official language though few could speak it.
Colonial powers, ancient and modern, have compelled their colonies to use their languages in public affairs, courts, schools and commerce. Major commercial sea faring peoples, Phoenicians, Malaysians and many others, spread their languages by their economic power. It is their power, not their presence that extends their language. Economic refugees cannot persuade °there to use their language. They seek to assimilate. Multinational corporations spread the language of their ownership and management around the world. The terror experienced by millions of refugees, exiles, immigrants, prisoners of war, linguistic minorities and others caught in a foreign language and culture, disadvantaged and unable to communicate or fend for themselves is among the greatest violations of human rights.
Wrestling to identify the essence of freedom and human dignity, George Orwell writing his classic 1984, found tyranny ultimately depended not only on prohibiting all foreign languages, but also on creating its own language. Newspeak was made to replace Oldspeak, or Standard English.
“The purpose of Newspeak was not only to provide a medium of expression for the world-view and mental habits proper to the devotees but to make all other modes of thought impossible. It was intended that when Newspeak had been adopted once and for all any diverging from [its] principles should be literally unthinkable, at least so far as thought is dependent on words. Its vocabulary was so constructed as to give exact and often very subtle expression to every meaning that a Party member could property wish to express, while excluding all other meanings
. .” He has described the power language has to control thought.
Language is uniquely a human characteristic and seemingly both the most important for individual self-realization and accomplishment and the most intimate and personal for individual thought, development and understanding. Aristotle noted that man is the only animal “endowed with the gift of speech.” Darwin observed, “Lower animals differ from man solely in his almost infinitely larger power of associating together the most diversified sounds and ideas.” Descartes found language, together with thought, “Je pense donc je suis,” to be one of two differences “that exists between man and brutes.” As a singular and essential attribute of human dignity, language is basic among fundamental human rights.
Lavoisier thought, “the art of reasoning is nothing more than a language well arranged.” While Plato believed “thought is the unuttered conversation of the soul with itself,” he could not deny that even that conversation was inextricably intertwined with language. Thus, language is an essential element of thought, privacy, opinion, self-knowledge, understanding, fulfillment, even conscience. It is among the most elusive, valuable and fundamental of all rights.
II. The Evolution of Language as a Human Right
Realization of the importance of language as a human right has dawned slowly. We are still told, “Whether linguistic rights merit protection in the context of international human rights law is a matter of much debate.” The Protection of Language Rights in International Human Rights Law, Virginia Journal of International Law (Vol. 32: 515, 1992) at p. 517. But language rights have been recognized in international law and treaties for generations.
Following World War I, Central, and East European nations were required by treaty to both protect and promote the linguistic rights of minorities. The Permanent Court of International Justice was given jurisdiction to enforce the treaty provisions and in cases such as the Minority Schools in Albania decided in 1935 endeavored to do so. Minority Schools in Albania (Advisory Opinion) 1935 PCLJ (Ser AB) No. 64.
These treaties which sought to preserve languages and cultures rose from the idealism following World War I, which produced Woodrow Wilson’s Fourteen Points and the League of Nations. They suffered from a lack of practical judgment. Deferential to power they provided no language rights in government matters while imposing impossibly burdensome requirements for schooling of minorities in their many languages that divided ethnic, national and linguistic groups. They went far beyond anything the allied powers dreamed of according minorities in their own midst. While the treaties were largely unenforced and their purpose a failure, it ought to be asked what role the effort to so coerce others, as is seen in the Treaty with Serb-Croat-Slovene State of September 10, 1919, might play in the present tragedy in former Yugoslavia.
The United Nations Charter, incorporating a proposal by France made at the Dumbarton Oaks Conference, made language with race, sex and religion as one of four areas to be protected from discrimination in Article 1(3). The U.N. Charter refers to the protection against discrimination on the basis of for language in articles 13(6), 55(c) and 76(c).
Since this important advance, language has been recognized regularly in international human rights documents. In 1948, the Universal Declaration of Human Rights in Article 2 guaranteed the right to freedom from discrimination on the basis of language. Article 2(2) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966 prohibits discrimination based on language.
Among all the international human rights treaties, the International Covenant on Civil and Political Rights deals most comprehensively with linguistic rights. In Art. 2(1) it requires State Parties to respect and insure non-discrimination on account of language. In succeeding subsections, it requires Parties to take measures to give effect to all the rights provided and remedies for their violation. Art. 14 importantly guarantees a person charged with crime the right to be informed of the charges in a language he understands and to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court. It is pitiful to watch bewildered Blacks before South African Pass Courts without meaningful translations, or counsel who speaks their tongue, sentenced to separation from their families without any ability to understand what is happening, where they are to be sent, or the length or conditions of their sentence. The scene has been repeated in many other nations among other races and in many languages.
Language rights are repeatedly addressed in the Covenant on Civil and Political Rights. Art. 19, while not mentioning linguistic rights deals with the intimately related rights to hold opinions and freedom of expression. Art. 24(1) concerns discrimination against children including their language rights. Article 26 addresses equality and includes language rights.
While nearly all international law references to language have dealt with negative — thou shall not — injunctions protecting individuals, Art. 27 importantly, and virtually for the first time in explicit positive command in an international agreement, protects the rights of linguistic minorities to “in community with other members of their group… enjoy their own culture… to use their own language.” As with all generalities, and especially so with new concepts lacking the gloss of history, the inherent uncertainties of application of such language require a long process of interpretation.
That process, more so than with most international law which excepting commercial interests remains vague in its applications and spotty in its enforcement, is in an early stage of development. Looking around the world today one sees an almost endless variety of language predicaments needing address if invaluable, irreplaceable human experience and value systems are to be preserved for the benefit of all.
After the promulgation of the Universal Declaration of Human Rights failed to address rights of linguistic groups, because of their obscurity, absence from historic dialogue and central relationship to power, the General Assembly requested the Subcommission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities of the Commission on Human Rights to make a thorough study of rights required to protect linguistic minorities. The study was intended to assist the United Nations in considering the need for specific protection. From its earliest considerations, linguistic rights of the group, not individual rights were addressed. Individual rights to expression were already extensively treated and the United Nations was concerned with the survival of languages and cultures and conflict arising in those struggles. It was importantly recognized that protection of such rights was dependent on the desire of the group to exercise its linguistic rights. Without such a desire, the protection would be as meaningful as the right to study ancient Greek and Latin in a modern business school.
Because of their complexity, obscurity and the resistance to minority rights, the efforts to define minorities and define the protections law should offer were abandoned at the Fourth Session of the Commission on Human Rights.
After promulgation of the Covenants on Civil and Political and Economic, Social and Cultural Rights in 1966, the sub Commission again took up the task of studying protections for linguistic minorities in 1967. This lead to a report in 1979, which remains the most thorough analysis available on international rights to language. Francesca Capotorti, The Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, U.N. Doc. E/CN. 4/Sub 2/348/Rey 1 (1979). Among its more obvious conclusions was that survival of cultural and linguistic minorities is dependent on use of its language in education. It noted most countries do not provide education in minority languages assuming cost and fragmentation of the education system as reasons, but largely ignoring political and economic power as the decisive factors. The study doubted that judicial power could be properly exercised to protect linguistic rights because of the absence of their clear and detailed definition in positive international law.
The U.N. Working Group on Indigenous Populations in Art. 10 of its Draft Declaration of the Rights of Indigenous Peoples have sought to protect the “right of children to have access to education in their own language… and control their own educational systems…” Draft Declaration of Indigenous Rights, August 1988, E/Cn. 4/Sub. 2/1988/25. This reveals the growing recognition of the obvious. The rights have been specifically implemented in the James Bay and Northern Quebec Agreement, which makes Cree and Inuit the teaching languages in schools there.
Of even greater significance, the Draft recognizes that mere tolerance of cultural and linguistic rights of indigenous peoples is not sufficient M protect them from the onslaught of the political, economic and technological power of dominant societies. The Draft would create positive rights and affirmative action for language to assure the survival of the indigenous peoples.
The protection of cultural rights, which is a major commitment of international law, includes necessarily the protection of linguistic rights. Activities over recent decades by UNESCO and the ILO, the 1960 Convention Against Discrimination in Education, the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, the declarations of International Cultural Cooperation (1966), The Guiding Principles on the Use of Satellite Broadcasting (1972) and Race and Racial Prejudice (1978) all reflect expanding awareness of the essential role of language in human rights. Nongovernmental efforts have significantly extended both understanding and commitment to action on linguistic rights. The Association for the Development of Cross Cultural Communication in 1987 issued a “Cali for a Universal Declaration of Linguistic Rights.”‘ It drafted a document, The Declaration of Recife, where the conference, which produced it, was held at the law school of the University of Pernambuco, urging the United Nations to adopt and implement a new reformulated declaration of language rights to eliminate linguistic prejudice, discrimination, domination, injustice and oppression, among its ambitious goals.
Regional Human Rights Conventions have recognized at least negative linguistic rights, including the American Convention on Human Rights. The European Convention is the most advanced both in terms of the legal rights created and their enforcement in the European Court. In 1968 in the Belgian Linguistic Case, the Court unanimously denied claims of Francophone groups living in predominantly Flemish areas complaining their children were offered only Dutch language education at their local schools, but by a vote 8 to 7 found a discriminatory denial of access to existing French language schools in one of the six questions presented the Court. European Court of Human Rights, Sec. A, Vol. 6, Case Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium. (Judgment of 23 July 1968).
In 1989 the European Court held that a requirement that a foreign lecturer of painting at the College of Marketing and Design in Dublin where instruction was in English and only a minor fraction of the population was fluent in Irish could be required to pass a ‘special examination in the Irish language as a qualification to teach. The Court noted the interest of successive Irish governments in promoting the use of Irish to express national identity and culture, the provision in the Irish Constitution making Irish the first official language with English the second official language and the special role lecturers perform in education and culture. Common Market Law Review 27:129-139 (1990) Case 379/87, Groener v. Minister of Education and the City of Dublin Vocational Education Committee, Judgment of 28 November 1989). The emphasis the Court placed on the Constitutional designation of an official language is deference to State power concerning languages.
Approximately a third of all national constitutions provide some recognition of the rights of linguistic minorities. Many have comprehensive laws dealing with teaching languages as education and other concerns of such minorities. These provisions reveal the recognition at the national level of the need to respect and address this important human concern.
As tensions regarding minority rights grew worldwide, the U.N. Sub commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities by its Resolution 36 of 1988 authorized preparation of a working paper on ways and means to facilitate the peaceful and constructive resolution of problems of racial, national, religious and linguistic minorities. The following year the Commission on Human Rights by its resolution 61 established a continuing Working Group to draft a declaration of rights of national, ethnic, religious and linguistic minorities. The Working Group adopted a Draft Declaration in 1990 and the Commission requested the Secretary-General to invite comments on the proposed text. Many critical comments were received and considered throughout 1991 including the absence of a definition of minority, failure to adequately delineate specific rights including use of the mother tongue freely in public and private, and failure to provide affirmative support for instruction in the native language. The United States argued that the right to use a historical language was too broadly defined particularly for countries with numerous linguistic minorities. The concern for the tension between individual rights to free speech and group rights to cultural and linguistic preservation remained largely unaddressed reflecting the special interests of participants and the general absence of historic international experience in resolving the tension between rights to speech and rights to language, as when an individual desires to speak English and the community wants to preserve French.
Free speech has a long legacy of inspired advocacy. Milton and Voltaire proclaimed its central role in individual freedom and the life of the mind. In the great volumes of classic free speech literature in the United States, Meiklejohn, Chafee, Emerson, homage is paid on every page to the heroes of uninhibited expression while language cannot be found in their indexes. Thousands of cases in courts define the meaning of the First Amendment to the U.S. Constitution prohibiting the abridgement of freedom of speech or of the press. Dialogue on linguistics rights is hard to find.
While the work of the U.N. proceeds, international law has yet to address in a comprehensive and coherent way the fundamental human rights in language. The core concern of the quest for international protection of linguistic rights is the felt need to preserve and cherish endangered cultures and the recognition of the conflicts that arise from the power struggles that threaten them.
Urgency of the need for solutions to worldwide problems of language rights has never been greater and still the principles of law addressing the issues are rudimentary. Concepts of autonomy, sovereignty and self-determination arise largely from cultural and language identities. Militarism, separatism and domination are ever present as a means of assaulting and protecting culture and language. Politics, law and human rights must offer a better solution. Consider Tanzania, probably the least homogenous nation ethnically in the world with over 130 groups, each with distinct physical, social, cultural and linguistic characteristics and more than 100 spoken African languages with Swahili the lingua franca. What is to become of its people if means for living together with respect for diversity and equality in cultural and linguistic rights cannot be developed? Look at the fragmentation of the USSR, Yugoslavia, Czechoslovakia, Cambodia where French was the sole language of teaching and administration until 1975 and other former nations. How can peace, economic development, or human dignity prevail without respect and urgent action to protect the rights of diversity?
Remember Puerto Rico, which, though dominated by the United States for nearly a century, saturated with its culture and products, taught in its English language schools for generations, has defied foreign political, economic and cultural intervention and revived its cultural heritage, its Spanish language and its own rich literature, art and music. Among the reasons for this success must be the vitality of its people, its remote island location, its affirmative legislation to protect the Spanish language and its intense psychological commitment shared throughout Latin America to its own identity in the shadow of its giant northern neighbor.
Consider little Estonia with its rich cultural language and high level of development confronting a 40% Russian speaking population within its borders and bordering Russia herself which has dominated the whole society for the past nearly half century. Most people cannot abandon their language, because they lack the capacity to change. But what worthy people capable of choice will abandon their heritage, their history, their language and their culture?
The emotion stimulated by cultural and linguistic conflict must not obscure the obvious and essential need in our time for every people and most individuals to develop and maintain the capacity for sophisticated communication with neighbors and the world community. The divisions, which the natural centrifugal force pulling at languages over time and distance create, must be bridged by full meaningful communication without deterring language rights. Peace and economic cooperation are not possible without clear communication. Enrichment by the experience of other cultures is limited without common language skills. While individual character will be stronger and life richer from a healthy native culture, fuller understanding and the hope to live lovingly together will depend on reasoning together with all. An adequate common language in addition to sophisticated native language is essential for that purpose.
The need is for tolerant, compassionate commitment to resolve differences, to preserve and enrich cultural heritages, to respect the rights of others, to communicate sensitively with all languages, cultures, races and creeds and to devise structures for political and economic community that assure peace, social justice and human rights.
III. Conclusion
It follows from this discussion that the Quebec Charter of the French language is an effort by government to protect and revitalize the French language and culture in Quebec and by the example of Quebec throughout Canada from the erosion of its long history as part of an overwhelmingly English-speaking region from colonial times to its present estate. As a part of Canada, it has experienced direct English government influence over its culture and language in myriad ways for many generations and the presence in Quebec of an often-privileged English-speaking minority with its substantial commercial, business, and educational social and religious institutions. As a neighbor of the United States, it has long experienced the overwhelmingly powerful forces of the U.S. economy, its corporate and business presence, its investments and tourists, its books, magazines, movies and music, and its radio and T.V. directly transmitted into Quebec. This is an experience shared with all Canadians, but compounded for French speaking Canada. Those in Canada who speak French perceive with substantial objective evidentiary support the waning and dilution of their culture, language and values which they wish to preserve.
IV. Article 58 of the Charter of the French Language is protected by International Law as Supportive of Fundamental Human Rights
Economic intervention as history shows is deadlier to a domestic culture and language than foreign military or local police state suppression of language rights. Direct oppression creates resistance. It is difficult to police whispers and impossible so far to control thoughts. A people are driven, however miserable the experience, to their own resources, their culture, their language, and unity in the face of force. Economic intervention can buy out a culture. Profits will attract even the patriot. Young people will flock to a materialistic opportunity glorified on television. Aesthetics aside, and the sensitivity of the people who live there, foreign language advertising can help drive a domestic language and its culture off the streets and out of favor and has done so in areas around the world. It can change the outer appearance of a society to that of a foreign commercial strip. Cultural and linguistic integrity involve authenticity in appearance as well as fact. To equate the right to advertise with the right to preserve a culture is to equate money with character. It is comparable to permitting unlimited political campaign contributions in the name of free speech, which values money over democracy. It is a mistake the law must not make.
To the extent that outdoor advertising is speech, it is little more than a symbol or identification in attractive design and setting. A trademark carries the message for a well-known brand. The intent is rarely more than to identify a product, remind a consumer, suggest quality or newness. Language is an insignificant part of the content and it usually can be as readily expressed in any language.
The Charter accepts messages of a religious, political, ideological, or humanitarian nature when not for profit. It does not affect oral communication in any language. It does not affect ad-vertising in news media that publish in a language other than French. It permits business firms with fewer than fifty employees that do not share a name with other businesses to use signs, posters and commercial advertising in foreign languages inside their establishments. To provide for unforeseen burdens, the government is authorized to permit public signs, posters and commercial advertising to be in both French and another language or solely in another language by regulation. The burden of the law on non-French speaking businesses and the non-French speaking public is minimal.
The threat to the French language in Canada is omnipresent and a whole culture is at risk. Under any circumstances, an advertiser can communicate its product equally with all others in French. The state has and ought to have the power under international law to compel this restriction on outdoor and commercial advertising under regulation not broader than is reasonably necessary to protect a threatened language and culture.
Suggestion that the purpose of preservation can be accomplished by permitting foreign language advertising if French as well is predominantly used evades the real issue and absurdly expands outdoor advertising messages by doubling the words on a sign. Psychologically it may be a sharper reminder to those who speak an embattled language that foreign economic intervention threatens its future where two languages are used. Certainly, it does not provide a vista that is resonant with a dominant culture.
V. Chapter VIII of the Charter of the French Language is protected by International Law, as Supportive of Fundamental Human Rights
More than even the language at home, the language in which children are taught in school will determine the language they use in their adult life. The former may be used in later years when visiting parents, but the latter will probably be used in adult family, social and economic life. The teaching language is the strongest single preservative and promoter of a language and its culture because it is the language in which the child is prepared to emerge into full adult participation in the larger society. Throughout history, cultures have sought to educate their children in their own language, and often at great sacrifice. As an affirmative effort to preserve and invigorate an embattled language, the language of teaching is the single most important tool.
Hugo Grotius in his early major work The Law of War and Peace wrote it is “this care to preserve society that is the source of all law.” Central to the preservation of society is the protection of the culture on which it is based. This care to preserve the French speaking society in Canada is the source of the Charter of the French language.
As it ought to be, the law on the language of instruction is respectful of English and other languages. For English it provides for the continuation of English language teaching in public schools for the children of parents who request it if one of them received the major part of his or her elementary instruction in English in Quebec. The provision is extended to parents resident in Quebec before 20 August 1977 who received such English instruction outside Quebec, so that only English language immigrants after 1977 are not provided English language instruction for their children. The law provides an exception for children with serious learning disabilities empowers the Minister of Education to exempt children or person temporarily in Quebec and contemplates flexible regulations to meet unforeseen needs.
The Charter contains these affirmative action programs to resist commercial and linguistic intrusion destructive of French Canadian culture and language. They are not inherently nationalistic or separatist. They are intended to protect the fundamental human right to culture and language. Sensitively administered, they will enrich the rights of all by enabling every language and culture to communicate with and share in their rich heritage.
————————————————————————
LA HIPOTECA MOBILIARIA
EN LA “ERA DE LA COMPUTADORA”
Eduardo Vázquez Bote
Gracias al generoso gesto del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa, señor Raymond Landry, puedo atender a la gentil invitación cursada para asistir a las presentes Jornadas, sin incidir exageradamente en esa característica que nos ha hecho famosos a los españoles: hablar sobre lo que nada sabemos (y más hablar cuanta mayor es nuestra ignorancia). El Decano Landry me envió el texto del Proyecto de Código de Quebec, base de los temas que aquí se tratan. A él, mi profundo agradecimiento, que extiendo, asimismo, a los patrocinadores de este encuentro. Sin embargo, y a pesar de lo dicho, mucho me temo que en las presentes páginas seguiré demostrando que soy español: desconozco el Derecho de Quebec; soy un franco ignorante del Derecho norteamericano. Con tanta ignorancia por delante, espero de su amabilidad, que sepan disculpar lo que pueda decir, tomándolo siempre “a beneficio de inventario”.
La computadora es un instrumento técnico, que ha dado lugar a la ciencia de la informática. El Registro de bienes es, igualmente, un instrumento técnico, que ha generado esa rama del Derecho que denominamos “registral”. Son sin embargo, instrumentos técnicos que han generado unas técnicas casi, casi, antagónicas.
La computadora -los sistemas informáticos sería mejor decir- ofrecen como característica que les define la velocidad de transmisión de datos, la multiplicación de operaciones, millones de ellas, en lapsos temporales de segundos.
El Registro de bienes, y en general, los sistemas de toma de razón registral, se organizan para lograr seguridad y certeza en las transacciones que tienen por objeto a los bienes que se registran. E implican un sistema que atiende a la lentitud más que a la rapidez.
Serian, por ello, los norteamericanos anglosajones quienes asumieron la labor de desarrollar los sistemas informáticos, pues en los Estados Unidos la rapidez es un valor (“el tiempo es dinero”), lo que implica su posición avanzada en este tema. Como se explica, que su sistema de registración sea el más anacrónico y deficiente de todos los existentes, ya que la seguridad ofrecida por un registro la logran ellos -a un costo altísimo, ciertamente- mediante el contrato de seguro.
Cabe, pues, preguntar: ¿Son compatibles ambas técnicas, tomando en consideración los fines, tan distintos, que persiguen?
Personalmente, creo que la respuesta afirmativa se impone. Si observamos el “manejo informático” y la Llevanza de un registro, podemos deducir, que ambos instrumentos técnicos no sólo son perfectamente compatibles entre sí, sino que coadyuvan en su uso al mismo fin.
La informática permite disponer de un enorme potencial de almacenamiento de datos, resultando su eficacia en proporción directa al volumen de almacenamiento. El Registro es, igualmente, un sistema de almacenamiento de datos; si bien su eficacia deriva de la selección de dichos datos: mejor informa cuantos menos datos contiene; de ahí, la conveniente selección que debe realizar el encargado del registro, dirigida a permitir solamente el acceso de aquellas circunstancias jurídicas de transcendencia para terceros. Sin embargo, la velocidad informática, debidamente programada, permite proporcionar al registro una mayor capacidad de almacenamiento y, sobre todo, una mayor velocidad de información. Baste un ejemplo:
Para otorgarse los documentos públicos correspondientes a un contrato de compraventa, regularmente es menester: a) conseguir la información registral acerca del inmueble; b) redactar la propia escritura notarial; c) llevarla al registro. En este proceso, si es rápido, pueden transcurrir diez o doce días: dos, para certificarse el contenido registral relativo al inmueble; tres o cuatro, para formalizarse el contrato; uno o dos días adicionales, para llevar el documento a su inscripción o transcripción registral; y varios días adicionales, para extender la inscripción en el correspondiente libro. Imaginemos, ahora un sistema informático conectado por terminales: el Notario recibe, prácticamente en un instante, la información del inmueble que contiene el registro computarizado; en un tráfico seriado como es el actual, la escritura de venta, prácticamente, supone llenar unos espacios en blanco, añadiendo, en su caso, las particularidades del caso en concreto, labor que puede hacerse en escasas horas; un fax puede remitir el documento, instantáneamente, al registro (sin perjuicio del envío del documento original por correo o personalmente, que puede hacerse en el mismo día); la misma computadora, de-bidamente programada, puede “calificar” el documento y determinar su inscripción o su rechazo. Todo ello, ahorrando bastantes días y, con ello, esfuerzos económicos y tiempo.
Una segunda ventaja de la informática es su velocidad de trabajo, ya que procesa los datos en tiempo real: provee la información en segundos, para en pocos segundos más, tomarse la decisión (que, con frecuencia, puede venir determinada por otro medio computadorizado) Consiguientemente, se explica esa capacidad de certificación que tienen los registros de inmuebles cuales el de Buenos Aires (Capital federal) o de México (Distrito Federal), de expedir hasta sesenta mil certificaciones por día Con una ventaja jurídica adicional: ordena la prioridad o preferencia a un ritmo mareante y totalmente riguroso (prior tempore potior iure).
Un tercer factor —de enorme importancia en los sistemas registrales— es, que la exactitud y fiabilidad de los datos y operaciones es plena. Los riesgos de error humano prácticamente que-dan reducidos a cero. Con lo que la seguridad jurídica se ve enormemente reforzada.
Un cuarto factor relevante es el de la adaptabilidad de los sistemas: pueden diseñarse sistemas para todo y para cada caso concreto a un costo francamente irrisorio, dados los beneficios de resultados.
Naturalmente, las grandes ventajas del sistema informático no excluyen la presencia de sus grandes inconvenientes, entre los cuales merecen ser resaltados algunos.
El primero destaca claramente: el llamado envejecimiento prematuro. Los avances y desarrollos de las ciencias informáticas llevan implícitos la esencia del sistema, su velocidad. Y lo que hoy es última moda deviene en anacrónico en un lapso de escasos cinco anos. Se ha dicho, con motivo de la “guerra del Golfo”, que los sistemas informáticos de la Defensa norteamericana emplean aparatos que dejan muy atrás a los últimos modelos del mercado civil. Consiguientemente, la renovación y puesta al día de un registro informatizado, ¿es rentable a largo plazo?
¿Justifica la renovación periódica el empleo de fondos públicos para satisfacción, al fin y al cabo, de intereses privados? El tema deja de ser técnico jurídico para convertirse, quizá, en político.
Uno de los grandes inconvenientes de la informática, terminar con la “vida intima” de las personas no es, sin embargo, destacado cuando de un registro se trata. Porque aquí interesa, precisamente, la publicidad. Pero, no es menos cierto, que publicar datos patrimoniales significa hacer públicos datos económicos; y con éstos, podemos entrar de lleno en la vida intima de las personas. Lo saben muy bien las entidades de crédito, que disponen de suficiente información como para, cruzándola con las otras fuentes, tener un perfecto perfil de cada individuo. Leía hace unos meses cómo los grandes supermercados, sus proveedores, y en general, las grandes tiendas, consiguen, mediante el sistema de “barras electrónicas”, llegar hasta averiguar los gustos del cliente, tiempo que tarda en decidirse por un producto u otro, etc. Quienes deseen defender la vida intima han de tener, frente a la informática, un serio enemigo.
Más importante en tema de registros es la enorme vulnerabilidad del sistema informatizado, que no obstante, todas las medidas de seguridad, es constante objeto de “asaltos”. La posibilidad de fraude en los “input” y “out put” es enormemente facilitada, según los expertos, no obstante las contramedidas de seguridad que existen. Que un joven haya podido, desde Alemania, entrar en los sistemas de la Defensa norteamericana -si es cierto el hecho que leí hace un par de años en la prensa-, es algo que da qué pensar.
Y se podría concluir ahora, que la combinación informática-registro debe alentarse.
Queda, no obstante, otro aspecto por dilucidar cuando se habla de las relaciones y sistema informatizado. Porque, entre juristas, cuando nos referimos a un registro, pensamos siempre en un registro jurídico, y en las sociedades no sólo hay registros jurídicos; los hay, por ejemplo, administrativos, meramente fácticos, etc.
Y, es claro, la aplicación informática será diversa y producirá consecuencias muy diferentes según el tipo de registro de que se trate.
Por ejemplo, introducir datos falsos en un registro administrativo, nos llevará, forzosamente, a conclusiones erróneas si usamos de dichos datos. Pero un dato falso en un registro jurídico nos ha de conducir, junto a la errónea conclusión, a la adjudicación de efectos no queridos, con todas sus consecuencias.
Naturalmente -y ahora comienzo a expresarme como español: sin saber de qué estoy hablando- aplicar la informática a los archivos inmobiliarios norteamericanos, por ejemplo, será siempre saludable jurídicamente. Y por una sola causa: el sistema jurídico norteamericano pasa siempre por el juez -con los altísimos costos que ello significa-, que puede actuar como filtro jurídico de los errores fácticos proporcionados por la informática manipulada.
Ahora bien, los países en que el registro no es un simple archivo, sino un instrumento técnico jurídico, lo que se pretende es evitar pasar por el juez (“a registro abierto, juzgado cerrado”). De modo tal, que el filtro jurídico puede desaparecer, produciendo el error o el fraude todas sus consecuencias en el plano del Derecho. Porque la certeza que se persigue con un registro jurídico es precisamente, que el único efecto que se produzca en Derecho sea el que surge del propio registro, nada más.
Y este es un tema que debe ser profundamente pensado.
Ciertamente, el proyecto de Código Civil de Quebec no toca este aspecto —no es la norma adecuada para ello—, pues se limita a instrumentar jurídicamente la hipoteca mobiliaria, suponiendo una remisión a ordenanzas de otro orden una posible instrumentación de apoyo informático. Que es otro de los puntos de fricción entre informática y Derecho. Aquélla, vive de realidades que generan nuevas realidades, matemáticamente; éste, ofrece probabilidades cuya realidad depende de múltiples factores. Combinar ambos aspectos, creo, no es labor sencilla. Pero es fundamental en aquellas naciones que buscan, con los instrumentos técnicos, ahorrar esfuerzo. Y, no se olvide, el modelo económico norteamericano lo que reclama es consumir un brutal excedente. (1/2 del PN).
Pongamos un ejemplo que aclare a qué me refiero.
Por tradición histórica, los países influidos por el Derecho romano Justiniano (beneficiados de la “recepción” producida en los Siglos XII y XIII), escinden sus relaciones jurídicas en dos grandes categorías (división que no es agotadora de otras relaciones), las relaciones jurídicas de obligación y las relaciones jurídicas de derecho real. Regularmente, al Registro solamente acceden éstas, por la sencilla razón que son las que pueden oponerse a un tercero. El Derecho norteamericano —que, a diferencia del Derecho inglés no ha sido reformado por legislación, sustenta solamente una clase de relaciones, las de obligación. No conoce el concepto de derecho real. Sus archivos inmobiliarios admiten, por incorporación plena del documento, todo lo relativo al inmueble (hasta “la factura de un restaurante”, ha escrito, jocosamente, PAYNE). Se ahorran, así, la “calificación” o discernimiento entre una y otra clase relaciones, para apreciar si una concreta es o no susceptible de inscripción o transcripción registral. Y logra un efecto jurídico último ocasionalmente más enérgico que el inherente al derecho real, derivado de la fuerza que los Tribunales dan al hecho de la publicidad del archivo, mediante reglas de inversión en la carga de la prueba (“caveat emptor”, etc.). Pero siendo un sistema de transmisión causal, los defectos de una original transmisión se mantienen siempre. Resultando en un sistema que induce al pleito —gestos de tiempo y recursos económicos—, que fomenta el pleito y que vive del pleito. Esto es, consume recursos. Por ello, en el Derecho norteamericano el archivo de inmuebles jurídicamente sólo sirve para justificación de las compañías de seguros de títulos: aseguran las resultas de la investigación registral, no los contenidos del propio registro; logrando con ello un excelente negocio, pero sin proporcionar seguridad jurídica. Esto es, habrá que re-currir siempre al juez en último extremo.
Desconozco si la economía de Quebec tiene un problema de consumo de excedentes como lo tiene la norteamericana; pero me temo que, al menos desde el plano de la idiosincrasia de sus gentes, responde al criterio de ahorro de esfuerzos.
Y, si esto es así, me cuesta comprender cómo se ha tomado como ejemplo o modelo al Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos. El Decano Landry escribe, que: «”Salvando ciertas reservas de forma y de fondo, nosotros aplaudimos el actual intento de armonizar el Derecho quebecois con el de las jurisdicciones del common law; la eficiencia y la certidumbre jurídica necesarias para el favorecimiento del desarrollo económico, requieren esta tendencia hacia la uniformidad, la que deberá adaptarse a las características peculiares de la codificación” (Las Garantías: La hipoteca mobiliaria en la era de la informática, Comunicación, pág. 2).»
Quizá sea una exigencia del desarrollo económico, no lo pongo en duda. Pero si puedo dudar, si de instituciones jurídicas se trata, que su calidad jurídica se determine por criterios de desarrollo económico. Porque si hay algo que el Derecho norteamericano no ofrece es precisamente, seguridad (no me refiero al “Statutes Law), sino constante incertidumbre: la que deriva de todos los imponderables que rodean el pleito (por eso el álea es una constante en las transacciones inmobiliarias, objeto de archivo o registro). Y debe recordarse el dicho popular: más vale un mal arreglo que un buen pleito”, o aquél otro: “pleitos tengas y los ganes”, como expresión de “maldición”. Al igual que el buen médico debe evitar la cirugía, el buen jurista debe evitar los tribunales. El Derecho de Quebec, de factura francesa, es un Derecho preventivo. El Derecho norteamericano, de factura romana pre-justiniana, es un Derecho del juicio, sólo deducible de la sentencia y con la sentencia.
Y si los registros buscan y persiguen seguridad, ¿hasta que punto ha de lograrse si el modelo de Derecho es uno que vive de la inseguridad?
En otras palabras, la instrumentación de la hipoteca inmobiliaria ¿busca “ahorrar” o “consumir”, en términos sociales? ¿A qué responde la hipoteca mobiliaria? Realmente a una distinción histórica de los bienes, de raíces medievales: la relevancia del suelo como base de riqueza, que llevó al desprecio relativo de los bienes muebles eres móviles, res viles”) y que centró en los inmuebles la importancia de su función garantizadora. El pignus romano se aplicaba, indistintamente, a todo tipo de bienes (entre otras causas, porque la condición de mueble o inmueble era, en Roma, irrelevante; lo que importaba de las cosas es si eran mancipi o nec mancipi). Los siglos XVIII y XIX limitarán la hipoteca a los inmuebles por la sola circunstancia de su más fácil identificación (dificultada en los muebles). Por consiguiente, cuando en este siglo los bienes muebles adquieren enorme relieve e importancia económico-social, se explica, que la hipoteca se extienda a ellos.
Pero lo que importa destacar -desde aquel plano de la seguridad que busca todo acreedor hipotecario- es, que si el bien no puede individualizarse, de poco sirve la garantía. Por ello, los ordenamientos jurídicos modernos, cuales el italiano, el alemán, el francés, e incluso el español desde 1956, cuando regulan la hipoteca mobiliaria la someten a un principio fundamental, el de especialidad. Es decir, que el bien objeto de hipoteca debe ser uno distinguible de otros de su género; porque si no la función de garantía que con la hipoteca se persigue se disuelve en la inherente a las cosas genéricas (genus nunquam perit) o en la garantía patrimonial universal, convirtiéndose el derecho real en un simple crédito preferente.
Y es, si lo he entendido bien, lo que se hace de menos en el Artículo 2.651 del Proyecto, que admite cualquier objeto como hipotecable, de modo tal, que parece más bien pensado para los pignus tabernae (prenda de empresa) que para una garantía derivada de la mera y simple relación intersubjetiva (lo que explicaría las palabras del decano Landry).
Y, naturalmente, el Artículo 2.963 se ve obligado a eludir el sistema de folio real, manteniendo un registro simplemente subjetivo. Bueno, la experiencia del Derecho francés demostró que tal sistema es muy poco eficaz, hasta el punto, que las reformas de la década de los cincuenta obligaron a la llevanza del folio real aunque no tenga consecuencias jurídicas.
Este inconveniente, así como la permisibilidad de los pactos comisorios -prohibidos desde la época de Justiniano, por alentar al acreedor a dificultar el cumplimiento al deudor: puede ser mucho más lucrativo-, que parecen recoger los Artículos 2.748 y 2.761 y siguientes, así como la variante del Articulo 2.767, resultan, desde mi punto de vista, gratuitas concesiones al acreedor – casi siempre, el denominado peyorativamente “acreedor institucional”-, esto es a los grupos económicamente poderosos, de los que puede derivar un grave peligro para los deudores. Al menos, dos mil años de experiencia claman por una solución distinta.
Supongo, que es aquella ausencia de individualización del bien, la que explica la preferencia a favor del Estado por impuestos debidos (sin más especificación), por lo que, consiguientemente, deduzco, que cualquier débito fiscal adquiere la preferencia otorgada. Cuando de inmuebles se trata, dicha preferencia va referida exclusivamente a la contribución territorial (rústica o urbana), de conformidad con el axioma de la especialidad. Y, en principio, no hay razón alguna para no sujetar los bienes muebles a ese mismo axioma. Tiene sentido, que un aeroplano, un barco, soporten las cargas fiscales que sobre ellos recaen; pero no lo tiene, que ofrezcan una preferencia fiscal por razones, por ejemplo, del impuesto sobre ingresos (“income taxi, pues ninguna relación especial guarda el tributo con el bien. Y, por el contrario, frente al acreedor por hipoteca mobiliaria, dicho bien desmerece al posponerse este crédito.
Con lo cual, me parece apreciar en mi ignorancia, se juega un poco con los intereses; se pospone, pienso que indebidamente, la preferencia al acreedor hipotecario; de otro lado, se admiten los efectos de lex commisoria. Y si mi apreciación es cierta, se agrava sensiblemente la posición del deudor (el acreedor impele a una ampliación de las garantías, ante el temor del privilegio fiscal, al tiempo que puede preferir -dado que la garantía será siempre de mayor valor que la deuda- el incumplimiento por parte del deudor: es más lucrativo. Porque no debe olvidarse la realidad subyacente de las ventas en ejecución, que provocan un sensible desmerecimiento del bien en garantía y la presencia de testaferros que sirvan al interés último del acreedor).
Por el contrario, creo excelente la sujeción de Ja constitución de la hipoteca al principio de publicidad constitutiva (hecha excepción de los débitos fiscales y demás preferencias), única forma de poder quedar un tercero informado de la función garantizadora del bien y el alcance de su “pasivo” por garantía. Publicidad que determina el correspondiente rango.
Y me asaltan dudas ante el radical Artículo 2.656, sobre extensión objetiva. Y la duda deriva por mi ignorancia de vuestro Derecho: ¿opera la extensión objetiva si el bien hipotecado deviene en accesorio de otro principal? Porque el precepto alude a la simple “unión” de bienes, sin más matices. Por poner un ejemplo: hipotecado un objeto artístico de valor cien, al que, por accidente se une con mezcla inseparable una cantidad de oro liquido de valor seiscientos, ¿éste bien, que es principal, será accesorio a efectos de la garantía? El ejemplo puede ser absurdo, pero no faltan miles de otros verdaderos.
Y, honestamente, me resulta difícil comprender una hipoteca sobre un bien futuro. No es que el Derecho no permita concebir como existente lo que está por surgir (base fundamental del crédito en una economía industrial), sino porque es otra negación del principio de especialidad, con todas sus consecuencias. Ciertamente, atenuadas éstas al constituirse un registro de folio personal y no de folio real.
Naturalmente, buena parte de mis dudas y acondicionamientos derivan, es claro, de desconocer los detalles de la economía de Quebec, su tráfico de bienes, los giros normales del comercio, etc. Porque, de otro lado, y salvo aquellos matices que acabo de indicar, aprecio en el proyecto de Código la recepción de casi todos los “principios” que consagran un buen sistema registral, proclamados ya, respecto de inmuebles, en los I, II y III Congresos Internacionales de Derecho Registral (celebrados en Buenos Aires, Madrid y Puerto Rico, respectivamente), en los que recuerdo la presencia de la delegación canadiense (sentada en alguno de ellos frente a mi).
Y, en fin, comparto el criterio del Decano Landry acerca de la preferencia atribuida al Estado mediante hipoteca legal tácita. Precisamente cuando las técnicas de computación, el sistema informático (del que el Estado es un principalísimo consumidor), pueden hacer expreso dicho gravamen, mantener tal preferencia puede significar permitirle una lentitud que no va con los tiempos. Sin duda, se encuentra aquí una noción del interés público digna de encomio; pero la técnica moderna permite la protección de ese interés rápidamente, y sobre todo, con publicidad. Recuérdese, que la razón de ser de los registros es anunciar; y toda garantía tácita no anunciada, atenta contra esa finalidad.
Con lo expuesto, creo que se consume el tiempo otorgado a cada participante para realizar su exposición. Sólo me resta, pues, aparte de solicitar sus disculpas por mi osadía en enjuiciar lo que desconozco, expresarles mí más profundo agradecimiento por su paciencia y atención. A la Comisión organizadora, nuevamente, muchas gracias por haberme permitido el honor de estar entre ustedes.
———————————————————————————————————————————–
LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE:
¿RESPONSABILIDAD ABSOLUTA, NEGLIGENCIA O
SEGURO “NO-CULPOSO”? (INFORME PUERTORRIQUEÑO)
Luis Muñiz Argüelles
Las leyes y reglamentos puertorriqueños que tratan el tema de la responsabilidad del fabricante son escasas. Nuestras normas jurídicas a menudo emanan de decisiones del Tribunal Supremo que, sobre todo en las últimas dos décadas, han adoptado doctrinas similares a aquellas vigentes en Quebec, Luisiana, la Comunidad Económica Europea u otros de los más modernos países occidentales. Estas normas de origen jurisprudencial, sin embargo, tienen sus fallas, son a veces incoherentes y contienen lagunas. Por otro lado, en términos generales, la jurisprudencia ha sido lenta en su adopción de normas modernas sobre la materia.
Casi todos los casos de Puerto Rico relativos a la responsabilidad del fabricante invocan e interpretan artículos del Código Civil español de 1889 sobre la compraventa o la responsabilidad extracontractual. Estos se hicieron aplicables a Puerto Rico en el 1890. El Código ha experimentado algunas revisiones, pero los artículos sobre la compraventa y la responsabilidad extracontractual no han sufrido cambios significativos. Pese a que se interpretan artículos españoles, la casuística del Tribunal Supremo ha recurrido constantemente a la jurisprudencia norteamericana al resolver que las doctrinas sobre responsabilidad extracontractual aplican a las reclamaciones para recobrar daños personales (físicos y morales), independientemente de los vínculos contractuales entre las partes, al adoptar reglas de responsabilidad absoluta limitada y al rechazar doctrinas tales como la del requisito de vinculo contractual (“privity of contract”).
La adopción de las normas norteamericanas, sin embargo, ha sido lenta y, en general, el derecho puertorriqueño todavía requiere que se pruebe negligencia si es que el demandante ha de recobrar la totalidad de los daños alegadamente sufridos. Obviamente, este requisito le añade un alto grado de incertidumbre al proceso judicial. (¿Está la prueba disponible? ¿Es ésta creíble? ¿Resulta costoso obtenerla? ¿Conlleva ello largas tardanzas?).
Las excepciones principales a la obligación de establecer negligencia surgen cuando el demandante alega que sus daños fueron ocasionados por bienes destinados al consumo humano (los casos resueltos envuelven daños provocados por comestibles y han aplicado normas de garantía implícita, normas que pueden ser renunciadas, sobre todo si el fabricante expresamente limita su garantía) y cuando se invocan las normas de vicios ocultos en los bienes vendidos. En los casos de vicios ocultos, el cobro generalmente se limita a un reembolso parcial o total del valor de los bienes, dependiendo de la gravedad del defecto. Si el demandante puede establecer que el vendedor tenia o debió tener conocimiento de los vicios ocultos, puede entonces reclamar por todo tipo de daño sufrido. Para establecer esa culpa o dolo el demandante podrá hacer uso de las presunciones, sean éstas de las Reglas de evidencia o, específicamente, de la doctrina de “res ipsa loquitur”.
Las defensas del requisito de vínculo contractual no aplican, independientemente de si el demandante reclama bajo responsabilidad extracontractual o bajo contrato de compraventa. El Tribunal Supremo ha resuelto que todos los que intervienen en la cadena de distribución (fabricante, subcontratistas, importadores, mayoristas y detallistas) le son responsables solidariamente al demandante. Los codemandados pueden entonces presentar demanda contra coparte para recobrar de aquellos contra los que puedan establecer responsabilidad por los daños sufridos. Si aquellos en la cadena de distribución no son unidos al pleito por el demandante, el demandado puede traerlos incoando una demanda contra tercero, que bajo la Regla 12.1 de Procedimiento Civil los hace responsables directamente al demandante.
Aquellos potencialmente responsables no están obligados a tener seguro, aunque muchos de los más solventes si lo tienen. En ocasiones, cuando los aseguradores son incluidos como demandados, o en casos en que las partes responsables invocan la obligación del asegurador de proveer asistencia legal, la interrogante de si la responsabilidad es contractual o extracontractual surge nuevamente, pues el asegurador muchas veces no ha acordado pagar u ofrecer asistencia legal si se trata de responsabilidad contractual. La defensa no procede si los artículos de responsabilidad extracontractual aplican. Si la responsabilidad cubierta es “civil” o de “torts” del “common law”, la aseguradora debe responder. Lo mismo ocurre si se concluye que la intención fue de responder por todo reclamo por daños ocasionados por el bien.
Cuando consideramos normas de responsabilidad del fabricante, debemos tomar en cuenta también las reglas de Derecho internacional privado, pues muchas veces los fabricantes no están domiciliados en la jurisdicción del tribunal. Las normas de Puerto Rico son pocas y generales. El poder extraterritorial de la Regla 4 de Procedimiento Civil permite que el tribunal adquiera jurisdicción sobre muchos de los demandados que forman parte de la “cadena de distribución”. La Regla 4.7 permite a los demandantes presentar acciones en los tribunales de Puerto Rico si la causa de acción, sea contractual o extracontractual, se originó en Puerto Rico; y el artículo 10 del Código Civil establece que la ley de Puerto Rico aplica a las acciones incoadas bajo los artículos de daños y perjuicios o de compraventa.
En los siguientes párrafos, analizaremos en más detalle las normas más importantes del Derecho puertorriqueño relativo a la responsabilidad del fabricante. Examinaremos (I) las fuentes estatutarias, incluyendo una breve referencia a los principales estatutos de los Estados Unidos y a los tratados internacionales, y señalaremos el tipo de bien que está sujeto a la aplicación de estas normas; (II) el papel que desempeña la negligencia en casos de responsabilidad extracontractual y de vicios ocultos en contratos de compraventa, la prueba necesaria para probar dicha negligencia dado el deber de cuidado que puede establecerse estatutariamente, la extensión de los daños recobrables dadas las diferencias sobre la necesidad de establecer negligencia y los diversos plazos de prescripción, dependiendo de si aplican los artículos de responsabilidad extracontractual o de compraventa o de si el demandando tenía conocimiento previo de los vicios ocultos que causaron los daños probados; (III) quién puede reclamar y contra quién pueden reclamarse y, de haber más de una parte responsable, si estas son solidariamente responsables; (IV) las principales defensas disponibles a los demandados y, específicamente, la llamada defensa de estado de conocimiento sobre la materia (“state of the art”); y (V) la aplicabilidad de las reglas de Derecho Internacional Privado. (VI) Cerraremos con algunas observaciones personales.
I. Fuentes de Ley
A. El Código Civil
Según mencionamos anteriormente, los casos de daños personales son analizados bajo el artículo 1802 del Código Civil sobre responsabilidad extracontractual en general. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido consistente en su aplicación de este artículo cuando se han sufrido daños físicos y morales, independientemente de si el demandante y el demandado han contratado la adquisición de derechos sobre bienes o la prestación de ciertos servicios que ocasionan los alegados daños objeto del reclamo.
Los artículos 1350, 1363 y 1373 a 1379 establecen que el vendedor de un bien es responsable si se prueba que éste adolece de vicios ocultos y fijan el limite exigible y el plazo en el que dicha responsabilidad puede ser invocada. Los artículos no hacen distinción entre los tipos de bienes y son aplicables a muebles e inmuebles aunque, como ya señalamos, al referirnos a las normas de responsabilidad del fabricante hablamos sólo de las que son de aplicación en casos de bienes muebles.
La interrogante es a cuáles muebles en particular les son de aplicación. Un caso reciente, al discutir la defensa del estado de conocimiento sobre la materia, clarifica el punto. El demandante había reclamado daños personales resultantes de haber ingerido un pescado envenenado en un restaurante. Al aplicar la defensa, el Tribunal efectivamente extiende las normas sobre la responsabilidad del fabricante a todos los bienes que hayan sido alterados por cualquier forma de actividad humana. (El caso fue decidido por el Tribunal mediante sentencia, que según la jurisprudencia de Puerto Rico no establece precedente. Sólo uno de los jueces emitió una opinión firmada. Es en ella que se discute la defensa del estado de conocimiento sobre la materia.)
Por otro lado, los artículos 1380 a 1388 del Código Civil establecen normas especiales para los casos en que compradores reclaman por daños causados por la venta de animales enfermos un tema que obviamente no cae dentro del ámbito de la responsabilidad del fabricante. Para propósitos de este trabajo, sólo discutiremos dos casos, el primero a continuación, que interpretan estas disposiciones, y ello porque discuten normas que aplican la responsabilidad del fabricante en general.
En un caso en que la compraventa fraudulenta de animales enfermos fue probada, el Tribunal Supremo aseveró que los compradores de bienes defectuosos podían reclamar daños bajo cualquiera de los artículos que hemos citado o bajo aquellos que proveen para la responsabilidad contractual o para la resolución de los contratos. Recurrir a estos otros es, no obstante, excepcional. Los remedios que ofrecen están muchas veces comprendidos en los artículos que proveen remedios en los casos de compraventas o son de poco interés para muchos demandantes que invocan las normas de responsabilidad del fabricante.
El artículo 1054, por ejemplo, permite reclamar daños en todos los casos de negligencia contractual, pero limita la compensación a los daños previsibles, que para todos los efectos prácticos son aquellos enumerados en el artículo 1375 del Código Civil, el articulo que limita el monto de daños exigible por vicios en las compraventas. Si hubiere intención, dolo culpa lata, los artículos 1055 o 1060 imponen responsabilidad al demandado por todos los daños, independientemente de su previsibilidad. La recuperación total si se prueba una intención fraudulenta, sin embargo, también se contempla en los artículos 1365 y 1374 sobre compraventas.
El artículo 1077, que recoge la doctrina de “exceptio non adimpleti contractus”, permite la resolución y daños en todos los incumplimientos sustanciales de contratos bilaterales. En la mayoría de los casos sobre responsabilidad del fabricante, sin embargo, no hay contratos bilaterales que permitan invocar la doctrina. Cuando los hay, los artículos de la compraventa también proveen para resolución y daños.
Los artículos 1217 a 1222, por último, también permiten la rescisión cuando el consentimiento se prestó por fraude, violencia o intimidación del demandado o cuando hubiese un error sustancial por parte de cualquiera de las partes contratantes. Los artículos sobre la compraventa, sin embargo, también permiten la rescisión en los casos de defectos sustanciales. Estos defectos, que también deben ser probados si se invoca un error sustancial para resolver la obligación, son más fáciles de probar que el estado mental de las partes, que es siempre un factor esencial cuando los artículos sobre los vicios del consentimiento son invocados. En resumen, salvo en casos sumamente excepcionales, los remedios adicionales reconocidos por el Tribunal Supremo son de poco interés práctico para la mayoría de los demandantes.
B. Los Procedimientos Especiales
Hay, no obstante, dos mecanismos procesales de interés disponibles para los demandantes que sólo reclaman cantidades pequeñas. El primero es el que provee la ley habilitadora del Departamento de Asuntos del Consumidor. El Departamento, que tiene poderes cuasi judiciales, provee un procedimiento sencillo para la resolución de querellas de consumidores. Sin embargo, limitaciones presupuestarias y un cúmulo excesivo de casos han sobrecargado de trabajo al Departamento y llevado a la Legislatura a aprobar una ley en 1985 que provee el remedio de mandamus para las partes cuando el Departamento no emite su decisión en 120 días laborables desde la presentación de la demanda.
El segundo mecanismo procesal es el que aparece en la Ley sobre estados provisionales de derecho. Esta ley permite a los consumidores solicitar un remedio interdicta] en casos de alegadas violaciones de garantías expresas menores de $3,000. Los procedimientos son sencillos y las partes no tienen que comparecer asistidos de abogados. Los Tribunales Municipales o de Distrito pueden citar a las partes de inmediato y decidir luego de escuchar sus argumentos. Las órdenes del Tribunal pueden ser revisadas en un juicio “de novo”, pero hasta tanto se revoque la orden inicial, quienes incumplan con éstas están sujetas a ser condenadas por desacato.
C. La Reglamentación del D.A.C.O.
El Departamento de Asuntos del Consumidor, aunque autorizado para aprobarlos, no tiene reglamentos sobre la responsabilidad del fabricante. El principal reglamento de protección al consumidor (el Reglamento sobre Prácticas Comerciales Fraudulentas), sólo cubre ofertas, aceptaciones y prácticas de anuncios engañosos y no asuntos relativos a los vicios en los bienes.
D. La Legislación Sobre Rotulación
Hay tres leyes especiales que ofrecen protección contra prácticas deficientes de rotulación. Estas requieren que una rotulación especial se fije en los venenos comerciales, en comestibles, drogas y cosméticos y, en general, en todas las sustancias que el Secretario de Salud identifique como peligrosas. La más reciente de estas leyes describe las sustancias peligrosas en términos muy generales (tóxicos, corrosivos, irritantes, inflamables y explosivos, así como cualquier juguete que por reglamento se considere peligroso). Aunque estas leyes son invocadas en raras ocasiones, es interesante señalar que uno de los principales casos sobre responsabilidad del fabricante fue decidido al amparo de una de ellas.
E. La Legislación Federal
Las leyes federales sobre la responsabilidad del fabricante son aplicables en Puerto Rico. Estas tratan, mayormente, con normas de seguridad, anuncios, rotulación (siendo el Cigarette Labeling and Advertising Act la más conocida) y con la obligación de someter datos a ciertas agencias federales. Entre las leyes más importantes están el Consumer Product Safety Act, el Magnuson-Moss Warranty -Federal Trade Commission Improvement Act, el Food, Drug and Cosmetic Act, el Hazardous Substances Act, el National Traffic and Motor Vehicle Safety Standard Act, el Poison Prevention Packaging Act of 1970 y el Toxic Substance Control Act.
A pesar de múltiples esfuerzos, el gobierno federal no ha adoptado una ley uniforme aplicable a toda la nación y el texto de proyectos recientes sugiere que tal ley no será adoptada en un futuro cercano.
F. Las Normas Internacionales
En lo que respecta a tratados internacionales, el más pertinente es la Convención de las Naciones Unidas para la Venta Internacional de Mercaderías, que no es objeto de análisis en este artículo. Haremos, sin embargo, una breve mención de dos artículos de esta convención en la Parte IV.
II. El Papel de la Negligencia
A. La Prueba de Negligencia en Casos de Responsabilidad Extracontractual
El artículo 1802 del Código Civil requiere prueba de negligencia, relación causal y daños. Aunque no discutiremos las doctrinas sobre relación causal y daños, los casos sobre responsabilidad del fabricante tienen ciertas peculiaridades sobre la prueba de negligencia que ameritan comentario.
La primera es que el testimonio pericial costoso es muchas veces indispensable en el juicio. En el segundo caso en que se solicitó la resolución de una compraventa de animales enfermos, el tribunal desestimó la demanda y específicamente señaló que no se había ofrecido testimonio pericia1.
Como mencionamos anteriormente, algunas leyes federales y de Puerto Rico requieren que el fabricante, importador, distribuidor o detallista cumplan con ciertas normas (instalación de bolsas de aire, rotulación de precauciones necesarias en el uso, etc.). Aunque el mero incumplimiento no es suficiente para establecer negligencia, en términos prácticos el demandante que convenza a un juez de que el incumplimiento estaba directamente relacionado a los daños sufridos no tiene que preocuparse por establecer otro tipo de negligencia.
Cuando tal prueba no esté disponible, el demandante que reclame bajo el artículo torticero debe recurrir a otra, pues el articulo requiere establecer negligencia. Para poder prevalecer, puede invocar las presunciones que se encuentran en las Reglas de Evidencia, copia virtual de las reglas federales. Cuatro de éstas, las reglas 10(G), 16(5), 16(6) y 69(A) (la regla de la mejor evidencia), son en realidad reglas punitivas, pues castigan a la parte que suprime evidencia en las fases del descubrimiento o del juicio.
Una norma desarrollada por el Tribunal dispone que se presuma que los fabricantes conozcan los defectos de los bienes que son vendidos por ellos, pues debieron tomar las precauciones reconocidas por la industria para detectar dichos defectos. Debe señalarse, sin embargo, que esta regla no significa que todos los vendedores profesionales se presumen negligentes cuando se ofrece prueba de vicios ocultos, como es el caso en el Derecho francés, por ejemplo. El demandado puede presentar prueba de que, no empece la debida diligencia, desconocía del defecto. Puede además invocar el artículo 1373 del Código Civil, que dispone que si un comprador es un perito que “por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocer [los defectos]“, el vendedor está exento de responsabilidad. El conocimiento pericial, pues, puede beneficiar los intereses del vendedor y no del comprador.
Sin duda alguna, la presunción más útil para el demandante es la que surge de la doctrina jurisprudencia’ extracontractual de “res ipsa loquitur”. Desafortunadamente para esta parte, su aplicación depende de la discreción judicial. El Tribunal Supremo la ha usado para encontrar a demandados responsables por daños causados por comestibles insalubres y por un fuego que se inició en el panel de instrumentos de un automóvil y que destruyo el vehículo. El Tribunal nunca lo reconoció expresamente, pero estamos convencidos de que el riesgo de serios daños físicos o de costosos daños materiales tuvieron que ver con el resultado final. Después de todo, mientras mayor sea el riesgo potencial, mayor es la diligencia que se debe esperar de un deudor.
B. La Prueba de Negligencia en los Casos de Compraventa
Cuando se resuelve que son de aplicación los artículos sobre vicios ocultos, el demandante no tiene que probar negligencia para recobrar. El artículo 1373 del Código Civil dispone que todo cuanto tiene que probar es que los defectos ocultos que tuviere la- cosa vendida la hacen “impropia para el uso al que se le destina o, si disminuyen de tal modo este uso, que de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella”. El artículo 1375 le da entonces la opción entre desistir del contrato o una rebaja en el precio. La resolución requiere la devolución de las cosas vendidas y por lo tanto no está disponible cuando se ha consumido el bien, como obviamente es el caso de los comestibles. La devolución de cosas que han depreciado no significa que el vendedor pueda retener parte del precio pagado y la inflación no significa que deba devolver el valor actual del dinero ofrecido. De cierta forma, el estar obligados a recibir bienes y dinero depreciados es el precio que cada parte debe asumir por haber vendido bienes defectuosos y por haberlos usado por un tiempo.
Las normas anteriores no significan que el demandante, en una acción en que se invoque la responsabilidad del fabricante, está impedido de probar un fraude del demandado. El segundo párrafo del artículo 1375 dispone: “Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión.”
C. La Negligencia y la Prescripción
Los casos considerados bajo el artículo de responsabilidad extracontractual, que requiere prueba de negligencia, prescriben pasado un arlo al momento en que el demandante pudo reclamar daños de las partes responsables, conforme a los artículos 1868 y 1869 del Código Civil. En la práctica esto significa que si los daños o las partes responsables son desconocidos, el término prescriptivo no comienza a correr. En los casos de responsabilidad del fabricante, los mecanismos de descubrimiento de prueba permiten que se solucione fácilmente cualquier problema de identidad de los demandados. El problema principal es establecer cuándo fue que el demandante tuvo conocimiento efectivo de los daños reclamados.
Se interrumpe el término prescriptivo cuando el demandante presenta una demanda o notifica al demandado que debe compensarla por los daños sufridos, o cada vez que el demandado reconozca la causa de acción del demandante, aun cuando el término prescriptivo haya expirado, según el artículo 1873.
Cuando se invocan los artículos sobre compraventa, el término prescriptivo es de seis meses desde la fecha de entrega, según el artículo 1379. Este periodo de tiempo puede ser interrumpido todas y cada una de las veces que las partes intente corregir los vicios ocultos que dan lugar a la causa de acción. Si se establece el fraude, sin embargo, el demandado pierde el beneficio del término corto del articulo 1379 y está sujeto a daños bajo la responsabilidad contractual ordinaria de los artículos 1054 y 1060 del Código Civil, que permiten que el demandante presente demanda en cualquier momento en un periodo de 15 años, conforme al artículo 1864. El fraude también impide que el demandado invoque cláusulas contractuales que limiten el tiempo en que una demanda puede ser presentada, según el artículo 1055.
La Regla 6.3 de Procedimiento Civil dispone que el demandado renuncie a la defensa de prescripción si no la alega oportunamente. En la práctica, los demandados casi siempre alegan la defensa en su contestación a la demanda, aunque no aplique.
La ley de Puerto Rico no tiene una norma comparable a la que se encuentra en el artículo 11 de la directriz número 85-374 de la Comunidad Económica Europea (mercado común) sobre la responsabilidad del fabricante. Este artículo provee protección al fabricante si los daños ocurrieron pasados los 10 años luego de que los bienes fueron puestos en el mercado.
D. Daños Punitivos
Bajo la ley de Puerto Rico, los daños punitivos no proceden, excepto si han sido expresamente autorizados por una ley especial. La negligencia o el fraude, sin embargo, desempeñan un papel en la determinación de la cantidad de daños que se conceden.
El artículo 1056 del Código Civil permite al Tribunal tomar en consideración el grado de negligencia al reducir la compensación en casos de responsabilidad contractual. Pero más importante aún que esta discreción son las normas expuestas en los artículos 1060 y 1802. El primero permite a los demandantes en acciones contractuales en que se establezca fraude o dolo recobrar todos los daños sufridos, sean o no previsibles al momento en que se acordó el contrato.
El segundo, el articulo principal de responsabilidad extracontractual, también permite recobrar la totalidad de los daños, lo que implica que procede una valoración por el Tribunal de los daños físicos y morales. Ya que es legitimo decir que si se establece que el demandado obró con culpa lata o que conscientemente trató de engañar al demandante la humillación de este último aumenta, los tribunales podrían conceder compensaciones mayores por daños cuando el fraude esté presente o cuando el grado de negligencia sea mayor. Las compensaciones por daños, sin embargo, nunca están en la vecindad de los más espectaculares casos norteamericanos en que se han impuesto daños punitivos.
La Regla 44.1 de Procedimiento Civil también permite a los tribunales conceder a la parte victoriosa una suma por honorarios de abogados cuando la parte perdidosa haya procedido con temeridad o haya forzado a la otra a presentar demanda para reclamar lo que obviamente procedía. La suma concedida por temeridad depende de la discreción del Tribunal. Si no se establece la temeridad, conforme a lo que se conoce como la norma estadounidense de litigación, cada parte deberá pagar sus honorarios de abogados, excepto por gastos especiales (gastos de presentación, emplazamiento, deposiciones y peritaje, en general) que en principio se le conceden a la parte victoriosa.
III. Partes en las Demandas y Normas Sobre Solidaridad
Las normas puertorriqueñas sobre solidaridad y partes demandadas son sencillas. El Tribunal Supremo consecuentemente ha decidido que todos aquellos que tomen parte en la fabricación, importación, distribución y venta (la cadena de distribución) de los productos defectuosos le son solidariamente responsables al demandante.
El hecho de que el Tribunal Supremo ha descartado la defensa sobre el requisito de vínculo contractual también significa que cualquiera que reclame daños puede demandar a cualquiera en la cadena de distribución. El artículo 1098 permite que los demandados que pagaron en exceso del porcentaje de responsabilidad que el tribunal les adjudicó presenten demandas contra co-parte o demandas contra terceros para recobrar aquello que, en la relación interna entre deudores, les corresponda pagar a éstos.
IV. Defensas
Las partes demandadas tienen a su disposición todas las defensas disponibles a cualquier parte en una acción ordinaria de daños, incluyendo falta de causalidad, ausencia de daños, la no mitigación de daños, causas interventoras y negligencia comparada. Por ser defensas generales, éstas no serán discutidas en este escrito. Sin embargo, una defensa, la de estado del conocimiento sobre la materia, amerita algunos comentarios.
Un caso reciente mencionado antes, ha resuelto que el fabricante es responsable solamente si no logró demostrar la diligencia que el estado del conocimiento sobre la materia le permita alcanzar al momento de la fabricación. En el caso, un dueño de un restaurante convenció al tribunal de que la demanda debía desestimarse porque los desarrollos científicos no permitían el descubrimiento de una enfermedad (cigüatera) del pescado que ordeno el demandante. Aunque los argumentos están esbozados en una opinión concurrente que no sienta precedente, el caso es interesante porque aplica la doctrina de la responsabilidad del fabricante a un comestible que, de no haberse sometido a una preparación previa, posiblemente no estaría sujeto a estas normas.
No hay casos que hayan determinado que existe responsabilidad por no haber retirado del mercado o advertido a los usuarios de que un bien particular ha sido juzgado potencialmente peligroso en una fecha posterior a la de haberse mercadeado. Hay suficiente jurisprudencia de otras jurisdicciones, sin embargo, para que podamos aseverar, sin temor a equivocarnos, que en el caso apropiado se determinaría responsabilidad por no hacer estas advertencias o por insistir en la venta de lo que ya se sabe puede ser dañino.
V. Derecho Internacional Privado
Las principales normas puertorriqueñas sobre Derecho Internacional Privado se encuentran en el artículo 10 del Código Civil y en la Regla 4.7 de Procedimiento Civil. El articulo 10 dispone que los “bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario”. Ya que se ha resuelto que las acciones de daños son propiedad mueble, si el demandante es puertorriqueño y el demandado no, éstas estaría sujetas a la ley de Puerto Rico. La Regla 4.7 (1) y (2) de Procedimiento Civil dispone que si los daños ocurren en Puerto Rico o si el demandado estaba haciendo negocios en la isla, sea directamente o a través de un representante, los tribunales puertorriqueños tienen jurisdicción sobre el demandado.
La Convención de las Naciones Unidas para la Venta Internacional de Bienes tiene dos artículos de interés en el estudio de las normas sobre la responsabilidad del fabricante. Estos son los artículos 2(a) y 5, que específicamente excluyen de su aplicación contratos consumeriles y normas de responsabilidad del vendedor por la muerte o por los daños personales causados por los bienes objeto de una compraventa. Como resultado, el Derecho Internacional Privado de Puerto Rico aplica en casos de daños personales, de muerte y de consumidores, que son el grueso de los litigios en los que se invocan normas sobre la responsabilidad del fabricante.
VI. Comentarios Finales
No obstante el hecho de que en Puerto Rico hay pocos estatutos y reglamentos especiales sobre la responsabilidad del fabricante y que muchos de los casos decididos fueron resueltos bajo un Código Civil del siglo diecinueve, las decisiones emitidas durante los últimos 20 años han creado un estado de derecho similar al que está en vigor en la mayoría de las jurisdicciones occidentales modernas. Es innegable que hay lagunas e inconsistencias, en y fuera de las fronteras del ámbito de la responsabilidad del fabricante. Las diferencias sobre la prescripción son difíciles de explicar; la prueba de negligencia es difícil de obtener, lo que a menudo implica que las partes perjudicadas queden sin compensación; con respecto a los vendedores profesionales no siempre se presume que conocen los vicios ocultos pero si en cuanto a los compradores profesionales; no hay límite de tiempo a la responsabilidad del fabricante luego de que éste introduce sus bienes en el mercado y hay pocos limites a su responsabilidad monetaria si los casos se deciden conforme a las normas de responsabilidad extracontractual.
No hay duda de que sería conveniente que muchos de estos cabos sueltos fuesen debidamente atados. Personalmente, favoreceríamos un estatuto que codificara muchas de las normas que están ahora en vigor; que fijara un límite al tiempo en que un fabricante es potencialmente responsable; que proveyera para responsabilidad sin culpa con compensaciones de daños monetarios limitados, si no hay prueba de fraude o dolo; que permitiera daños ilimitados si éstos fueran establecidos; y que fijara limites prescriptivos uniformes al ejercicio de causas de acción no sólo en casos de responsabilidad del fabricante, sino en la mayoría o en casi todas las demandas por causas de acciones personales.
———————————————————————————————————————————–
MATRIMONIAL REGIMES:
OPTIONS FOR THE TWENTY FIRST CENTURY
Efrain González Tejera
I. Introduction
I have been asked to speak about marriage covenants or equal partnership protection. In the time allotted, I will try to convey my thoughts about an adequate economic regime for the marriage institution in our countries, which are on the threshold of the twenty first century.
At the outset, we must bear in mind that in western culture marriage has traditionally been viewed, not as an economic partnership but rather as a lifetime commitment of a woman to a man, of a female homemaker to a male provider, a master of the financial aspects of the union. Marriage, as a bond of man and wife, having equal rights under the law, is only a social aspiration of rather recent origin.
The premise that marriage is much more than a lifelong personal commitment, a partnership among coequals, is slowly taking hold in important sectors of society. Because ’til death do us part’ no longer applies, the economic aspects are more important than ever today. However, in our opinion, the financial side of the institution should not be overemphasized, for husband and wife do not join their lives for the primary purpose of accumulating wealth. There are other more appropriate social institutions serving that purpose.
This modern view of marriage as a joint venture among co-equals is not yet a complete legal reality in many of our countries. There are strong pockets of resistance, because ours are inherently unequal and discriminating societies. Control over wealth has traditionally been the domain of men. Property has for millennia been owned, controlled, and disposed of by men. Women have been perceived, even among themselves, as dependent and in need of protection, incapable of deciding patrimonial matters. As has been stated in a recent publication, women generally have a collective social history of disempowerment and subordination, which explains to a great extent the prevailing state of inequality they are subjected to in our jurisdictions.
Current constitutional mandates in our countries requiring equality among the sexes must be turned into an operational reality. It has been stated that equality, to be effective, must operate in a threefold sphere.
In the personal sphere, equality implies perceiving a fully equal person in your partner. The old notion that it is the husband’s primary obligation to protect his wife, and her duty to obey him, must somehow yield to a relationship of coequals bent on the common task of raising a family. Protection and obedience must yield to mutual respect and collaboration. In the economic area, equality implies that your spouse is an equal partner both in profits and in risks, that enjoyment of family wealth is shared not only at the end of the marriage but on a daily basis. It is in this area where, in our view, legal action can achieve some success. You cannot legislate love, not even a smile. But you can legislate equality as concerns the enjoyment and distribution of accumulated family wealth.
However, equality among spouses, to be fully effective, must also affect the other members of the family unit. This means that both spouses are expected to protect the best interests of members of this unit, particularly minors and incompetent children.
Fortunately, we can perceive that the desire for equality is increasing in all sectors, especially among women. This includes expectations not only for equal participation in the distribution of the accumulated wealth, but equal rights in the administration and disposition of that wealth. That is to say, equality now and not only at the culmination of the marriage. Equality means mutual respect and fidelity, each one intimating equal duties toward the family it also means that the selection of the family home is decided by mutual consent.
Those sectors disillusioned with current shortcomings in the legal system should, however, be advised that legal norms are seldom effective to insure marriage cohesion. In a harmonious union, the decision-making process is usually beyond the mandate of the laws. As a matter of fact, laws are highly ineffective in strengthening married life and at times, they may even be an obstacle. Thus, it appears that the solutions too much of our marriage problems, must be found outside the law. Strengthening the basic social institutions such as family, school, and church appears to be the only viable alternative to future family crisis. Experience indicates that the weakening of the family is a lengthy process. It is that weakening which lies at the base of many current social problems besetting our countries, including drugs, crime, teenage pregnancy, abortion, school dropout, and a high suicide rate. One way family unity may be strengthened is through a just economic matrimonial regime. Since divorce and death are two of the main events to transfer wealth in society, and since we all aspire to a more rational and equitable distribution of accumulated wealth, it should be a legislative priority to provide our jurisdictions with an adequate family economic regime. We are not intent on developing a new one. There are various alternatives available whose effectiveness has been proven for generations.
II. Choosing a Regime
Choosing a matrimonial regime depends on the particular circumstances of each society, its social and economic conditions, the existing level of equality among the sexes and its particular view of marriage and the family.
It should be a regime that would not impede, but rather facilitate dealing with the economic and personal hardships found in the ever-increasing instances of family crisis within our societies. It must address the special needs of the weaker members of the family unit, as well as the so-called residual family.
The chosen regime, as will be explained, must provide for change, thus facilitating much needed adjustments when a marriage crisis affects the family unit. The immutable approach prevailing in jurisdictions like Puerto Rico constitutes a rigid constraint too many married couples.
A suppletory legal regime must suit the majority. Although unpolled, it appears that in most of the civil law jurisdictions the community property system seems to be favored. That is the particular case in Puerto Rico, where there is no evident tradition of entering into marriage covenants, which generally serve to further the interests of blood relatives rather than those of the spouses. Covenants are usually designed to perpetuate differences and similarities, which according to their proponents are important to the economic or personal well-being of one or the other. Actually, young, poor, and first marriage couples do not have much need for marriage covenants.
Various options should be available to couples. Plurality of matrimonial regimes is a desirable approach in dealing with our complex societies. We no longer have the uniformity of personal behavior and of family models that characterized the era of codification. Freedom to select a patrimonial regime, although with certain restrictions, is more in tune with current Western social pluralism.
Nevertheless, an adequate regime should not only encompass the so-called “normal” marriage, but also a marriage in crisis. It should provide temporary solutions for that critical stage many couples reach which is between judicial intervention in the crisis, and the final dissolution of the marriage bond. It should provide a set of rules that can bridge those two points in time. This does not suggests that a society be expected to legislate on small, fleeting marriage problems, which no marriage survives without. We refer to crises, that is to say, marriage pathology. For them the regime should contain pendente lite measures intended to protect the family members. Rules are required that will lead to an economical and rapid resolution of the crisis, which might be the result of a crisis of confidence among the spouses.
III. Economic Regimes: Options
A general examination of the prevailing matrimonial regimes in Western societies would indicate that they run the gamut between two extremes: at one end, the universal community and at the other end, separate property.
A. Universal Community
Under the universal community model, all property owned by each spouse, no matter when, or by whatever title acquired, is transferred to a common fund, and upon divorce or death, it is equally divided among them or their children. In countries like Puerto Rico and Spain, where community property constitutes the subsidiary legal regime, universal community is the real regime for most spouses because the average couple marries with no financial resources. However, in cases where at least one individual has accumulated some wealth, we may reasonably expect resistance to universal community, particularly if one considers the alarming rate of divorce that prevails in our countries. If marriage were to conform to the social aspiration of a lifetime union, we suppose there would be less resistance to universal community, considering its affinity with the marriage institution. It has been repeatedly said that it is both proper and convenient to the spiritual unity of spouses to correspond to patrimonial unity.
In countries where the “legitima” is a serious impediment to mortis causa disposition, universal community is becoming an adequate testamentary alternative. Universal community is a worthwhile alternative for couples who survive the difficult initial years or those who marry later in life, whose separate property regime had to be modified, as well as for those whose main worry is the well-being of their marriage partners after their own deaths.
B. Community Property
In our opinion, the community property regime, or “sociedad legal de gananciales”, is the system best suited to the marriage relationship; it is conceived as a joint undertaking of personal and economic relations, and of risks and economic benefits. Community property is the most common patrimonial marriage regime in the world today. It affords the utmost protection to women, especially to those who chose marriage as a career -to the homemaker, the mother, the child-rearer and custodian
When it originated one of the main deficiencies of the community property regime was that it discriminated against married women, because the administration and disposition of the common mass, and even the wealth of the wife, was entrusted to the husband. Co-administration of common property is a rather recent development in some of our countries. In Puerto Rico, it became a legal reality in 1976. In Spain, it was achieved in 1981, in Germany in 1957, and in France in 1965.
Another advantage of the community property regime lies in the fact that it encourages cooperation of both spouses in the production of wealth. However, the traditional view has been that only contributions in material wealth are relevant. Recent developments, fortunately, are accepting the wife’s homemaker services as no less important. It can persuasively be argued that the services of the homemaker make possible the financial contributions of the other spouse.
Contrary to other regimes, under community property, the eventual participation of each spouse is attributed in kind and not in value, thus insuring something more than equitability, full equality. We are aware, however, that in some cases distribution in-kind may not be convenient, such as the case when the controversy involves the distribution of agricultural, industrial or commercial operations. Breakdown of assets in those cases has its economic and social costs. Some adjustments are in order for cases of that type.
Notwithstanding the foregoing advantages, we must address some of the shortcomings. First, we must be aware that in establishing the private-community property dichotomy in our Civil Codes, nineteenth century ideas on the relevant forms of wealth still prevail. They are replete with references to real estate, livestock, and to a lesser extent, to movables. The latter were not as incredibly diverse as in modem times. Our Codes still reflect the ideas of a rural society in the manner they deal with the limited forms of wealth of a century ago.
Within that traditional setting, the rule of equality in the distribution of the accumulated wealth was conditioned on the refunding to each spouse all the private property he or she contributed. Reimbursement presents today, even more so than at the turn of the century, a serious problem. To begin with, current law does not require an inventory of private property, much less, of its valuation. This has the inherent difficulty of determining what exactly it is it that must be reimbursed. In referring to movables, especially cash, it must be traced along the years of ma-rried life, which is almost impossible. With inmovables, the rural farm may become rural lots, the small restaurant, a fast food chain, etc. But the decreasing value of property is more complex. Our codes do not provide for reimbursement of real but of nominal value, regardless of inflation and the devaluation of cash. Reimbursing nominal value inevitably leads to unequal treatment in the distribution of marriage wealth.
But equality is much more threatened by the fact that, consciously or not, relevant forms of wealth in the family today are excluded from the traditional definition of community property. New forms of wealth, perhaps the most relevant in explaining current socio-economic differences, are not included in the Codes. Judges, under the influence of the old definitions, have mainly kept them out of the reach of the community, to the detriment of one of the spouses, usually the wife. For instance, professional licenses and degrees; life insurance proceeds; pensions, vested or not; stock options and profit sharing plans, are generally excluded; notwithstanding the presumption that property belongs to the community, if produced by the family while the marriage nexus is in effect.
But even within the traditional ideas of what marital property is and what it is not, a new approach, in our view, is needed. In many of our community property jurisdictions the inception of title theory prevails The date a particular item of wealth is acquired is determinant in whether title is vested in one spouse or in the community; depending on whether the contract toward its acquisition was executed before or after the marriage ceremony, even though the spouse who acquired it did not pay full price. Under this type of solution, unjust results are inevitable.
The date when a legal obligation to pay is created should not be determinant of the rights of the parties. Acquisition by installments is an on-going process because title is not necessarily acquired on the date a legal obligation to pay is assumed. In this respect, not only the acquisition of title, but also the source of funds for the acquisition of property should be determinant, and non-monetary contributions should also be considered. It can be argued persuasively that in those situations there was a tacit agreement that the property was being acquired by the community, rather than by one of the spouses, so that the community obtained an equitable lien or a right to reimbursement. This approach in our view is much more consistent with the nature of marriage as a joint undertaking in risks, as well as in benefits.
Entrenched ideas about what constitutes private property has led to an unjust distribution of the increases in value of family wealth, especially when the increase is attributed to the inherent nature of the property. The traditional solution deprives the homemaker spouse of a fair share in the increase, since property has traditionally been owned and controlled by men. From our standpoint, he or she who contributes homemaker services should have a fair share in the increase in value of their partner’s property, whether it is due to its inherent nature or not. Equal partnership protection requires no less.
There are, however, elements of wealth that, in our opinion, by their very nature, must be considered private property, regardless what patrimonial regime prevails; such as property inherent to the person, not subject to intervivos or mortis causa transfers, e.g. alimony, life interests in property, copyright, etc. The same should apply to objects of personal use, from the most basic to the most bizarre, which no matter how, and by whom, they were brought to the marriage, should be permanently assigned to the person who uses them. Personal clothing, furniture, and household goods or utensils of the habitual dwelling of the family, and even the motor vehicle used for family travel, should be assigned to the surviving spouse or the head of the residual family unit. The same holds true for the tools needed to engage in a business or profession, because although a person may fail as a spouse, they need not fail in their professional or financial pursuits.
C. Separate the Property Regime
Although available in many of our Civil law communities as a conventional alternative, it has hardly been used. On the threshold of a loving relationship, couples are not inclined to negotiate what they consider to be trivial economic matters, except when blood relatives take the initiative. In English- speaking countries, on the other hand, separate property has been the rule. In its most basic form, separate property is generally detrimental to one of the parties: he or she, who enters the relationship without initial wealth, or income-producing potential, is at the end, condemned to poverty. For the wealthy or professional woman, separate property offers the advantages of independence and self-esteem. She is specifically free from her husband’s debts, and in particular, from any alimentary obligations to her husband’s children. Separate property may be an adequate alternative for elderly couples, divorcees, widows and widowers, and for spouses with substantial wealth, or with children from prior relationships; and above all, for those rare cases in which one of the partners engages in financially risky activities.
Separate property has the added advantage that there is no confusion in each spouse’s patrimony. This insures certainty in economic transactions with third parties, for each one is sole owner not only of what he or she brought to the marriage, but also, of what he or she acquired by whatever title, during it. In sum, it may be said that if both spouses are substantially equal financially the separate property regime is an adequate alternative. We cannot ignore the fact that at least in theory, it is a regime that conforms to present social goals of liberty and equality among spouses.
However, for it to operate properly, equal bargaining power is a prerequisite and unfortunately men and women, as the case of employers and employees, are rarely equal at the bargaining table.
D. Other Regimes
Many jurisdictions, aware of the criticisms against their traditional matrimonial regimes: community or separate property, have developed intermediate alternatives, such as profit sharing, community of acquests, and community of movables and acquests, under which each spouse is sole owner and administrator of their own wealth, whether brought into the marriage or acquired thereafter. It is at the conclusion that each one is entitled to share in the profits acquired by the other. Through them, you retain the main advantage of community property, e.g., sharing in wealth accumulation, and that of the separate property regime, e.g., the right to administer, disposes of, and enjoys property without interference from the other. In other words, these sup-plementary regimes, while in operation, function as separate property. It is at the conclusion that the community property principles become operative.
IV. Compulsory Rules
For those who are willing and able to devise a set of rules and regulations suitable to their own needs, it is the duty of the State to inform them about what boundaries they should not overstep. Two sets of norms must be provided in whatever regime is chosen by a given couple: those that apply generally, and those whose purpose it is to define the limits of contractual freedom.
With respect to the first type, we believe, the following limitations should always apply:
A. Mutual Information
Spouses must be required to inform each other regularly about to their patrimonial matters. That is to say, about his or her current financial condition and management of the family or personal wealth. Many of the difficulties confronted by courts and litigants in dissolution proceedings have their roots in the lack of information of one of the parties, (ordinarily the wife) about the financial condition of the marriage.
B. Family Residence
The home is ordinarily one of the most, if not the most, valuable component of wealth in many families today. It is the place where the rights and duties of the marriage relationship are exercised. The most important functions of human life are carried out in the family residence, including the socialization and education of its members. Regardless of traditional ideas of title, the relevant legal nexus in the home in an active marriage is co-possession. Both spouses should exercise possession for the benefit of the family unit. This being the case, when crisis develops, transfer of possession must be governed by concepts of family protection. The residual family, usually the custodial parent and their minor or mentally unfit children, must have preference, either on a permanent or on a temporary basis.
The traditional emphasis in some of our regimes in equal division of wealth for events such as separation, divorce, nullity or death, ignores the fact that the basic ideas about justice are not fulfilled because equal division is not always equitable. What is needed is not quantitative but qualitative equality. This infers that upon divorce or death the family residence should be assigned on the basis of family needs. It may be owned by him or her, or even leased to third parties, but while the residual family unit needs it, title prerogatives must be suspended.
The right to sell, lien, mortgage or lease, or even destroy it, must be limited. The written consent of one’s spouse is needed for those acts, even when it was brought to the marriage by only one of them. Fortunately, in some of our Western jurisdictions there has been legislation to that effect.
There are valid alternatives to insure that divorce or death do not deprive the surviving head of the family of this most necessity of life. UMDA-type legislation is one of these alternatives. However, the postponement of wealth distribution after death or divorce may also be effective. Still another alternative may be a right to preferential attribution to the widow or widower. A general grant of discretionary judicial power towards the protection of the surviving or custodial spouse might also be sufficient.
C. Homemaker Services
In our countries, women who choose marriage as a career and give up their professional growth are generally not treated fairly in property distribution and alimony adjudication. This is particularly true in common, law jurisdictions although our community property regimes still raise serious policy issues. In most V.S. jurisdictions equitable distribution developed as an instrument for the protection of women who made possible the material and spiritual development of the members of the family unit, usually postponing indefinitely their own economic and personal development.
Although there is no consensus about how to measure the value of homemaker services, there are those who would apply traditional economics: either replacement or opportunity cost theory. But marriage involves much more than economic factors. The personal aspects of it cannot be measured. Money cannot be the only relevant component of value when the task at hand is to distribute wealth accumulated through that very special partnership. Regardless of marketplace economics, our countries must seek both equality and equitability in property distribution upon death or divorce.
In community property jurisdictions, homemaker services are accorded the same value as capital contribution. The trend in common law jurisdiction during the last decades has been to recognize the economic value of homemaker’s services, partially approaching the civil law solution. However, full equalization with capital contribution is still resisted in some quarters, as in the judge to whom a clear one third of marital property was a liberal allowance to the wife. Even though there are some to whom homemaker services command equal valuation with capital contributions, it is fair to assume that both in civil and in common law jurisdictions women receive less wealth than their husbands in the event of divorce.
D. Mutability of the Chosen Regime
The official grounds for the immutability rule were the protection of creditors, potential heirs, and the State treasury against the possibility of fraud. But the real reason for the rule is to maintain the power exercised by blood relatives who are interested in retaining control over the transfer of wealth through the bloodline.
The mutability rule adopted in Spain, France and other Civil law countries, should be followed elsewhere. It allows much needed adjustments to new situations, such as de facto separation, and changes in professional, commercial and empresarial activities of the spouses. It may also be said that mutability can function as an escape valve for family crisis.
If we are to promote freedom, marriage should not be an obstacle to it. Married people should be allowed to manage their own persons and their property with adequate flexibility. The rule against immutability of the marriage regime is a serious constraint to its application. The danger of potential fraud against creditors and potential heirs has been exaggerated. Judges, we hope, have the necessary tools at their disposal to deal with this.
The rule in Puerto Rico and in Spain until 1981, which forbids contracts between spouses, has the same foundation as the rule against mutability. For decades, couples under marriage covenants could validly contract among themselves. However, the arguments for potential fraud are equally applicable with or without a covenant. But mutability, in order to assuage the fears of fraud, should be coupled with some form of reliable publicity.
E. Limits to Contractual Theory
As a general rule, clauses binding the spouses in personal, not patrimonial matters should be declared null and void. For example, the rather extensive regulation of the law of domestic relations dealing with custody, maintenance, emancipation, parental authority, guardianship and the like, should be declared beyond the reach of freedom to contract. Covenants, as a general rule, should be limited to the patrimonial aspects of the marriage.
Within that area, spouses should be free to reach agreements between each other and with third parties, whether the transfers of wealth involved are gratuitous or onerous.
Clauses setting limits to the exercise of the right to privacy, and the respect for the dignity the members of the family unit, should also be prohibited, as well as those against the constitutional mandate of equality among the sexes. Those social achievements cannot be subjected to modification, much less to elimination by private agreement.
As a general rule, agreements by which one of the spouses has overtaken the other and gained undue advantage should also be forbidden.
V. Non-Marital Partners
Since the increase of non-marital partners is a fact of life in our societies, a patrimonial regime for the family would be in- complete if no provisions are made for them. In addressing this form of family unit, we must decide on the major policy consideration of whether the full range of marriage rights and privileges should be extended to them, or whether some or all should be denied.
In the Civil Codes with which we are familiar there are no provisions regulating non-marital unions. The 19th century Spanish legislator simply decided to ignore them. It was sub silentio left to the courts of justice the job of designing its legal scheme.
Initially, judges, both in Civil and Common law jurisdictions, held that homemaker and other socially acceptable services among concubines were gifts of one to the other, usually of the female to the male. Eventually, presumed donatives intent was replaced by a reasonable expectation of recovery. Notions of fairness, equality and of unjust enrichment led courts to borrow from the marriage dissolution provisions thus partially assimilating concubinage to marriage.
Most sectors still argue that non-marital unions should not receive all the blessings the legal systems reserve for ceremonial marriages. Where there seems to be, no consensus is as to what specific, consequences of marriage should be extended to concubinage, except with regard to a fair share of the accumulated wealth. But a more controversial issue is presented with gay, lesbian and communal unions. In our view, gay and lesbian couples who, independently of their sexual behavior, accumulate wealth by joining efforts and cash are entitled to equitable distribution. However, the regulation does have to be included in our civil codes.
IV. Closing Statement
Let me conclude my remarks by stating that although we cannot legislate stability marriage, we certainly can and should legislate participatory democracy and distributive justice, not only upon dissolution, but also for an existing union. Of all the patrimonial regimes examined, community property, with recommended adjustments, will go a long way to insure that marriage is truly an equal partnership undertaking. It seems to me that like in no other alternative in community property, spiritual unity corresponds to economic unity. Let us hope that by strengthening equality, liberty, and dignity between spouses, we can somehow moderate the incidence of serious marriage crises in our countries today.
———————————————————————————————————————————–
LA PRUEBA DE REFERENCIA (“HEARSAY”)
EN EL DERECHO ESPAÑOL-ACERCAMIENTO COMPARATIVO
Ramón Antonio Guzmán
Introducción
Es indudable, cada día con mayor certeza, la verificación de una mayor afinidad o un acercamiento más estrecho entre las grandes tradiciones o familias jurídicas. Uno de los que más ha insistido en esta idea es John Henry Merryman, quien posiblemente sea, en los Estados Unidos de América, la figura contemporánea más importante en el estudio comparado del derecho. Muy bien resumida aparece, la misma postura, en un trabajo reciente del Profesor Echeverría: «”[...] la corriente jurídica llamada ‘civilista’, que predomina en el ambiente europeo y en América Latina, y la corriente jurídica llamada del Common law que rige en Gran Bretaña, en los Estados Unidos de Norteamérica y en los antiguos dominios británicos, tienden en muchos aspectos, desde hace un siglo a converger.»”
La convergencia no sólo se verifica en el derecho substantivo. Puede también observarse en el ámbito procesal y, más específicamente, en el terreno del derecho probatorio. De ahí que Al-calá-Zamora, siguiendo a Cappelleti, haya dicho que “median analogías evidentes entre el enjuiciamiento romano clásico y el del Common law [...], así como entre el bizantino y el de equity por otro”.
Propongo, en este trabajo, un acercamiento a la figura de la prueba de referencia (“hearsay”) en el derecho español. Adelanto, desde ahora, que se hallará un ejemplo más de la convergencia apuntada.
A. La Definición de Prueba de Referencia
La regla general de exclusión de prueba de referencia es, históricamente, un fenómeno de origen inglés que no tiene contraparte en el derecho continental europeo. Todavía hoy, muy pocas leyes procesales en ese derecho hacen alusión a la prueba de referencia. Resulta curioso, sin embargo, el movimiento inverso que se verificó en la historia del derecho continental frente a la historia del derecho inglés: aunque no fue hasta fines del siglo XVIII que la regla general de exclusión de prueba de referencia tuvo gran acogida en el derecho inglés, precisamente en ese momento fue que los países de la Europa continental dejaron a un lado la tradición de no admitir testimonios extraños al conocimiento personal. Hasta entonces, el continente europeo seguía apegado la tradición forjada por el derecho canónico.
La Sección 2 del Canon 1791 del Código de Derecho Canónico de 1917 recoge lo que, hasta aquel momento, fue la norma del derecho probatorio continental en materia de prueba de referencia: «”Existe prueba suficiente cuando dos o tres personas, inmunes de toda tacha, bajo juramento, firmemente coherentes entre sí, testifican en juicio por ciencia propia sobre algún hecho; a no ser que en alguna causa la suma gravedad del asunto o la existencia de indicios que puedan engendrar alguna duda sobre la verdad de la cosa atestiguada persuadan al juez la necesidad de una prueba más fuerte.”»
El contenido de este canon implica que la prueba de referencia es dable sólo en el ámbito de la prueba testifical. Así ocurre también en las leyes procesales españolas. El canon permite apreciar, además, el valor exiguo conferido a la prueba testifical. Ídem en España.
A pesar de que España es uno de los pocos países cuyo ordenamiento contiene alusiones directas a la prueba de referencia, en ninguna de sus leyes aparece definido en qué consiste aquélla. Ocurre allí lo mismo que ocurrió en Puerto Rico hasta la aprobación de las Reglas de Evidencia de 1979. De ahí que, para analizar lo que allí constituye prueba de referencia, arranco de la definición que aparece en nuestras reglas:
(A) Declaración — es (1) una aseveración oral o escrita; (2) conducta no-verbalizada de la persona, si su intención es que se tome como una aseveración.
(B) Declarante — es la persona que hace una declaración. (C) Prueba de referencia — es una declaración aparte de la que hace el declarante al testificar en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado”.
De esta definición se infiere, como se verá más adelante, que son varios los medios probatorios que constituyen prueba de referencia en el ordenamiento español. Conjuntamente se estudiará el problema de la admisibilidad de tales mecanismos de prueba.
1. La prueba testifical
En el derecho probatorio español sólo se concibe, como prueba de referencia, el testimonio de terceros que no son parte en pleito. Será en el análisis de este tipo de prueba que los tratadistas españoles se plantean el carácter de referencia de la prueba ofrecida al juzgador. Cito, in extenso, la siguiente afirmación de Silva Melero:
Aunque el testimonio […] viene a significar etimológicamente presencia, con lo que implícitamente parecería debían rechazarse los testigos no presenciales o de referencia, la verdad es que no todos los ordenamientos jurídicos regulan esta cuestión de un modo unánime.
Mientras en el derecho francés y en el nuestro este testigo se admite sin limitación, en el Derecho alemán sólo es admisible si el testigo de quien procede la información no puede ser localizado, aunque haya que consignar que en la doctrina alemana hay quien piensa que no son admisibles y quien sostiene que sólo podrán serlo con carácter muy excepcional.
El derecho anglo-norteamericano excluye el testimonio de referencia con alguna excepción, como la de tratarse de un moribundo víctima de un homicidio, en razón de creer que el testimonio de un hombre próximo a morir es una garantía de verdad, así como también en algún otro supuesto de imposibilidad física, pero siempre a título excepcional”.
Estas afirmaciones, aunque limitadas en algunos aspectos, son de gran valor en otros. Primeramente, el autor considera el rechazo del testimonio de referencia en al apartado de su obra dedicado a la capacidad de los testigos. En nuestro derecho, aunque continúa existiendo este requisito de capacidad, su importancia no es tan esencial como el requisito de confrontación. El fundamento de mayor peso para excluir aquí el testimonio de referencia está ubicado, pues, en el terreno constitucional. Los acusados de haber cometido un delito tienen reconocido un derecho constitucional a carearse con los testigos. Por otro lado, las cláusulas del “debido proceso”, contenidas en las Constituciones de los Estados Unidos de América y del Estado Libre Asociado exigen —en los casos civiles— los requisitos de (i) presencia física y (ii) derecho a contrainterrogar al testigo contrario.
La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha destacado la importancia del segundo requisito frente al primero. El Tribunal, en Pueblo c. Ruiz Lebrón, expresó:
“La confrontación que garantizan la Sexta Enmienda y el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución se cumple con la oportunidad de contrainterrogar, sin que sea indispensable la presencia del acusado. No está irremisiblemente atada al encuentro físico, al enfrentamiento nariz con nariz entre testigo y acusado, que en términos de depuración del testimonio no es ni sombra del eficaz escrutinio, del potencial de descubrimiento de la verdad que es el objetivo constitucional y esencia del contrainterrogatorio formulado por el abogado defensor.”
Cappelleti, con gran acierto, recoge la singular importancia que poseen ambos requisitos: «”[...] la hearsay rule está sustancialmente dirigida a evitar que sean admitidas como pruebas las declaraciones de verdad, prestadas fuera del debate y por consiguiente sin las garantías de la ‘viva yace examination in open court’ “.»
La afirmación de Silva Melero demuestra, además, la poca profundidad de su ejercicio comparativo. En el caso específico del derecho anglo-norteamericano queda muy claro que el autor no repasó, en detalle, las numerosas excepciones que en aquel derecho existen a la regla general de exclusión de prueba de referencia. No es incomprensible que un autor europeo (continental) tenga problemas para acercarse a la figura de la prueba de referencia en el derecho anglo-norteamericano. He aquí la confesión de uno de ellos: «”[...] Así igualmente no se admite de ordinario [en los Estados Unidos] la hearsay evidence, esto es, el testigo puede deponer solamente en mérito a cuanto ha visto u oído directamente. La regla sufre, sin embargo, numerosas excepciones. El derecho de las pruebas constituye, por consiguiente, una de las ramas más complejas del derecho [norte] americano y un instrumento indispensable para el trial de las causas.”»
A las complicaciones, relacionadas con el dominio de las excepciones a la regla general de exclusión de la prueba de referencia, hay que añadir la racionalidad de la mayoría de sus excep-ciones. De ahí que Wigmore afirmó, con toda razón, que la regla de “hearsay” y sus excepciones constituyen “the pride of the Anglo-American system of evidence”.
La importancia de las expresiones de Silva Melero reside (i) en la dación de noticias en torno a la admisión, sin límites, del testimonio de referencia en el derecho español y (ii) con tales noticias, el juicio de un catedrático de derecho procesal en las Universidades de Murcia y Sevilla y de derecho Penal en la Universidad de Oviedo, de un abogado con una práctica intensa y de un magistrado del Tribunal Supremo de España1 Ese juicio personal también es importante porque nos permite apreciar que la concepción que hay en España de la prueba de referencia está limitada a la prueba testifical, es decir, cuando el declarante carece del conocimiento personal. Se trata, pues, de una concepción más estrecha que la existente en Puerto Rico. Dada la definición previamente presentada, algunos documentos pueden constituir prueba de referencia.
La contradicción de Silva Melero es evidente. ¿Cómo es posible que la incompetencia del testigo produzca la inadmisibilidad del testimonio de referencia y, al mismo tiempo, que tal testimonio carezca de límites para ser admitido en el procedimiento? Aunque el autor no lo explica en ese apartado, la expresión quedará justificada luego de un repaso del proceso para la presentación de la prueba en el procedimiento español.
Ocurre, en primer lugar, que la afirmación de Silva Melero está fundamentada en la definición etimológica de testimonio, pero no en el derecho positivo español. Él adopta la explicación que Mittermaier presenta de la locución “testis”, cuyo origen está en las voces “antesto” y “antisto”, que designan al individuo que se encuentra directamente a la vista de un objeto. Así, una vez toma en cuenta -entre otros criterios- la definición etimológica del término “testimonio”, concluye que la capacidad “aparece condicionada a la natural aptitud de percepción, facultad memorística y posibilidad de exteriorizar lo percibido.” No obstante, hay que tomar en cuenta que el derecho probatorio está gobernado, en España, por dos leyes procesales principales: la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ambas de 1881.
El Articulo 649 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece:
“Luego que el testigo haya contestado a las preguntas expresadas en el artículo anterior, [24] será examinado al tenor de cada una de las contenidas en el interrogatorio y admitidas por el Juez, o de las acotadas por la parte que lo presente.
Acto continuo lo será igualmente por las preguntas, si se hubiesen presentado o admitido.
En cada una de las contestaciones expresará el testigo la razón de ciencia de su dicho.”
La “razón de ciencia de su dicho”, según nos dice Manuel de la Plaza, es un requisito relacionado con (i) la indicación de la procedencia de su conocimiento: de ciencia propia o de referencia y (ii) a los matices (“demeanor”) de su declaración. Ambos aspectos deben ser conocidos por el juzgador para que éste pueda determinar el valor probatorio que concederá al testimonio. Vemos, pues, que el carácter extrajudicial de las declaraciones no implica la exclusión de éstas sino su reducido valor probatorio.
El escaso valor probatorio de la declaración obedece a que “su valor es de segundo grado, puesto que esta prueba, como todas, exige un supuesto necesario para apreciar su eficacia: el cumplimiento de determinados requisitos (publicidad, citación contraria, presencia del órgano jurisdiccional), aun en un sistema de libre valoración”.
Por su parte, el Articulo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los “testigos expresarán la razón de su dicho y, si fueren de referencia, precisarán el origen de la noticia, designando con su nombre y apellido, o con las señas con que fuere conocida, a la persona que se la hubiera comunicado.”
Aunque en el ordenamiento español no existe, como se ha dicho, una definición de “prueba de referencia”, la doctrina lo reduce al testimonio judicial que carece del conocimiento personal del declarante. La concepción doctrinal está presente, del mismo modo, en el citado Artículo 710. Éste autoriza la admisión sin límites del testimonio de referencia, aunque limitada por un requisito flaquísimo: designar —con nombre y apellido o hasta con un simple mote— la persona cuya declaración extrajudicial está repitiendo o reseñando el testigo. Tal requisito proviene del Articulo 649 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trata, si utilizamos una expresión de Francisco Ramos, de la única “razón de ciencia” exigida a los testigos. Las disposiciones del citado Articulo 710 son también aplicables al sumario, que es el procedimiento para investigar y reunir la prueba necesaria para la formulación de una acusación forma1.
De ese modo, el derecho probatorio español establece la norma más liviana para la admisión de prueba de referencia entre los países del continente europeo. En Italia y Francia, por ejemplo, la ley concede al juzgador la facultad para llamar a la persona que es fuente del testimonio de referencia e interrogarla dentro del procedimiento judicial. Ello no implica, sin embargo, que en tales países exista una concepción distinta de la española: la existencia de la prueba de referencia, cuya única consecuencia es la ponderación más o menos libre de su valor probatorio, se verifica exclusivamente en el ámbito de las declaraciones orales. Es decir, no incluye consideración de prueba escrita ni las aseveraciones no verbales que tienen la intención de aseverar.
Debe consignarse que el Tribunal Constitucional de España está autorizado, por la Constitución de 1978, a declarar la inconstitucionalidad de una ley que no se avenga a dicha Constitución. De ese modo, el constituyente español buscó aproximarse al esquema constitucional de los Estados Unidos de América. Pienso, empero, que una revisión judicial del Articulo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no necesariamente conducirá a la supresión del testimonio de referencia que allí se permite. Es así, dado que las cláusulas equivalentes a las del debido proceso de ley en el derecho nuestro, encontradas en los Artículos 17 y 33 de la Constitución española, carecen de un alcance tan amplio como el que existe en las nuestras.
El Articulo 17(1) de la Constitución española establece: «”Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este articulo y en los casos y en la forma previstos en la ley.”»
Por su parte, el Artículo 33(3) —también de la Constitución española— pauta: «”Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.”»
Vistos en conjunto, la letra de ambos pasajes muestra que en ellos aparecen cláusulas exclusivamente programáticas del “debido proceso de ley”. Así, al confrontarse los Artículos 710 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 649 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la Constitución española, podrá concluirse que ambos integran, precisamente, el programa establecido por el legislador.
No obstante, el Articulo 10(2) de la Constitución española establece que “Mas normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Esta afirmación podría dar pie a una interpretación que requiera mucho más que la letra estricta de la Constitución española.
Hay que recordar, nuevamente, que en el derecho probatorio español “rige el principio de libertad, y es al juez a quien incumbe calificar la pertinencia de los medios probatorios pro-puestos”. Por tanto, siempre el juez podría considerar la carencia de idoneidad de la prueba testifical propuesta y excluir así el testimonio de referencia. Incluso cuando la admitiera, operaria —como ha quedado dicho— el principio de la libre apreciación de la prueba. Éste permite al juez conceder, libremente, el valor probatorio a cada medio de prueba presentado. Es decir, el temor de que el jurado conozca información de poco valor probatorio queda subsanado, en el ordenamiento español, por la presencia del juez formado académica y jurídicamente.
Es imperativo repetir, una vez más, que en España la prueba testifical, contrario a lo que ocurre en los procedimientos judiciales nuestros, no goza de la misma aceptación que la prueba documental.39 Indicativo de esta concepción es el orden en que aparecen enumerados los medios para la presentación de la prueba en el Articulo 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
1. la confesión en juicio
2. los documentos públicos y solemnes
3. los documentos privados y correspondencia
4. los libros de los comerciantes
5. el dictamen de peritos
6. el reconocimiento judicial
7. los testigos
A estos medios hay que añadir los que están relacionados con la prueba de las obligaciones, que aparecen en los Artículos del 1214 al 1252 del Código Civil de España, de los que se derivan los Artículos del 1168 al 1204 del Código Civil de Puerto Rico.
Veamos esos medios de presentación de la prueba que aquí nos interesan en el mismo orden que hemos tomado del Articulo 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. La Confesión Judicial y la Extrajudicial
La confesión que aparece en el número uno del Articulo 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es la confesión judicial. Esta, no es simplemente al testimonio de una de las partes litigantes sino que se refiere al reconocimiento judicial que hace un litigante de los hechos que le son perjudiciales. El Artículo 1232 del Código Civil español, del que proviene el 1186 del Código Civil nuestro nos dice que “[l]a confesión hace prueba contra su autor.” El Artículo 1231 del Código Civil español, antecedente del Artículo 1185 del Código Civil de Puerto Rico, establece que “[l]a confesión puede hacerse judicial o extrajudicialmente.”
El fundamento para conceder plenitud probatoria a la confesión, en cualquiera de sus dos modos posibles, “obedece al criterio de normalidad, en el sentido de que ninguna persona de buen juicio es capaz de hacer declaraciones contrarias a su interés si no son conformes a la verdad.” Este es el mismo fundamento que permite, en Puerto Rico, la admisión de prueba de referencia en el caso de las declaraciones contra interés. Sin embargo, las figuras no son equivalentes, ya que la Regla 64 de Evidencia de Puerto Rico, contrario a lo que ocurre en España, opera exclusivamente cuando el testigo no está disponible. Además, la “declaración contra interés” de la Regla 64 se refiere a la declaración de cualquier persona, mientras que la “confesión” española se refiere exclusivamente a la declaración de un litigante. De ahí, que se asemeje más a la “admisión” que aparece en la Regla 62 de Evidencia de Puerto Rico. A pesar de las sutilezas que puedan existir o la ausencia de concordancia perfecta, en ambos ordenamientos se obtiene el mismo resultado.
Una vez aclarado el significado del término “confesión” en el ordenamiento español, puede perfectamente comprenderse que la contradicción existente entre las Reglas de Evidencia de Puerto Rico relativas a la prueba de referencia y las disposiciones del Código civil que gobiernan la prueba de las obligaciones constituyen, más bien, una contradicción aparente.
3. Los Documentos Públicos y Solemnes
La prueba documental, también llamada prueba preconstituida, goza en España de un alto valor probatorio. Es así porque el documento “perpetúa el pensamiento [...] muestra la verdad en el suceder del tiempo, protege, conserva [...] realidad psíquica traducida en forma externa, es demostración de lo que se quiere.” Los documentos públicos y solemnes aparecen enumerados en el Articulo 596 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
(A) las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho
(B) las certificaciones expedidas por los Agentes de Bolsa y Corredores de Comercio
(C) los documentos expedidos por los funcionarios públicos que estén autorizados para ello
(Ch) los libros de actas, estatutos, ordenanzas, registros, catastros y demás documentos hallados en los archivos públicos
(D) las ordenanzas, estatutos y reglamentos de sociedades, comunidades o asociaciones aprobados
por Autoridad pública
(E) las partidas o certificaciones de nacimiento, de matrimonio y de defunción, (i) dadas con arreglo
a los libros por los párrocos o (ii) por los que tengan a su cargo el Registro civil
(F) las ejecutorias y las acciones judiciales de toda especie
Vemos, pues, que el contenido del Artículo 596 de Ja Ley de Enjuiciamiento Civil es equivalente a los incisos H, I, J, K, L, N, O y V de la Regla 65 de Evidencia de Puerto Rico.
(H) Récords e informes oficiales: Evidencia de ausencia en los récords de un negocio del asiento de un alegado acto, condición o evento, cuando se ofrece para probar la no ocurrencia del acto o evento, o la inexistencia de la condición, si el curso del negocio era hacer récords de todos dichos actos, condiciones o eventos, en o cerca del momento del acto o condición o evento y preservarlos, siempre que las fuentes de información y el método y momento de preparación de los récords del negocio fueran tales que la ausencia en el récord es una indicación confiable de que el acto o evento no ocurrió o de la inexistencia de la condición.
(I) Récord de estadística vital: Un escrito como récord de un nacimiento, muerte fetal, muerte o matrimonio, si la ley requería al que no lo hizo presentar un escrito en una oficina pública determinada y el escrito fue hecho y presentado según requerido por ley.
(J) Ausencia de récord público: Un escrito hecho por el custodio oficial de los récords de una oficina pública, haciendo constar que se ha buscado diligentemente y no se [ha] hallado un récord determinado, cuando se ofrece para probar la ausencia de dicho récord en esa oficina.
(K) Récords de organizaciones religiosas: Declaraciones concernientes al nacimiento, matrimonio, divorcio, fallecimiento, filiación, linaje, raza, parentesco, por consanguinidad o afinidad, u otro hecho similar del historial personal o familiar de una persona, que esté contenida en un escrito hecho como un récord, ordinariamente llevado, de una iglesia u otra organización religiosa.
(L) Certificados de matrimonio, bautismo, y otros similares: Una declaración referente al nacimiento, matrimonio, fallecimiento, raza, linaje, parentesco, por consanguinidad o afinidad u otro hecho similar del historial familiar de una persona, si la declaración estuviere contenida en un certificado de quien ofició la ceremonia correspondiente, efectuó un matrimonio o administró un sacramento, siempre que quien la oficiare fuere una persona autorizada por ley o por los reglamentos de una organización religiosa para celebrar los actos informados en el certificado, y éste fuera expedido por quien lo hizo en el momento y lugar de la ceremonia o sacramento, o dentro de un tiempo razonable después del mismo. […]
(N) Récords oficiales sobre la propiedad: Evidencia presentada del registro oficial de un documento que afecte un derecho o interés en propiedad, mueble o inmueble, para demostrar el contenido del documento original y su otorgamiento, inclusive la entrega por cada persona que aparece otorgándolo, siempre que el registro fuera un récord oficial de una oficina gubernamental y estuviere autorizado por ley el registro de tal documento en dicha oficina.
(0) Declaraciones en escritos que afectan propiedad: Una declaración contenida en un documento que afecte un derecho o interés en propiedad, mueble o inmueble, si lo declarado era pertinente al propósito del documento, siempre que las transacciones habidas con la propiedad desde que se hizo la declaración no hayan sido incompatibles con la veracidad de la declaración.
[…]
(V) Sentencia por convicción previa: Evidencia de una sentencia final, tras un juicio o declaración de culpabilidad, declarando e une persona culpable de delito grave, ofrecido para probar cualquier hecho esencial para sostener la sentencia de convicción. La pendencia de una apelación no afectará la admisibilidad bajo esta regla, aunque podrá traerse a la consideración del tribunal el hecho de que la sentencia de convicción aún no es firme. Esta regla no permite al Pueblo en una acción criminal ofrecer en evidencia la sentencia de convicción de una persona que no sea el acusado, salvo para fines de impugnación de un testigo.”
Aquí, para mantenerse fiel a la definición de prueba de referencia, han de ser admisibles como excepciones a la regla general de exclusión. En España, al no estar amarrados por tal definición, son medios ordinarios de prueba. El fundamento para su admisión es el mismo en ambos ordenamientos: «”[...] la fe documental consiste, evidentemente, en el crédito que en el tráfico jurídico encuentran los documentos con carácter general, y muy especialmente los documentos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones con las solemnidades legales. De aquí que la protección jurídica especial de este tipo de documentos se debe, no solamente a que al documento se le atribuya una particular eficacia, sino a la derivada de la cualidad de quien interviene, en este caso, precisamente, el funcionario público aludido.»”
Del mismo modo, poco se lograría con traer al procedimiento judicial al funcionario encargado de emitir copia de los documentos, puesto que su participación de ordinario se limita a declarar exclusivamente lo que está contenido en el documento público. Lo mismo vale para los casos en que el documento está expedido por un funcionario eclesiástico. Ese tipo de documento tiene, en España, carácter público.
Los Libros de los Comerciantes
Este es el equivalente a nuestra Regla 65(F) de Evidencia de 1979. Como se ha señalado, en España constituye un medio ordinario de prueba, aunque según la definición de nuestra Regla 60 de Evidencia esté concebida como prueba de referencia. Por eso aquí, para ser lógicos, había que convertirlos en una excepción a la regla general de exclusión de la prueba de referencia.
Conclusión
A pesar de las diferencias históricas entre el derecho procesal nuestro y el derecho procesal español, en ambos se llega a resultados similares en cuanto a la prueba de referencia se refiere. Este es un indicador más, como había quedado avisado, de la notable convergencia entre las grandes familias jurídicas.